Un periódico titula en primera página que el presidente electo es un violador que anda suelto. ¿Existe alguna instancia que sancione este abuso informativo? Saludos desde Chihuahua.
Respuesta de Javier Darío Restrepo
Las afirmaciones falsas o las acusaciones sin pruebas se han convertido en armas del arsenal de los políticos, que desatan consecuencias dañinas para la sociedad, aparte de los perjuicios que se siguen para las personas en su honor y en sus intereses.
La difusión de estas afirmaciones sin pruebas, o de falsedades, se ha intensificado por el uso de las redes sociales como plataforma eficaces para la difusión de estos materiales, razón por la que dos empresas, Google y Facebook han puesto en marcha campañas de verificación de datos y de sanción por la difusión de noticias falsas. En estos medios existe también la actividad de sus usuarios que advierten a las mismas redes cuando circula una información falsa.
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Esa alerta debe producirse en todos los medios. En efecto, una forma eficaz de combatirlas es identificar las informaciones falsas y dar a conocer la versión verdadera, con sus fuentes y su fundamentación. En ese empeño se encuentran ya medios que impulsan una campaña de defensa de la verdad: informan a sus receptores cuál es la información falsa, por qué es falsa y cuál es la versión verdadera.
El director ejecutivo del Washington Post certificó hace poco que en Estados Unidos se ha extendido la práctica de la verificación de datos en los medios, como parte de su esfuerzo por mantener intacta su credibilidad y un servicio que saben que deben prestar en este momento, en el que la mentira se utiliza como otra arma o como un recurso más.
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Estas iniciativas para combatir las mentiras se pueden complementar en casos extremos con el recurso a la justicia, con demandas por calumnia. Pero, en general es la ciudadanía la que tiene la palabra. En el caso contemplado en la consulta, son los ciudadanos los que pueden sancionar la ligereza del periódico con un alud de cartas de protesta a este y a otros medios. Acciones como esta tienen valor formativo y asumen la forma de reclamo de un derecho ciudadano a una información veraz y respetuosa.