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En la reciente edición del Festival Gabo se dedicó un panel para hablar sobre Venezuela. La introducción hecha por Rodrigo Pardo, director de Semana y amplio conocedor de mi país, reflejaba las complicaciones para entender desde afuera lo que ocurre. El desarrollo del panel que compartimos con otros dos paisanos, Boris Muñoz, editor de opinión de The New York Times y el escritor Alberto Barrera Tyska, autor de Patria o Muerte, entre otros libros, me hizo reflexionar luego sobre cómo podemos explicar lo que sucede en nuestro país y cómo lo que vivimos puede afectar nuestro enfoque. Esta preocupación se ha profundizado luego de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre.
Durante este año constantemente me he preguntado ¿Cuál es mi papel como periodista comprometida con la democracia ante un gobierno que insiste en violar la mayoría de las normas? ¿Debo abstenerme de opinar-obvio que diferenciando de información- y enfocarme solo en informar los hechos? ¿Cómo afecta mi credibilidad la toma de posición? ¿Cómo puedo salvaguardar el ejercicio sino imparcial, si honesto, ante lo que ocurre en mi país? ¿Cómo lidiar con los sesgos que pueden afectar la capacidad de análisis de lo que sucede en Venezuela? ¿Cuál es costo que debo pagar por no exponer mi posición frente a determinados hechos? ¿Cuál es costo que debo pagar por exponerla?
Es un ejercicio de reflexión exigente y debo confesar que aún no hallo una respuesta. En otras ocasiones decidía dedicarme solo a reportar hechos y reducir mis opiniones. Esta vez no estoy segura.
Barrera Tyska decía en el panel que Venezuela es un país que se quedó sin verdades. Esto porque cada hecho tiene una versión, dependiendo de la acera desde donde se le mire. Muñoz por su parte cuestionaba que los periodistas no éramos igual de acuciosos con la oposición como lo hemos sido con el gobierno.
Desde mi perspectiva, desde hace mucho tiempo nos hemos quedado con medias verdades, mentiras y propaganda y esta tendencia se ha establecido en medida que aumenta la confrontación. En este escenario entonces el gobierno echa mano a todo su artillería propagandística y algunos grupos de opositores no se quedan atrás con la estimulación de expectativas que poco se acercan a la realidad. A ello hay que sumar la constante tensión que hay entre periodistas y usuarios de información cuando un dato no se corresponde con la posición de unos u otros.
¿Dictadura o qué?
En el panel de una hora invertimos más de 10 minutos discutiendo si estábamos frente a una dictadura o un gobierno autoritario del Siglo XXI.
Entiendo la necesidad de la discusión, pero también comprendo que en el campo internacional resulta cuesta arriba explicar cómo esta dictadura aún permite que existan medios independientes, especialmente digitales o celebra elecciones (nada competitivas y llenas de trampa, pero elecciones al fin). Este es uno de los argumentos del gobierno que más asidero tiene.
El diario Folha de Sao Paulo ha decidido calificar al gobierno de Maduro de dictadura. Tal vez una prueba de lo delicado de la calificación es que la mayoría de los medios venezolanos evitan esta denominación por las consecuencias que puede acarrear: cierre de medios radioeléctricos, bloqueos en internet y tal vez persecución soterrada de los líderes de opinión más emblemáticos, como es pedir a dueños de emisoras de radio que los saquen del aire, confiscar los pasaportes o sugerir evitar hablar de ciertos temas.
Me he decidido por un término acuñado por la organización Instituto Prensa y Sociedad que define a este gobierno como un Autoritarismo del Siglo XXI, en un claro contraste frente al modelo de Socialismo del Siglo XXI con el que algunos académicos bautizaron el experimento político en Venezuela.
Hay elecciones ¿y qué?
En las recientes elecciones regionales el oficialismo obtuvo 18 gobernaciones y la oposición 5. Al menos en dos estados hay indicios de fraude. Además, el proceso electoral no cumplió con estándares de integridad electoral reconocidos internacionalmente, pese a que el Consejo Nacional Electoral se asume como un árbitro imparcial.
Con estos resultados, el gobierno insiste en que la comunidad internacional no les califique de dictadura. Recordemos que la integridad electoral se refiere “tanto a los convenios internacionales como a las normas globales aplicadas de forma universal a todos los países durante todo el ciclo electoral. El ciclo incluye el período preelectoral, la campaña, el día de las elecciones y las repercusiones de los resultados (Norris 2014)”, citado en el informe Integridad en las elecciones de América 2012-2014.
