Por: Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo, defensora del lector del periódico El Faro, y fundadora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), con sede en Santiago de Chile.
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Un juez estadounidense lanzó hace días una acusación que dibujó la amenaza que se cierne sobre la democracia en ese país. El juez David Carter afirmó que Donald Trump, siendo presidente, cometió probablemente delito al "lanzar una campaña para anular una elección democrática, acción sin precedentes en la historia de EE. UU.", al intentar obstruir "de manera corrupta" el Congreso el 6 de enero de 2021. Ese día, un grupo de partidarios de Trump se tomó por la fuerza el Congreso de Estados Unidos, interrumpiendo la sesión del Colegio Electoral que debía certificar al ganador de la elección presidencial del 3 de noviembre de 2020: Joe Biden. Haciendo eco de Trump, acusaron “fraude electoral”.
A 14 meses del día en que se intentó desconocer el resultado democrático de las urnas que rechazó la reelección de Donald Trump, lo más grave es lo que hoy ocurre con las premisas del juez Carter. Los estadounidenses no logran acuerdo sobre lo que ocurrió ese 6 de enero: una insurrección que buscó anular una elección bajo la acusación falsa de fraude, la que dejó cinco muertos, heridos y una fractura en la democracia.
Una grieta por la que emerge hoy Donald Trump dispuesto a llegar al poder nuevamente con el apoyo de una potente batería de empresarios y políticos que han hecho alarde de su poca o nula adhesión a la democracia. Para todos ellos el primer bastión de su batalla es ganar para el sector más conservador de los republicanos las elecciones legislativas de noviembre.
Lo mismo se fragua en diferentes puntos del mapa con ciclos electorales decisivos para lo que viene en esta ya larga crisis sanitaria, económica, de corrupción, de seguridad, con una guerra que sigue dejando al desnudo el fin de una era de multilateralismo y la batalla por el nuevo orden mundial. Un escenario que evidencia que la principal crisis es política. Una sacudida que afecta los cimientos de nuestras democracias.
El 3 de abril hubo elecciones en Hungría. El primer ministro de ultraderecha, Viktor Orban, desde hace 12 años en el poder, obtuvo su cuarto mandato y más de dos tercios del Parlamento para su partido (Fidesz). Podrá seguir consolidando su poder autoritario, socavar aún más el sistema democrático de su país (hizo aprobar nueva Constitución) y profundizar su cruzada contra la comunidad LGTBIQ+ y los derechos de la mujer. “La política conservadora, patriota, ha triunfado y nuestro mensaje es que no representa el pasado sino el futuro”, proclamó. No es poesía. En esta cruzada, el estrecho aliado de Putin se ha asociado con otros nacionalistas que carcomen la democracia, como Jair Bolsonaro, en Brasil, y alimenta a otros en América Latina que buscan tomar por asalto el poder, incluso Biblia en mano.
Bolsonaro necesitará mucha ayuda para enfrentar su difícil reelección en octubre próximo. Por ello, siguió con atención la campaña de Orban. Y tiene una potente antena instalada en Colombia, país que en mayo elige presidente en una encarnizada disputa electoral ya que las encuestas le dan ventaja -por ahora- al senador Gustavo Petro, candidato de la izquierda. De mayo pasaremos directo a octubre, con epicentro en Brasil, y luego, en noviembre, a las elecciones legislativas de Estados Unidos.
En todos esos episodios habrá una batería de fuerzas ultraconservadoras que alimentan redes y medios con noticias falsas y los peligros que acechan a la civilización occidental. Y una batería paralela de ataque persistente de descalificación al buen periodismo. Una red que ya ha mostrado su potencia.
En las últimas elecciones regionales de España, el partido de ultraderecha VOX logró un importante crecimiento, principalmente en Castilla. Desde hace algunos años, VOX es parte de una internacional de ultraderecha que maneja muchos recursos. Su paso por América Latina ha dejado rastro. En noviembre de 2017, Citizengo -plataforma digital vinculada a VOX- hizo una virulenta y masiva campaña digital contra la presencia en Brasil de la connotada filósofa estadounidense Judith Butler. El clímax de esa Campaña fue un llamado “acto de fe", en el que se quemó la efigie de una de las intelectuales más influyentes del mundo. Cuatro años más tarde (2021), representantes de Vox recorrieron varios países de América Latina promoviendo la “Carta de Madrid”, manifiesto que aglutina fuerzas de ultraderecha de Iberoamérica. En enero de este año, Madrid fue el epicentro de partidos y gobernantes nacionalistas. Allí estaban el húngaro Orban y la ultraderechista francesa Marine Le Pen, quien disputará la presidencia de su país el 10 de abril. En esa cita VOX fue ungido como enlace de la ultraderecha de Europa y América.
