Cuando el pasado 23 de agosto el régimen nicaragüense de Ortega-Murillo oficializó el despojo del edificio, imprenta y bienes del diario La Prensa, el más antiguo del país, después de acusar a sus directivos de lavado de activos, conspiración internacional y otros delitos graves, en Guatemala, el connotado periodista José Rubén Zamora, fundador y director de El Periódico, llevaba casi un mes en una prisión en el resguardo militar Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala, acusado también de lavado de activos por el poder que maneja el presidente Alejandro Giammattei. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele daba un paso más en su escalada autoritaria contra los medios independientes y El Faro, el periódico digital más antiguo de Latinoamérica, a cuyos directivos y periodistas también acusa de lavado de dinero y complicidad con las pandillas que asolan su país.

Más de 120 periodistas de Nicaragua y otros tantos de Guatemala y El Salvador han sido obligados al exilio, forzados por una persecución sin tregua por hacer precisamente el mejor periodismo: denunciar al poder que teje las trenzas de corrupción y coopta las instituciones judiciales, económicas, policiales y administrativas. Y los profesionales que deciden quedarse a pesar de la amenaza creciente de prisión o riesgo para su vida, siguen denunciando esa corrupción que corroe hasta la médula sus débiles democracias. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Como dijo Óscar Martínez (El Faro) a The Washington Post, en estos países la situación solo puede agravarse. 

En ese mismo mapa aparece Honduras, país donde se hunden las esperanzas que encarnó la elección de la presidenta Xiomara Castro, luego que su antecesor Juan Orlando Hernández, quien gobernó hasta enero de 2022, fuera extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. Nuevamente se acosa a los profesionales que critican su gestión y denuncian la corrupción. “Créanle a mi verdad y no a los medios”, repite el presidente del Poder Legislativo.

En Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras la ética periodística se ve interpelada. Las amenazas y persecución judicial y económica que buscan convertir al periodismo en un aparato de propaganda que omite, silencia y miente sobre lo que ocurre en cada país, pone a prueba la función de cumplir con la oportuna y necesaria entrega de información veraz a la ciudadanía. 

Frente a ese cúmulo de abusos de poder, a la impunidad que sigue siendo el sello para protagonistas de corrupción y muerte, al acoso del buen periodismo, lo que corresponde es nombrar a esos gobiernos como lo que son: dictaduras legalizadas. No son democracias. Así lo dijeron cada uno de los entrevistados que hablan para el Consultorio Ético.

Nicaragua, emulando prácticas de Somoza

Un año después de que la Policía Nacional de Nicaragua tomara por asalto el edificio donde funcionaba el diario la Prensa –y su gerente general, Juan Lorenzo Holman Chamorro, fuera condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero sin que acreditaran la acusación–, la mujer fuerte de la dictadura, Rosario Murillo afirmó al instalar allí el Centro Cultural y Politécnico “José Coronel Urtecho”: “Aquellos lugares que han sido antros de maquinación de crímenes de lesa humanidad hoy son centros para la profunda espiritualidad”. 

Murillo no tuvo una sola palabra para recordar a quien fuera su jefe en La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, el director del diario, quien sí fue víctima de un crimen de lesa humanidad. Su asesinato, ordenado por el dictador Anastasio Somoza en enero de 1978, fue un detonante para la caída de su régimen. Y Rosario Murillo lo conoció bien: fue su secretaria y sabe qué hizo Somoza para terminar con Chamorro y los periodistas y medios que lo desnudaban en sus crímenes y corrupción. 

La dupla Ortega-Murillo hoy emula sus prácticas encarcelando en condiciones inhumanas a sus opositores, incluyendo importantes figuras del sandinismo que logró derrotar al dictador Somoza. Además de La Prensa, se han apropiado de las instalaciones de el Confidencial y Esta Semana (que dirige desde el exilio Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín) y el canal de TV 100% Noticias. No solo eso: 14 radioemisoras y cuatro canales de televisión de cable han sido cerrados por el ente regulador Telcor. 

La represión ha provocado el exilio de más de 120 periodistas, principalmente a Costa Rica, Estados Unidos y España. Seis periodistas y personas ligadas al ejercicio del periodismo y los medios siguen en prisión: Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero; Miguel Mora, fundador de 100% Noticias, que fue precandidato presidencial; Jaime Arellano, comentarista político con un programa de TV que cerraron; Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, miembro de la directiva del diario La Prensa y precandidata presidencial; Pedro Joaquín Chamorro, vicepresidente de la Fundación, y directivo de La Prensa; Juan Lorenzo Holmann, gerente y directivo de La Prensa. 

