Por: Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético 

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Antes del pasado 20 de enero hubo varios anuncios previos. Casi todos fueron percibidos —también por los periodistas— como un peligro, una amenaza a la democracia, pero no la señal de una guerra inminente. Incluso para muchos había que “mantener la calma”: eran solo bravatas del magnate Donald Trump en su frenético segundo arribo a la Casa Blanca, esta vez aupado sobre las espaldas del voto popular que buscó con peculiar afán. Ni siquiera hubo luz roja cuando se hizo evidente que esta vez Trump gozaría del poder total que no tuvo antes: mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado; y en el Tribunal Supremo, con seis jueces conservadores, la mitad nombrados por el mismo Trump en su primer mandato. 

Tampoco se activó la defensa cuando en la toma de posesión apareció rodeado de los hombres más ricos del mundo: Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del Washington Post; Mark Zuckerberg, fundador de Meta; Tim Cook, líder de Apple, Sundar Pichai CEO de Google, Sam Altman, CEO de OpenAI; Rupert Murdoch, magnate de medios; Gianni Infantino, presidente de la FIFA —el poder corrupto del fútbol mundial no podía estar ausente—, entre otros. Todos ellos, encabezados por el más agresivo, el más rico, el más poderoso: Elon Musk, el dueño de SpaceX, Tesla y de la masiva red social “X”. Ungido por Trump como el jefe del recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que solo le rinde cuentas al presidente. El nuevo “carnicero” del presupuesto de Estados Unidos tiene potestad total para cortar lo que él considere grasa.

Por lo que ha dicho y hecho en el último tiempo, más allá de su función de “carnicero” de la Administración Trump, y de apoyar el avance de la ultraderecha en el mundo, otro nudo que busca atacar es el del buen periodismo independiente.

Y la guerra se desató. En el mismo minuto en que, a los 78 años, Donald Trump juró como el 47º presidente de Estados Unidos. Ese 20 de enero, primero, le declaró la guerra a la inmigración ilegal. La dura ofensiva comenzaría de inmediato con el envío de tropas a la frontera con México, el fin del asilo en la línea divisoria y la eliminación (por ahora suspendida judicialmente) de la ciudadanía para niños nacidos de padres ilegales en el país.

No hubo pausa ni respiro en sus anuncios. La guerra adquirió otro cariz cuando Donald Trump afirmó que incluirá a los cárteles del crimen organizado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Para ello, invocaría una norma de 1798, conocida como “Ley de Enemigos Extranjeros”.

La guerra cobró fuerza cuando amenazó con que Estados Unidos recuperará el Canal de Panamá. ¿La razón? “El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados”, dijo refiriéndose al tratado de 1977 por el que se cedió a Panamá el control del canal en 1999. ¿El argumento? El canal nunca debió haber sido cedido ya que “a los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando de forma justa”. El punto veraz de Trump era otro, y lo dijo: “China está operando el Canal de Panamá”. Y anunció que no descarta el uso de la fuerza militar para tomar su control.

Siguiendo con el mismo gesto y tono de guerra, advirtió en ese discurso inaugural que cambiaría el nombre del Golfo de México por “Golfo de América” y que el monte Denali (Alaska), volverá a llamarse “Monte McKinley”. Y les prometió a sus votantes que impondrá aranceles e impuestos a los países para enriquecer a los estadounidenses: “estamos estableciendo el servicio de ingresos externos para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán ingentes cantidades de dinero que entrarán en nuestra tesorería, procedentes de fuentes extranjeras”. El detalle de esa decisión, que terminaría por remecer el comercio mundial, vendría cinco días más tarde.

Pero este 20 de enero, la declaración de guerra de Donald Trump adquirió nueva potencia y amplitud cuando informó una nueva emergencia: la energética. Y vino lo previsto, el “Nuevo Trato Verde” llenaría la Reserva Estratégica de Petróleo y exportaría energía estadounidense a todo el mundo. A las pocas horas hubo un nuevo anuncio en la Casa Blanca, eso sí, esperado: “el presidente Trump se retirará del Acuerdo Climático de París”. Estados Unidos, uno de los principales países contaminantes de carbono, se retira —nuevamente de la mano de Donald Trump— del Acuerdo de París, restándose así de la batalla crucial contra el calentamiento global.

