Por: Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético

Han transcurrido más de 20 días de una elección presidencial en Venezuela que está marcando un nuevo hito en la erosión de la democracia, la violencia y la crisis humanitaria en el continente americano. El domingo 28 de julio el pulso de América Latina se detuvo en Venezuela. Hasta esa noche, gobiernos, organismos internacionales y expertos electorales y de Derechos Humanos de distintos países y perfiles, apostaron –con dudas y nerviosismo– a que el gobierno de Nicolás Maduro respetaría su compromiso de entregar las actas donde queda registrada la votación en los 16 mil colegios electorales de todo el país.  

Y a pesar de los obstáculos y acusaciones a la oposición que esgrimió el Gobierno de Nicolás Maduro, de la inhabilitación de su candidata María Corina Machado después de haber ganado las elecciones primarias el año pasado, y de que esa misma oposición sacara una carta presidencial –Edmundo González Urrutia– en medio de la aridez, ese 28 de julio 12 millones de venezolanos votaron. Gran participación para un país con muchos miedos. 

En varios países del continente, donde han buscado difícil refugio los más de siete millones de venezolanos que han salido de su país en un éxodo masivo, ese domingo de julio millones de ojos se volcaron hacia su tierra. Había ansiedad, esperanza.

Poco importó que se expulsara a varios políticos y periodistas que quisieron ingresar con antelación al país para dar cuenta de una elección bajo escrutinio internacional. Lo que estaba en juego lo ameritaba: Maduro apostó a su segunda reelección, es presidente de su país hace casi 12 años (desde 2013). Y quiere permanecer allí hasta 2031. Y a eso jugó.

Lo que vino se ha narrado en distintos formatos. De las actas oficiales que debía entregar el Consejo Nacional Electoral (CNE), no hay más que retazos y la acusación de un hackeo al sistema de “transmisión de datos”, sin entregar ni una evidencia. Aun así, el CNE proclamó ganador de los comicios a Nicolás Maduro con el 52% de los votos.  A su contendor, Edmundo González Urrutia, le adjudicó el 41% de los sufragios. Un problema: la alianza opositora publicó en páginas web, y después de haber recogido copias de más del 84% de las actas electorales (obtenidas por testigos y miembros de mesa), otro resultado en que Edmundo González obtiene 7,3 millones de votos y Nicolás Maduro 3,3 millones. 

A partir de ese momento la crisis en Venezuela no ha hecho más que crecer. También la violencia y ausencia de derechos mínimos. Y la amenaza de corrosión democrática, migración desbocada, pobreza, muerte y más territorios bajo el control del crimen organizado que se cierne sobre el continente, no logra ser contenida ni dimensionada. Porque la crisis no afecta solo a Venezuela. 

De allí que, para el buen periodismo, el desafío ético que viene nos remece, nos interpela. Nos obliga a buscar información veraz y oportuna con más rigor y perspectiva regional. Y a reforzar todas las redes del mejor periodismo para contar una historia de autoritarismo, corrupción, poder y geopolítica que puede cambiar nuestras vidas.

El éxodo que poco importa

De nada ha servido que la ONU, la OEA, la Unión Europea y múltiples gobiernos y organismos internacionales exijan una y otra vez la publicación de las actas electorales. Y también la “verificación imparcial” de los comicios del 28 de julio que “garantice transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”. 

Ante el atrincheramiento de Maduro, que transitó rápidamente hacia un régimen dictatorial, la comunidad internacional se muestra paralizada. Nada impidió la orden de salida inmediata de todo el personal diplomático de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Tampoco movió un músculo de diálogo en el régimen el análisis acerado del Centro Carter, autorizado por la Comisión Electoral de Venezuela para supervisar las elecciones, el cual concluyó que Edmundo González fue el ganador de los comicios “con más del 60% de los votos”.

Y hoy nadie sabe cómo detener la represión. Los muertos en las protestas superan los 24 ciudadanos. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que recibieron "reportes creíbles de 24 muertes". Sobre los detenidos, los números difieren. La ONG Foro Penal cuantificó en 1.503 los ciudadanos encarcelados e identificados hasta el domingo 18 de agosto (200 de ellos mujeres). Pero la cifra crece día a día y no amaina. De hecho, Nicolás Maduro entregó otra cifra: más de 2 mil “terroristas, para los que no habrá perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón”, anunció, en referencia a la prisión desde donde operaba la banda criminal Tren de Aragua. Así lo justificó: "El 80% [de detenidos] fueron entrenados en Texas, Perú y Chile, y un 80% de los capturados no votaron. Pretendían quitarle la luz a Venezuela. Se lo impedimos".

