Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile.
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En distintas latitudes siguen los remezones provocados por los ‘Pandora Papers’, un nuevo expediente de periodismo de excelencia.
Los secretos financieros de más de 130 multimillonarios y políticos de primera línea, que emergieron de 11,9 millones de documentos confidenciales de paraísos fiscales, expuestos a la opinión pública mundial. Cientos de investigaciones publicadas por 150 medios y reproducidas en todo el mundo: una bomba de racimo que ha generado nuevas revelaciones de ese 1% que concentra la mayor riqueza a nivel global. Y, lo más importante, consecuencias judiciales y políticas.
Así acaba de ocurrir en Chile con uno de los capítulos de los ‘Pandora Papers’, la investigación de los periodistas Francisca Skoknic (La Bot) y Alberto Arellano (CIPER) que reveló los conflictos de interés que escondía la compraventa de Minera Dominga, en la que participó la familia del presidente Sebastián Piñera. La fuerte reacción culminó el 9 de noviembre: la Cámara de Diputados de Chile aprobó una inédita acusación constitucional en contra del presidente en una agitada sesión de más de 20 horas.
Ese hito se sumó a un remezón anterior. El 8 de octubre, apenas publicado el primer reportaje, el Ministerio Público decidió abrir una investigación penal de oficio que involucra al presidente Piñera en la compraventa de Minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, pactada el 10 de diciembre 2010 en Islas Vírgenes Británicas, por eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias.
Hubo más revelaciones. Arellano y Skoknic se sumergieron en el uso de paraísos fiscales de la familia del presidente y de su amigo y socio Carlos Alberto Délano, empresario con prontuario reciente. En julio de 2014 estalló el Caso Penta, una investigación judicial por millonarios delitos tributarios y financiamiento político ilegal de los que fueron acusados Délano y Carlos Eugenio Lavín, los dueños de Penta, uno de los grupos económicos importantes e influyentes en la política de Chile. Sería uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto en el país.
Lo inverosímil: a pesar de las altas cifras involucradas en los ilícitos, los dueños de Penta –Délano y Lavín– fueron solo condenados a pagar impuestos y multas. Y algo más: a clases de ética por un año.
Clases de ética, ¿solo para empresarios?
Hasta hoy esa condena a clases de ética provoca hilaridad en la sociedad chilena. Muchos sostienen que graficó de tal forma la desigualdad en la administración de justicia, que fue uno de los detonantes del estallido social de octubre de 2019.
¿Por qué castigar a dos hombres ricos y mayores con clases de ética? Es posible concluir que, incluso para esos jueces, las prácticas de los dos empresarios evidenciaban un profundo desconocimiento de la ética. Algo que se traduce en impunidad.
Eso es lo que los periodistas a veces no vemos: cómo nuestro trabajo sirve en ocasiones puntuales para exhibir los lunares de corrupción que corroen nuestras instituciones. Y a veces, el impacto impulsa algún cambio en la justicia, en los métodos o en políticas públicas. O provoca una sanción social.
Es en este punto donde a veces se diluye el foco de nuestro trabajo. Mientras más delicada y relevante es una investigación, más imperioso es respetar el marco ético. Si nos domina la ansiedad por un golpe noticioso o por obtener notoriedad pública, sucede lo que nos consulta un periodista de nuestras tierras:
“¿Es ético utilizar plataformas periodísticas para crear presión social alrededor de casos que están siendo juzgados? En mi país hay periodistas que realizan investigaciones y que han generado con sus reportajes un sometimiento a funcionarios públicos. Incluso, llegan a explicitar cuál debe ser la sentencia. ¿Es ético eso?”.
Esas interrogantes se entrelazan con otra consulta que nos llegó de otro periodista que trabaja a miles de kilómetros de distancia del primero: “¿Cómo definir la indiferencia de los medios de comunicación y sus periodistas y comunicadores ante la desinformación y falta de ética que se le debe al público?”.
La respuesta a esas dos consultas empieza por separar el buen periodismo del resto. Porque el primero se ciñe con rigor y una exhaustiva investigación a los hechos que logra comprobar. No inventa. No agrega. No fabrica testimonios para darle credibilidad a su historia. El buen periodismo de investigación no dicta sentencias ni juzga. Su meta no es tumbar ministros ni presidentes. Su tarea es exponer los hechos ilícitos y sus protagonistas con tal cantidad de voces y documentos de prueba, que la reacción sea inevitable.