¿Y qué rol le cabe al buen periodismo?
Es muy probable que esté preguntándose en este momento y qué relación tiene esta crisis de la democracia con la ética periodística. Todo. Porque pareciera que, como nunca, los periodistas habremos de recurrir a las herramientas más primarias y vitales de nuestra profesión -y la ética lo es- para hacer frente a una embestida que intentará anular o intervenir elecciones en algunos países si sus resultados no satisfacen a quienes ven en sus democracias la mayor amenaza para sus intereses.
En Brasil, Bolsonaro habla del fraude que se prepara para que su contendor y favorito en las encuestas, el expresidente Lula, gane las elecciones, mientras en Colombia dos expresidentes -émulos de Trump- están llamando a desconocer los resultados de las elecciones del Congreso.
La democracia está en peligro. Por ello, en medio de esta pandemia que se resiste a partir, de la crisis económica que arroja un retroceso de más de una década en el combate a la pobreza (ver informe Cepal febrero pasado), especialmente de mujeres y niños, del aumento del control territorial en América Latina por el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas y de armas), los periodistas nos vemos obligados a desmenuzar el descontento de millones de ciudadanos con la democracia para provocar cambios urgentes.
Un punto negro de esta crisis se vive en Perú, donde sigue disminuyendo la adhesión al mandatario recientemente electo, Pedro Castillo, quien acaba de sortear una nueva acusación constitucional. En las calles, aumenta la indignación por casos de corrupción y un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y abuso de poder. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano que no libere a Fujimori hasta resolver una petición de medidas previsionales interpuesta por familiares de víctimas.
La indignación sigue creciendo en el continente. De allí los estallidos sociales que han sacudido a Chile y Colombia. Ahora se suma la violencia y muerte que ha desatado en El Salvador su presidente Nayib Bukele, admirador de Donald Trump, al otorgarle facultades excepcionales a militares y policías para desplegar una brutal represión que no distingue entre pandilleros y los millones de jóvenes que habitan los barrios pobres de ese país
El presidente de El Salvador hace lo que desde el inicio de su mandato alertó y denunció el buen periodismo, como El Faro, que develó el pacto de Bukele con las pandillas para disminuir artificialmente los homicidios y así propiciar un clima electoral que le permitiera la mayoría del Parlamento. La represión de Bukele sobre El Faro y el buen periodismo no tardó. Hoy avanza a paso acelerado en la demolición del sistema democrático interviniendo el Poder Judicial y aumentando la represión. Lo mismo ocurrió en Nicaragua: tanto El Confidencial como otros medios que han denunciado las prácticas dictatoriales de Daniel Ortega y Rosario Murillo han debido enfrentar una feroz represión que incluye cárcel y asfixia económica.
En todos esos ejemplos hay un nudo que se repite: corrupción, muerte y el ataque al buen periodismo. Y se entiende: el trabajo de investigación con ética, rigor, documentos, rostros y voces está desnudado a los protagonistas de los casos de corrupción que despojan a los más vulnerables de la libertad y de los recursos para defenderse del coronavirus, la miseria y las mafias.
En estos dos últimos años, la cantidad de muertos por covid-19 en Hungría alcanzó una de las mayores tasas del mundo. La respuesta de Orban fue desviar el foco de atención pública en las campañas que -según el primer ministro- hacen organizaciones LGTBIQ+ para convertir niños húngaros en homosexuales y transexuales. Fue más lejos: hizo aprobar una ley que difuminó la línea entre homosexualidad y pedofilia. Pero no hubo eco a lo que afirmó la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley: “Todo el mundo sabe que el gobierno húngaro, especialmente Orban y su clan, es muy, muy corrupto; probablemente el gobierno más corrupto de Europa”.
Otro punto en común entre los mandatarios y grupos nacionalistas ultraconservadoras es la fobia contra migrantes. Cuando la atención mundial se estremece con la tragedia que provoca en Ucrania la invasión rusa, pocos miran la crisis migratoria y humanitaria de inéditas dimensiones en Latinoamérica, alimentada por más de seis millones de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y los miles que huyen de la violencia y represión en El Salvador y Nicaragua. Solo en los dos primeros meses de este año, se triplicó el número de inmigrantes que cruzó la selva de Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, una de las rutas más peligrosas hacia EE. UU.: 8.456 personas, según cifras de la ACNUR.
La interpelación del escritor Sergio Ramírez (Premio Cervantes, miembro de la junta directiva Fundación Gabo) fue certera: “Ahora que la atención mundial se concentra en los miles que huyen de sus hogares en Ucrania, para librarse de las bombas ultrasónicas de Putin, no olvidemos a estos otros refugiados que huyen de una dictadura (Nicaragua) de la que sólo se sabe muy de vez en cuando”.