La represión desatada por Nicolás Maduro cuenta con el respaldo incondicional –por ahora– de los militares. Así lo graficó el general Vladimir Padrino, su ministro de Defensa, rodeado de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: "Estamos frenando un golpe de Estado en desarrollo, que fue montado como gran operación de información, operaciones psicológicas y ataque cibernético". Y para dejar en claro que no habrá tregua, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional que acelere la aprobación de la nueva “Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”. Y argumentó: “Ya basta de impunidad, se acabó el fascismo, no se negocia con los fascistas”. 

Siguiendo con el mismo libreto del "golpe fascista cibernético y virtual” del que era víctima, Nicolás Maduro les pidió a los venezolanos desinstalar de sus celulares WhatsApp: “El WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana”. También arremetió contra TikTok e Instagram por ser "multiplicadores del odio y el fascismo". Y aunque algunos dicen que Nicolás Maduro está haciendo uso de un populismo fuera de toda lógica, su siguiente paso fue de película de terror. Frente a un grupo de seguidores contó que un grupo de sacerdotes católicos le indicó lo que "hay que hacer con el diablo", al hablar de Elon Musk, el dueño de la red social X. "Miren su perfil, los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense, que han articulado sectas como las de Milei en Venezuela. Sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país", arengó. 

En horas en que la acusación de “enemigo” de Maduro va desde el presidente Gabriel Boric de Chile, pasando por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, Estela de Carlotto, símbolo de lucha contra las dictaduras que asolaron nuestros países y que lo tildó de “dictador”, en las zonas fronterizas de Venezuela la situación se complica cada día. 

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a junio de 2024, más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país (población total de 28 millones). La misma ACNUR acaba de entregar la última cifra de ese éxodo masivo: entre el 29 de julio (día después de elecciones) y el 5 agosto, la migración hacia Brasil se incrementó siete veces en una semana: de 50 personas diarias a 353.

Los casi 8 millones de venezolanos que han escapado de la pobreza y la inseguridad de su país han provocado una crisis migratoria que afecta desde Estados Unidos a Chile. Y si Maduro decide permanecer en el poder recurriendo a la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización que afectará a toda la región. Lo primero será una nueva ola de inmigración masiva.  Aunque pareciera que las caravanas de mujeres, hombres y niños atravesando a pie el continente no remecen ni gatillan la coordinación internacional.

Autoridades colombianas han sido las primeras en encender las alertas sobre el impacto brutal que puede tener un nuevo éxodo de venezolanos. En ese país residen casi tres millones de venezolanos que han huido de la crisis política, social y económica. Cerca de 600.000 se han afincado en Bogotá.  "Si no nos preparamos ahora, si no tenemos condiciones presupuestarias, la situación será catastrófica", advirtió Jairo Aguilar Deluque, gobernador del departamento de La Guajira, cuya población se ha visto incrementada en un 25% por refugiados de Venezuela (300 mil). En Perú se calcula que han llegado más de un millón y medio y en Chile más de 800 mil. 

Con la crisis penetrando sus tierras los presidentes de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y de Colombia (Gustavo Petro) decidieron involucrarse en una negociación pactada a la crisis de Venezuela. “Si [Maduro] tiene sentido común podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar a nuevas elecciones, establecer criterios para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral suprapartidario para que todos participen y dejar acompañar a observadores de todo el mundo”, planteó Lula a Radio T, en Curitiba. Su par en esas negociaciones, Petro, lo secundó en la red social X: “De Nicolás Maduro depende solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende solo de los venezolanos”. Entre las condiciones, el presidente Petro apuntó: “levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela; amnistía general nacional e internacional; garantía total a la acción política; gobierno de cohabitación transitorio; nuevas elecciones libres”. 

