Por: Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético
Lo sabemos, pero cuesta asumirlo. Vivimos en medio de una revolución. Y no es pequeña. Es la democracia –con sus instituciones– la que se descascara, se carcome, tambalea y, finalmente, en algunos casos, se desploma. O se mantiene en pie, pero con poca vida. Como ornamento, tramoya de una obra de teatro en donde gente entra y sale de oficinas públicas, firma papeles, hace trámites, incluso vota; todo fluye para hacer creer que todo sigue igual. Y ya nada lo es. Ello implica que esa imponente estructura que se supone nos protege, provee derechos, impone deberes y organiza nuestra vida en comunidad, está desapareciendo. Estamos quedado a la intemperie. Unos más, otros menos. Pero a la intemperie.
El cambió se instaló imperceptiblemente. Y ello porque sibilinamente el punto de agonía de las democracias hoy no pasa por bombardeos a palacios de gobiernos o clausura de Parlamentos. Nada es igual a cómo el poder real se comportaba hace más de dos décadas, cuando veía sus intereses en peligro.
Hoy las rupturas democráticas son sutiles. Hipócritas. Casi todas tienen líderes que en su origen fueron electos. Y la trama común: corrupción, despliegue del crimen organizado en sus diversas facetas, cooptación del sistema político y de las principales instituciones del Estado, discurso populista con generosa dosis de desinformación, amplificada por el uso y abuso de redes sociales. La vulneración de derechos básicos se da a la par de la violación de otro derecho fundamental: a la información veraz y oportuna. Se nos impide el acceso a saber la verdad de lo que ocurre en nuestros países. A entender por qué nos hemos ido retacando en nichos individualistas ante el avance sin tregua de la violencia que ejerce el crimen organizado y el autoritarismo. Por eso, también el otro patrón común: el buen periodismo, enemigo principal.
Que la democracia se carcoma justo cuando la crisis del cambio climático impone un cambio de timón es un hecho clave. Ya sea por el calor o el frío extremo, por la escasez de agua o el avance de los mares, entre otras consecuencias, lo que se otea en el horizonte son nuevas migraciones en busca del derecho a la vida. Porque de seguir las gigantes empresas de gas y petróleo depredando el sistema, calentando el planeta hasta sus límites, el punto de inflexión se acerca. Ante la avaricia de los que quieren seguir estrujando sus ganancias mientras vivan, el buen periodismo que emerge potente para proteger a las comunidades es insustituible.
Gente que escapa del desastre. Es lo que hoy se ve por las rutas de nuestra América. Como la frontera colombiana-panameña –Tapón de Darién– convertida en un corredor letal de inmigrantes que bregan por llegar a Estados Unidos o Canadá. Miles abandonan sus hogares, su raigambre a la tierra en una febril huida de la pobreza y la violencia que imponen pandillas y crimen organizado. Saben que en esos caminos también arriesgan la vida, pero no tienen alternativa. Solo huyen a través de una región agreste controlada por bandas criminales. Y nadie sabe cuántos quedan en el camino. Son “los muertos de nadie”.
Se acrecienta deterioro de la democracia
El deterioro de la democracia en la región se acelera. Distintos estudios lo corroboran. El Índice Global del Proyecto de Justicia Mundial (WPJ), mide la “salud” del Estado de Derecho en diferentes países, concluye: “progresivo deterioro en todo el mundo, incluida Latinoamérica” y avance del autoritarismo. Coincide con otros estudios, como el Reporte Anual V-Dem 2023 (Variedades de la Democracia) y el del CIDOB de Barcelona: la erosión de la democracia es una amenaza latente para el mundo occidental hoy y probablemente uno de los principales retos para 2024.
Así también lo advierte Daniel Zovatto, polítologo y director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe: “el valor que la gente le da a los sistemas democráticos va en franco retroceso. El crimen organizado, el avance narco, la inseguridad, son las principales amenazas que sobrevuelan la región y podrían poner en jaque los sistemas democráticos”. Y explica:
–El Informe Riesgo Político que hacemos con el Centro de Estudios Internacionales de la UC muestra los seis riesgos principales que recorren toda América Latina. Primero, la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Después vienen la corrupción, la desafección democrática, la crisis de gobernabilidad, aumento de flujos migratorios y la posibilidad de protestas sociales frente al malestar creciente de la sociedad. El malestar, el cansancio, el hartazgo son fenómenos crecientes en la sociedad. Y ahí hay gran peligro. Según la encuesta de riesgos, 42% de las personas dicen que les es indiferente que venga un gobierno de mano dura si les resuelven rápido los problemas.
