Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile.
Cuando terminaba de escribir mi nota para el Consultorio Ético, recibo una llamada telefónica. Desde El Salvador escucho la voz del periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del diario El Faro de ese país centroamericano. Con voz consternada pero firme, me informa que agentes migratorios le están notificando que será deportado a México. El dictamen de la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele solo dice que por no haber podido acreditar que es periodista se le niega el derecho a residir y trabajar en El Salvador.
¡Qué estupidez! Daniel Lizárraga no solo ha mostrado su talento y calidad en los últimos meses en El Salvador, sino que su trayectoria -pública y notoria- de 23 años acredita que es un gran periodista: maestro de la Fundación Gabo, editor y coordinador de equipos de investigación que han revelado a los ciudadanos de Latinoamérica episodios de corrupción que marcaron pauta y remecieron al poder, como el famoso reportaje sobre la historia no contada de la Casa Blanca del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Está claro entonces. El gobierno de Bukele busca impedir que la certera habilidad investigativa de Lizárraga se sume a las extraordinarias capacidades del equipo de El Faro para descubrir los vericuetos ocultos por donde transita la corrupción y desnuden sus zonas oscuras. Un área que ya ha sido expuesta por reportajes de alto impacto de El Faro, como el que reveló la negociación secreta que hizo su régimen con los dirigentes de las pandillas que asolan ese país.
Bukele también busca protegerse él y los suyos de las conclusiones que arrojó una comisión del Congreso de Estados Unidos que emitió la llamada Lista Engel. Su autoritarismo desde entonces no ha hecho más que crecer.
“No nos van a callar, no vamos a dejar de publicar, vamos a seguir ofreciendo a la sociedad la mejor información posible con todo el rigor. Según el gobierno de Bukele, la verdad tiene que ser propaganda. En El Faro no hacemos propaganda, hacemos periodismo profesional”, reafirmó Lizárraga cuando pocas horas más tarde era deportado como un delincuente.
Del Salvador al mundo entero
¿Qué tiene que ver lo que ha ocurrido en El Salvador con la ética y el buen periodismo? Todo. Y por eso tiro a la basura mi columna casi terminada y escribo esta. Porque la crisis nos ha hecho navegar a un ritmo vertiginoso de cambios súbitos, obligándonos a remirar hechos, rostros y documentos. Porque el miedo disfraza la verdad y los personajes del poder ocultan su temor bajo mil caretas. Porque hasta la muerte se envuelve en cifras y más cifras para que no dimensionemos la magnitud de la crisis.
Y vuelvo a releer decenas de mensajes de periodistas de distintos rincones de América Latina que han llegado en los últimos días a este consultorio. Transmiten cansancio, incluso hastío, estupefacción e impotencia frente a la concentración y abuso del poder del que hacen ostentación algunos mandatarios del continente mientras la pobreza sigue creciendo, interpelándonos con su rostro más desolador. También miedo ante la incertidumbre de lo que viene, miedo a contagiarnos, a quedar cesantes, temor a no saber resistir la represión y el acoso con los que buscan asfixiar nuestros relatos mientras navegamos llevando a cuestas una pandemia que no le da tregua a Latinoamérica.
Por eso hay cansancio, miedo, indignación. Y cómo no sentirla ante cifras que abofetean la ética en el ejercicio del poder. Un ejemplo: Chile acaba de conocer las cifras oficiales de la pobreza. Lo que impacta no es el alza que revierte en una década una batalla clave, sino la cifra de la desigualdad (Casen 2020: pandemia provoca casi dos décadas de retroceso en la lucha contra la desigualdad) : en 2017 los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico fueron 39 veces mayores que los del 10% más pobre; en 2020, solo tres años más tarde, esos ingresos del 10% más rico de la sociedad chilena son 417 veces más que los del 10% más pobre. Mientras, hay más de 2.100.000 personas que pasan hambre, frío y sufren distintas enfermedades. La mayor parte son niños y mujeres.
