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Le periodista venezolana Luz Mely Reyes, a través de Efecto Cocuyo, el medio digital que lidera en su país, se enfrenta diariamente a la labor de hacer periodismo independiente en un país donde la represión y la censura son la norma. Los retos de informar en este ambiente es el tema que analiza en varias entradas de este blog, y sobre el que conversará durante el Festival Gabo en la charla El ABC de Venezuela hoy, que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín. Conoce más e inscríbete aquí.
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El proceso político venezolano que fue etiquetado como “Socialismo del Siglo XXI” ha devenido en un proyecto de “Autoritarismo del Siglo XXI”. En este marco, varios periodistas nos preguntamos cómo podemos hacer nuestro trabajo y “no morir en el intento”. (Ruego me perdonen el lugar común).
Llegamos al segundo semestre de 2017 a sabiendas de que, pese a las etapas anteriores en la tumultosa relación entre la prensa y el gobierno, los tiempos actuales son totalmente distintos. Antes de terminar agosto llegaron a 41 las emisoras de radio cerradas este año, otras dos televisoras internacionales fueron sacadas de la parrilla de los prestadores del servicio de cable y la Asamblea Nacional Constituyente ha decidido discutir una ley de odio cuyo foco son los medios y las redes sociales.
Uno de los mandatos de nuestro código de ética es defender los valores democráticos y la paz. Además nos ordena: “El periodista tiene el deber de combatir sin tregua a todo régimen que adultere o viole los principios de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia.” Artículo 45.
Todo parece estar claro, pero como en cualquier dilema ético, no está claro del todo.
Durante los últimos 20 años me he guiado por la premisa: los hechos son sagrados y la opinión es libre, para salvaguardar ese límite tan preciado en el periodismo, más en una sociedad polarizada como la venezolana, donde algunas palabras pueden desatar la furia de quien ejerce el poder desde su estructura formal, o en los tiempos más recientes, de quienes tienen alta influencia en redes sociales.
Pocos días después de las primeras acciones de la ANC me encontré con un colega, ex funcionario del gobierno, y con quien tengo tenido una larga relación de amistad. Me saludó con un abrazo y me susurró al oído: “estamos en dictadura”.
Aunque yo aún no uso esta calificación para el gobierno venezolano, sí comparto la categorización de que es un régimen autoritario. Cualquiera de las dos denominaciones implica que bajo un sistema donde el miedo se usa como inhibidor no son los hechos los que mandan, sino la propaganda y en última instancia el silencio.
Ya en mi país la autocensura ha ganado espacio. Un estudio hecho en 2016 por el Instituto Prensa y Sociedad halló que: los periodistas evitaron que hacer cobertura de actos violentos y de seguridad ciudadana (22%); escasez de alimentos e insumos de primera necesidad (20%); conflictos con grupos de manifestantes violentos (19%); tráfico y consumo de drogas (18%); asuntos de seguridad nacional (13%); control cambiario (7%); los intereses de anunciantes (7%); y relacionados con la infancia (7%).
En este contexto nos preguntamos cómo cumplir con lo que consideramos nuestro deber: informar sobre los hechos, al margen de las calificaciones que se hagan, pero a sabiendas de que en un contexto tan hostil hasta los hechos son blanco de disputa, manipulación y distorsión.
Sin apellidos
La convocatoria de la ANC fue calificada por un sector de expertos como inconstitucional porque no se siguieron los lineamientos en la Constitución. Mejor dicho, tales condiciones fueron objeto de interpretación. Esto llevó a que los voceros opositores y algunos medios se refirieran a esta instancia como “la ANC ilegal”. Luego, la elección de los constituyentes fue uno de los actos electorales menos auditables en Venezuela, se incumplieron la mayoría de las garantías para salvaguardar la transparencia del proceso y finalmente hubo una denuncia, de parte de la empresa que provee los servicios de voto electrónico, sobre una diferencia de al menos un millón y medios de votos respecto a lo que informó la autoridad electoral y los números registrados efectivamente. Esto llevó a que el apellido de la ANC cambiase a “fraudulenta”.
En menos de una semana de funcionamiento la ANC destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz, nombró un nuevo fiscal y planteó una ley contra el odio, cuyo debate se centró en el papel de los medios y el rol de las redes sociales, así como en la necesidad de regular contenidos para evitar difundir mensajes intolerantes.
Algunos medios se refieren a la fiscal Ortega como la fiscal destituida por la ANC fraudulenta, a quien ocupa su cargo lo llaman fiscal designado por la ANC fraudulenta. Pero eso no es todo. En Venezuela hay “magistrados electos por la Asamblea Nacional” que se contraponen a los “magistrados ilegales”.
