Entre el periodismo de trinchera y el galope de la corrupción
3 de Junio de 2021

Entre el periodismo de trinchera y el galope de la corrupción

La periodista chilena Mónica González realiza su análisis mensual sobre las preocupaciones éticas de la región, basado en preguntas recibidas en nuestro Consultorio Ético. En esta ocasión, responde inquietudes relacionadas con informar en medio de los conflictos sociales que vive Latinoamérica, y la forma de hacerle frente desde el periodismo a la corrupción que empobrece a la región.
Fotografía de las marchas durante el paro nacional 2021 en Colombia. Byron Jiménez en Unsplash. Usada bajo licencia Creative Commons.

 

Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile. 

 

El buen periodismo sigue trabajando en la oscuridad en América Latina, una opacidad acentuada por otros factores que han convertido algunas zonas de nuestra tierra en verdaderas selvas. No es la Amazonia que se expande. Es el coronavirus que no da tregua, acrecentando la debilidad de los estados para hacer frente a la crisis social y económica que ya había hecho nicho mucho antes de marzo de 2020, cuando el virus inició su expansión por nuestro continente. 

La escasez de vacunas, la precariedad de nuestros servicios de salud ante la urgente demanda de los ciudadanos, la muerte que golpea una y otra vez, la corrupción que espolea los erarios y las políticas públicas destinadas a la población vulnerable, han gatillado indignación popular y protestas. La respuesta de la autoridad ha sido represión policial. La diferencia: los matices en la brutalidad. Y en el número de víctimas. Una violencia que ha recrudecido ira y protesta.

Es la crisis política que se devela sin maquillaje, al punto que el crujido de la democracia se mastica, hace eco. También la asfixia de libertades. Cuando la democracia se debilita los extremos se encienden, cunde el fanatismo, la ausencia de diálogo y las verdades sin fisuras. Y algunos medios de comunicación cambian el buen periodismo por el silencio de información relevante para ocultar daños y responsabilidades; y por la entrega de noticias sensacionalistas y no verificadas que denigran al “enemigo”. Donde ayer había caminos, hoy hay trincheras.

Para los millones de ciudadanos en la intemperie, la buena y oportuna información es oxígeno. Vida. Y esa entrega se hace cada día más difícil pues algunos medios de comunicación también se han convertido en trincheras. Ese es el clima bélico y oscuro en el que debe cumplir su función buena parte de nuestro buen periodismo.

Es el urgente llamado que prima en los mensajes que nos llegan de periodistas de distintos países de América Latina: lo difícil que es hacer buen periodismo cuando la falta de ética, los titulares falsos y/o sensacionalistas y el partidismo vociferante y descalificador impregnan los medios en los que ellos trabajan o que los rodean. 

Preguntas que reclaman una urgente respuesta

“¿Qué tan ético es que medios colombianos tergiversen la información a favor del gobierno nacional, como ocurrió en el marco de las protestas en contra de la reforma tributaria, con títulos falsos, como que los caleños estaban celebrando los cambios hechos a la reforma por el presidente Duque, manipulando la noticia, usando uno de los tantos videos de las manifestaciones pacíficas? Esto hace que la credibilidad de esos medios sea cuestionada cada vez más, pues dejan de ser servidores públicos para ser instrumento de propaganda política”, se lee en uno de los correos de periodistas colombianos.

“¿Por qué los periodistas con ética de Colombia no hacen respetar su profesión y denuncian el tipo de activismo que hace Revista Semana y así permitir a los colombianos informarse sin temor a la manipulación que hoy también hacen otros medios?”, dice uno de los tantos mensajes que nos llegaron después de que ese semanario publicara el 23 de mayo una portada con el retrato de un dirigente político señalado como uno de los impulsores de las protestas masivas en rechazo a la reforma tributaria del gobierno.  

Y desde Argentina, este otro correo: “Buenas tardes soy de una ciudad del interior de Argentina, de la provincia de Tucumán. Mi consulta es cómo hacer un periodismo comprometido en una ciudad donde el poder político domina la prensa. En mi ciudad no hay un medio independiente, todos viven del gobierno municipal. ¿Cómo luchar para mostrar las injusticias, la hegemonía de un grupo que desde hace 21 años usufructúa de los principales cargos políticos?”.

O lo que denuncia esta periodista de uno de nuestros países: “¿Qué debe hacer una periodista si, pese a su trayectoria (brillante y meritoria), no puede hablar sobre el ejercicio ético de sus colegas en el medio en el que trabaja que solo replica información oficial pese a evidencias claras y públicas de mentiras y tergiversaciones?”.

