Por Mónica Gónzalez, corresponsable del Consultorio Ético

 

¡40 años de cárcel! Esa fue la condena que pidió el Ministerio Público de Guatemala para el periodista José Rubén Zamora, director y fundador de El Periódico, diario que marcó la historia del periodismo en su país con casi 27 años de férrea denuncia del poder corrupto y de los crímenes cometidos en los 36 años de guerra civil. Encarcelaron a su motor hace once meses, acusándolo de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, en un juicio que carece de las mínimas garantías del debido proceso. Y asfixiaron al medio que exponía los negocios turbios del poder. El 15 de mayo elPeriódico cerró sus puertas. Justo a meses de las elecciones presidenciales.

La brutal embestida al periodismo, ejecutada por un sistema judicial convertido en apéndice del poder corrupto de Guatemala, vino con otro golpe: el informe de Cristosal, la principal organización de derechos humanos de El Salvador. Detalla la sistematización de la tortura en los campos de concentración en que están convertidas las cárceles de El Salvador bajo el estado de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele hace más de un año. Decenas de reos muertos por torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, lesiones o simplemente dejados morir por falta de atención a padecimientos mortales. Imágenes y testimonios que confirman lo que el buen periodismo de ese país -como los reportajes de El Faro- ha venido develando.  

Y de inmediato, otro mazazo desde México: restos humanos depositados en al menos 45 bolsas de basura fueron descubiertos en el fondo de un barranco en las afueras de Guadalajara (Jalisco). Información preliminar indica que algunos restos coinciden con las características de siete trabajadores de un centro de llamadas desaparecidos desde el 20 de mayo pasado. Problema: el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, afirmó que no estaban en condiciones de establecer “cuántas víctimas están aquí”. Es muy probable que los restos correspondan a más de siete personas. No es la única arista compleja.  La investigación revela que el lugar donde trabajaban no era un “centro de llamados”. Se ocupaban en “algún tipo de fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas”, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad de México. Robo de los ahorros de toda una vida a quienes los depositan en “tiempo compartido”. Un nuevo y lucrativo negocio del crimen organizado en México.

Ese macabro hallazgo nos remite al tema de fondo: la cantidad de desaparecidos y asesinados en México alcanza niveles históricos. Eso es lo que pone de relieve un reporte de Emiliano Rodríguez Mega en The New York Times:  

“El descubrimiento de restos humanos en Jalisco es un recordatorio espeluznante del fenómeno más amplio de desapariciones que ha afectado al país durante décadas y empaña el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 110.000 personas están desaparecidas en México, y su paradero es incierto”.

Una cifra que estremece y que en mayo adelantó el buen periodismo mexicano (Quinto Elemento Lab), en un reportaje que dejará huella por su método y coraje. 

Los homicidios también sacuden a los mexicanos en estos días. Desde que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato (diciembre de 2018) las muertes violentas llegan a 156.136 víctimas (datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Un récord que supera los asesinatos ocurridos en los seis años del gobierno de Peña Nieto (2012 a 2018: 156.066 víctimas) y los que registró el mandato de Felipe Calderón (2006 a 2012: 120.463). Fue el presidente Calderón el que lanzó la guerra contra el narco en México, estrategia que demostró su fracaso. 

Y por ello, al asumir la presidencia de México, López Obrador prometió erradicar la violencia con una nueva estrategia que atacaría las causas profundas que la originan. Transcurridos cuatro años y medio, la contraparte de su lema “abrazos, no balazos” son los desaparecidos: más de 20% aumentaron en todo México en los primeros tres meses de este año, comparado con el mismo período de 2022 (Datos Registro Nacional de Personas Desaparecidas). 

Las mafias del crimen organizado extienden su poder hacia el sur de América Latina cooptando o eliminando políticos, policías, parlamentarios, empresarios, militares, jueces, periodistas y dirigentes sociales. Sus actividades criminales engrosan sus ganancias y la cifra de muertos y desaparecidos en Latinoamérica. Números fríos de uno de los mayores dramas humanitarios de nuestra región. Y que supera con creces lo vivido con las dictaduras cívico-militares. 

