Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile.
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El año 2021 profundizó el colapso de las instituciones, la pobreza y la crisis política, social y económica que provocó la pandemia del coronavirus en Latinoamérica desde marzo de 2020 y que aún nos mantiene en el túnel. Un punto de inflexión que llevó al abogado José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, a afirmar: “Estamos en un muy mal momento, el peor de los últimos 30 años”.
Las causas están a la vista: la debilidad e ineficacia de nuestras democracias para combatir corrupción, desigualdad e inseguridad; la opacidad en gastos públicos y los forados en las normativas locales que amasan la impunidad; el incremento de la represión a quienes manifiestan su rechazo y descontento. A ello se suma el ataque al buen periodismo y a defensores de derechos humanos, calificados como enemigos públicos en Nicaragua, Venezuela, Brasil, México y El Salvador, entre otros países.
En los territorios de democracias gravemente debilitadas, el buen periodismo ha sido sometido a fuego cruzado por autoridades corruptas, autoritarias y mafias. Ese acoso se ha dado en medio de la batalla que han librado equipos de periodistas junto a equipos de salud pública y organizaciones de la sociedad civil por frenar la propagación del covid-19 y salvar vidas.
En ese contexto y con la peor contracción económica (8% en 2020) que ha retrotraído en más de diez años los niveles de pobreza de nuestra región (Cepal), cinco elecciones marcaron un punto de inflexión en América Latina en noviembre y diciembre de este año que se acaba.
Primero, la elección presidencial en Nicaragua (7 de noviembre): la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo logró reelegirse con prácticas de una dictadura después de 15 años en el poder. Pese a las denuncias de grave “deterioro político y social” que vive ese país desde las masivas protestas de 2018 (Unión Europea, la ONU y OEA), Ortega y Murillo mantienen en prisión a decenas de presos políticos, siete precandidatos presidenciales entre ellos. Otros están incomunicados (como la emblemática guerrillera sandinista Dora María Téllez). Y el buen periodismo perseguido y acosado, los medios allanados y confiscados (como El Confidencial) y los periodistas encarcelados o condenados al exilio.
El periplo electoral siguió con la elección legislativa en Argentina (14 de noviembre, de 127 diputados y 24 senadores en ocho provincias). Un fracaso para el gobierno peronista de Alberto Fernández, quien perdió poder en ambas cámaras, emergiendo nuevos liderazgos en una oposición mucho más agresiva que agudizó la crisis de gobernabilidad en la mitad del mandato de Fernández. El Congreso rechazó el Presupuesto 2022, pieza clave del gobierno para negociar un acuerdo de la deuda con el FMI. Si no hay cambio, Argentina debe pagar en 2022 vencimientos por US$19.000 millones. Imposible de cubrir. La crisis política y económica va creciendo.
El 21 de noviembre en cuestionadas elecciones regionales en Venezuela se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de 23 entidades federales y 335 municipios. El poder de Nicolás Maduro se mantuvo intacto. El buen periodismo -como Efecto Cocuyo- sigue enfrentando todo tipo de ataques y obstáculos para informar con rigor y ética de la grave crisis política, económica y social que ha hecho escapar fuera de sus fronteras a seis millones de venezolanos. Es la peor crisis humanitaria del continente.
Luego fue Honduras con su elección presidencial, legislativa y municipal (28 de noviembre). El llamado “narcoestado” de Centroamérica enfrentaba una cita electoral candente. En el segundo país más pobre del continente, las campañas se empaparon del sello del miedo a repetir muertos, violencia y fraude que marcaron los dos últimos comicios. Temor a que el presidente, Juan Orlando Hernández, después de 12 años en el poder, aceptara abandonarlo. Y es que sus vínculos con el narcotráfico no son un rumor. Ha sido acusado por fiscales federales de Estados Unidos de dar protección al narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de cuantiosas sumas de dinero en 2013 y 2014; un líder del cartel hondureño Los Cachiros confesó que le pagó soborno a través de su hermana Hilda y su hermano Tony fue declarado culpable, también en EE.UU. por importar 185 mil kilos de cocaína.