El enriquecimiento de los más ricos ha batido todos los récords en Latinoamérica y en el mundo. Y la corrupción y la falta de fiscalización han jugado un rol importante en ello. Una ausencia de Estado cuyas consecuencias de pobreza y delincuencia amenazan con nuevos estallidos y revueltas populares como las ocurridas en Chile y Colombia.
Precisamente por eso, a principios de julio el mundo dio un paso radical: 130 países firmaron el compromiso de respaldar un impuesto mínimo global corporativo que permitiría reducir la millonaria elusión de impuestos en que incurren las empresas multinacionales. El acuerdo, que se logró en una negociación al interior de la OCDE, busca hacer que empresas multinacionales paguen tasa efectiva de “al menos 15%” que les permitan a países pequeños acceder a más ingresos fiscales por el pago de impuestos de empresas extranjeras. Un punto resultó altamente atractivo para las economías en grave crisis por déficits presupuestario debido a la pandemia de covid-19: el compromiso adicional de definir reglas para compartir el botín de multinacionales como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc. Esa promesa implica casi US$150.000 millones en ingresos adicionales a repartir entre los gobiernos.
Lograr que esa enorme cantidad de dinero fresco no vaya al enriquecimiento ilícito de los más ricos y sirva para dar la batalla contra la pobreza en Latinoamérica y salvar vidas, será uno de los grandes desafíos que enfrentarán nuestras democracias. Y allí estará presente el buen periodismo.
Periodismo contra la corrupción
Por eso el periodismo ético y veraz es el enemigo de los corruptos. Porque es el límite que hoy enfrentan los que se enriquecen ilícitamente y corroen la fe pública, los estados y la democracia. Por eso los mandatarios autoritarios o simplemente dictadores le declaran la guerra al buen periodismo. Una receta antigua, pero renovada con nuevos bríos y ataques.
Ese periodismo resistente es el que seguirán haciendo los colegas de El Faro y de otros medios en El Salvador. Y Daniel Lizárraga desde donde esté. Su expulsión habrá sido un vano intento del gobierno de El Salvador por ocultar los efectos de la derivación autoritaria del presidente Bukele y los actos de corrupción en que incurren sus autoridades. Todos ellos saben que garantizarles a los ciudadanos el acceso a la información veraz y oportuna es un compromiso ético ineludible del buen periodismo.
Daniel Lizárraga los periodistas de El Faro y de otros medios de El Salvador no son bandidos ni narcotraficantes. Tampoco traficantes de vacunas contra el covid-19. Pero el presidente Bukele los trata como tales y los acosa con auditorías del Ministerio de Hacienda que se parapetan en justificaciones burdas, falsas.
Como las acusaciones de “lavado de dinero” y “traición a la Patria” que esgrime el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua para mantener incomunicados en prisión a 26 “rehenes electorales”: seis precandidatos presidenciales, periodistas, dirigentes estudiantiles, campesinos y exjefes guerrilleros sandinistas, como la conocida comandante Dora María Téllez, disidente del Frente Sandinista.
A pesar de que el 20 de mayo Ortega y Murillo ordenaron un segundo allanamiento ilegal a los estudios de grabación del Confidencial (que dirige Carlos Fernando Chamorro) y Esta Semana, el primero ha seguido haciendo un periodismo punzante y revelador que batalla por la vida. A través de su trabajo se ha podido conocer que otros 130 presos políticos subsisten en celdas de “La Modelo” y “La Esperanza” y delegaciones policiales.
La cacería desatada por Ortega y Murillo en mayo pasado sigue su curso. Para poder encarcelar sin obstáculos a quienes rechazan sus métodos, el matrimonio en el poder hizo aprobar en diciembre de 2020 la Ley 1055: “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Su único artículo permite despojar de derechos políticos a quienes son acusados de “traición a la patria”.
Una acusación que también han hecho caer sobre varios periodistas que develan la ruta de su enriquecimiento ilícito, como Carlos Fernando Chamorro. Lo importante es que Confidencial, con Chamorro a la cabeza, a pesar de la represión y el acoso, sigue haciendo un periodismo que le permite a los nicaragüenses estar informados de lo que ocurre en su país y que el régimen intenta ocultar, asfixiar.
