Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile. 

La pandemia del covid-19 sigue anclada en nuestra tierra. No quiere soltar esa amarra tan férrea como invisible que ata al virus y sus nuevas variantes a nuestros miedos y debilidades institucionales, profundizando desigualdad, autoritarismo, violencia y pobreza. Y allí estamos, en ese cuadro de muertos y contagios que encabezan Estados Unidos y Brasil, y más atrás Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay (países que tienen al menos cifras, aunque su metodología o muestreo puedan ser cuestionados). 

Nada de ello atemoriza a jóvenes de varios de nuestros países que una y otra vez manifiestan su protesta desafiando contagio y represión y, a veces, la muerte. O el riesgo de quedar ciegos, una nueva forma de represión policial que causa estragos allí donde la protesta arrecia. 

Saber quiénes son, de dónde vienen, qué reclaman, sienten, cómo viven, cómo fue su infancia, cuál es el origen de la ira profunda de aquellos hombres y mujeres jóvenes, algunos niños, que invaden las calles de muchas de nuestras ciudades, con violencia muchas veces, pero siempre con ira, es una pregunta del buen periodismo que busca respuestas allí donde se puede: en la calle.

Hurgar y descifrar la ira callejera y contarla a través de diversos formatos es clave en estos días en que se busca diseñar a toda máquina políticas públicas correctas y subsidios precisos en empleo, educación, alimentación, capacitación, nuevo ordenamiento urbano y, por cierto, políticas de salud mental para control de drogas y depresión que requieren con urgencia los jóvenes que habitan poblaciones marginales. Precisamente aquellas zonas donde se anidó la ira

Por eso se entiende la consulta que llega a nuestro consultorio de un periodista colombiano: “Nuestros jóvenes de la denominada primera línea se han convertido en protagonistas de las noticias durante las protestas recientes contra el Gobierno de Colombia. Sin embargo, el noticiero de televisión Noticias RCN anunció al aire que no los entrevistará, porque en ese canal no entrevistan ‘encapuchados’. La presentadora acotó: ‘Los encapuchados no caben aquí’. ¿Qué pensar de esta postura editorial? ¿Va contra la ética periodística entrevistar a personas que cubren su rostro?”.

La respuesta no es simple. No estamos ante un blanco o negro: escoge. De partida, los medios privados son dueños de decidir su línea editorial, escoger a quiénes entrevistan y a quiénes no, pero no tienen derecho a mentir, tergiversar, manipular.  ¿Cuál es el límite entre manipular y ocultar, entre mentir y omitir? Tenue, difuso, ambiguo. Desgraciadamente, la manipulación y la omisión u ocultamiento de lo relevante en una sociedad no tiene control de ningún órgano con autoridad para imponer sanciones a quienes violan un derecho clave:  acceso oportuno a la buena información. Y así estamos.

Porque esos jóvenes encapuchados seguirán siendo protagonistas de la primera línea de las protestas, aunque el canal de TV tal o cual no los entreviste. Y no por ser invisibles a los medios que decidan silenciarlos dejarán de hacer uso de capucha y violencia. La experiencia indica que detrás de cada capucha hay una historia: ojos de hambre de amor y pan; huellas, cicatrices que hablan de golpes, abusos, violencia. Y como bien sabemos, aquel que se cría en la violencia le cuesta entender que el amor, el cariño y la palabra tienen su lugar. ¿Significa eso avalar saqueos, incendios, destrucción? Por ningún motivo. Pero la forma de combatir esa violencia no es ocultar a sus protagonistas. Tampoco convertirlos en héroes.

No se trata de poner un micrófono y dejar que cada cual diga lo que se le antoje. Eso no es periodismo. Nunca lo ha sido. Y eso vale para los encapuchados y también para quienes transmiten mensajes de odio, discriminación, clasismo, poder omnipotente, impunidad. 

Ojos, oídos y labios bien cerrados

Si hay algo común en nuestros países son los medios de comunicación que prefieren no ver, no escuchar y no difundir ciertos hechos que impactan en la sociedad. Presiones, censura, autocensura o comodidad están el origen.  Y a veces, porque el miedo copa tus sentidos -y es tan potente como la cooptación- cierra ojos y oídos.