El otro marco ético
La estructura y método de la investigación de Skoknic y Arellano permite avanzar en el camino del rigor y el contenido.
CIPER y La Bot dieron a conocer documentos, correos, escrituras, copias de contratos y relación de hechos en una rigurosa línea de tiempo que muestra cómo se gestó y desarrolló el negocio de Minera Dominga, y cómo en diciembre de 2010, el empresario Carlos Alberto Délano –íntimo amigo del presidente Piñera y su familia (comparten vacaciones, viajes y fines de semana)–, compró la participación de los socios del proyecto minero en US$152 millones. Entre ellos, la familia Piñera-Morel.
Lo extraño: parte de la operación que estableció un pago en tres cuotas, se hizo en secreto en las Islas Vírgenes Británicas.
Lo grave: la cláusula que condicionó el pago de la última cuota (US$9,3 millones) a que la zona en que está enclavada Mina Dominga (Región de Coquimbo) no fuera declarada “protegida”. Y ello, porque desde hace más de una década esa ha sido la exigencia de científicos y ecologistas por la riquísima biodiversidad del archipiélago de Humboldt, calificado “sitio prioritario para la conservación”.
Lo relevante: cuando se firmó ese contrato (diciembre 2010), Piñera era presidente de Chile (primer mandato, 2010- 2014). La decisión de declarar el área donde está ubicada Minera Dominga zona de protección dependía del gobierno que él dirigía. Hasta hoy no se ha creado. Es más, en agosto de este año, a solo meses de que culmine su segundo mandato (2018-marzo 2022), la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó la operación de Mina Dominga.
Para responder a la segunda consulta (“¿Cómo definir la indiferencia de medios de comunicación y sus periodistas y comunicadores ante la desinformación y falta de ética que se le debe al público?”) hay que escudriñar en las razones más profundas que provocan la omisión, tergiversación y desinformación de los hechos.
Volvamos al ejemplo de Dominga y los conflictos de interés del presidente Piñera. Desde que irrumpió la revelación de los ‘Pandora Papers’, importantes medios de comunicación chilenos y periodistas han silenciado, minimizado o incurrido en errores en la relación de hechos. Al parecer, buscando aminorar la responsabilidad del presidente en un capítulo cuyo acápite final –hecho en secreto en un paraíso fiscal y la cláusula que condiciona el último pago que recibirá la familia presidencial (US$9,3 millones)–, no tiene explicación.
Es probable que la causa sean las esquirlas del estallido social que se inició en octubre de 2019 y que la pandemia del coronavirus puso en pausa. A ello se suma la incertidumbre ante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre que todos califican como decisivas. Y todo aquello mientras 155 constituyentes escriben una nueva Constitución que, según la mayoría electa por voto democrático, debería sepultar el modelo económico y social que construyó la dictadura de Pinochet.
A solo cuatro meses de que el presidente Piñera abandone La Moneda, que aparezca en el horizonte una acusación constitucional que busca poner un final duro y abrupto a su gobierno, atiza el fantasma del desgobierno y el miedo. Incertidumbre, miedo y esperanza de que los cambios nos conduzcan esta vez a una mejor vida, es una combinación explosiva. Más aún cuando existe en Chile la sensación de que un capítulo de nuestra historia reciente se cierra y se empieza a parir uno nuevo. Y ello acrecienta el miedo y el clima de polarización.
No extraña entonces que el abogado del presidente Piñera (Jorge Gálvez) incurriera en errores en su defensa ante la acusación constitucional que debatía la Cámara de Diputados. Afirmó que desde 2009 Piñera se desligó completamente de sus negocios y no estuvo jamás al tanto ni de la compraventa de “Dominga” ni que la operación se rubricó en un paraíso fiscal ni de la cláusula que lo interpela.
¿Alguien puede suponer que tratándose de un negocio que involucra US$152 millones en ninguno de los frecuentes encuentros que Piñera y Délano tienen solos o con sus familias jamás se habló de “Dominga”? ¿Cómo se explica esa cláusula si no es por la facultad que le asiste al presidente de monitorear las áreas protegidas?
Otro error del abogado Gálvez en su exposición la madrugada del martes, 9 de noviembre, fue insistir una y otra vez que la investigación judicial fue zanjada: el fiscal que llevó el caso (Manuel Guerra) ya tuvo a la vista el contrato del negocio minero, no lleva la firma de Nicolás Noguera Correa, el ejecutivo de máxima confianza de Piñera que en la última década tomó las riendas de sus inversiones y negocios. Y por todo ello, el fiscal sobreseyó a Piñera en 2017.