La democracia empantanada, ineficaz, incapaz de dar soluciones, lo confirman también estudios recientes de Open Society (a 30 países) y Latinobarómetro: el apoyo a los sistemas democráticos pasó del 63% al 48 % en casi 15 años. Pero lo más preocupante es el fuerte aumento de la insatisfacción con la democracia. 54% de personas está diciendo no le importaría que llegue un gobierno de régimen autoritario si les dan solución a sus problemas.
Eso es lo que analiza Martín Caparros en su columna en El País a propósito de la reelección de Nayib Bukele (¡Viva la ‘eficracia’!). Vale la pena leerla y masticarla.
Crimen organizado: alerta roja desde Ecuador
El año 2024 se inició con una alerta roja en Ecuador que remeció el continente. El 9 de enero, Daniel Noboa, recién asumido presidente (23 de noviembre de 2023), debió reconocer frente al país un “conflicto armado interno”. Lo hizo después que miembros de una banda criminal tomara por asalto un canal de televisión en Guayaquil, transmitiendo al aire la violenta secuencia. Durante días las bandas del crimen organizado desplegaron su fuerza letal con cientos de rehenes en las cárceles bajo su control, ataques con explosivos y balaceras que dejaron más de 20 muertos. La población ecuatoriana se encerró en sus casas. Ya antes el crimen organizado había mostrado su alto poder: homicidios diarios en alza y asesinatos de políticos, incluyendo un candidato a la presidencia.
Una cifra grafica la crisis de Ecuador: en solo dos años la tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2019, a 25,6 en 2022.
Noboa les declaró la guerra a unos 20 mil miembros de bandas del crimen organizado, con los poderosos “Los Lobos” y “Los Choneros” a la cabeza. Pero la situación crítica se mantiene. En pleno estado de excepción y con los militares desplegados en las calles, el fiscal antimafia César Suárez, quien investigaba la toma del canal de televisión TC, fue asesinado en Guayaquil.
Hay que detenerse en lo que reveló la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, poco antes del ataque narco: “Que el país esté preparado”, dijo al informar de la investigación Metástasis. Jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la institución penitenciaria y miembros del poder real de ese país fueron acusados de proteger organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, departamentos y lujos. “Cuando se unen corrupción y narcotráfico tenemos un verdadero cáncer en la sociedad”, declaró Salazar.
Esa fórmula –organizaciones criminales y bandas carcelarias con vinculación directa con poderosas mafias del tráfico internacional (albanesa, la ‘Ndrangheta italiana) cooptan instituciones políticas, policiales, jurídicas y militares, y grandes sectores de población marginados de mejor calidad de vida– lo que hizo explotar la institucionalidad en Ecuador. Tal cual ocurrió antes en Colombia, México, Honduras, El Salvador. Una situación similar se vislumbra en Brasil y Paraguay.
Confirma la crítica situación el informe del año 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): Ecuador se convirtió en el principal país de origen de los cargamentos de cocaína que llegan a Europa, incluso por encima de Brasil. La mafia albanesa es indicada como la principal organización distribuidora de drogas en gran parte Europa, por Plan V.
Las imágenes que llegaron de Ecuador acapararon la atención de la opinión pública en América y más allá. En todos esos países donde el crimen organizado está provocando cambios dramáticos en la vida cotidiana. Pocos días después, un estudio de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) publicado por El País, corroboró la preocupación regional: ‘Mercados criminales’ escalan en América Latina. Mostró cómo las economías ilícitas se han expandido en la región en los dos últimos años, aumentando su poder. A la trata de personas y comercio de drogas sintéticas, se suman extorsión, robo de combustibles, trabajo forzado, microcrédito, secuestro, sicariato, tomas de terreno, robo de madera, minería ilegal y piratería, entre otros.
Colombia, México, Paraguay y Ecuador aparecen entre los diez primeros países del Índice Global de Crimen Organizado (además de Myanmar, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán, Líbano y Siria entre 193 países). GI-TOC también elabora un subíndice que analiza la fortaleza de los “mercados criminales”. Allí, en primer lugar figura México, Colombia en el quinto, Brasil en el octavo y Ecuador en el decimocuarto. Allí se informa que, junto a la expansión del mercado de la cocaína, hay incremento significativo del comercio y producción de drogas sintéticas (ketamina, metanfetamina y fentanilo).