Y sobre lo que recae en el buen periodismo, qué mejor que el análisis de Francis Fukuyama, quien centra su lupa en las fallas sísmicas de nuestros sistemas, de las que rescato dos: a) éxito del neoliberalismo extremo que termina por dañar al mercado y a los ciudadanos; b) avance del autoritarismo que creció en varios países muy poblados que pasaron de “parcialmente libres” a “no libres” (Financial Times 4.03.2022). Basta mirar el exiguo 55,2% de aprobación del sistema democrático por sobre cualquier otra forma de gobierno en América Latina (Latinobarómetro) para entender la urgencia del cambio profundo
La desigualdad mata
El nudo de ese descontento está en la inequidad. Su raíz: la corrupción y la crisis política. Y han sido los periodistas con rigor y ética, en trabajo en equipo, los que han develado sus redes, orígenes, protagonistas y sus efectos. Y la esencia: el poder real lo tienen las grandes multinacionales y fortunas. “Cuando vemos que personas, elites globales, corporaciones de gran riqueza, viven bajo un conjunto distinto de reglas, eludiendo impuestos, manipulando vacíos legales, se alimenta una profunda sensación de injusticia”, dijo Barack Obama, presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017.
El economista y filósofo francés Guy Sorman los describió: “Hemos visto emerger una clase superrica que no tiene ciudadanía: vive en París, Londres, Nueva York, Mónaco... No pagan impuestos. No vienen del emprendimiento. Se convirtieron en superricos porque retienen los principales recursos de sus países de origen, como petróleo y gas en Rusia. Unas mil personas que no están en ninguna parte”.
Y sus efectos cuantificados. La desigualdad mata. Así tituló su estudio la organización OXFAM, publicado el 17 de enero pasado. Allí se explica cómo durante la pandemia la desigualdad no dejó de crecer: los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna en los últimos dos años de pandemia, pasando de US$700.000 millones a US$1,5 billones. Ese incremento supone que ganaron unos US$1.300 millones al día.
Si ponemos la lupa en las 20 mayores fortunas del mundo, veremos que el año 2021 fue uno de sus mejores: su patrimonio conjunto creció en US$500.000 millones (440.000 millones de euros) (El País).
En febrero, la CEPAL, con datos de Revista Forbes, graficó este crecimiento de la riqueza: a nivel global hay 2.755 milmillonarios, personas con un patrimonio de al menos US$1.000 millones. La nómina la lidera Jeff Bezos (US$177.000 millones), seguido de Elon Musk y Bernard Arnault. En América Latina existen 104 ultrarricos, de los cuales nueve son de Chile, país que concentró el mayor nivel de riqueza extrema en relación con el tamaño de su economía. Según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país. Una cifra levemente mayor a la de Brasil: controla el 48,9%; mientras en México concentra el 46,9% y en Estados Unidos, el 34,9%.
Un dato faltaba para completar el cuadro. En todos nuestros países una letanía se repite: “querer gravar con impuestos esta riqueza extrema es inútil. Nunca vas a encontrar los ingresos de los más ricos. Sus patrimonios mayores están en algún lugar en las Islas Vírgenes o Panamá”.
Pero, entonces, ¿qué más puede hacer el periodismo frente a este panorama desalentador? ¿Sirve ese trabajo exhaustivo para buscar a quienes beneficia la embestida antidemocrática? Sí.
El buen periodismo provoca cambios
Los tres últimos capítulos del buen periodismo colaborativo mundial dan prueba de ellos: las impactantes investigaciones periodísticas Panama Papers, Suisse Secrets y Pandora Papers.
Algunos ejemplos. Después de la publicación de la investigación global Panama Papers, el entonces primer ministro británico David Camerón tuvo que publicar su declaración de impuestos, luego que se revelara que se benefició de las inversiones de su padre en paraísos fiscales. Y en Islandia, el primer ministro Sigmundur Gunnlaugsson debió dimitir cuando se conoció que fue dueño de una compañía “cascarón” en Islas Vírgenes Británicas. Ambos casos mostraron cómo este periodismo eleva los estándares de trasparencia sobre ingresos, bienes y fortuna de sus líderes.
La investigación periodística sobre Credit Suisse, de 48 medios ("Reportaje sobre el crimen organizado y la corrupción"), dejó al descubierto en febrero que uno de los bancos privados más grandes del mundo manejó cuentas con unos US$100.000 millones de clientes acusados de torturas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción y otros crímenes graves. Entre sus clientes están el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas: ambos acusados -con otros ejecutivos- de saquear la petrolera estatal PDVSA.