Es una carrera contra el tiempo. Daniel Ortega busca su cuarto período presidencial consecutivo (asumió en 2006) en noviembre: el regalo que más ansía para su cumpleaños 76. Sabe él y su esposa que si pierden la elección lo más probable es que su destino sea la cárcel. Su historia reciente, los más de 300 asesinados que dejaron las protestas que se mantuvieron por casi cinco meses en 2018, enterraron su imagen de combatiente de la primera línea contra el dictador Anastasio Somoza. Allí quedó sepultado el joven guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional que fue encarcelado hasta que una acción que llenó páginas de todos los medios del mundo, y que encabezó la comandante Dora María Téllez, lo liberó. Así pudo participar de la derrota de Somoza en 1979.
Hoy es Téllez quien está en la cárcel y Ortega su verdugo. Todo ello cobra sentido, rostros, voces, imágenes y perspectiva en el trabajo que hace el nuevo periodismo de resistencia en Nicaragua. Desde distintos puntos de América Latina periodistas hacen renacer el compromiso con el derecho a estar bien y oportunamente informado para defender la democracia escribiendo otra página ética de nuestra historia.
De ese sentido último de nuestro trabajo habla el periodista nicaragüense Octavio Enríquez en una columna reciente: “Siempre debemos denunciar el abuso de poder, no importa quién esté al mando. Siempre serán mejor las instituciones fuertes, el equilibrio de poderes frente al autoritarismo. Al silencio que se quiere imponer, el periodismo puede responder haciendo su trabajo con estándares altos, que ni el más abyecto dictador pueda opacar, aunque cada vez que llegue la noche nos encontremos con noticias más terribles”
Octavio Enríquez desde Nicaragua, Óscar Martínez desde El Salvador, Carlos Dada, Carlos Fernando Chamorro, Daniel Lizárraga y muchos otros periodistas ubicados en distintas puntos de nuestras tierras le dan vida a este nuevo periodismo de resistencia que barre con el hastío y el miedo al ritmo de una enseñanza que nos legó Gabriel García Márquez y que hoy le da fuerza a sus relatos y a su decisión de no rendirse: “Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte” (La soledad de América Latina, 1982).
Sorpresivo apoyo de importantes empresas al matrimonio igualitario rompe cerco en Chile
Un apoyo tan sorpresivo como potente fue el que emergió de un grupo de importantes empresas multinacionales que respaldaron el proyecto de ley que consagra el matrimonio entre personas del mismo sexo y que finalmente, por decisión también sorpresiva del presidente Sebastián Piñera, entró en la recta final en el Congreso de Chile. La iniciativa logró permear así una larga y férrea ofensiva para obstaculizar su tramitación primero y luego su aprobación.
El inserto titulado “Sí, quiero” apareció en el diario El Mercurio, el más conservador de Chile, y fue el puntapié inicial de la campaña que suscribió el grupo de empresas. El pronunciamiento público empresarial inédito en este tema -que apoyó la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio- provocó tal impacto que rápidamente el respaldo al matrimonio igualitario se desplegó por redes sociales.
“Fuimos un grupo de compañías que dimos un primer paso, manifestando nuestra opinión por convicción de que es un tema tremendamente importante que nos va a llevar a tener una sociedad mucho más justa. Me encantaría que más organizaciones se sumen, que la ley se apruebe en el Congreso y podamos celebrar que tenemos un país donde todos tenemos igualdad de derechos”, dijo el gerente general de Microsoft Chile, Sergio Rademacher, gestor de la campaña “Sí, quiero”.
“Tal como las personas, las empresas tienen principios y valores. Para Microsoft y otras compañías la diversidad e inclusión son valores fundamentales. Cuando hay conversaciones clave, relevantes para el país, es el momento en que las organizaciones tiene que hacer valer sus principios y valores. Es activismo corporativo y de alguna u otra manera las empresas han ayudado a impulsar cambios”, acotó Rademacher.
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