El cambio en la oferta y demanda de cocaína y drogas sintéticas fue anunciado por los expertos. Si la primera se ha vuelto menos rentable, la segunda –y en especial el fentanilo– se ha convertido en un gran problema letal (“droga zombie”). Polvo blanco y barato, 50 veces más poderoso que la heroína, mata cada año a más de 70.000 personas en Estados Unidos e incontables en el resto de América. Ese fue el enunciado de una gran investigación del diario El País (Retrato de un asesino de masas) que desplegó a sus periodistas en dos continentes, entrevistó a los zares antidroga de EE. UU. y China, visitó a químicos clandestinos en Sinaloa y recogió testimonios de cómo la sustancia se expande como plaga por las calles de EE. UU. y ahora por América.
Punto de inflexión
“Se te está yendo el Estado y sin Estado no hay democracia, y punto”, sentencia el destacado cientista político uruguayo Juan Pablo Luna, quien desde hace más de 15 años investiga en terreno la descomposición de la democracia y el avance del crimen organizado en América Latina. Junto al investigador chileno Andreas E. Feldmann publicó Política criminal y desarrollo fallido contemporáneo en América Latina. Allí plantea que la debilidad fundamental de los estados de la región está en los nuevos desafíos. El principal: operadores de mercados ilegales:
—El consenso hasta hace unos años era que había países en América Latina que tenían estados suficientemente fuertes con los que podrían capear este temporal: Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero los mercados ilegales se han vuelto más importantes en América Latina y el mundo. Y hoy vemos que estos tres países están siendo pasados a llevar por la irrupción y expansión de la ilegalidad. Están disputando territorios, algo que sobreviene cuando aumenta la competencia entre bandas, pero también cuando se rompen pactos de protección que las bandas establecen con agentes del Estado y actores políticos, cuando controlan y pacifican un territorio. Mientras tanto, la plata grande del narco está pasando por los puertos, aduanas, por el sistema financiero. Porque toda la plata que genera esta actividad hay que meterla en la economía. Ahí están los peces gordos del negocio, el mayor potencial de corrupción o de infiltración en la política y en las instituciones.
A la luz de los dichos de Luna, hay que leer datos oficiales: en los últimos tres años, Costa Rica pasó de 7 a 18 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Juan Pablo Luna explica cómo se ha expandido la cultura narco:
–La gente que trabaja en comunidades escolares asegura que, a nivel de modelos de rol, el hijo del narco empieza a ser figura de liderazgo, se mira con respeto, admiración, por lo que tiene, zapatillas, teléfonos... Y hay relatos en los que explícitamente se hace este cálculo: ‘Yo sé que me van a apagar la luz en un par de años. Pero sé que, mientras, voy a tener las mejores minas (mujeres) los mejores autos, me voy a tomar la mejor droga’. Se han acortado brutalmente los horizontes temporales de los jóvenes. Hay muchos que hoy empiezan a ver en las carreras criminales forma de acceso a la vida que quieren tener, aunque sea una vida corta, que la educación no les permite. Ahí está el sustrato fundamental de este problema. El logro educativo, la inversión en educación, esa promesa está muerta. Y ante la ilegitimidad de la política, ante la miseria en la que viven padres, abuelos que trabajaron toda la vida y no lograron mínimos de dignidad, los grupos criminales empiezan a funcionar como alternativas potentes. Nos aterran el populismo y la polarización, pero se nos está licuando el Estado.
Douglas Farah, presidente de IBI Consultants (consultora, especialista en investigación de campo y desafíos de seguridad y crimen organizado transnacional en América Latina), afirmó al diario La Tercera de Chile: “la corrupción es la puerta de entrada” para las organizaciones del crimen organizado. “Eso se ha visto cuando gobiernos totalitarios empiezan a trabajar con el crimen organizado; lo primero es cortar acceso a todos los datos de licitación pública, porque no quieren que la corrupción sea detectada. Ejemplo de esto es la administración de Nayib Bukele, en la que él ha reservado toda la información financiera del Estado por siete años”. Farah insistió en que lo sucedido en Ecuador obliga a entender que la protección de las instituciones del Estado es clave para la lucha contra el narcotráfico: “Entender el fenómeno es entender que la corrupción va a ser el factor determinante de si pueden luchar o no contra el narcotráfico”.