Todo ocurrió igualmente en medio de una altísima sensibilidad, con la descalificación de la autoridad electoral por su actuación durante la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de un debate de la opinión pública, especialmente en las corrientes de oposición,sobre si con las condiciones y la poca competitividad se debía asistir o no a la convocatoria de unas elecciones que debieron realizarse en 2016, cuya fecha fue fijada para diciembre de este año y que finalmente, por una decisión de la ANC fue adelantada al 15 de octubre de 2017. Además, en un contexto internacional en el cual funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos, México y Canadá por la violación de derechos humanos, con la advertencia de la Unión Europea de sumarse a las sanciones. Y en medio de todo con una insistencia al diálogo por parte del gobierno.
Los resultados de estas elecciones lejos de dirimir el conflicto de fondo, abrieron nuevas heridas y temores sobre al avance del proyecto hegemónico del gobierno.
Como periodista, me pregunto cómo podemos entender los resultados del 15-O. ¿Cómo comprender que no obstante un sistema fraudulento, el chavismo tiene una base dura que le vota? ¿Dónde buscar respuestas a los resultados?
Soy de quienes creo que nos toca un ejercicio de revisión y autocrítica. Es posible que no estemos leyendo bien lo que ocurre en el país y en consecuencia tampoco lo estemos explicando.
¿Dónde buscar la verdad?
A las limitaciones por la polarización, la censura y la autocensura en Venezuela se añade que hay una cerrazón de la información oficial. No es algo reciente, pero cada vez es más refinado el mecanismo de opacidad. Por ejemplo, la información básica como el boletín epidemiológico o los informes del Banco Central sobre las variables económicas, datos a los que solo el gobierno tiene acceso, ya no se publican.
En contraste, hay organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento a distintos temas y ofrecen cifras no oficiales que orientan en la mayoría de los casos para el trabajo periodístico, pero las cuales pueden tener un sesgo metodológico. Este es el caso de las cifras de inseguridad, específicamente de personas asesinadas. Mientras la última información de una fuente oficial ubica la tasa de homicidios en 70,1 por cada 100.000 habitantes, las estimaciones del Observatorio de Violencia la ubica en 90. No obstante, el papel de las ongs ha sido fundamental para acercarse a la caja negra de las cifras oficiales, tal es el caso de sistema Saman que detectó los altos índices de desnutrición en infantes y niños de cero a 5 años de edad.
¿Neutral?
Desde que inició el experimento chavista en Venezuela, muchos periodistas discutimos sobre nuestro rol. No hubo posiciones de consenso. En términos individuales cada quien asumió una postura. En mi caso me ubiqué en el centro por la convicción de que en una sociedad polarizada la verdad se escurre frente a los ojos de todos, porque ambos polos siempre tendrán una versión. También me llevó a esta posición, los errores iniciales que se cometieron desde los medios y que tuvo como colofón el golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002. Pero más que nada, mi posición se basó en el hecho de que nos gustase o no, Chávez fue electo presidente por una mayoría, en una elección en la que no hubo evidencias ni indicios de fraude.
Sin embargo, mi posición cambió luego de tantos años, por dos hechos fundamentales: el desconocimiento del gobierno a la voluntad del electorado cuando escogió el 6 de diciembre de 2015 la Asamblea Nacional (con mayoría de ⅔ para la oposición) y por las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que en palabras de expertos rompieron el orden constitucional, un orden que aún no se ha restituido y que por el contrario va en camino del establecimiento de una nueva Constitución y de la imposición de una supraautoridad discrecional como es la ANC.
¿Por qué creo que ante un gobierno represor y opresor no podemos ser neutrales? Por la misma razón que frente a un golpe de Estado no se puede ser neutral. Es decir o respetamos los principios democráticos, o no. En 2002 me opuse al golpe contra el presidente Chávez y mientras factores de oposición intentaban vender la tesis de vacío de poder. Por esta misma razón no puedo convalidar las acciones del gobierno para desconocer la voluntad popular, torcerla o manipularla.
Sin embargo, lo sigo matizando con la necesidad de que aun sin ser imparcial frente al opresor, no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad.
Pero no me siento satisfecha y es una búsqueda constante para intentar relatar mejor la realidad venezolana, sin dejarme llevar por mi propia visión, por las penurias y atropellos del poder que veo a mi alrededor, pero sin permitirme caer en la trampa de las versiones sin contraste. Concibo, como muchos, que nuestro rol no solo es contar los hechos, sino contextualizarlos y agotar todas las vías para llegar a mostrar hechos irrefutables.
Mis dudas son constantes. Las preguntas que me hago no las he respondido, o mejor dicho, no tengo una respuesta definitiva. Sin embargo, si en alguna causa me inscribo es en la de la democracia y de la libertad. En ese espacio no admito medias tintas.
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