Juan Orlando Hernández sigue siendo presidente. Pero debe abandonar su cargo el 27 de enero porque fue derrotado. El 20 de diciembre fue declarada presidenta electa Xiomara Castro. El Partido Nacional perdió la presidencia, la mayoría en el Congreso y las principales alcaldías del país, incluyendo Tegucigalpa, la capital. Lo que viene es difícil, duro. Para entender los vericuetos del narcoestado de Honduras, recomiendo leer la reciente crónica del periodista Carlos Dada “El cacique de Colón ha perdido su fuero”, publicada en El Faro el 9 de diciembre.
La última elección fue la presidencial de Chile (19 diciembre). Al balotaje llegaron dos candidatos -uno de izquierda y otro de extrema derecha- que dejaron fuera a los representantes del duopolio de la centroizquierda y derecha que disputó el poder desde 1990, cuando se recuperó la democracia.
La protesta social que estalló en el país en octubre de 2019 fue subiendo y caldeando el clima de polarización. Esa tensión social sólo fue mitigada por la pandemia. A pesar de las dificultades para las manifestaciones populares, el estallido logró la elección por sufragio popular de 155 convencionales constituyentes -paritarios y con representantes de pueblos originarios- que escriben la nueva constitución y terminan con la impuesta por Pinochet en 1989.
A pesar de las predicciones de resultados muy estrechos, de denuncias sobre posible fraude electoral, de mucha noticia falsa y de campañas odiosas y descalificatorias, finalmente resultó electo Gabriel Boric, uno de los tres líderes universitarios que hace 10 años encabezaron la mayor protesta contra el lucro y la mala calidad de la educación universitaria, aquella que inició el cambio. No solo venció a la extrema derecha, también al abstencionismo, sello de las elecciones en Chile y que provocó crisis de representatividad: se convirtió en el presidente con mayor votación histórica (55,87%) superando por más de un millón de votos a su contendor. Las mujeres y los jóvenes le dieron el triunfo.
Lo que viene: Colombia y Brasil
En muchos de esos estados con democracias debilitadas e instituciones colapsadas han emergido con fuerza líderes autoritarios. Esta nueva vertiente del autoritarismo latinoamericano -elegido democráticamente, como en Brasil y El Salvador- asfixia la libertad y también mata, porque anida la corrupción y aprovecha la pandemia de covid-19 para coartar libertades, dejado la cancha abierta al crimen organizado lo que gatilla violencia y temor en la población.
La ecuación es casi matemática: al mismo ritmo que avanza la corrupción se acrecientan los territorios bajo control del crimen organizado. En septiembre pasado la ONU alertó: los cultivos de coca crecieron 15% en Bolivia, tercer productor mundial de hoja de coca detrás de Colombia, y Perú (de 25.500 a 29.400 hectáreas); y también en Colombia: de 143 mil a 171 mil hectáreas. El poderoso cartel El Clan del Golfo -amalgama de métodos paramilitares con estructuras criminales- que controla la mitad de la droga que sale de Colombia, se expande al resto de Sudamérica.
Los ataques y acoso sostenido al buen periodismo por parte del poder autoritario se han hecho críticos en varios países del continente. Los medios y sus profesionales son descalificados y señalados como el enemigo público principal. Eso es lo que hace el presidente Naib Bukele de El Salvador.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van Todos”, anunció Bukele al obtener con su partido Nuevas Ideas mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones de marzo. Solo un mes después barrió con la independencia del Poder Judicial: destituyó a cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de la Nación. “Los cambios son irreversibles”, respondió a Estados Unidos y la Unión Europea que lo criticaron por no respetar la institucionalidad democrática. Y así fue: en septiembre usó su control sobre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para concentrar poder autoritario posibilitando su reelección en 2024.
El duro ataque a la prensa independiente ha sido una constante en su cuenta en Twitter, su vía de comunicación favorita (más de 2,5 millones de seguidores en un país de 6,4 millones de habitantes). Siguiendo los pasos de la dupla nicaragüense Ortega-Murillo, hizo aprobar una Ley “de Agentes Extranjeros” que impone un impuesto adicional del 40% por cada aporte financiero que los medios reciban del extranjero. Bukele y su círculo repiten una y otra vez que así se cortan los “jugosos salarios” que reciben los periodistas de investigación salvadoreños de la cooperación internacional (“como Open Society”) para actividades que ponen en peligro “la seguridad nacional, estabilidad social y política del país”.