Corrupción: botín sin fondo
Lo que afirma Farah es lo que el buen periodismo de investigación ha venido revelando e insistiendo desde hace décadas: la corrupción -y sobre todo la impunidad - está en el origen de la descomposición de la democracia. Y en el poder alcanzado por el crimen organizado en cada metro que los estados abandonan. Así lo confirmó en diciembre pasado la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva: “La corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente US$13 billones de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”. Y agregó: el costo de esa pérdida no se limita a lo financiero: favorece la pérdida de recursos naturales, exacerba la pobreza y desigualdad, erosiona la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política de los países. Lo más grave es que las mujeres y grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción.
Dos cifras nutren esta plaga: el costo global de la corrupción es de unos US$2,6 billones al año. Y la evasión fiscal cuesta cerca de US$483.00 millones. ¿Se imaginan lo que se podría hacer solo en educación, salud y vivienda con ese dinero?
Un solo nudo –Odebrecht (Caso Lava Jato)– muestra lo letal que ha sido la corrupción en América Latina, donde la constructora brasileña puso sus tentáculos en 10 países. Este año veremos si al menos en Perú habrá justicia. La investigación por el enriquecimiento ilícito del expresidente Alejandro Toledo, en la cárcel desde 2023, llega a su fin y podría ser condenado a 35 años. Está acusado de recibir sobornos de hasta US$35 millones para adjudicar contratos a la constructora brasileña Odebrecht, en tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Su esposa, Eliane Karp, huyó en mayo de 2023 a Israel para evadir la justicia peruana.
Pero Toledo no es el único. Casi todos los últimos presidentes peruanos desde el fin del siglo pasado han terminado mal su mandato. Alberto Fujimori (1990-2000), terminó en una dictadura, recientemente liberado de prisión (por crímenes de lesa humanidad) en polémica decisión del Tribunal Constitucional; Valentín Paniagua (2000) solo gobernó ocho meses; Alejandro Toledo (2001-2006); Alan García (2006-2011), en 2019 se ordenó su detención por sobornos de Odebrecht, antes se disparó en la cabeza; Ollanta Humala (2011-2016), también acusado de sobornos de Odebrecht; Pedro Pablo Kuczyinski (julio 2016-marzo 2018), Fiscalía pidió 35 años de cárcel por sobornos de Odebrecht, en prisión domiciliaria por estado de salud; Martín Vizcarra (marzo 2018-noviembre 2020); Manuel Merino no duró una semana (10-15 noviembre 2020); Francisco Sagasti Hochhausler (noviembre 2020-2021); Pedro Castillo, gobernó 17 meses (hasta 7 diciembre 2022). Ahora, Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de su país, ha pasado casi inadvertida en medio de las protestas que ocasionaron decenas de muertos después que asumiera sin ser elegida tras el intento de golpe de Pedro Castillo, hoy en la cárcel.
Concentración de la riqueza
La otra cara de la corrupción es la concentración de la riqueza. En estos días, Oxfam Internacional entregó su evaluación de la desigualdad mundial, coincidiendo con el Foro Económico Mundial de Davos, que reúne a millonarios, gobernantes e intelectuales cada año. Destaca en ese informe que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo reconocen que durante la crisis desatada por el coronavirus las grandes empresas de muchos sectores concentrados aumentaron sus precios para incrementar sus márgenes, lo que disparó el costo de la vida a escala global. “Usaron su poder monopólico para disminuir salarios en términos reales (crecimiento nominal menos inflación). Los datos de la Organización Internacional del Trabajo son elocuentes: entre las 20 mayores economías del mundo, sólo México, China y Rusia impulsaron crecimiento real de los salarios en 2023”.
Para el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, este punto es irrelevante. En entrevista televisiva, afirmó: “Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Máxima aberración es la justicia social”.
En la evaluación de Oxfam se lee: “Desde 2020 los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas, mientras cinco mil millones de personas son más pobres que al comienzo de la pandemia de covid-19. En 2010, el hombre más adinerado acumulaba US$53 mil millones, y el Top 5 sumaba US$211 mil millones. Hoy, la mayor fortuna personal es de US$251 mil millones, y junto con los cuatro millonarios que le siguen, alcanzan los US$879 mil millones. Eso significa que, en menos de 15 años se triplicó la cantidad de dinero en manos de sólo cinco personas: Elon Musk, director general de Tesla (menos US$250 mil millones, según cifras revista Forbes); Bernard Arnault y su familia, dueños de LVMH; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Larry Ellison, fundador de Oracle y el inversionista Warren Buffett. Todos ellos aumentaron su riqueza en 114 % desde 2020.