Lo que omitió el abogado Gálvez es que el documento del que habla es un preacuerdo de compraventa firmado en octubre. El contrato oficial y final está en inglés, fue firmado en diciembre en las Islas Vírgenes Británicas y sí lleva la firma de Nicolás Noguera.
Ese es el documento que Skoknic y Arellano rescataron de los ‘Pandora Papers’ y que el ahora exfiscal Guerra asume que nunca vio y que, por lo tanto, es prueba nueva. La misma conclusión del Ministerio Público al formalizar la apertura de una investigación judicial contra el presidente Piñera. Está por verse si esa indagatoria llegará a puerto y qué pasará con los otros diez negocios mineros en los que la familia del presidente invirtió en su primer mandato. Es el hallazgo que hizo CIPER hace solo unos días. Un nuevo aporte del buen periodismo.
Los caminos están abiertos. Pero algo está claro. Aunque la acusación constitucional sea rechazada en el Senado, su próximo paso (por el alto quórum que requiere); aunque la investigación judicial sea torpedeada u obstruida, nada borrará lo que demostró el buen periodismo ético ante el país: es posible fiscalizar e investigar los secretos financieros de un presidente de la República y asestarle un golpe a la corrupción.
Al final de cuentas, la condena de asistir a un año de clases de ética que le impartieron los jueces a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, no fue tan estrambótica. Ética es un factor clave del que carecen no solo algunos políticos y empresarios. También a veces intoxica al periodismo.
Confidencial, Efecto Cocuyo y El Faro
Ética y coraje, dos elementos clave que mantienen vigoroso e influyente al periodismo independiente de Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Todos ellos tienen en común que deben enfrentar el autoritarismo y la corrupción, pero los une algo más. Sus gobernantes –la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo, Nicolás Maduro y Nayib Bukele– han identificado al buen periodismo como su enemigo. Y los persigue.
No es de extrañar entonces que Confidencial en Nicaragua, Efecto Cocuyo en Venezuela y El Faro en El Salvador, por nombrar los más importantes, sean referentes del buen periodismo independiente y de resistencia en América Latina. Sus periodistas demuestran todos los días que, ante el acoso, la persecución y la pérdida de libertades, es posible develar los negocios y malas prácticas que sus gobernantes buscan mantener ocultos.
¿De qué otra manera habríamos sabido, por ejemplo, que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas una tregua a la violencia criminal para crear una falsa sensación de control sobre el crimen organizado en tiempo de elecciones? Fue El Faro el que lo reveló. Y por ello, entre otras revelaciones, está recibiendo la ira del poder autoritario del presidente Bukele.
Aun así, en esas condiciones, sus periodistas se dan tiempo para derrochar talento, coraje, ética y creatividad. Así lo demuestra la increíble documentalista Marlén Viñayo, directora de Imperdonable, una historia estremecedora que nos adentra en la doble condena que representa para un pandillero salvadoreño ser gay y estar preso. Es un documental de El Faro, cuyos autores son Carlos Martínez, Andrea Bilbao, Neil Brandvold, Omnionn, Víctor Peña y Patrick Tombola. Y está entre los 12 finalistas del Premio Gabo 2021.
Los periodistas de esos tres países, y también los Honduras y Guatemala y de toda América Latina, saben que este es un momento crítico. Como lo revela el último estudio de Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “¿Cómo va la vida en América Latina?”, publicado el 28 de octubre pasado, la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y su apoyo a la democracia han ido cayendo desde el año 2010.
El gran desafío profesional y ético será intentar develar ante los ciudadanos la encrucijada democrática en la que estamos. Para muchos de ellos, involucrará riesgos, porque en sus países ya la violencia y el crimen organizado son un peligro para sus vidas. Aun así, siguen buscando las pistas para descifrar los nuevos mapas de la corrupción.
Un último punto. El estudio de la OCDE nos advierte que por la situación en que vivimos es necesario que el concepto de “bienestar” esté en el eje de los planes de recuperación de los países de la región. Allí está el desafío para el buen periodismo en América Latina: combatir la corrupción que mata vidas y confianza en la democracia y generar esperanzas de que es posible provocar cambios. ¿Habrá que condenar a muchos a seguir clases de ética?
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