En contraste, varios periodistas que fundamos, dirigimos o trabajamos en medios digitales hemos conversado sobre qué hacer en esta coyuntura. Realmente no tenemos las respuestas, sino algunas aproximaciones. Uno de los temas en el que hay consenso es en evitar darle apellidos a los sujetos, en el entendido de que nos corresponde seguir reportando acuciosamente lo que ocurre y que al mostrar los hechos, las personas pueden formarse su propia opinión.
Hay otras opciones que estamos discutiendo, siempre con la preocupación de que las palabras que usemos podrían ser interpretadas como una posición política.
¿Puedo llamar a un amigo?
Algunos se preguntaran ¿por qué temen asumir una posición política, acaso hasta los medios de mayor prestigio no lo hacen?
Para dar una respuesta me permito resumir los últimos 20 años del periodismo venezolano y su relación con el gobierno.
1. Luna de Miel, que como cualquier luna de miel terminó pronto. Inició en 1998 antes de la elección presidencial. En esta breve etapa hubo medios y periodistas emblemáticos que exaltaron al candidato y luego presidente Hugo Chávez. Culminó aproximadamente en 2001.
2. Medios tumba-gobierno. En esta, la mayoría de los medios privados y algunos periodistas muy reconocidos tomaron una posición contra el mandatario, al punto de que se les atribuye haber participado en la conspiración del golpe de abril de 2002.
3. La hegemonía comunicacional. En este período cesó la concesión de la televisora RCTV (2007), 37 emisoras de radio fueron también cerradas, se creó un sistema de medios públicos orientados a la propaganda, se prohibió la presencia de vocerías opositoras en los medios del Estado, los voceros del gobierno dejaron de ir a los medios opositores, algunos medios profundizaron el “equilibrio comunicacional”, fue promulgada una ley de Responsabilidad de Medios Radioeléctricos, entre otras medidas para controlar el flujo de información.
4. Finalmente, ha llegado la etapa del Autoritarismo del siglo XXI , que en mi opinión se inicia a principios de 2013 con la compra de diarios como El Universal y Últimas Noticias por capitales desconocidos, que generaron un giro total en línea editorial hacia el gobierno, las presiones cada vez más fuertes contra los pocos medios privados independientes, la escasez de papel, los juicios contra periodistas y dueños de medios por factores del poder, las amenazas de cierre continuo y la “cesación de concesiones”, así como censura y autocensura.
En 2017 han sido cerradas 41 emisoras de radio. Las más recientes fueron en agosto, e incluyeron una emisora juvenil caracterizada por sus mordaz sentido del humor. Además, se elevan a cinco el número de televisoras internacionales expulsadas de las parrillas de los prestadores de servicios de cable y satélite. Radio Caracol y RCN se sumaron a la lista iniciada por NTN 24, CNN en Español y TN Internacional.
En lo personal no estoy en desacuerdo con la toma de una posición política, siempre y cuando esta posición no implique renunciar a los principios básicos del periodismo, entre ellos estar apegados a la verdad, ser lo más imparcial posible y ser honestos.
Pero, ¿qué tan imparciales podemos ser frente al opresor, en un contexto en el cual una parte de la sociedad puede justificar una atrocidad, donde el gobierno usa el miedo como mecanismo de control, con demandas reales de información por parte de una población mediatizada y con una guillotina sobre nuestras cabezas? ¿Cómo podemos garantizar que aun tomando una posición frente a este opresor podamos cumplir con un reporte de los hechos, lo más ajustados a la verdad?.
Por otra parte, aun si decidimos cubrir los hechos, ¿a cuáles hechos nos referimos?
Traigo a colación la misma ANC. ¿Desde qué punto de vista podemos hacer reporterismo en una instancia que ha puesto en duda los valores democráticos, que ve a los medios como reales enemigos y que busca juzgar duramente la disidencia?
¿Debemos asumir un rol de neutralidad para seguir informando sobre los hechos, sin que esto sea realmente una garantía, porque en cualquier momento, cualquier individuo con poder, puede activar la cuchilla contra los pocos medios aún independientes que quedan en Venezuela?
No tengo aún respuestas.
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Luz Mely Reyes es cofundadora del portal independiente Efecto Cocuyo, del cual es directora general. Fue jefa de investigación del Diario Últimas Noticias y directora del Diario 200.
Se ha especializado en Comunicación Política. Ha sido autora de los reportajes sobre el affaire Irán-Venezuela, colaboró con Gerardo Reyes en el caso Micabú y escribe desde 2002 la columna Politikom. Autora del libro Con la vagina bien puesta.
En 2016 fue cursó el programa de periodismo emprendedor en City University de Nueva York (CUNY). Fue becaria internacional de la Fundación Konrad Adenauer. Es analista, escritora y comentarista de la actualidad política en Venezuela.
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