¿Está de fiesta la democracia?
La paradoja: a pesar de todo lo que se ha esbozado en los reportes de expertos, este 2024 viviremos lo que se ha llamado la fiesta de la democracia: habrá elecciones en más de la mitad de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos e India. Habrá elecciones presidenciales en El Salvador (4 de febrero), Panamá (5 de mayo), República Dominicana (19 de mayo), México (2 de junio), Uruguay (27 de octubre) y el martes 5 de noviembre será el turno de Estados Unidos, la polémica elección en la que Donald Trump buscará ser reelecto para un nuevo mandato. La elección de Venezuela es una incógnita.
Otros países de la región (Costa Rica, 4 de febrero; Chile, 21 de octubre) tendrán comicios municipales y locales. En todas ellas la presencia del crimen organizado, la inseguridad, la migración desbordada y sin control, y la corrupción en el nudo de todo aquello, serán temas obligados. Así, 2024 se anuncia con fuerte galope para un nuevo mapa político e ideológico que será determinante para nuestras vidas.
El Salvador: el 4 febrero, los salvadoreños es casi seguro reelegirán a Nayib Bukele presidente, consolidando con gran apoyo popular un nuevo estado autoritario en la región. Desde que asumió la presidencia en 2019 tejió un entramado que le permitió hacerse de todos los poderes –Tribunal Constitucional y Asamblea Nacional (la redujo)–, para perpetuarse en el sitial del mando. Pasando a llevar garantías fundamentales del Estado de Derecho, aplicó estado de excepción permanente y un modelo violento para, según proclama, desarmar las Maras. Pero negoció con ellas. Como documentó con buen periodismo El Faro: Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Crook a través de un cártel mexicano. Su reelección no está permitida por la Constitución, pero a Bukele eso poco le importa. Por ahora, enarbola más allá de su país, con arrogancia, su “fórmula Bukele”, la “bukelización” de la política. Según el cientista político Daniel Zovatto: “un manual perfecto de cómo desmantelas una democracia con apoyo popular. Un ejercicio de transacción: yo te defiendo frente a las pandillas, pero tú me das poder total. Así debilitas el Estado y deterioras la democracia”.
México: En junio, el epicentro del continente será México, país que tendrá una jornada electoral inédita: renovarán presidencia, Cámara de Diputados, Senado y nueve gubernaturas, y habrá elecciones locales en los 32 estados. Su elección en 2018 generó esperanza y mística en una izquierda que anhelaba cambios profundos. A más de un año del final de su mandato, el Ejército tiene más poder, incluso económico, que al inicio de su gobierno; y el crimen organizado está más enraizado, dejando un balance de muertos y desaparecidos que estremece. Un descarnado análisis de ese legado de Andrés Manuel López Obrador hizo el periodista y director de Animal Político, Daniel Moreno, en un especial del periódico El Faro: AMLO, el presidente que quería pasar a la historia.
Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México dio a conocer el registro preliminar de homicidios en ese país entre enero y junio 2023: 15.082 asesinatos. Con esa cifra, el gobierno de AMLO sumó 160.594 homicidios en sus primeros cuatro años y medio de sexenio: el registro más alto desde 1990, cuando comienzan los recuentos oficiales. Incluso, superó el récord de muertes violentas durante la administración de su antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018): 156.066 (INEGI). Sus discursos diarios y sus políticas públicas indican que el combate al crimen organizado no ha sido prioridad. Si en 2019 creó la Guardia Nacional para combatir delitos criminales, después echó pie atrás y volvió a las instituciones castrenses para ese cometido. Los resultados están a la vista. Y el poder alcanzado por el Ejército también.
Expertos indican que las cifras oficiales no están mostrando la realidad de la cuantía de homicidios en ese país. ¿La razón?: los carteles del narcotráfico usan el ocultamiento de cadáveres, descuartizándolos, incinerándolos o enterrándolos en fosas clandestinas. Una explicación que corrobora el buen periodismo mexicano (Quinto Elemento Lab) y datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB): hasta octubre 2023 se habían descubierto 5.698 fosas clandestinas, la mayoría durante la administración de López Obrador (2.863).