El rechazo en Venezuela y en el exterior fue la respuesta. Y el tercer presidente miembro de ese equipo en su origen, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), de México, dio un paso al costado: “No creo sea prudente el que nosotros de afuera, gobierno extranjero, opinemos sobre algo corresponde resolver a los venezolanos”.  López Obrador ni siquiera escuchó al enviado especial del presidente Lula a Venezuela, el exministro Celso Amorim. Después de reunirse con Maduro y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en Caracas, dijo a Globo News: “Tengo mucho miedo de que pueda haber un conflicto muy grave. No quiero utilizar la expresión guerra civil, pero la temo mucho”.

Las palabras de Amorim sí tuvieron eco en una dura declaración suscrita por una veintena de expresidentes de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los firmantes, el abogado Claudio Grossman, integrante de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, acusa: “En Venezuela hay un gobierno ilegitimo en el poder solo como resultado de una violación flagrante al derecho de la autodeterminación y ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano. Esto ha sido posible mediante violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que incluyen torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias. A esto se agrega la inexistencia de un Estado de Derecho y de un Poder Judicial independiente, y desconocimiento de la libertad de expresión”. 

China y Rusia en el tablero

En este escenario de cuestionamiento transversal al régimen de Venezuela dos apoyos incondicionales sustentan a Nicolás Maduro: China y Rusia, los primeros en reconocer su cuestionada reelección. También ha recibido ayudas de Irán, Corea del Norte, Turquía. Un club en donde la compra de petróleo, oro, pertrechos militares y equipamiento para policías y seguridad interna sellan la relación. 

China es el socio comercial más importante de Venezuela. Datos del Observatorio de Complejidad Económica de 2022 indican que China es el principal destino de las exportaciones venezolanas (16,4%) y origen de sus importaciones (31,4%). Pero la amarra clave que los une es la multimillonaria deuda contraída por el régimen de Maduro con el gigante asiático. Según el think tank Diálogo Interamericano, asciende a US$59.200 millones, cifra que es cuestionada por otros estudios. Como sea, Venezuela le vende hoy la mayor parte de su petróleo a China para pagar sus deudas. La estrecha relación del régimen de Maduro con la Rusia de Putin va por otro carril: venta de armas y tecnología militar que entre 2007 y 2013 se multiplicaron. El capítulo de pertrechos para vigilancia de seguridad interna es tan importante como secreto.

En la batalla geopolítica mundial, dicen diversos expertos, Venezuela le aporta a China y Rusia un enclave de mirada estratégica –al sur de Estados Unidos– hacia América Central y el Caribe y el mercado de drogas, el tráfico de refugiados y la minería ilegal. Todos negocios muy rentables y de control territorial. Los reportes que llegan desde Venezuela, recogidos por el buen periodismo que sigue haciendo su tarea a pesar del acoso y las amenazas, dan cuenta que adosado a la inmigración masiva que cruza el continente, va el crimen organizado. Y se entiende: uno de sus negocios es el tráfico de personas. 

Aun así, la coordinación regional para enfrentar la crisis en Venezuela no se activa. Y eso que después de lo ocurrido en Ecuador a ninguno de nuestros gobiernos se le escapa que la principal amenaza que se cierne sobre el derecho a la vida en nuestra región es la expansión del crimen organizado. Agravado por el desplazamiento de las bandas criminales, como el Tren de Aragua y a la duplicación de la producción de cocaína en los últimos diez años. 

El trabajo del buen periodismo obliga hoy a gobiernos y autoridades de la región a entender que estamos ante un crimen organizado que debe enfrentarse como amenaza regional. Por la importancia que han adquirido los mercados ilegales de minería y madera, asociados al narcotráfico y al tráfico de armas y personas. Basta solo mirar cómo se ha expandido la demanda de estos commodities para entender que la dimensión del dinero cambió las lógicas criminales en la región. Y la respuesta en cada país no va en sintonía con el nivel de la cadena de proveedores de insumos y logística que alimentan las nuevas estructuras de crimen organizado. Una poderosa organización transnacional. 

Solo un dato. El Cuarto Estudio Global de Homicidios de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito arrojó que en 2023 el crimen organizado fue responsable de cerca de la mitad de los homicidios en América Latina y el Caribe. Y ocho de los 10 países con tasas de asesinatos más altas a nivel mundial son de nuestra región. Ecuador a la cabeza y Venezuela entre ellos. Aun estamos a tiempo.