Si bien el periodismo crítico siempre ha sido una amenaza para los poderosos, para un gobierno abusivo, no puede erigirse en juez. El maestro en ética periodística, Javier Darío Restrepo lo explica:
“Cuando los manuales de estilo y los códigos se refieren a la información judicial, dejan establecidos unos principios claros y orientadores: El periodista no es ni debe ser juez. Se debe limitar a registrar los hechos y a hacerlos entender. Las suposiciones sobre causas y autorías carecen de todo valor informativo exponen al periodista a convertirse en difamador o autor de imputaciones precipitadas y falsas y hacen del periodismo un obstáculo para que sea real el derecho ciudadano a una justicia eficaz.” Restrepo agrega que el periodista, al denunciar los hechos, apremia o presiona la acción de la justicia, pero no tiene por qué competir con la tarea profesional de los investigadores judiciales, “porque no está preparado para ello.”
El periodista busca la verdad, entiéndase como se quiera, pero bajo reglas específicas. Aunque así haya ocurrido en ciertos casos, la labor del periodismo no consiste en tumbar gobiernos sino en mostrar sus excesos o sus fallas. Es un deber sustentar su investigación en fuente confiables, testimonios, y verificar esos datos; esas pruebas son su “denuncia”.
Federico Campbell cita en su libro Periodismo escrito (2002), al escritor y periodista italiano Leonardo Sciascia: “El periodismo es como un juzgado de primera instancia donde tienen valor los hechos. En cambio, actualmente, se practica un periodismo como de casación [anulación de una sentencia], de última instancia, donde los hechos desaparecen, lo que los abogados llaman la materia desaparece, y sólo existe la forma”.
Es indudable el importante papel que juegan los medios de información en la vida política del mundo. La televisión, la radio, los diarios y la red de Internet son prácticamente indispensables en las campañas electorales. No hay duda también, que el papel de los medios ha contribuido a la democracia, como freno a la corrupción y para movilizar a la población en la exigencia de rendición de cuentas o en mayor eficiencia a su gobierno.
No obstante, hay quienes practican un periodismo de “fiscal”; principalmente en el llamado género de opinión, que usan como ariete el rumor, la calumnia, la invectiva, la injuria y hasta la invención o el falseamiento de información para lograr su objetivo. No es ético que un periodista tome partido, eso lo convierte en un propagandista; son los jueces los que sentencian y condenan.
Existe gran impunidad en los medios porque las leyes son muy elásticas contra las faltas en el periodismo por una errónea corrección política. Existen la ética y la autorregulación, pero no se pueden imponer como ley, son decisiones personales. Y la figura para esa coadyuvancia, el ombudsman o defensor de las audiencias, es menospreciada por la mayoría de medios.
Se pretende que el periodista sea imparcial, que cuente historias, no que juzgue. Sostiene el profesor Thomas Griffiths (citado por José Manuel Burgueño en Los renglones torcidos del periodismo. 2009): “La relación entre la información y las inclinaciones de los periodistas se parece al deseo del miembro de un jurado de llegar a un veredicto imparcial. No se le exige a los jurados que vacíen su mente de criterios y experiencias anteriores; lo que se les pide es una disposición a dejar de lado sus impresiones no confirmadas y sus prejuicios, para abocarse a las evidencias que se presentan ante ellos. De los periodistas se exige otro tanto.”
Cuestión de autocrítica
Por supuesto, las decisiones mediáticas condenatorias no solamente se emplean en los terrenos jurídicos. Quien muchas veces habló de la importancia de la autocrítica, Manuel Buendía, exclamaba en un seminario de periodismo en agosto de 1977, texto incluido en el libro Ejercicio periodístico: “Aparte de otros pecados menores, ¿acaso no solemos comportarnos con demasiada arrogancia, al extremo de erigirnos en fiscales, jurados, jueces y verdugos, todo a un tiempo, de personajes de nuestra vida pública? Juicio y sentencia, entre comillas, en los que no se ha querido ver más que un solo aspecto de la cuestión y esto, con frecuencia, sin el tiempo suficiente de reflexión, y sin ofrecer alternativas a los lectores, como si estos, según en el decreto imperial, no tuvieran otra posibilidad que la de leer y obedecer. Juicios en los que, además, esplende la muy decente máxima de que todo el mundo es culpable, hasta en tanto demuestre su inocencia… si es que el columnista y el periodista le dan oportunidad de hacerlo”. (Buendía. 1985).
Buendía abunda: “¿Qué ley, qué convención, qué asamblea soberana nos ha conferido potestad de otorgar, con magnifica suficiencia, los salvoconductos imprescriptibles que inapelables pliegos de mortaja a funcionarios, dirigentes políticos o sindicales, empresas e instituciones? ¿Cuántos periódicos conceden al ofendido por una columna el mismo privilegiado espacio para expresar sus inconformidades o rectificaciones?”. Muchos medios guardarían silencio ante estas preguntas.
Los medios viven con la celeridad, con el apremio de publicar antes que todos. La lucha por la primicia es de vital importancia para la mayoría, aun cuando no existían conclusiones, se quiere adivinar o proponer una; los periodistas quisieran, una vez detenido el presunto criminal o mostradas las pruebas incriminatorias, que se dictara al día siguiente la condena contra el denunciado por su medio. Esta insistencia sobre el tiempo perturba el análisis e impide la reflexión profunda.
La “denuncia” en un medio es la publicación de la información; no la acusación contra alguien. Es cierto que “denuncia” es sinónimo de acusación, delación, imputación o querella, principalmente en el ámbito jurídico (y es la acepción que el público tiene más presente); no obstante, “denuncia” en el periodismo, solamente equivale a revelar, indicar, avisar, notificar, informar o anunciar. Ahora, si en esa información aparecen datos reveladores, que descubren, delatan o evidencian delitos o actos indebidos, como en el periodismo llamado “de investigación” o por medio de un columnista que posea pruebas, entonces se entiende el concepto que el público entiende por “denuncia”.
Ante la impotencia de que el juez dictamine pronto, el periodista “denuncia”, presiona, exhibe una “justicia incompetente”, “dilatoria” o “corrupta”, por lo cual se vale de filtraciones ilegales, de conjeturas o supuestos (“¿a quién protegen?”) o sentencia y condena al presunto transgresor; y con ello refuerza en las audiencias la impresión de que la justicia no existe o solamente sirve al poderoso, lo que convierte el asunto en círculo vicioso, ya que el público cree más en la “justicia” de los medios, por lo cual el lector, escucha o televidente buscará la denuncia pública antes que la labor jurídica; y no en pocos casos, la sentencia judicial no satisfará al público, prejuiciado por la información que la antecedió.
Pero, como señala el maestro Restrepo: “La eventual ayuda que el periodista puede prestar a los funcionarios judiciales o policiales, no lo convierte en auxiliar oficioso de la justicia o de la policía”. Claro, tampoco lo convierte en juez.
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