El motor ético del buen periodismo en la nueva batalla por la vida 
3 de Marzo de 2021

El motor ético del buen periodismo en la nueva batalla por la vida 

Mónica González, periodista chilena y maestra de la Fundación Gabo.

 

Primer artículo de Mónica González analizando las preguntas más recientemente recibidas en nuestro Consultorio Ético. Mónica hace equipo con la periodista colombiana Yolanda Ruiz, quien responde a las preguntas a través de un nuevo pódcast que se publica cada dos semanas y que es posible escuchar aquí.

 

Por: Mónica González

Si alguien nos hubiera dicho hace un año, en esta misma fecha, que en pocos días entraríamos en un túnel inédito, que durante meses estaríamos confinados, que llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener distancia de los otros se haría obligatorio, que la cifra de muertos provocada por un virus llegaría el 19 de febrero de 2021 a casi 2 millones y medio de personas en el mundo, al tiempo que esta pandemia brutal trituraba en América Latina y el Caribe 2,7 millones de empresas, 8,5 millones de empleos y millones de hogares, lanzando a la pobreza al 37,2% de la población de la región (unos 230 millones de personas), habríamos dicho que era un guion de ciencia ficción. 

Tampoco habríamos creído que el trabajo del periodista se haría más complejo y dramático y no solo por la violencia del crimen organizado, o los ataques al periodismo independiente de presidentes con arraigo dictatorial como Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) o Nicolás Maduro (Venezuela). 

No sabíamos que deberíamos enfrentar otras cuatro pandemias simultáneas: económica, la corrupción, la industria de noticias falsas que invadió nuestros espacios y la crisis política. No sospechábamos que el cuestionamiento a la verdad empírica y a la ciencia se convertiría en arma contra las instituciones y la salud pública, que la proliferación de información falsa nos intoxicaría y la ira de millones se expresaría en las calles desafiando a los estados y la miseria. La democracia crujía. Incluso en Estados Unidos. Cruje aún.

No sabíamos que, a partir del 26 febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de covid-19 en Brasil, hoy el segundo país del mundo con más víctimas, se iniciaría una etapa de la cual nadie sabe cómo saldremos ni cuándo. Y que el año 2020 y este 2021 marcan un hito en nuestra historia, en la de todos. Hemos navegado durante un año en la oscuridad. La línea de tiempo muestra que el buen periodismo, riguroso y ético es imprescindible.

Periodistas en la oscuridad

En ese contexto, los mensajes de periodistas de la región que han llegado a la Fundación Gabo son distintos: apuntan a cómo identificar la desinformación; cómo enfrentar el miedo al virus y a las amenazas de mafias que han ganado poder mientras el Estado retrocede; cómo rastrear corruptos que trafican con vacunas; como identificar empresas que reciben ayudas estatales y que en vez de mantener empleos se meten el dinero al bolsillo; ¿por qué hay opacidad total de cuánto pagan los gobiernos por vacunas? (hasta ahora solo se sabe que EE. UU. pagará casi US$2.000 millones a Pfizer para garantizar la entrega de cerca de 100 millones de dosis).

La palabra verdad se repite en esas consultas, así como el rigor en distintos matices. He aquí algunos ejemplos: 

“Desde el punto epistemológico, ¿cuáles son los criterios de verdad que debe usar un periodista?”. 

“Cuando uno está haciendo una investigación y consulta a varias fuentes, ¿cómo puedo tener certeza de que son fidedignas?”.

“¿Cuál sería la definición de independencia periodística?”.

“Lo idóneo es que un periodista informe a su interlocutor si va a grabar la conversación. Debe hacerse antes de iniciar la entrevista, sin importar el formato del registro (entrevista telefónica, videollamada, grabadora). ¿Existe alguna recomendación para cumplir con este código de conducta sin que se afecten las respuestas? La mayoría de las veces he visto como tras informar el interlocutor modifica y/o condiciona sus respuestas y comportamiento”. 

“¿Qué hacer frente a un editor que quiere imponer titulares engañosos para buscar clics sacrificando la información?”.

No hay desperdicio en esas preguntas. No hay grasa. Hay urgencia por defender la vida y mostrar a tantos héroes anónimos; por la miseria que crece. Hay necesidad de hacer buen periodismo ante la democracia que cruje por estados debilitados, obsoletos y gobiernos que se ven sobrepasados por la crisis. Hay miedo ante muchas formas de violencia.