La seguridad nacional es lo que defendió El Faro, el diario digital más antiguo de Latinoamérica, cuando investigó la súbita reducción de la tasa de homicidios anunciada por el gobierno de Bukele y descubrió que obedecía a un pacto secreto con líderes de la pandilla Mara Salvatrucha en plena campaña de la elección de la nueva Asamblea Legislativa. Bukele usó todo el poder comunicacional de la presidencia para acusar a los periodistas de El Faro de mentir. Los acusó de lavado de dinero e inició investigación por delitos tributarios contra el medio y sus representantes. También expulsó a su editor, Daniel Lizárraga, a México.
Los meses demostraron que todo lo escrito y fotografiado por El Faro era verdad. Pero el ataque de Bukele contra los medios independientes que dejan al desnudo su autoritarismo y corrupción sigue avanzando sin freno, así como la pobreza (de 34% a 40% de la población).
Colombia no escapa de ese ataque frontal al buen periodismo independiente. A inicios de diciembre, con el atractivo envoltorio de una ley que instaura medidas para “transparencia y de prevención y lucha contra la corrupción”, incorporó un breve artículo sobre injurias y calumnias que, en los hechos, agudizaría la persecución y acoso judicial contra medios y periodistas que denuncian actos de corrupción de autoridades. La amenaza de condenas de hasta 10 años de cárcel o multas millonarias, que en la práctica silenciarían al buen periodismo, suscitó el reclamo de diversos sectores de la opinión pública y la posterior eliminación del polémico artículo.
El ataque en México contra el buen periodismo, en cambio, ha sido letal. Lo más reciente: la destacada periodista Marcela Turati (fundadora de Quinto Elemento Lab) fue seguida y monitoreada en permanencia y su teléfono intervenido mientras investigaba el hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando (Tamaulipas). “Entendí que ver los expedientes judiciales es doloroso -la mayoría de los cuerpos tienen el cráneo destrozado a golpes-, pero necesario... Desde 2014 me organicé con otros periodistas para investigar lo ocurrido en San Fernando y creamos el proyecto #Másde72. Queríamos saber qué pasó, cómo fue posible y quiénes lo posibilitaron”, dice Marcela Turati en una desgarradora columna en The Washington Post (“Pese al acoso judicial, nosotras solo buscamos desenterrar la verdad en México”).
Y la revelación que estremece y obliga a releer: “Estas investigaciones nos condujeron muchas veces a la unidad que investiga la delincuencia organizada dentro de la Procuraduría General, donde los cuerpos no identificados, exhumados de aquellas fosas, quedan secuestrados pues el afán de las autoridades no parece ser devolverles la identidad y regresarlos a quienes les lloran todos los días, como ha demostrado la Comisión Forense. Lo descubrí también al saber que uno de los cuerpos que terminaron en una fosa común tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, pero nadie llamó a su familia… Cada nota es como caminar en un campo minado… Los periodistas constatamos que en este país lo que importa a muchas autoridades es retirar los cadáveres de la vía pública y enterrarlos. Nos queda claro que, al desenterrarlos, además de ayudar a una familia a recuperar a su ser amado, estamos exhumando también una evidencia, el cuerpo del delito, las complicidades que permitieron esas muertes, las huellas dactilares de quienes no querían que esos cuerpos volvieran a casa”.
Y lo último y más grave: “Desde el momento en que nos enteramos que en 2015 y 2016 fuimos investigadas por secuestro y delincuencia organizada por la PGR, no me quedó duda de que desde la oficina donde nos inventaron esa acusación tienen miedo a que esos huesos hablen y sus familias exijan justicia. Entendí que, por eso, en vez de investigar, entierran. Incluir a una periodista en una trama criminal para espiar sus comunicaciones, contactos y movimientos es un golpe al corazón del periodismo de investigación. Es dejar claro que en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”.
144 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 y 24 periodistas están desaparecidos. El poder de los carteles de narcotráfico se deja sentir cada día. Y al igual que lo hace el poder autoritario, identifica al buen periodismo como uno de sus principales enemigos.
Y en el meollo corrupción
La misma violencia se desata contra líderes indígenas y del medio ambiente que defienden sus tierras de la contaminación y depredación que provoca la minería legal y clandestina en Colombia y Costa Rica. Esa es la corrupción que mata. La misma violencia y corrupción que hicieron estallar protestas contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en noviembre de 2020. 23 homicidios por cada 100 mil habitantes lo grafica. Más aún cuando esa cifra llega en Honduras a 39 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Un ejemplo de cómo se extiende el poder del crimen organizado que coopta sin control las instituciones del Estado convirtiendo en prisioneros de la violencia a los ciudadanos de los territorios que controla, es la expansión del Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil que ahora amenaza nuestra región. Su presencia letal se deja sentir en Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia, entre otros. Solo en este año en la frontera entre Paraguay y Brasil han dejado una huella de más de cien homicidios.