Eso acaba de ocurrir con el periodismo en casi toda América Latina al enterarnos de uno de los mayores escándalos de nuestra historia reciente: Proyecto Pegasus. La acuciosa investigación de 80 periodistas de 17 medios asentados en 10 países que nos reveló que al menos 180 de nuestros colegas de 50 países fueron seleccionados como “blancos” de espionaje por selectos clientes de NSO Group, empresa de ciber vigilancia israelí creadora del software Pegasus.

La mega investigación pudo acceder a los registros de más de 50 mil números de teléfonos celulares escogidos por los clientes de NSO Group. Los 180 periodistas fueron seleccionados desde 2016 como “blancos” de espionaje por 12 clientes (diseminados en 21 países) por cuenta de 10 países que compraron el software Pegasus.

Fue precisamente en enero de 2016 que la periodista mexicana Carmen Aristegui recibió más de 20 mensajes de texto con links sospechosos. A fines de 2014, su programa radial Aristegui Noticias, el de mayor sintonía en su país, reveló el escándalo “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”. El reportaje mostró cómo el entonces presidente mexicano se hizo de una mansión en Lomas de Chapultepec, avaluada en US$7 millones, construida por el Grupo Higa, empresa que se benefició de millonarios contratos de obras públicas en ese país.

En 2017, nuevas investigaciones (informe de CitizenLab) descubrió que no solo habían espiado a Carmen Aristegui, sino a su hijo Emilio, a su hermana Teresa, a los periodistas del equipo de Aristegui Noticias que participaron en el reportaje: Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y Salvador Camarena. Lo mismo ocurrió con Karina Maciel, productora del programa de Aristegui en CNN en español y su asistente: Sandra Nogales, quien sabía todos los movimientos de la periodista y cada uno de sus contactos. 

Si entonces Pegasus requería para capturar la información de un celular que el “blanco” hiciera clic en un enlace malicioso, ahora el software no requiere intervención alguna para obtener pleno acceso a la cámara, micrófono, servicios de mensajería instantánea, correo, fotos o llamadas. El software Pegasus puede aspirar todo el contenido de un celular sin que su propietario se percate que se lo están pirateando.

Eso fue exactamente los que le ocurrió a la periodista Khadija Ismayilova, de Azerbaiyán. Su agudo trabajo de investigación que develó la corrupción del presidente Ilham Aliyev (en el poder desde 2003) y de su familia la llevaron a prisión entre 2014 y 2016, acusada injustamente de fraude fiscal. En mayo de este año debió dejar su país y partir a Turquía, pero el espionaje siguió con su teléfono capturado por Pegasus. Escucharon cada una de sus conversaciones, y ella, su familia y las fuentes que le enviaron información fueron espiadas. 

Este capítulo de horror también tiene muerte: el periodista saudí Jamal Khashoggi, feroz crítico de la familia real de su país, ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía) el 2 de octubre de 2018. Nunca más salió: fue asesinado en su interior. Dos semanas después, Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que un amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, era “blanco” de Pegasus meses antes. Aunque NSO Group negó participación en su desaparición y asesinato, la forma de operar es la misma que utilizan los clientes que compran Pegasus: infectan gente cercana a un “blanco”. La investigación periodística reveló que el malware Pegasus fue instalado en el celular de la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz y también en el celular del hijo de Khashoggi, Abdullah. Arabia Saudita compró el software Pegasus en US$55 millones y tiene contrato con NSO.

Entre los periodistas encapsulados como “blancos de espionaje”, figuran profesionales de Mediapart, Le Monde y Canard Enchainé de Francia; The Guardian y Financial Times (su editora Roula Khalaf), de Londres; The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal y Al Jazeera. 

La investigación fue liderada por Forbidden Stories y contó con el aporte de expertos de Amnistía Internacional (Laboratorio de Seguridad). El resultado impacta: miles de intervenciones ilegales en dispositivos de 600 dirigentes políticos, 180 periodistas, 85 defensores de derechos humanos, 65 empresarios, abogados y diplomáticos. Catorce jefes de Estado habrían sido afectados por el espionaje de Pegasus: Emmanuel Macron de Francia, Barham Salih de Irak, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica; los primeros ministros Imran Khan de Pakistán, Mostafa Madbouly de Egipto y Saad-Eddine Othmani de Marruecos. El número de Charles Michel (Bélgica), actual presidente del Consejo de la Unión Europea también está en los registros de Pegasus revelados por la investigación periodística. 