A pesar de esas cifras letales, todo indica (encuestas muestran más del 65% de apoyo) hasta ahora que AMLO no ha perdido adhesión ciudadana y que su partido, Movimiento de la Regeneración Nacional (Morena), logrará instalar a su sucesora, quien sería la primera mujer que ejercerá la presidencia de México: Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Venezuela: También debería haber elección presidencial en Venezuela. Pero lo que pasará en un país sumido en una grave crisis política, económica y de seguridad, que se ha convertido en una dictadura, es una incógnita. Lo sufren los más de siete millones de venezolanos que han abandonado su país y deambulan por la región. El presidente Nicolás Maduro, completa 12 años en el poder, y quiere su tercer mandato por otros seis años. Su adversaria: María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición por amplio margen. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la prohibición que dictó la Contraloría General, controlada por el gobierno, para que Machado pueda ejercer cargos públicos por 15 años, acusada de participar en la operación de corrupción que protagonizó el exlíder opositor Juan Guaidó. Machado insiste que seguirá en la carrera. Maduro intenta cerrarle el paso. “En 2024 vendrán elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá curso nuestro país, en paz, en democracia”, dijo Maduro en entrevista con la TV venezolana (VTV). Pero primero debe haber elecciones libres e informadas. Estados Unidos tiene una llave: el petróleo que le sigue comprando a Venezuela.
Estados Unidos. El martes 5 de noviembre Estados Unidos celebrará una elección decisiva para el diseño político de lo que viene en ese país, en la región y el mundo. Para ello, Donald Trump deberá ganar primero las primarias de los republicanos, cosa que le ha resultado fácil hasta ahora. Y luego, sortear los juicios en su contra: por ocultar documentos oficiales secretos en su residencia de Mar-A-Lago, por instigar la toma del Capitolio en 2021, entre otros.
“Están envenenando la sangre de nuestro país”. Esa fue la sentencia que lanzó hace unas semanas Trump al referirse a los extranjeros indocumentados que se agolpan en los más de 3.000 kilómetros de frontera que separan Estados Unidos y México. Lo hizo en un acto de primarias republicanas en Durham (New Hampshire) y grafica la magnitud de esa masiva inmigración justo en un año de elecciones. En el último año fiscal de Estados Unidos (octubre 2022 a septiembre 2023) se detuvo a más de tres millones de indocumentados. Un récord. Y el flujo no amaina: solo en diciembre la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a más de 225.000 migrantes. Otro medio millón de personas se atrevió en 2023 a cruzar la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre Centroamérica y Sudamérica controlada por el crimen organizado. Si Donald Trump llega a la Casa Blanca, se espera un recrudecimiento de la represión en las fronteras para detener los cientos de miles de inmigrantes. Desde ya, en marzo, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, convertirá a su Estado (con 40% de población hispana) en la estrella antiindocumentados. Todo cruce ilegal será considerado delito y podrán deportarlos de inmediato hacia México. Trump ha prometido que, de ser reelecto, llevará a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de ese país. Un hito que repercutirá en México y Centroamérica.
Lo que ocurra en Panamá muestra los cambios que se ha ido produciendo en la ciudadanía. Sorpresivamente la calle fue protagonista de importantes manifestaciones de rechazo a la decisión del presidente Laurentino Corzo de concesionar minas cerca del Canal de Panamá. El proyecto se anuló. Uruguay definirá su próximo presidente el 27 de octubre. Acaba de ser sacudido por un terremoto político: se descubrió que el gobierno del presidente Luis Lacalle le entregó pasaporte a un narcotraficante, lo que provocó la caída inmediata de varios ministros. Y Bolivia podría enfrentar una elección polémica. Están a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional.
Guatemala
Nuestra atención seguirá puesta en Guatemala en donde hace solo días, el 14 de enero, finalmente, Bernardo Arévalo, pudo asumir la presidencia. A pesar de haber sido electo democráticamente en agosto de 2023, fue víctima de una potente operación del crimen organizado enquistado en las instituciones de ese país, para inhabilitar su investidura. Una masiva, persistente e inédita movilización popular exigiendo respeto por la voz de las urnas, y un vigoroso y corajudo periodismo de comunidades y medios independientes, jugó un rol de información y alerta permanente de los movimientos de los grupos sediciosos.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche Cucul, constituyen –¡qué paradoja!– la cara pública del “pacto de corruptos” que ha gobernado ese país los últimos años y buscó impedir que Arévalo asumiera a través de un Golpe de Estado institucional. Arévalo no puede destituir ni a Porras ni a Curruchiche, pero podrá poner coto a su poder y protección a la red de corrupción que han hecho del enriquecimiento ilícito la forma de gobernar. Veremos si es posible que recupere la libertad el destacado periodista José Rubén Zamora, preso desde el 29 de julio de 2022 y condenado en un polémico juicio a seis años de cárcel por lavado de dinero. Y si el gran periodismo que ha mantenido viva la esperanza democrática en ese país puede librarse de la cárcel y las amenazas.