Guatemala, justicia cooptada

Para la libertad de expresión en Centroamérica el 29 de julio de 2022 se convirtió en un hito. Ese día las fuerzas policiales capturaron al periodista José Rubén Zamora, presidente del diario guatemalteco El Periódico dejando expuesta la zanja que separa una democracia de una dictadura. Ya antes ese forado se abrió con la disolución en septiembre de 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad. Y no ha hecho más que profundizarse con la persecución a Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, quien lideró la investigación que culminó con el arresto del presidente Otto Pérez Molina y las que involucraron a los expresidentes Álvaro Colom, Álvaro Arzú y Jimmy Morales. Reconocida por su lucha contra la corrupción, Aldana anunció en 2019 su candidatura presidencial. No alcanzó a inscribirla; el Ministerio Público dictó orden de captura en su contra. Vive en el exilio. 

El apresamiento del periodista José Rubén Zamora hizo más negro el foso que separa a Guatemala de una democracia. El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que Zamora está acusado de “delitos de lavado de dinero y otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como de proposición y conspiración para lavado de dinero y otros activos". Una acusación sustentada en un solo testigo. Un corrupto.

El medio No-Ficción, uno de los que resisten el asedio del poder en Guatemala, informó que, pocos días antes, Curruchiche fue incluido por Estados Unidos en la Lista Engel (actores corruptos y antidemocráticos). ¿Cuáles son los motivos? Obstrucción de investigaciones de corrupción y "presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfiscales de CICIG". Ahora se suman periodistas.

El órgano judicial que encabeza Curruchiche ha mostrado especial ahínco en tejer una telaraña que entrelaza a jueces y fiscales implicados en la lucha contra la corrupción, con el periodista José Rubén Zamora y otros profesionales acusados.  

Uno de ellos (nombrado por la fiscal Cintia Monterroso) es el periodista Juan Luis Font, quien desde Estados Unidos afirmó a Consultorio Ético: “Es una dictadura legalizada lo que tenemos en Guatemala, con las instituciones de la justicia cooptadas”. 

Font relata el itinerario del acoso: “El Ministerio Público de Guatemala ha intentado iniciarme cuatro casos distintos de acusaciones que giran en torno al lavado de dinero, delito que ellos han elegido para cargarnos a los periodistas y en ninguno de los cuatro casos han sido capaces de probar nada. Algo que no es distinto en Nicaragua y en El Salvador”. 

“Inicialmente me investigaron por mi participación en la revista Contrapoder, cuyo propietario fue ministro de estado y probadamente corrupto y lavador de dinero. El Ministerio Público en la época de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), y de Thelma Aldana (fiscal general y jefa del Ministerio Público de 2014 a 2018), le probaron un caso. Inmediatamente me puse a disposición del Ministerio Público. Me investigaron tres años, me entrevistaron cuatro veces, revisaron todas mis cuentas y nunca formalizaron una acusación en mi contra porque dijeron que no había ningún elemento. Cuando llegó la nueva fiscal general, ella y la fundación Contra el Terrorismo –que en realidad es una fundación terrorista– dijeron que el exfiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval seguramente protegía a algunas personas con las que tenía identidad ideológica. Envié una carta a la fiscal a cargo del caso y volví a ponerme a su disposición. Inmediatamente fui citado y de nuevo me dijeron que, revisadas todas las cuentas y documentos, no tenemos ninguna razón para acusarlo. Solo podemos citarlo como testigo”. 

“Sin embargo, la presión política siguió y siguió entonces volvieron ahora con la acusación de un antiguo ministro de Comunicaciones, muy corrupto, que huyó a Italia, y al regresar hizo un acuerdo con la nueva fiscal y entre otras cosas les ofreció que podía acusarme: dice que me pagaba 6 o 7 mil dólares al mes durante dos años consecutivos para que yo le hiciera una cobertura favorable. Me costó mucho forzar al juez a que me diera copia de la acusación. Saber qué acusación tenían en mi contra. Finalmente, cuando la hice pública, mis colegas que habían trabajado en los dos medios que coincidían con el periodo que este señor decía que me había pagado, difundieron las investigaciones que hicimos de los patrones de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones”. 

“Este segundo caso, el del ex ministro de Comunicaciones, surge en octubre- noviembre del año pasado (2021) al mismo tiempo que una acusación contra José Rubén Zamora por otro caso distinto. Zamora y yo hablamos por teléfono y él me dijo: ‘nos van a tomar presos’. Yo rápidamente contraté un abogado. Otras tres personas muy generosas se sumaron al equipo de mi defensa para planificar y fueron muy eficientes. Además, mis colegas periodistas también fueron muy eficientes y pusieron en evidencia quién era el juez y los fiscales. Mis abogados dijeron que la mejor manera de lograr una investigación apropiada era trasladando el caso a una juez confiable. Y le pidieron a la jueza Erika Aifán, ahora también en el exilio, que conociera el caso. La jueza nos citó a todos, a mi denunciante, al Ministerio Público, la Procuraduría General y el 21 de diciembre, en una diligencia de aproximadamente 8 horas, terminó resolviendo que se hacía cargo de mi caso. Le ordenó al otro juez que le trasladara el expediente. El Ministerio Público se puso furioso. De inmediato planteó un antejuicio contra la jueza y apelaron su resolución. En marzo de este año mi acusador y exministro lanza una nueva acusación: con mi abogado nos habíamos coludido y asociado criminalmente con la jueza Aifán. Me estaban queriendo dejar sin defensa legal. A fines de marzo decidí salir de Guatemala. Ahora que capturaron a José Rubén Zamora, la fiscal general vuelve a mencionarme y dice que yo soy parte de una estructura de lavado de dinero. No puedo volver”. 

