Aunque se trata de información de interés público en el municipio, no puedo entrevistar al funcionario respectivo porque es dueño de otro canal que compite con el nuestro. Así lo ha determinado la empresa para la que trabajo ¿Qué debería tener en cuenta mi empleador para cambiar esa situación?

Respuesta: Las prioridades en periodismo son claras: antes que el director del medio, antes que los gobiernos, o los partidos, antes que cualquiera otra instancia, está el servicio al lector, oyente o televidente. Frente a esta prioridad, todas las demás han de aparecer en lugar secundario. Por tanto si la noticia de ámbito municipal es del interés del público porque de algún modo afecta los intereses de todos, debe preferirse por sobre cualquiera otra consideración. El periodismo es de servicio público o no es. Esta importancia dada a lo público es la que genera la credibilidad y la autoridad moral de un medio y lo convierte en vocero de toda la población. Esto, dicho al oído de gerentes, accionistas o dueños de medios tiene sonido de monedas porque a más credibilidad, más circulación o sintonía; a menos credibilidad mayor amenaza de caída de circulación o sintonía. En efecto, la práctica de privilegiar los intereses, afectos o desafectos de los dueños convierten al medio de comunicación en caja de resonancia de una familia, o de una empresa, pero no de una sociedad. Al contrario de otros negocios, este de los medios de comunicación tiene contraída una deuda con el público, que impide que puedan ser considerados propiedad exclusiva de sus dueños. En estas empresas se maneja un bien social que es la información que debe ser manejada con criterio de servicio público.

Referencia Bibliográfica

De manera creciente, en algunas sociedades, incluyendo democracias consolidadas, los periodistas son considerados renegados culturales sin ningún respeto por los estándares éticos y que harían cualquier cosa por obtener una información. En algunos países democráticos la prensa aparece como un cuerpo político que opera más en su propio interés que en el del público. Esto ha llevado a peticiones para que el Estado regule los monopolios mediales, se legisle para proteger la intimidad individual ante la intrusión periodística y para garantizar el derecho de respuesta de aquellos que han sido agredidos en las páginas editoriales o en las ondas de radio y televisión. Los medios reaccionan con alarma ante estas iniciativas en el convencimiento de que en una sociedad democrática una mayor regulación gubernamental no es la solución para las infracciones éticas. Eso es cierto sin duda. Las medidas que se tomen para asegurar la imagen del periodismo como profesión deben ser autorregulatorias y no impuestas ni hechas cumplir por el gobierno. Deben surgir de las propias filas del periodismo, no del aparato oficial. Pero si el público pierde confianza en la devoción de la prensa a la autorregulación, la consecuencia no deseada puede ser la intervención gubernamental. De este modo, en una sociedad democrática, la conservación de la libertad democrática depende del cultivo de la ética periodística. La prensa ha dado, de hecho, algunos pasos más bien modestos tratando de responder a las aprensiones del público sobre la conducta ética de los periodistas. Louis Day: La tradición democrática. En La ética periodística en el nuevo milenio. (Compilación) El Cuarto Propio, Santiago. 2001. pp. 26 y 27