La cantidad de correos demandando respuesta ante la creciente desinformación y manipulación de la realidad, el tono de urgencia y la debilidad de la ética profesional que ellos revelan, ¿indican que algunos medios se han convertido en meros instrumentos de propaganda partidista? ¿Asistimos a la conversión de editores y periodistas profesionales en especie de barras bravas en defensa de la autoridad? ¿O de periodistas que se transforman en activistas de la protesta sin diferenciar a ciudadanos que dicen basta de abusos de delincuentes y soldados del narcotráfico?

En algunos casos ha habido cambio de dueños y lo que prima es una matriz ideológica sin matices. En otros, la crisis económica los ha convertido en dependientes de los dineros de gobiernos nacionales y locales, lo cual determina también el control de su pauta y agenda informativa. Allí no hay espacio para fiscalizar al poder ni para periodismo profesional. Y menos para identificar nichos de corrupción. 

No se trata de un rechazo a los sesgos ideológicos que desde siempre han sido marca de identidad de muchos medios de comunicación, lo que no impedía que pudieran desarrollar buen periodismo profesional e incluso investigación. Un sello que les daba credibilidad y un nicho de audiencia y confianza de una parte de la sociedad. Un sello que había interés en preservar pues traía consigo ingresos.

El problema es que en esta crisis múltiple -que tiene como eje el desborde de las instituciones democráticas- las falencias económicas han dejado a los medios de comunicación también a la deriva: presas fáciles del poder de turno. Y con ello distintas barreras éticas han ido desplomándose en el ejercicio del periodismo.

Obviar, por ejemplo, titulares falsos y sensacionalistas que buscan captar clics en las redes sociales, que se exhiben después como audiencias cautivas, es omitir el daño que ellos provocan en distintos ámbitos, incluyendo la salud pública (cuando se trata de efectos falsos de vacunas) o a la honra de personas. Silenciar a quienes se enriquecen con el empleo o la minería informales es hacerse cómplice pasivo o activo de la explotación y el riesgo de vida de cientos de miles de personas que deben sumergirse en ese camino para llevar sustento a los suyos. Mantener ocultos los nombres de quienes se han enriquecido en esta pandemia, por la vía de la corrupción a costa de la salud y el sustento de la población, es mucho más que una falta ética. 

La pandemia de la corrupción 

La corrupción es la otra pandemia que sigue galopando en impunidad en medio de la opacidad y las trincheras. El punto final al proceso Lava Jato el pasado 1º de febrero, juicio que expuso la relación promiscua entre dinero y política en toda América Latina, marcó un hito. La fiscalía general de Brasil informó la disolución del grupo de trabajo de Paraná, el que investigó desde 2014 la trama de corrupción que puso sus tentáculos en gobiernos y autoridades de 1o países de América Latina y dos de África. Los nueve fiscales de Curitiba del grupo -que obtuvieron 278 condenas y recuperaron aproximadamente US$800 millones para el fisco brasileño- fueron transferidos al Grupo de Acción Especial Combate Crimen Organizado (Gaeco).

Fue en marzo de 2014 que desde un servicio de lavado de autos de Brasilia emergió el hilo de una red de lavado de dinero cuyas ramificaciones remecieron el poder corrupto de Brasil y otros nueve países del continente. Sus protagonistas: Petrobras, la principal empresa estatal de Brasil y un gigante de la construcción de América Latina: Odebrecht. Los sobornos a políticos para obtener millonarios contratos públicos involucraron a 12 presidentes o expresidentes de América Latina. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, estuvo en prisión preventiva nueve meses acusado de recibir US$3 millones, soborno que le permitió a Odebrecht la concesión del gasoducto Sur Peruano (costó US$7 mil millones); otro tanto ocurrió con los expresidentes de ese país Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski (prisión domiciliaria); Ricardo Martinelli, de Panamá y Mauricio Funes de El Salvador. Jorge Glas, vicepresidente de los presidentes Rafael Correa y Lenin Moreno de Ecuador, está en prisión desde octubre de 2017. El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó poco antes de que la policía lo detuviera. Para dimensionar la cuantía de los sobornos que pagó Odebrecht basta el monto de la multa que pagó en Estados Unidos: US$ 3.500 millones. 