Como proclama el gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Grandes esperanzas): Bernardo Arévalo deberá negociar con diletantes y corruptos acuerdos para poder gobernar “sin enajenar la voluntad de quienes lo votaron con grandes esperanzas; mantener el respaldo de las fuerzas sociales que salieron a la calle a defender los resultados electorales legítimos, a la cabeza los cantones indígenas, que tienen su propia agenda de demandas seculares, desde los tiempos de la colonia. Pero con sentido común, voluntad de conciliación, y manteniéndose, sobre todo, fiel a sus principios éticos, decidido a frenar la corrupción, podrá demostrar que la democracia es posible, si es capaz de defenderla cada día. Predicar con el ejemplo, y cumplir con la palabra propia, parece una tarea simple, pero en Guatemala será una proeza”.
Inteligencia artificial
Imposible en un recuento de lo que viene no referirse a la amenaza que representa la Inteligencia Artificial para la humanidad De todo lo escrito impacta lo que declaró la experta Kate Crawford:
“Hay una nueva amenaza existencial a la que se enfrenta nuestra especie”. Y habla de la Inteligencia Artificial General (IAG), y de la idea hipotética de IA que es mucho más grande y poderosa, eventualmente podría acabar con la especie humana. Y se centró en el trasfondo de esta conjetura: “Las personas que lanzan las mayores amenazas son, de hecho, las responsables de la construcción e implementación de la IA. La clase multimillonaria de la tecnología sostiene que sus propios productos podrían un día alzarse y destruir a la humanidad. ¿Y quiénes creen que pueden salvarnos? ¿Adivinan? Sí, son ellos. Esta es una de las ideologías más egoístas y peligrosas de nuestro tiempo, porque se trata de un orden en el que, en función de resguardar sus intereses, se utilizan historias fatalistas del futuro para distraer a las personas de riesgos que acontecen en el presente”.
Quien acusa a los multimillonarios tech de haber sembrado el miedo a la Inteligencia Artificial es profesora de la USC Annenberges, la investigadora principal de Microsoft y presidenta visitante inaugural de Inteligencia Artificial y Justicia en la Escuela Normal Superior de París. Crawford ha realizado numerosas publicaciones, entre ellas su Atlas de IA, uno de los mejores libros de esta materia según The Financial Times. Fue reconocida en 2023 en la Lista Time100 como una de las personas más influyentes en el tópico de la IA.
Caso Pegasus y Carmen Aristegui
Recientemente, el 12 de enero, el juicio del Caso Pegasus en México entró a su fase final. Cabe destacar que no habría habido juicio y nada sabríamos del espionaje del que han sido víctimas periodistas de ese país, de no mediar la denuncia en 2017 y la persistente demanda por justicia desde entonces de la destacada periodista Carmen Aristegui, única víctima-denunciante, reconocida judicialmente. Fue gracias a eso que la Fiscalía –y también la defensa del único acusado– debieron reconocer que Aristegui fue víctima de espionaje. Y que lo que motivó esa intervención ilegal en su contra fue precisamente su condición de periodista y las investigaciones de alto impacto que ella junto a su equipo realizaban.
Durante la investigación se logró acreditar –y quedó plasmado en la sentencia– que el teléfono de Carmen Aristegui fue atacado decenas de veces a través del sistema Pegasus, entre 2015 y 2016, en las mismas fechas en que investigaba casos de corrupción política. Especialmente cuando su equipo develó el gran escándalo de cómo el presidente Enrique Peña Nieto obtuvo su mansión: la llamada Casa Blanca. La Fiscalía demostró que la empresa israelí (representada por Uri Ansbacher), además de venderle Pegasus, tenía millonarios negocios con el gobierno en contratos multimillonarios.
