¿Un gobierno puede hacer algo para controlar la difusión de noticias falsas?

Respuesta:

Aunque obvio, debe decirse que, en primer lugar, el culto a la verdad exige que el gobierno en todas sus comunicaciones sea veraz; tal sería la base para una construcción de confianza.

También puede contribuir promoviendo leyes con ese objetivo, o aplicando las leyes que existen, como en Colombia la ley 29 de 1944, que impone sanciones por la publicación o reproducción de noticias falsas.

La utilización de los medios bajo el control del Estado también le permite hacer pedagogía para la creación de una opinión pública de rechazo a la falsedad y de acogida a la verdad.

Estas posibilidades, sin embargo, tienen limitaciones por la muy escasa credibilidad de los gobiernos cuando emprenden acciones que puedan entenderse, o lleguen a ser formas de control interesado sobre los medios de comunicación.

Una propuesta sobre control de la verdad en los medios fue hecha a los presidentes del continente, pero fue rechazada por el sentido democrático de los mandatarios, convencidos de que un presidente no puede fungir como árbitro de la verdad sin que despierte sospechas. Es evidente la proclividad de los gobernantes a manipular la verdad en beneficio de su interés político. En conclusión: el control sobre lo falso y el estímulo de lo verdadero, cuando se hacen desde los gobiernos, debe hacerse con la misma finura de quien se sabe poseedor de una frágil credibilidad.

Documentación

Vale la pena recordar que cuando se conoció la noticia de que Juan Gutemberg había inventado la imprenta, el gobernador del Estado convocó a los notables y constituyó una comisión para que evaluara el nuevo sistema de multiplicación de manuscritos. La imprenta y el periodismo estaban en pañales y junto a su cuna nacieron los intentos para controlarla. Corrían los años 1450.

A juicio de Zaffore “esta posición ha sido ya superada por la legislación y por la práctica jurisprudencial, pero sobre todo ha sido superada por la realidad, la cual produce situaciones que exigen regulaciones específicas, no ya para impedir daños a terceros o a la comunidad, sino para posibilitar que la misma libertad que se proclama pueda ser ejercida.

(…) En el Estado de derecho lo natural es que exista la norma constitucional que asegure el derecho a la información y la igualdad de las personas frente al uso y manejo de la misma. Lo natural también es que existan distintos sistemas de regulación que aseguren, por una parte, la fluidez, pluralidad y veracidad de la información, y por otra otorguen al público las armas necesarias para poder defenderse contra informaciones erróneas o atentatorias contra el ámbito de privacidad u otros. Nacen así diversos sistemas reguladores posibles, o si se quiere, complementarios del sistema de control jurídico, el sistema de control administrativo y la limitación judicial, impuesta temporalmente en aras de un bien social mayor.”

Hugo Osorio Meléndez, Políticas de información y derecho. Impresos Universitaria, Santiago, Chile, 1997. P. 151 y 153.