Son cientos de miles las personas asesinadas, desaparecidas, víctimas de la trata de personas, de femicidios; inmigrantes que huyen masivamente en condiciones paupérrimas de la miseria, la violencia y también de la represión que despliegan algunos gobiernos en la región. Rostros, voces, historias y cifras de un horror que interpela con fuerza al buen periodismo de nuestra convulsionada región. 

¿Qué hacer ante tamaña crisis del derecho a la vida en nuestra región? Frente al retroceso del Estado, que deja espacio al crimen organizado y a la convulsión social y política, un imperativo ético se instala. Este no es un problema de datos históricos ni de balances de los que ya no están. Los periodistas no estamos para solo contar muertos y desaparecidos. Tampoco para ser los notarios de la ausencia de registro de inmigrantes muertos en su desesperada huida hacia el norte en las rutas en donde el crimen organizado acecha y mata. ¿Dónde está el foco ético?

La corrupción mata 

El poder letal del crimen organizado se hizo sentir estos días con más fuerza en Ecuador. Al asesinato de seis personas -otras seis resultaron heridas- en un restaurante en Montañita, costa suroeste de ese país, siguió el crimen de un fiscal antimafia en una ciudad vecina a Guayaquil, al salir de una audiencia en la que se juzgaba a dos mafiosos por sus crímenes. En esas mismas horas, en Quito, el Ministerio Público informó que la jefa de esa repartición, la fiscal Diana Salazar, recibió amenazas de muerte contra ella y su hija desde una cuenta de WhatsApp registrada en Ucrania. La estampida violenta culminó, por ahora, en Guayaquil: cinco muertos (entre ellos, un policía) y ocho heridos dejó otro ataque de mafiosos. 

La violencia criminal ha recrudecido después que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, imitando el modelo fracasado en México, decretara la facultad para militares y policías de actuar en la “cruzada contra la delincuencia”. Desde hace más de dos años crímenes, extorsiones, secuestros y asaltos muy violentos asolan varias ciudades de ese país. El gobierno atribuye la violencia sin control a las mafias que actúan en concomitancia con el crimen organizado internacional. Como sea, la crisis política e institucional ya se instaló en Ecuador. 

Y llegó a su punto álgido cuando el 17 de mayo la Asamblea Nacional amaneció cercada por militares. Poco después Lasso disolvió el Parlamento y llamó a elecciones anticipadas. Hizo uso de la llamada “muerte cruzada”, mecanismo que contempla la Constitución, para evitar su destitución. En ese momento el Congreso le hacía juicio político por un caso de corrupción: US$6 millones en exceso le costó al Estado un contrato entre una empresa pública de transporte de petróleo y Amazonas Tanker. Lasso gobernará por decreto hasta que asuma el nuevo gobierno. Y el crimen organizado tendrá espacio para seguir dejando su impronta.

El negocio de la migración

Los millones de latinoamericanos que abandonan sus hogares para huir hacia Estados Unidos en condiciones paupérrimas alcanza niveles inéditos. También los muertos que ese desesperado éxodo deja en el camino. La miseria y la violencia de la que huyen se mastica: basta recordar que en nuestros países el trabajo informal (sin contrato ni seguridad social) y el desempleo son endémicos. En Perú, por ejemplo, el trabajo informal alcanza el 70%. 

Así, la migración es otra industria que explota la miseria. Las personas se han convertido en el principal producto de exportación de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y hoy se suman miles de nicaragüenses. La represión que despliega la dupla en el poder -Daniel Ortega y Rosario Murillo- y la drástica caída de salarios y empleo engrosan el flujo de inmigrantes. Y ya son más de siete millones los venezolanos que han abandonado su país. 

La crisis humanitaria y de seguridad se ha instalado en las rutas estratégicas para llegar ilegalmente a Estados Unidos. Allí donde las mafias cobran, secuestran y matan. Y la crisis no amaina. El Tapón de Darién, que conecta Centroamérica con América del Sur, es una de las rutas más utilizadas por los migrantes más pobres a pesar de la amenaza letal que allí acecha. En 110 kilómetros de selva está la tumba sin nombre de miles de hombres, mujeres, niños y adolescentes que han sepultado sus sueños. La fuga no cesa. The New York Times informó que, según la ONU, esa será la ruta de escape que escogerán más de 400 mil personas este año, casi 40 veces el promedio anual entre 2010 y 2020. 