La misma vía utilizó para informar de la salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A la que siguió otro anunció: también se retiraba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Y en política interna la guerra también se hizo sentir. Con solo órdenes ejecutivas reinstauró normas que le permiten despedir sin más a funcionarios de alto nivel. Lo primero que hizo fue sacar a los fiscales que lo investigaron en los más de 40 casos por distintos delitos que debió enfrentar hasta que se hiciera de la impunidad recientemente. Incluyendo su responsabilidad como instigador del violento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, y que provocó cinco muertes. No se detuvo: ordenó que todos los empleados federales que participen en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) sean dados de baja.

A medida que avanzó Trump en su discurso inaugural, se hizo evidente que lo que se propone es refundar las instituciones de su país. Y, con el curso de los 16 primeros días, que su plan y el de los hombres que conforman su núcleo férreo es cambiar las estructuras de la geopolítica mundial. Dinamitar las instituciones democráticas por dentro. El itinerario fue preparado meticulosamente. Se hizo patente cuando, con soberbia, proclamó que “la era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. A partir de este momento, terminó el declive de Estados Unidos […] Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común”.

Pero ¿cuál es la relación de todo esto con la ética del periodismo que es lo que le compete a esta columna? ¡Todo! Si ya estaban en peligro el derecho a la vida y a vivir en una sociedad donde se respete el Estado de Derecho y la vigencia de la libertad de expresión y, sobre todo, el acceso oportuno a la información veraz, hoy el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficialmente declaró la guerra. También al periodismo.

Guerra a los inmigrantes

Bastaron solo horas para que la guerra que le declaró Trump a los inmigrantes se materializara en las calles. Un combate a gran escala que el nuevo presidente de Estados Unidos activó al poner en acción al unísono —dotándolos de autoridad y facultades de excepción— a instituciones como el Pentágono, agencias del Departamento de Justicia, incluida la DEA, servicio de Alguaciles, y, por cierto, un megáfono global que amplificó sus discursos sobre los “criminales” y “violadores” que habían invadido el país y debían ser eliminados en esta guerra de seguridad nacional. De golpe, todas las citas agendadas —a través de la App CBP One que gestionaba la entrada legal de migrantes a EE.UU. desde México— fueron canceladas. Unas 280 mil personas que esperaban cita a partir del 7 de enero quedaron varadas sin destino en la frontera con México (cifra de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos). En la “Zona de Guerra”. En el infierno.

The Wall Street Journal informó que solo en la primera semana de su administración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a casi 5.000 inmigrantes en Estados Unidos (entre 1.000 y 1.500 por día). Y hasta el 6 de febrero había deportado a casi 11 mil migrantes a México. Para cuando se supo que Trump había revocado una norma que impedía atacar escuelas e iglesias en busca de inmigrantes, el terror se había expandido.

Faltaban ingredientes. Para su guerra, Trump necesitaba un campo de concentración para —por ahora— 30 mil prisioneros. Para ello debió firmar un decreto en el que le ordena a los secretarios Pete Hegseth, del Pentágono, y Kristi Noem, de Seguridad Interior, ampliar el Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo (en territorio de Cuba ocupado por EE.UU.), a plena capacidad para proporcionar espacio adicional para extranjeros “criminales de alta prioridad” en situación irregular en Estados Unidos.

Así anunció Donald Trump el destino que le daría a las instalaciones en la Bahía de Guantánamo: servirán para “detener a los peores criminales extranjeros sin documentos que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que sus países los retengan. Porque no queremos que vuelvan, vamos a enviarlos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente, ¿verdad? Es un lugar del que es difícil salir”.