Pobreza: más de una década de retroceso

Hay una matriz común en el telón de fondo que envuelve a los periodistas: la democracia está en peligro. La ira de millones que han tomado conciencia que viven en la región más desigual del mundo se hace sentir. Una fractura los separa de los más ricos y la pandemia la ha hecho visible, narrable. Han sido periodistas los que han salido a buscar las historias, imágenes y nudos que impiden que la situación cambie. Un compromiso ético.

Ese compromiso exige no inventar, no exagerar. Todo está allí en calles, oficinas y pasillos del poder real. Si de rigor se trata, tomemos cifras oficiales. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en diciembre de 2020, estableció que 7 de los 20 países más desiguales del mundo están en América Latina y el Caribe. Una brecha de ingresos, de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y aunque 72 millones de personas salieron de la pobreza entre 2003 y 2008, la pandemia barrió con su nueva situación, provocando que la cifra de los que viven en situación de pobreza se eleve a unos 230 millones, mientras que otros 16 millones de latinoamericanos han caído a la pobreza extrema (llegando a 83,4 millones) por efectos del covid-19 (Cepal). El estudio de la Cepal concluye que al finalizar 2020 hemos retrocedido 10 años en PIB per cápita y 14 años en niveles de pobreza.

La misma Cepal concluyó que la informalidad laboral en la región alcanza al 53% (unos 158 millones de trabajadores). Una cifra que explica que casi 104 millones de personas vivieran en agosto de 2020 en campamentos o favelas en América Latina, según cifras de la ONG Techo. Carpas y chozas que se han multiplicado y no dejan de crecer, y que han hecho casi imposible en algunas zonas adoptar medidas para impedir la propagación del virus.

Cómo explicar, narrar, retratar, recoger la realidad brutal que viven todas esas familias por los efectos devastadores de haber perdido el empleo o de recibir remuneraciones miserables, sin seguridad social. Había que mostrar quiénes son ese 30% de los estudiantes más vulnerables de educación secundaria que no tiene computador en el hogar y cómo sobreviven esos 80 millones de niños, niñas y adolescentes que ya no reciben una comida caliente al día.

Las más afectadas por los desastrosos efectos de la pandemia han sido las mujeres: 118 millones han caído en situación de pobreza en 2020. El Informe de políticas sobre el impacto en América Latina y el Caribe, de la ONU, además de prever la mayor contracción económica en la región en un siglo, establece que la tasa de pobreza en las mujeres aumentó 9,1% y la participación femenina en el mercado laboral retrocedió una década. 

Una realidad de larga data que se desarrollaba frente a nuestros ojos y que hasta inicios de 2020 era invisible. La responsabilidad del periodismo y los medios en ello es innegable. 

Lo más duro y estremecedor ha sido asumir otra cifra dura: violaciones y femicidios aumentaron en toda la región entre 20 y 50% durante 2020. Una de cada 3 mujeres está expuesta a sufrir violencia de género.

La tercera pandemia: la corrupción

Al mismo ritmo que se han ido incrementando contagios y muertos por Covid-19, el combate contra la corrupción se diluyó en América Latina. Los datos hablan: en junio de 2020 lo advirtió Americas Society, Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks en su Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. Evalúa desde la independencia judicial hasta la calidad de la democracia y del periodismo de investigación para calificar qué tan idóneos son los países para combatir los delitos de corrupción y sancionarlos (en escala de 1 a 10). El caso más grave: Brasil. 

Una realidad letal (la corrupción mata) que el 28 de enero pasado confirmó Transparencia Internacional: “Una concentración alarmante de poder del Ejecutivo en países como Colombia y El Salvador ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia. En todo el continente los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y actualizada sobre datos estadísticos y sanitarios y suministros de emergencia”. 

No sorprendió la inclusión en ese informe, como país a “observar con atención”, de Estados Unidos, el más golpeado por la pandemia con más de medio millón de fallecidos: “Las dificultades de la administración (Trump) para supervisar el uso del monto sin precedentes de un billón de dólares asignado a la lucha contra el covid-19 generaron una gran inquietud”. 

Y nuevamente el desafío ético para el buen periodismo: identificar las principales razones que impiden atacar la desigualdad. Una de ellas: el 10% más rico captura el 54% de ingresos nacionales en cada país, Un sector para el que, según revista Forbes y la BBC el 2020 fue rentable: los 2.200 multimillonarios del globo terminaron siendo un 20% más ricos, mientras el planeta sufre su peor catástrofe económica en casi un siglo, con una caída del 4% en el PIB mundial. 