Otro dato: desde marzo de 2020, Estados Unidos ha rechazado a 2,7 millones personas que intentaron ingresar ilegalmente. Y la gran mayoría venía de Guatemala. Cuatro millones de guatemaltecos -de los 18 millones de habitantes del país- han huido a Estados Unidos. Cada día unos 300 jóvenes abandonan ese país por vías que conducen al norte. 

La huella letal de un golpe de Estado

En medio de esa compleja avalancha humana que huye de Guatemala, desde la precampaña presidencial en Estados Unidos han surgido voces que han recordado la invasión estadounidense de Guatemala y el derrocamiento de Jacobo Árbenz como el origen de la crisis política y social y económica de Guatemala. 

No fue la única operación de este tipo que financió y ejecutó un gobierno de Estados Unidos en la región. Eso fue lo que pasó en Chile en 1973 -hace 50 años- luego de que el gobierno de Salvador Allende nacionalizara las minas de cobre que hasta ese momento explotaban compañías estadounidenses (Kennecott y Anaconda) con ganancias de más del 12%, que excedían largamente lo correcto. 

Veinte años antes en Guatemala el presidente Jacobo Árbenz, elegido democráticamente y consciente de las paupérrimas condiciones en que vivía gran parte de la población, impulsó una reforma agraria que amenazó el multimillonario negocio de la United Fruit Company y de los empresarios más ricos de su país. La conspiración para deponer a Árbenz fue ideada y ejecutada por Alan Dulles, ese año designado jefe del principal aparato de inteligencia de Estados Unidos (CIA). Montó la operación encubierta (PBSUCESS), y con apoyo de otros países centroamericanos organizó la invasión a Guatemala. Un año más tarde consiguió derrocar a Árbenz. 

Defendía sus intereses financieros. Alan Dulles integraba el consejo de dirección de la United Fruit y Sullivan and Cromwell, el estudio de abogados de su hermano John Foster Dulles, secretario de Estado estadounidense, representó los intereses de la United Fruit por 38 años. Nadie del gobierno del presidente Eisenhower lo interpeló por esa operación encubierta. En el equipo directivo, judicial y lobistas de la multinacional había otros miembros del entorno más íntimo del presidente.

Lo que ocurrió en Guatemala después de que Árbenz fue derrocado es una historia de muerte, despojo, violencia y miseria que se extendió por 36 años (1960-1996). Y empezó a emerger a la superficie cuando una Comisión de la Verdad se constituyó bajo mandato ONU y recogió miles de testimonios y documentos que arrojaron más de 200 mil muertos y desaparecidos. También documentó el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas militares que cometieron genocidio.

"Para los Estados Unidos es importante que declare claramente que el apoyo a las fuerzas militares y las unidades de inteligencia que participaron en la violencia y la represión generalizada fue incorrecto y los Estados Unidos no deben repetir ese error", afirmó escueto en 1999 Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos.

Doce años después, en octubre de 2011, el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, le dijo al hijo del expresidente Jacobo Arbenz en el Palacio Nacional: “Fue un crimen para la sociedad guatemalteca y un acto de agresión a un gobierno que iniciaba su primavera democrática”.

Para entonces, la primavera democrática tenía rostros y voces desde que en diciembre de 2006 se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), con mandato internacional de la ONU. ¿Su función?: colaborar en la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en Guatemala. Historias de atroces crímenes se escucharían por primera vez en tribunales. Así ocurrió en 2013, cuando los sobrevivientes y familiares de cientos de miles de personas, principalmente campesinos maya, asesinados en masacres durante el breve período en que el general Efraín Ríos Montt se hizo del poder en 1982, testificaron.  