Marruecos merece atención especial. No solo el número del monarca de Marruecos figura en los registros de Pegasus, también los de los editores Taoufik Bouachrine y Soulaimane Raissouni (arrestado el 22 de mayo 2020), quienes han denunciado la corrupción del régimen. Acoso similar ha sufrido Hicham Mansouri cofundador de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación. Debió huir de Marruecos en 2016 tras amenazas legales y físicas: en 2014 fue golpeado por dos desconocidos, un año más tarde agentes de inteligencia armados allanaron su casa y fue arrestado por “adulterio”. Tras 10 meses de prisión en Casablanca se fue a Francia, donde obtuvo asilo. Cinco años después sigue siendo “blanco” del gobierno marroquí. 

Mención especial merece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (gobierna desde diciembre 2018): sus teléfonos y el de 50 familiares (su esposa, hijos y hasta su cardiólogo) y colaboradores figuran intervenidos entre 2016 y 2017, cuando AMLO lideraba oposición a Enrique Peña Nieto (2012-2018). La licencia que le compró México a Pegasus venció en 2017 y aparentemente no fue renovada. En su registro aparecen al menos 15 mil números telefónicos mexicanos, allí figuran más de 25 periodistas, entre ellos, Marcela Turati y Alejandra Xanic, ambas de 5º Elemento, especialistas en investigar masacres del crimen organizado y corrupción; y Cecilio Pineda, asesinado tras denunciar vínculos entre políticos y criminales en el Estado de Guerrero

NSO Group se ha defendido afirmando que solo vende su Programa Pegasus a gobiernos y agencias de inteligencia para combatir crimen organizado y terrorismo. Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, los rebatió y acusó: este es un “ataque mayor contra el periodismo crítico”. Y agregó: “cifras muestran claramente abuso generalizado, poniendo en peligro la vida de periodistas, la de sus familias y asociados, socavando la libertad de prensa y cerrando medios críticos”. 

NSO fue creado en 2010 por Niv Carmi, Shaley Hulio y Omri Lavie (Carmi y Lavie pertenecieron a la Unidad 8200, equipo de élite dedicado al uso de la más alta tecnología del Ejército de Israel). Han vendido software a unas 60 agencias militares y de inteligencia en 47 países, desde Panamá a Tailandia. 

México, Panamá y El Salvador aparecen entre los gobiernos que han comprado el Programa Pegasus. Es solo lo que sabemos por ahora. Si Pegasus ha sido utilizado para atacar, acorralar, asfixiar, eliminar el periodismo independiente y crítico, urge saber qué otros gobiernos del continente disponen de Pegasus para espiar al buen periodismo. La lista la tiene el Gobierno de Israel, pues los contratos extranjeros de NSO deben ser aprobados por el Ministerio de Defensa de Israel. Pero es casi imposible que la entreguen. Aun cuando esto se haya convertido en un problema internacional y de seguridad grave. 

Somos nosotros los que debemos difundir esto, vocearlo, advertir el peligro. En ello se nos va mucho de nuestro futuro. 

A la luz de esta realidad la consulta que nos hace un colega de Ecuador muestra el estado en que se desarrolla gran parte de nuestro periodismo: “Solicité una entrevista con un ministro de Estado en el Ecuador y me pidieron ‘el listado de preguntas que se realizarán’. En periodismo jamás se hace eso, argumenté. Y mencioné que denota desconocimiento del oficio entre colegas de instituciones públicas”.

¡Bravo, colega!, cuánta razón tienes. Con Pegasus o sin Pegasus no hay que dejar caer las reglas mínimas de la ética del buen periodismo.

***

Más columnas de Mónica González: 

• ¿Para qué sirve el buen periodismo ético y veraz?

• Ser periodista en tiempos de crisis y convulsión social

• ¿Podemos ser independientes con el auspicio de grupos económicos?

• El motor ético del buen periodismo en la nueva batalla por la vida

***

¿Tienes preguntas para nuestro Consultorio Ético? Puedes enviarlas a través de este formulario. Podrán ser respondidas por Mónica González en uno de sus artículos mensuales, o en el pódcast de Yolanda Ruiz que publicamos cada dos semanas. 

Suscríbete en tu plataforma favorita para escuchar cada nuevo episodio de nuestro pódcast: ​Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Stitcher y Anchor.

El Consultorio Ético de la Fundación Gabo es un espacio en línea que desde el 2000 ha brindado orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo de Iberoamérica sobre los dilemas éticos que día a día se presentan en el ejercicio periodístico. Este servicio ha sido posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos SURA y Bancolombia, con sus filiales en América Latina.