La parafernalia de la guerra fue replicada por otras autoridades en traje de combate. “Zona de Guerra”. Así definió la nueva secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, la frontera de su país con México, en audiencia ante el Senado. Y detalló: “hay más de 13.000 asesinos” y “casi 16.000 violadores” que cruzaron la frontera y permanecen en libertad en Estados Unidos, citando cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En otra imagen de esta guerra, emergió la misma Kristi Noem, en traje de campaña, en medio de los agentes que ejecutaban arrestos en Nueva York, diciendo: “estamos sacando a los inmundos de estas calles”.

“Fue un error, Guantánamo nunca se debió abrir”. Eso dijo años más tarde el general estadounidense Michael Lehnert, el primer comandante que tuvo el campo de concentración de Guantánamo para recluir extranjeros sospechosos de terrorismo, después de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. En 2023, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los DDHH y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ní Aoláin, presentó un informe sobre la situación de los 15 detenidos que quedaban en Guantánamo. Allí se describen los tratos crueles e inhumanos —incluye tortura física y psicológica y desaparición forzada— para detenidos sin cargos ni juicios. Solo bajo sospecha. En ese informe, muy poco difundido, se analizan más de 21 años del horror vivido al menos por 780 hombres y menores de edad musulmanes en régimen de detención indefinida. Guantánamo para muchos periodistas pasó inadvertido. 

Imposible no recordar lo que me dijo hace ya 13 años uno de los periodistas más destacados de Estados Unidos y que se resume así: “no puedo sino avergonzarme de lo que nos pasó a nosotros, periodistas que reivindicamos el derecho a fiscalizar en Estados Unidos, cuando ocurrió lo de Guantánamo. Estábamos tan ocupados con el nuevo juguete, los softwares que nos permitían identificar cuáles eran las razones de los accidentes que ocurrían en las calles de nuestro país y hasta cuáles eran las razas de perros más populares entre los estadunidenses en cada ciudad, que Guantánamo pasó bajo nuestras narices sin que percibiéramos el horror que allí ocurrió”.

Ahora Guantánamo se abre nuevamente. Ya llevaron allí a nuevos presos. El miedo se incrusta en miles de hogares de latinos a medida que pasan las horas. “La gente mantiene a sus hijos en casa y no los lleva a la escuela. Tienen miedo de ir a trabajar. Están asustados en general”, decía Gale Brewer, miembro del consejo municipal de Nueva York que representa al Upper West Side de Manhattan.

Bukele entra a la guerra

Pasaron solo tres días para que Donald Trump se agregara otro campo de concentración para su guerra, esta vez en El Salvador. Si hasta hace pocos años El Salvador era famoso en el mundo por la huella que dejó un sacerdote católico, Óscar Arnulfo Romero (asesinado en marzo de 1980 por paramilitares adiestrados en Estados Unidos, por pedir que cesara la represión y los crímenes de campesinos inocentes), hoy lo es por la prisión más dura de América Latina que hizo construir su presidente, Nayib Bukele. El régimen de excepción impuesto el 27 de marzo de 2022 en El Salvador por el gran aliado de Donald Trump ha permitido la captura —sin juicios ni información pública— de más de 80.000 personas; más de 3.000 detenciones injustificadas y más de 300 muertes de prisioneros sin juzgar dentro de las cárceles (Bryan Avelar en El País)

El anuncio lo hizo el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, en su primera visita oficial a ese país. Bukele, exultante, se comprometió en la red social de Elon Musk (“X”): “hemos ofrecido a los EE.UU. la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos estadounidenses) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para EE.UU., pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

No hay mucha diferencia entre lo que es la prisión de Guantánamo y la de El Salvador: ambas son campos de concentración. En el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) que hizo construir Bukele a solo 75 kilómetros de San Salvador, en Tecoluca, los prisioneros no salen nunca de sus celdas. Incluso deben comer allí, pues no hay patios ni espacios comunes para visitas o simplemente ver el cielo. Incluso el suministro de agua está racionado.

Lo que causó más sorpresa no fue la “tarifa reducida” a cambio de presos. También habrá energía nuclear para El Salvador. Respecto del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU), Rubio fue cauto y escueto y la canciller de Bukele, Alexandra Hill Tinoco, alegórica: “Es una estrategia más del presidente Bukele para dar energía las 24 horas al día a un precio competitivo sin depender de la geopolítica ni de los precios del petróleo”.