Se entiende así que el FMI urgiera en la necesidad de aplicar "impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables" para enfrentar la crisis. Una medida clave para el cientista político Francis Fukuyama, quien sostiene que la salud de una democracia moderna es su capacidad para que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden, así como la corrupción sin control desestabiliza la gobernabilidad (ver su libro: Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Barcelona, Ediciones Deusto, 2019). Así lo entendieron los 84 ultra ricos del mundo que firmaron Millonarios por la Humanidad: “que nos aumenten los impuestos inmediatamente, sustancialmente". 

Pues bien, esa regla no se cumple en casi todos nuestros países. Y de sus protagonistas y lobistas casi no se habla. Ejecutar lo que piden supone establecer drásticas medidas para combatir evasión y elusión (sin forados en la ley), acabar con el secreto bancario y con exenciones tributarias sin justificación. Para el buen periodismo ello representa un gran desafío ético: sortear primero la barrera que impide obtener información fidedigna y veraz; estudiar muchísimo, cotejar cada cifra, documento; y enfrentar a lobistas importantes: bufetes de abogados, periodistas, congresistas y economistas. 

“Los poderosos siempre buscan el control total del gobierno menoscabando el progreso social en favor de su codicia. Contrólelos mediante una democracia efectiva o verá cómo fracasa su país”, advirtió el economista Simon Johnson, exjefe del Departamento de Investigación del FMI y autor del libro The Quiet Coup (The Atlantic, mayo 2009). Acuñó el concepto “golpe de estado silencioso”, que detalla los mecanismos con los que las élites financieras despliegan su influencia y manipulación en políticos y académicos para desmantelar cualquier intento de regulación que desafíe sus intereses. El buen periodismo es parte de ese control y, por lo mismo, objeto de manipulación. 

La cuarta pandemia: la industria de las noticias falsas

El director de la OMS lo advirtió: estamos luchando contra una pandemia y una “infodemia”. La alarma por la proliferación de información falsa se acrecienta por la amenaza que ella representa para la salud pública y por cómo socava la confianza de los ciudadanos en la democracia. 

La ética impone nuevamente ir al fondo del problema. La herramienta masiva más utilizada por la industria de la desinformación han sido las redes sociales. Un sistema controlado por empresas que hoy se ubican en el pódium de las más grandes del mundo: Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft y Facebook (capitalización bursátil de las cinco multinacionales supera los US$5.000 millones). Gran parte de sus ganancias proviene de prácticas monopólicas en el manejo global de datos y de las campañas de desinformación. La investigación sobre Cambridge Analytica grafica el poder alcanzado por la manipulación al recoger información sensible de millones de usuarios de estas redes para luego ser utilizada en información falsa que se les entrega en campañas electorales. Así ocurrió en 2016 para perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton. 

La amenaza desestabilizadora de la desinformación ha tenido una respuesta muy débil de la democracia global. En octubre, en plena campaña presidencial estadounidense, Twitter y Facebook limitaron la difusión de un artículo del New York Post que afirmaba que Hunter Biden, hijo del candidato demócrata, organizó una reunión entre su padre, cuando era vicepresidente, y un directivo de una polémica empresa ucraniana de gas. El último paso de Amazon, Apple y Google fue anunciar que han decidido sacar de sus sistemas a la red favorita de los extremistas de derecha: Parler.

Twitter fue más allá: prohibió todos los anuncios políticos pagados y en septiembre anunció que “etiquetará o eliminará información errónea” que busque “socavar la confianza en las elecciones”. Interesante resulta conectar esa información con una más reciente aparecida en el Wall Street Journal (9 de febrero): por segundo año consecutivo Facebook y Amazon superaron en 2020 a todas las demás compañías estadounidenses en gasto de lobby. Facebook, que enfrenta juicios antimonopolios, gastó casi US$20 millones en lobby en 2020 (US$18 millones más que 2019), mientras que Apple Inc informó US$6,7 millones; Google: US$7,5 millones; Microsoft Corp. US$9,4 millones; Oracle Corp. US$8,1 millones y Twitter Inc., US$1,5 millones.