El dictador, ministro de una iglesia evangélico-pentecostal, dotó al terrorismo de Estado de pertrechos y doctrina para someter al campesinado. Masiva fue la masacre. Más de 10 mil campesinos ejecutados, centenares de aldeas arrasadas, mujeres violadas y más de 100.000 refugiados dejó a su paso en los 17 meses que detentó el poder total. Derrocado en agosto de 1983, siguió buscando volver al poder en un periplo que da para otra historia. Hasta que en marzo de 2013 se inició el juicio histórico. 

Un año más tarde, la CICIG demostró una vez más su independencia cuando se inició el juicio a “La Línea”, actos de corrupción del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Se los acusó de liderar una red que operó en las aduanas: cobraban sobornos a importadores y a cambio estos obtenían reducción de impuestos. En el expediente había tres mil escuchas telefónicas y 1.516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS) falsificadas por la agrupación ilícita. El general (R) Pérez Molina debió renunciar en septiembre de 2015 por la intensa protesta a sus actos de corrupción. En diciembre de 2022 fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera.

Cuando Pérez Molina fue condenado, los cambios a la justicia ya estaban en marcha. Así fue como la sentencia del dictador Ríos Montt a 80 años de prisión, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales dio por terminada la primavera: disolvió la misión de la CICIG al enterarse de que su hermano y otros miembros de su familia eran investigados por corrupción. 

La intervención de la justicia continuó bajo el mando del nuevo presidente, Alejandro Giammattei, quien asumió en enero de 2020. Y se entiende. Dos años después, el diario El Faro reveló un testimonio que detalló la negociación que hizo en 2019 el candidato a la presidencia Giammattei con José Luis Benito, ministro de Comunicaciones del presidente Jimmy Morales. Lo mantendría en su cargo a cambio de US$2,6 millones. El dinero saldría de un pago del Ministerio de Comunicaciones a la empresa Coamco, por la construcción y mejoramiento de un tramo carretero en San Marcos. 

El juicio se paralizó. La máquina de la impunidad estaba a pleno motor.  

En paralelo a los episodios de corrupción que el buen periodismo revelaba a la opinión pública de Guatemala, el hostigamiento a la prensa independiente subió peldaños. Y culminó el 29 de julio de 2022 con el encarcelamiento de José Rubén Zamora. La acusación de lavado de dinero se armó en muy pocos días. Otros seis periodistas independientes fueron interpelados. Entre ellos, Michelle Mendoza, Sonny Figueroa, Marvin del Cid y Carlos Choc. Y seis abogados defensores de Zamora han debido renunciar por hostigamiento o captura.

Hasta que el 15 de mayo recién pasado, llegó el anuncio. Desde la prisión “Bartolina #2, sección de aislados, cárcel Mariscal Zavala”, José Rubén Zamora escribió su última editorial: “Han sido 30 años de lucha incansable contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, contra los abusos de poder, el terrorismo de Estado, la marginación y la miseria y, en favor de la libertad. Queda en la historia nuestro liderazgo en periodismo de investigación, opinión y cultura. Dejamos como legado solo durante el régimen de Alejandro Giammattei, más de 200 investigaciones periodísticas rigurosas y muy bien documentadas, que muestran el nivel exponencial que ha alcanzado la corrupción en las instituciones del Estado de Guatemala”. 

Otro golpe faltaba a la asfixia de la democracia y el periodismo independiente de Guatemala. El 30 de mayo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió 40 años de cárcel para Zamora. Para entender cómo opera la máquina represiva en Guatemala que busca paralizar a los periodistas llevando a la cárcel a Zamora y provocando el cierre de elPeriódico, hay que leer a la periodista Alejandra Gutiérrez, de Agencia Ocote: 

“La censura de hace 30 años fue vulgar, violenta y explícita, con un grupo de censores invadiendo redacciones. Ahora es más perversa porque introduce a quienes quiere callar en el kafkiano sistema de justicia, porque amedrenta en el laberinto líquido de las redes sociales, porque amenaza en las sombras. La censura, la que busca que una voz única y pétrea se instale, sigue igual de vulgar, de violenta; pero ahora es, quizás, más cruel y vengativa.  Se van eliminando las garantías, se impide el derecho de defensa, se procura que la historia no se cuente”. 