Mientras Donald Trump habilita dos campos de concentración para su guerra, en Guantánamo y El Salvador, en la Unión Europea se le adelantaron y discuten cómo materializar el internamiento masivo de los “enemigos”. La pionera fue otra de las aliadas de Trump. A la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se le ocurrió instalar también un campo de internamiento para inmigrantes, pero en Albania, lo que fue aceptado por ese país. El centro del debate reciente en la reunión de ministros del Interior de la Unión Europea en Varsovia fue precisamente sobre las “soluciones innovadoras” para deportar inmigrantes en mayor cantidad. Y allí, la representante de Polonia —y presidenta del consejo de la UE—, propuso la “fórmula Meloni”. A pesar de que ya fue rechazada por la justicia italiana y europea, diversos dirigentes de la UE insisten en instalar campos de concentración fuera de sus países.

Para esta guerra contra los inmigrantes —que va a la par del avance de la ultraderecha en el mundo—, podría ser un hito histórico lo que ocurra en Alemania el próximo 23 de febrero, cuando los habitantes de la mayor economía europea vayan a las urnas. Allí, la Unión Cristianodemócrata (CDU) liderada por Friedrich Merz, con apoyo de la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) logró aprobar una moción que exige rechazar a todo demandante de asilo que llegue a sus fronteras. Merz podría ser el futuro jefe de Gobierno después de estas elecciones.

El ascenso del partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD), ha sido seguido de cerca y respaldado con vigor y potencia por Elon Musk, el nuevo brazo derecho de Donald Trump, quien afirmó que el canciller socialdemócrata de ese país, Olaf Scholz, era un “tonto” e “idiota incompetente”. El ultraderechista AfD ostenta el segundo lugar de intención de voto en las encuestas para las elecciones del próximo 23 de febrero, exhibiendo públicamente, y sin pudor, ideas nazis. Y a pesar de ello, Musk aseveró “solo AfD puede salvar Alemania”. Alice Weidel, líder de AfD tuvo el pasado 9 de enero un potente megáfono global: Musk intervino orquestando un encuentro directo con la líder ultraderechista.

Mostrando que el intervencionismo electoral desembozado para el avance de la ultraderecha en el mundo, la gestión del presupuesto de la potencia mundial más gravitante y sus negocios tecnológicos no tienen límites, Elon Musk ha forjado también una relación cercana con Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. El Gobierno italiano acaba de confirmar, incluso, que negocia con SpaceX un acuerdo valorado en 1.500 millones de euros para utilizar el sistema de satélites Starlink en comunicaciones seguras.

En esos mismos días, como si leyéramos un diario sacado de 1939 o 1940, nos enteramos que la Unión Europea ha dado vía libre a la propuesta de su Consejo de facilitar, a los Estados miembros, el castigo penal a quien ayude a migrantes por motivos humanitarios a entrar en terreno de la Unión. Derribar el derecho de asilo, uno de los pilares de la comunidad democrática que emergió al término de la Segunda Guerra Mundial, es cosa de días. Y también sería el acta de defunción de la Unión Europea. Un objetivo de la ultraderecha y ahora de Donald Trump.

Y empezó la otra guerra, la importante para Trump

Cinco días más tarde de que Donald Trump asumiera el poder, el sábado 25 de enero, Trump alimentó la guerra con armamento pesado. “Hoy he implementado un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá (10% sobre energía canadiense) y un arancel adicional del 10% sobre China. Esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) debido a la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas mortales que matan a nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo. Tenemos que proteger a los estadounidenses, y es mi deber como presidente garantizar la seguridad de todos. En mi campaña prometí detener la avalancha de inmigrantes ilegales y drogas que cruzan nuestras fronteras, y los estadounidenses votaron abrumadoramente a favor de ello”, escribió Trump en Truth, su red social.