Así describió el poder que concentran esas compañías el periodista chileno y conductor de CNN Chile, Daniel Matamala: “Facebook ya es dueño de WhatsApp e Instagram, y Google, de YouTube. A su lado, los intereses de la United Fruit en Guatemala, los Brown Brothers en Nicaragua o de la ITT en Chile parecen un juego de niños. Los golpes del siglo 20 trataban de controlar el mercado del plátano, el cobre o el petróleo. Los del siglo 21 dependerán de un poder infinitamente mayor: de quién maneja los datos y puede manipular la verdad. Ya tenemos un aviso en Brasil, donde las campañas de mentiras por WhatsApp llevaron al poder a Bolsonaro. Ahora el poder está en unas oficinas de Silicon Valley”.

El nuevo enemigo que enfrenta la democracia no es racional, sino emocional. El estudio hecho en agosto pasado por Claudio Huepe y Claudio Villegas, investigadores del Laboratorio Social Lintwning Lab (SoL- Facultad de Comunicaciones Universidad Católica de Chile), concluyó: “la apelación a creencias o emociones es más importante que la evidencia”. Por ello cobra importancia vital el imperativo ético del buen periodismo para luchar contra las noticias falsas: información veraz, rigurosa y oportuna.

En el estudio de Huepe y Villegas se lee: “La sociedad se fragmenta en comunidades hostiles entre sí, a lo que se suma una desconfianza generalizada en las instituciones. El efecto en la capacidad de generar consensos objetivos que guíen el comportamiento social ha mostrado ser devastador en los países en que se ha medido. Estudios recientes muestran que casi el 40% de los adultos en EE. UU. creen que se exageran los riesgos de la pandemia, que un cuarto cree que fue planificada y menos de la mitad está decidida a vacunarse”.

Llegamos nuevamente a un punto ético clave. Por qué importa contar las historias relevantes con rigor, veracidad y multiplicidad de voces: porque así el periodismo aporta a cambiar la vida de las personas. Y porque, como dijo recientemente el periodista y académico colombiano Germán Rey, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo: “el problema es que los medios no han hecho lo suficiente para ganarse un lugar en la confianza social, que se ha ido deteriorando progresivamente. La libertad de expresión no es un coto cerrado de los medios o de los periodistas. Es una libertad, un derecho y una responsabilidad de toda la sociedad. Pero desde hace unos años ha crecido el vedetismo en los medios. De fiscalizadores, algunos periodistas se creyeron vedettes, figuras. Algo semejante a lo que ha pasado con los futbolistas. Y empezaron a sobarse con el poder, a transformarse en elite, a preocuparse desmedidamente por los honorarios”.  

La abogada colombiana Catalina Botero, integrante de la junta de supervisión independiente de Facebook, afirmó este 21 de febrero: “Las redes sociales no son medios de comunicación y no deben ser tratadas como tales”. Y agregó: “Sin medios de comunicación y periodismo de investigación independiente y profesional, la democracia tiene pocas posibilidades de sobrevivir”.

El peligro es real. La intergubernamental internacional IDEA y la estadounidense National Endowment for Democracy lanzaron en julio de 2020 la alarma global ‘Llamado a defender la Democracia’, firmada por más de 500 líderes, acusando a gobiernos, incluso elegidos democráticamente, que en días de crisis acumulan “poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y refuerzan la vigilancia estatal”.  

El peligro que enfrenta la democracia en América Latina se plasmó en la declaración que emitió la CIDH el 6 de febrero: “El hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, decisiones y modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Un desafío regional que afecta a todos los Estados de las Américas, contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones.

2021 marca el eje del ciclo electoral decisivo para el futuro del continente y que comenzó en Bolivia en octubre 2020, y termina en 2024: casi todos los países irán a las urnas para elegir presidentes y congresos. En 2021 habrá elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Chile y legislativas en Argentina, El Salvador y México. 

Las elecciones en nuestros países se harán al tiempo que batallamos con una pandemia que sigue sumando víctimas del virus y la miseria. Y también de la corrupción con el tráfico de vacunas que posterga a los más necesitados. La OMS alertó por la situación catastrófica en Brasil, en particular del Amazonas, que puede provocar implosión del sistema sanitario. "De continuar así, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica de abril y mayo", alertó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan. 

Si la democracia está en peligro, el buen periodismo debe salir con ética, hechos, voces, rostros, rigor e imágenes a informar y ganarse la confianza de los ciudadanos. Informar e iluminar la opacidad cuando la vida está en juego.

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