 Su párrafo final es un llamado de coraje que nos interpela:  

“Queremos pensar que la despedida de elPeriódico, es temporal, que se detendrá la persecución a José Rubén Zamora y a decenas de periodistas, jueces, fiscales, abogados, abogadas y activistas, que luchan por la justicia. Que los exilios y silencios forzados se detendrán, las detendrán, las detendremos. Y, mientras tanto, desde el periodismo, desde Ocote, seguiremos contando esta noche oscura”.

De esa noche oscura quedan los más de cien juicios abiertos en primavera y que hoy desaparecen. Pero a las víctimas ya no las pueden hacer desaparecer una vez más. Alí están: interpelan a sus victimarios. Muy pocos fueron condenados. Entre ellos, el dictador Ríos Montt quien murió en 2008 en la impunidad. Su hija Zuri Ríos es hoy candidata a presidenta con posibilidades de ganar y enarbola desafiante la inocencia de su padre. Ese mismo poder que encarceló, empujó al exilio o expulsó del sistema judicial a fiscales, jueces y magistrados probos hoy manipula el proceso electoral para colocar en la Presidencia de la República a uno de los suyos.

Saben que hoy no hay necesidad de tanques ni soldados que ocupen las ciudades como ocurrió en Guatemala, República Dominicana y en otros países para instalar el autoritarismo. Tampoco necesitan bombardear el palacio presidencial, como lo hicieron en Chile en 1973. La conspiración corre por otro pasillo oscuro. Por uno que necesita que los ciudadanos de Guatemala se queden sin fuentes de información veraces y oportunas. 

Suprimir el periodismo de investigación, independiente y vigoroso es también lo que busca el poder en El Salvador. Aupado en un régimen de excepción que cancela todas las libertades y garantías constitucionales, utilizan el acoso, la mentira, el hostigamiento. Así lo denunció en mayo el equipo del diario digital El Faro, al anunciar el cambio de su estructura legal y administrativa a Costa Rica: 

“Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero… ¿Qué posibilidades de defensa hay cuando el presidente que acusa sin pruebas controla todo el aparato judicial y los tres poderes del Estado?” 

En Nicaragua el poder dictatorial encarceló periodistas y directivos de medios, despojó de sus bienes al periodismo independiente y los acosó hasta hacerlos salir del país. Lo que no han conseguido es interrumpir el flujo de información veraz que el buen periodismo transmite a los ciudadanos por diferentes vías. 

Se busca domesticar a los ciudadanos por el miedo. Y lo que se interpone son las historias que el buen periodismo le lleva a los ciudadanos. Una narrativa potente que crea redes, combate el miedo y el aislamiento.  

Si buscamos el foco ético del periodismo en esta dura encrucijada, aquí hay un camino. El rescate sin tregua de escenas, imágenes, documentos, testimonios, voces y rostros que dan cuenta de nuestra historia y sus responsables. Desentrañar la cooptación que le deja el campo abierto al crimen organizado. Sus negocios, sus redes de corrupción y métodos letales. Cómo esclavizan a la población más vulnerable. Cómo reclutan a sus “soldados” entre los más desvalidos. Recoger las historias de grupos que rescatan lo que queda de nuestras alicaídas democracias y reconstruyen. Tejen. Narrar significa respetar a los cientos de miles de víctimas que ya no están; a sus familias, sus amigos, sus pueblos. Masticar y asumir la dignidad, la justicia. 

Eso es lo que subyace en el fondo de la proclama de estos días del brillante escritor nicaragüense Sergio Ramírez: “Somos los custodios de esa memoria, la memoria de nuestros pueblos. De sus sueños, de su lengua, de su propia imaginación… Vivo porque escribo. Vivo en mi lengua, que es mi patria, y vivo en la lengua y en la memoria de mi pueblo. Ninguna tiranía puede quitarme la lengua en la que escribo, ni puede quitarme la pertenencia a la gente que, desde mi infancia, da vida a mi escritura” (Los custodios y la memoria).