Desde la Casa Blanca se dijo que los aranceles se mantendrán hasta que México, Canadá y China detengan el contrabando de fentanilo y la migración ilegal. Y se argumentó: “las organizaciones mexicanas de narcotraficantes tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”.

El serio riesgo de una recesión ocasionada por el castigo impuesto por Estados Unidos a dos de sus principales socios comerciales —ambas naciones envían el 80% de sus exportaciones a EE.UU.—, y los efectos que ello tendría para la economía mundial, provocaron un terremoto. En México y Canadá de inmediato reaccionaron sus mandatarios. Poco que hacer: su Producto Interno Bruto combinado equivale a sólo a una séptima parte de lo que ostenta Estados Unidos: US$27 billones. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó “las calumnias de la Casa Blanca” al culpar a México de ser el causante del problema del fentanilo en Estados Unidos. Y fue directa al nudo del problema: “¿cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado a los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos?”. Acusó a Estados Unidos de no haber hecho nada para detener el masivo tráfico de armas ilegales que envía al sur del continente, vía México. Armas que alimentan a los carteles del crimen organizado y que están provocando la peor crisis de seguridad en el continente. “Los problemas no se resuelven con aranceles, sino dialogando”, afirmó Sheinbaum.

La respuesta del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fue también imponer aranceles del 25% a diversos productos estadounidenses, que en su primera versión incluiría alcohol, café, ropa y calzado, muebles y electrodomésticos, por un monto de más de US$105.000 millones. Y posteriormente se incluyeron coches y camiones, productos agrícolas, acero y aluminio y productos aeroespaciales. Trudeau advirtió a los estadounidenses de que los puestos de trabajo en sus industrias automovilística y manufacturera estaban en peligro. “Siempre haremos lo que sea necesario para defender a Canadá y a los canadienses. No pedimos esto, pero no daremos marcha atrás”.

Finalmente, después del “ejercicio de guerra” que hizo Trump el primer fin de semana de febrero, el lunes 3 de febrero se anunció una tregua de un mes. México y Canadá lograron un acuerdo con Estados Unidos de paralizar, al menos hasta el 4 de marzo, la subida de aranceles a cambio de que ambos países frenen el tráfico de fentanilo y migrantes a Estados Unidos. A las pocas horas del acuerdo, la frontera de Estados Unidos y México era una verdadera “Zona de Guerra”. México iniciaba el envío de más de 10 mil militares para cumplir con la exigencia de Trump, mientras otros 10 mil se movilizarán en la frontera norte.

“Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de US$1.300 millones, reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 miembros del personal de primera línea están y estarán trabajando para proteger la frontera”, anunció el primer ministro canadiense. Trudeau hizo más anuncios: “Canadá asume nuevos compromisos para nombrar un zar del fentanilo, catalogaremos a los cárteles como terroristas, vigilaremos la frontera las 24 horas del día, los siete días de la semana, pondremos en marcha una fuerza de ataque conjunta entre Canadá y Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada, el fentanilo y el blanqueo de dinero”

Trump logró lo que quería. Y también que México y Canadá paguen la parte principal del costo que acarrea su guerra en la frontera.

Habrá una mesa de trabajo. El fentanilo —opiáceo sintético cuyo consumo es responsable de la muerte de más de 100.000 personas al año en Estados Unidos— tendrá hasta un zar para su combate. Es de esperar que en ella se hable de la mentira que subyace en la decisión de Donald Trump. Porque nada se dice de lo que las autoridades de EE.UU. deben hacer —y no han hecho— para develar a los verdaderos capos del tráfico de fentanilo, otras drogas y armas y que lavan su dinero en Wall Street.  “Ellos (el gobierno de Donald Trump) se comprometieron a que en este grupo de trabajo también van a investigar la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México”, ha asegurado Sheinbaum.

Para el registro histórico de esta guerra quedará la frase que pronunció ya en el poder de su segundo mandato, Donald Trump: “Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, ellos nos necesitan a nosotros”.

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Próximas entregas de esta serie: 

• Domingo 14 de febrero
• Martes 18 de febrero
• Domingo 21 de febrero