La localidad paraguaya Pedro Juan Caballero y la ciudad Ponta Porã, en el estado brasileño Mato Grosso del Sur, se convirtieron en una de las zonas más codiciadas por el narcotráfico internacional: es la principal ruta de ingreso de la cocaína boliviana al sudeste de Brasil. Desde allí la droga se distribuye por ese país y se envía a Europa por los puertos de Santos y Paranaguá.
En paralelo, ya terminó en Brasil la mayor investigación de corrupción y de financiamiento ilegal de la política que remeció a 10 países del continente. Cerca de US$8 mil millones fueron desviados ilegalmente desde la petrolera estatal Petrobras, vía la constructora Odebrecht, a políticos y empresarios de 12 países. Y si bien la investigación fue iniciada por fiscales, fueron buenos periodistas de Perú los que entregaron la pieza oculta: dirigentes de todo el espectro fueron cooptados para que Odebrecht obtuviera millonarios contratos y ganancias de fondos públicos. Confesaron haber pagado US$788 millones en coimas para asegurar contratos en Perú, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá y Brasil (Mozambique y Angola en África). Odebrecht, la mayor empresa constructora de la región, aceptó pagar en Estados Unidos una multa de US$3.500 millones por esos sobornos. Marcelo Odebrecht confesó: “así funciona toda América Latina”. Nadie lo rebatió.
Ese es el desafío ético del buen periodismo de América Latina: desentrañar las relaciones ocultas del poder real -político, criminal y económico- y sus mecanismos de cooptación del Estado que provocan la otra pandemia que nos carcome, la corrupción. Paso indispensable para permear la pétrea desigualdad, injusticia y mejorar las condiciones de bienestar de una población que cree cada día menos en la democracia
Eso es exactamente lo que viene para el buen periodismo de Colombia y Brasil, países en donde la institucionalidad democrática se verá sometida a tensión ya que enfrentarán elecciones presidenciales decisivas el 29 de mayo y el 2 de diciembre de 2022, respectivamente. Un compromiso ético de envergadura para el futuro de nuestras democracias y por el peso específico que tienen Brasil y Colombia en la región.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de El Confidencial de Nicaragua, lo resume bien: “Cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, armados de sus teléfonos celulares (para la insurrección cívica de abril de 2018, cuando la dictadura Ortega-Murillo perdió la mayoría política y vio amenazado de muerte su poder), el régimen enlistó a la prensa como el ‘enemigo’ a destruir, desatando una represión violenta e indiscriminada contra ciudadanos y periodistas, para impedir este hermanamiento espontáneo entre libertad de prensa y libertad de expresión”.
“Nunca en la historia de Nicaragua la prensa había estado más desprotegida ante las fabricaciones del poder autoritario. No existe, por lo tanto, otro medio de protección para la prensa que hacer más y mejor periodismo. Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende ante el totalitarismo y la calumnia oficial es nuestra credibilidad profesional y la confianza que las audiencias han depositado en nuestro trabajo, desde que sembramos la primera semilla en 1996”.
Allí está el desafío para el buen periodismo en América Latina: combatir la corrupción que mata vidas y la confianza en la democracia y generar esperanzas de que es posible provocar cambios. Sabemos que hay riesgos. Siempre los ha habido. En la última década, el 80% de los crímenes contra periodistas en esta parte del mundo ocurrió en Brasil, Colombia, México, Honduras y Guatemala. La tónica: alto grado de impunidad, sólo uno de cada 10 casos es resuelto (Reporteros sin Fronteras).
Pero ahora a diferencia de ayer somos más fuertes. Para hacer ese periodismo riguroso y ético que salva vidas contamos con redes de colaboración y protección. Ahora combatimos la corrupción y desentrañamos sus rutas ocultas con alianzas transnacionales de medios y periodistas y con la colaboración -e incluso en sociedad- de académicos y expertos. Y la Fundación Gabo en esta encrucijada seguirá cumpliendo la misión ética que le legó su fundador.
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