Y si bien el juez absolvió (en este primer juicio) al operador técnico del proveedor de Pegasus en México, quedó sentenciado que Carmen Aristegui fue espiada e intervenida en sus comunicaciones por un tiempo prolongado, lo que puso en riesgo su integridad, la de sus cercanos y de sus fuentes. Es decir: hay delito, hay espionaje contra periodistas con el sistema Pegasus, reconocido judicialmente. Y la investigación debe continuar porque hasta ahora no hay responsable del delito.
Notable es la frase que expresó el juez Luis Benítez Alcántara al absolver al único acusado, un empleado técnico de la empresa proveedora: “Lamento no se haya podido brindar justicia a la periodista”.
Lo que viene es muy importante. Es imperativo avanzar en la investigación judicial del espionaje con el mismo sistema Pegasus contra periodistas y defensores de Derechos Humanos de ese país, documentados y denunciados en los últimos años. Y que han sido perpetrados por unidades de las Fuerzas Armadas. Los buenos periodistas de ese país siguen bajo amenaza mientras persista la impunidad en el Caso Pegasus. Basta leer y masticar lo que dice la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra Libertad de Expresión (FEADLE) en México: hasta 2021, de las casi 3.500 investigaciones por agresiones a periodistas, solo en 28 casos se ha logrado sentenciar a sus responsables. El índice de impunidad en crímenes contra periodistas en México supera el 99%.
No solo en México los periodistas están bajo la amenaza de Pegasus. Urge saber a cuantos otros países la empresa israelí le vendió su software de espionaje (además de España y El Salvador). Y también, que se ejecuten a la brevedad reformas legales que garanticen que la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia no serán usadas contra periodistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
No podemos vivir sin imaginación. Tampoco sin buen periodismo
“Medir el éxito de una civilización a través del PIB es la medida más estúpida que se puede tomar", afirmó a BBC Mundo el ensayista, historiador y filósofo alemán Philipp Blom (1970), autor de El gran teatro del mundo, La fractura. Vida y cultura en Occidente. 1918-1938, Lo que está en juego y El motín de la naturaleza. “Las democracias liberales se encuentran en crisis, el colapso ecológico amenaza nuestra existencia y el mundo se ha vuelto tan complejo y cambiante que muchos sueñan con un pasado idealizado”, afirma. En su último libro cita a Antonio Gramsci: “La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer y en ese interregno se producen los fenómenos morbosos más diversos”. Y plantea que hoy se vive algo similar:
–No se trata solo de una revolución política que está teniendo lugar ante nuestras narices. Es una revolución impulsada por la naturaleza. El tipo de economía que tenemos y todo lo que conlleva está muriendo, y tiene que ser reemplazada por otra cosa. Pero es tremendamente poderosa y rica y, por tanto, se niega a desaparecer. Vemos a empresas de combustibles fósiles que saben que su modelo de negocio no tiene futuro, pero piensan que, hasta que se llegue a ese momento, se puede ganar mucho dinero. Así que, perforemos, perforemos y extraigamos más y vendamos más barato y exprimamos las últimas gotas del limón. Esto está intensificando el desastre. Esa es la tragedia, la humanidad es demasiado compleja. Estamos abrumados por nuestras propias tecnologías y sus efectos secundarios y no hay tiempo para comprender lo que está sucediendo, analizarlo y hacer otra cosa. Estamos siendo arrastrados por este tren que avanza increíblemente rápido, y es muy difícil reaccionar ante eso de manera constructiva. Pero Gramsci termina esa famosa cita diciendo: ‘pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad’. Es una cita maravillosa porque si nos fijamos en estadísticas climáticas, económicas, sólo podemos ser pesimistas. Pero sólo tenemos esta vida. Y queremos vivirla plenamente y por eso necesitamos ese optimismo de la voluntad. Creo que la gente ha comprendido que la esperanza no es una especie de “derecho del consumidor’ donde tienes derecho a progresar, a la felicidad, a que todo sea estupendo en tu vida. La esperanza es independiente de los resultados. Es la convicción de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y en ese respecto tengo muchas esperanzas. La historia es una letanía de guerras y pestilencias, pero eso no significa que no podamos vivir vidas con sentido. El futuro aún no está decidido, y eso debería darnos a todos esperanza. Podemos vivir sin combustibles fósiles, pero no podemos vivir sin imaginación.
Si después de esto queda algo por proclamar es que tampoco podemos vivir sin buen periodismo.