Consulta: En días recientes un hombre y su hijo de 14 años fueron localizados muertos y desmembrados en una brecha. Estaban desaparecidos luego de que un comando los privó de la libertad tres días antes. La familia se movilizó y reclamó que los localizaran pero la autoridad no logró dar con ellos. Una fuente me proporcionó un audio de una llamada al 911 del menor mientras estaba secuestrado. Sus captores se descuidaron y logró llamar desde un celular de los asesinos. En el audio pide ayuda, proporciona calles, puntos de referencia, describe la casa en donde está, dice que está herido y que su papá ha sido asesinado a golpes y que lo van a matar. La operadora del 911 derivó el reporte a la policía municipal y ésta no dio con la casa. Tengo la sábana de la llamada y los documentos en donde la policía reporta que no da con el domicilio. 24 horas después el niño fue hallado muerto y desmembrado con su papá. El problema es que el 911 no tiene un protocolo para dar aviso a la Fiscalía de Desaparecidos de inmediato ante una llamada así. Es decir, esto fue una negligencia del Estado. Aquí el problema es el siguiente: la madre del menor no sabe de esa llamada. Me agobia pensar que se enteraría por mí. Yo no he podido terminar de escuchar el audio que dura una hora. Pienso que si publico algo al respecto debería antes preguntarle a la madre y avisar. Por otro lado, me da miedo pensar que los criminales me ubiquen. La razón del asesinato, como en todos los casos de desaparecidos, nunca se sabe. Con este panorama tengo dos razones, ética y de seguridad, para no publicar. Pero por otro lado pienso que si no se hace algo y se implementa un protocolo en el 911 más vidas se pueden perder. ¿Qué podría hacer en esta situación? Jorge, México.

Responde Yolanda Ruiz

Dos consideraciones. Primero es bueno tener presente que tener acceso a una grabación que alguien ha filtrado es apenas el comienzo de un trabajo periodístico. Las preguntas éticas que se plantean se pueden ir resolviendo en la medida en que se avance en una investigación rigurosa. Es frecuente en el periodismo de hoy convertir la filtración en una noticia, sin embargo, corresponde despejar todas las dudas antes de publicar. Lo primero es confirmar si la grabación es real. Después de eso si, como en el caso, se trata de una denuncia delicada por aparente negligencia oficial, hay que avanzar en la búsqueda de las fuentes que puedan aportar mayor información, contexto y precisión en los datos. Sin duda, conviene contactar a la familia de las víctimas, directamente o a través de sus abogados. También se puede buscar a posibles testigos del hecho. Cuando se tenga la investigación más sólida se debe pedir respuesta a la policía dado que se va a hacer una denuncia contra miembros de la institución. Ellos pueden declinar la invitación para pronunciarse, pero hay que solicitar su versión de los hechos porque es obligación ética ante cualquier denuncia buscar a la parte denunciada. Sirven también los expertos en leyes específicas del país que puedan dar cuenta de los posibles errores cometidos en el procedimiento. En segundo lugar, la decisión de publicar o no por razones de seguridad es muy personal y ahí el periodista y el medio deben entrar a hacer una evaluación para saber los niveles de riesgo que existen para los periodistas que harán la denuncia y decidir si están dispuestos a correrlos o no. Investigar, verificar, contrastar fuentes, dar contexto a toda filtración, todo eso es parte del trabajo. Proteger la vida y la seguridad del periodista también lo es. Solamente quienes conocen las condiciones específicas pueden tomar una decisión.

Si se quiere ahondar en el tema del temor a represalias en el cubrimiento periodístico, en una respuesta del Consultorio del año 2017 se publicó una encuesta entre colegas sobre las distintas opciones frente a una amenaza que puede poner en riesgo la vida. No hay una sola respuesta, es una decisión personal.

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El Consultorio Ético de la Fundación Gabo es un espacio en línea que desde el 2000 ha brindado orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo de Iberoamérica sobre los dilemas éticos que día a día se presentan en el ejercicio periodístico. Este servicio ha sido posible gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos SURA y Bancolombia, con sus filiales en América Latina. 

Las responsables del Consultorio Ético son Yolanda Ruiz, primera mujer en dirigir los servicios informativos en las dos cadenas más importantes de Colombia: Caracol y RCN Radio, y Mónica González, ganadora en 2019 del Premio Nacional de Periodismo de Chile y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo.

Cada semana, Ruiz publica una nueva respuesta a las consultas enviadas por la comunidad periodística de Iberoamérica, mientras que González publica un artículo mensual a partir de las consultas recibidas en ese período y a partir de allí ofrece un análisis sobre las preocupaciones y dilemas éticos que enfrenta la región.  

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