El proceso Lava Jato terminó en sigilo y bajo sospecha debido a la nueva trama que involucró a su líder: el juez Sergio Moro. El medio digital independiente The Intercept Brasil reveló conversaciones entre Moro y los fiscales que investigaban Lava Jato. Los diálogos dejaron bajo severo cuestionamiento las acusaciones y condenas de Moro que llevaron al expresidente de Brasil, Lula da Silva, por 1 año y 7 meses a la cárcel y le impidieron ser candidato a presidente, posibilitando el triunfo de Bolsonaro. Las sospechas se confirmaron el 16 de abril pasado cuando el Tribunal Supremo de Brasil ratificó la anulación de las sentencias contra el expresidente.

Moro, quien aceptó ser parte del gabinete de Bolsonaro apenas éste fue elegido presidente en 2019 (renunció en abril 2020), es hoy integrante del bufete de abogados estadounidense Álvarez & Marsal, excliente de Odebrecht (cuyo CEO, Marcelo Odebrecht, está libre). 

La corrupción está hoy más entronizada en Brasil que en el momento previo a Lava Jato (Índice Percepción Corrupción de Transparencia Internacional). Algo similar ocurre en otros países del continente. Un ejemplo de ello es Perú, donde disputa la presidencia de la República en segunda vuelta Keiko Fujimori (se dirime el próximo 6 de junio), quien fue encarcelada el 31 de octubre de 2018 acusada de lavado de activos por coimas de Odebrecht en su campaña presidencial de 2006 y 2011. Luiz Eduardo da Rocha Soares, exejecutivo de la constructora, confirmó a la fiscalía el pago, en 2011, de medio millón de dólares a la líder de Fuerza Popular, quien pasó 13 meses en prisión (liberada el 29 de noviembre de 2019 por aceptación de un habeas corpus). Su participación en la trama corrupta de Lava Jato no le ha impedido postular nuevamente a la presidencia de su país en una acerada disputa con Pedro Castillo. El buen periodismo poco ha podido hacer. 

El virus todavía está allí 

Y en medio de esas trincheras se olvida a veces que el virus no da tregua. Los muertos aumentan y también la manipulación de las cifras por parte de las autoridades. Así, hace unos días en Perú, en solo cuestión de horas se pasó de 69.342 víctimas totales a causa del covid-19 a 180.784, convirtiéndose así en el segundo país de Latinoamérica con más víctimas por la pandemia. El primero es Brasil, cuyo presidente, Jair Messias Bolsonaro,​ no solo minimizó el coronavirus negándose a adoptar medidas para cortar la cadena de contagio, sino que ignoró las señales evidentes de los estragos que dejaba en su país: el 24 de marzo pasado Brasil tuvo por primera vez 3 mil muertos en un solo día, superando las 300 mil víctimas. Ahora ya es tarde: con sus más de 200 millones de habitantes, Brasil ostenta el dramático récord de 470 mil fallecidos por coronavirus.

Nada de eso le importó al presidente Bolsonaro: el 1º de junio confirmó que la versión 2021 de la Copa América de fútbol se realizará en su país a partir del próximo 13 de junio. La sede del torneo era Argentina, país que debió renunciar ante el alza sin control de contagios y muertes por el covid-19. En la emergencia, la unanimidad de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), órgano afiliado a la FIFA, decidió que la copa se dispute en Brasil, país que lidera esas fatídicas cifras. Pero claro, el torneo trae consigo varias bolsas de millones de dólares. Aún está fresco uno de los mayores escándalos de corrupción en la FIFA y la Conmebol, cuyo proceso está en curso, y cuya danza de millones ilícitos sacudió el mundo de la economía y la política. La reciente decisión de la Conmebol, ratificada por Bolsonaro, muestra que la corrupción sigue galopando por América Latina de la mano de las trincheras, y también del fútbol.

Combatir la desinformación, la manipulación de los hechos, los testimonios e incluso de las fotografías o videos, ha pasado a la unidad de cuidados intensivos. Como los contagios graves del covid-19. Afecta a la salud de la sociedad y, por eso mismo, ayudar a identificar a quienes promueven, instigan y ejecutan esas faltas a la ética requiere del mayor número de protagonistas de la institucionalidad democrática de un país. También la ciudadanía activa. Pero somos los periodistas esta vez los que también tendremos que tomar un lugar en la primera línea del combate a la toxina. En defensa de la vida.

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Sobre el Consultorio Ético 

El Consultorio Ético de la Fundación Gabo es un espacio en línea que desde el 2000 ha brindado orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo de Iberoamérica sobre los dilemas éticos que día a día se presentan en el ejercicio periodístico. Este servicio ha sido posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos SURA y Bancolombia, con sus filiales en América Latina.

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