También figura Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania entre 1997 y 1998. Transparencia Internacional estimó que Lazarenko robó US$200 millones. Fue condenado en Suiza por blanqueo de capitales (2000) y en EE. UU. a nueve años prisión por corrupción (2006). Eduard Seidel, alemán, director de la multinacional Siemens en Nigeria, desde donde sobornó a políticos para lograr licitaciones. Cuando salió de Siemens tenía una cuenta en el banco suizo con US$58 millones.
Humo y secreto es lo que venden y ofrecen los paraísos fiscales. Como lo reveló la investigación global Panama Papers, Apple, General Electric y Google son algunas de las multinacionales que trasladaron sus utilidades a Bermudas, Islas Vírgenes o Luxemburgo. Allí, firmas de abogados facilitan la creación de “sociedades cascarón” (shell companies) que sirven de vehículos de inversión, no poseen activos físicos ni emplean trabajadores ni generan producción. Ofrecen un velo protector: es difícil identificar al verdadero dueño. Son útiles para quienes trafican armas, drogas o personas; reciben pagos ilegales o buscan esconder su riqueza para no pagar impuestos. Erosionan las arcas fiscales de los países y la confianza ciudadana.
Una obscena contradicción
“Este es un panorama complejo. Estamos enfrentando tiempos muy duros y difíciles”, exclamó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, al presentar en enero el estudio “Panorama Social de América Latina 2021″, que grafica el retroceso del combate a la pobreza, y el “deterioro profundo en bienestar y salud” de los ciudadanos.
Las cifras son estremecedoras. En América Latina los pobres suman 201 millones de personas (32,1% en 2021). La pobreza extrema aumentó por sexto año consecutivo: 86 millones de personas (13,8% en 2021), un retroceso de 27 años. La pobreza creció más de 30% en Argentina, Bolivia, Colombia y México. Más atrás Perú, con 28,4% (subió 13 puntos porcentuales). Tasas más bajas corresponden a Uruguay, Costa Rica y Chile.
Bárcena destacó: “la pandemia ocasionó la salida masiva de mujeres del mercado laboral, con pérdida de ingresos y aumento en sobrecarga de cuidados”. Otro lunar de la realidad regional: población indígena, jóvenes y niños los que más están padeciendo la crisis. Su principal efecto: alza de la deserción escolar. Hoy se ven adolescentes en la recolección de basura domiciliaria y panaderías y niños cargando sacos.
CEPAL y OXFAM ponen sobre la mesa una contradicción que debe ser narrada y retratada por el buen periodismo en sus múltiples dimensiones: la pandemia del covid-19 ha empeorado los ingresos del 99% de la población mundial: 160 millones de personas pasaron a engrosar niveles de pobreza. Al otro lado de la balanza de la vida, mil millonarios incrementaron sus ingresos en US$5 billones en el mismo lapso. El informe de OXFAM concluye: «el mayor incremento de la riqueza de los milmillonarios desde que se tienen registros». Conclusión que hizo afirmar a Franc Cortada, director Oxfam Intermón: «Nunca ha resultado más urgente poner fin a desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y riqueza extrema de las élites. No hay marcha atrás. Es momento de impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos para salvar vidas».
“Salvar vidas”, la nueva batalla ética
Imprescindible es, por tanto, mostrar los financistas del potente lobby que se despliega para demostrar que un impuesto que grave la riqueza extrema desincentiva el crecimiento y hace a los países más pobres. Que es imposible identificar dónde tienen su inversión en los mercados internacionales. Hasta que el buen periodismo ético, colaborativo y en equipo los devela.
Pero también hay que prestar atención a cómo se reorganizan las fuerzas de quienes buscan consolidar el poder del establishment. Como Peter Thiel (57 años), uno de los empresarios más millonarios y poderosos de EE. UU. y más allá de sus fronteras. Financista y miembro del directorio de Facebook desde 2005, remeció mercados al anunciar que deja el directorio de Meta para dedicarse a la política y hacer campaña por Donald Trump. The New York Times informó que el multimillonario de 57 años quiere “influir en las elecciones legislativas de noviembre” pues está convencido de que esas elecciones “son cruciales para cambiar el rumbo del país”.
El diario estadounidense cita a Max Chafkin, editor de Bloomberg Businessweek, y autor de The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power, exhaustiva investigación sobre “el poder tras bambalinas”. Allí dice que “la intención inicial de Thiel [al cofundar] PayPal -según Chafkin- era crear una vía para que las personas manejen su dinero fuera del alcance gobiernos. Por eso también fue promotor temprano del bitcoin”.
La decisión de Peter Thiel hay que mirarla sobre la huella que dejó en la elección de 2016. Su decisión de apoyar públicamente a Donald Trump en la convención republicana de ese año convenció a muchos de que era una opción válida. Le donó US$1,25 millones a su campaña y dirigió el equipo de transición a la Casa Blanca. Para Max Chafkin, Thiel representa el poder detrás del poder. El poder real.