Sobre las razones que podría tener esa ofensiva contra su persona, Zamora y otros periodistas, Font explica:  “Hay una arremetida en contra de los periodistas que apoyamos la lucha contra la corrupción. Hay una arremetida en contra de fiscales, jueces y yo percibo ahora, con José Rubén Zamora quieren hacer un gran caso que incluya a muchos críticos y a los que consideran ‘enemigos’ del régimen. Por eso me incluyen a mí y por eso el director de Transparencia Internacional y un excanciller han preferido salir del país, además de Helen Mack (galardonada en 1992 con el premio Nobel de Paz Alternativo), porque creemos que van a meternos a todos en este caso”.

“Pero hay que hacer un reconocimiento a mis colegas. Hay mucha gente trabajando de manera inteligente, aguda, valiente, temeraria. Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid, mis colegas de la Agencia Ocote, de No-Ficción, publicando evidencias de corrupción y casos interesantísimos todas las semanas. Yo sigo haciendo mi programa de radio y de TV a distancia. Mis colegas conductores siguen dentro del país. Ahora mismo quieren quitarnos la estación de radio: dos años y medio antes de que venza el contrato nos la están pidiendo de vuelta”.

¿Qué diferencia la situación de Guatemala de la de Nicaragua y El Salvador? Font lo resume así: “Nada más en que aquí en Guatemala la cooptación de las instituciones ha sido más sutil y con más formalidades. En Nicaragua y El Salvador ha sido más descarada y obvia. Aquí hay una cooptación real y una dictadura legalizada”.

El Salvador, el tablero del poder total de Bukele

Desde que asumió el presidente Nayib Bukele (junio 2019), la democracia en El Salvador no ha hecho más que debilitarse llegando ahora a un límite extremo. De allí la salida al exilio de nueve periodistas. Hace unos días, Óscar Martínez, el jefe de Redacción del periódico digital ‘El Faro’ y autor de los libros Los muertos y el periodista y El Niño de Hollywood, advirtió en The Washington Post: “Todo está dispuesto para hacernos caer. Los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras cada vez tienen menos remilgos para presentarse en público como lo que son: enemigos de la prensa independiente. Somos el objetivo. La situación empeorará. Más acoso, más persecución, más detenciones arbitrarias, más ataques en redes sociales. Más miedo. Menos libertad. ¿Por qué se echaría para atrás el corrupto sistema guatemalteco ahora que se atrevió a encarcelar a su más reconocido periodista? ¿Por qué Bukele en El Salvador no utilizaría el esquema de ataque a medios que ha venido armando mes a mes? ¿Por qué Ortega en Nicaragua decidiría una mañana dejar de ser un tirano? Seguiremos bajo ataque: algunos en el exilio, otros en prisión”.

Para el Consultorio Ético, el periodista Martínez explica así el acoso del que son objeto los profesionales de su país:

“En enero pasado publicamos uno de los mayores hallazgos de intervención y espionaje a un medio de comunicación -utilizando Pegasus- tomando en cuenta la cantidad de personas que trabajamos en El Faro. Veintidós personas de este periódico fueron intervenidas en forma obsesiva -según quienes realizaron el examen- durante más de dos años bajo esta administración del presidente Bukele. Lo denunciamos y también lo hicieron medios internacionales incluyendo los de relevancia mundial”. 

“La respuesta del Estado salvadoreño un par de semanas después de que este hallazgo se hiciera público y diera la vuelta al mundo, fue aprobar una ley de espionaje digital que creó la figura de los agentes digitales encubiertos. La reacción a los descubrimientos de la intervención con Pegasus a El Faro, a otros actores de la sociedad salvadoreña y a periodistas de otros medios, fue legalizar Pegasus. Esa es una descripción muy clara del cinismo con el que opera el gobierno de Nayib Bukele en el acoso a los medios”.

Para Óscar Martínez está claro el objetivo: “Desde que Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, viene alineando el tablero: ordenando todas las piezas para tener el control absoluto no solo del Estado, sino de toda la narrativa interna de lo que está ocurriendo. Ahora mismo son los medios de comunicación independientes el último obstáculo que queda en pie en ese tablero que Bukele ha venido ordenando”. 

Y sobre las consecuencias de los actos del presidente Bukele, Martínez explica: “Ese tablero ha implicado adoptar decisiones inconstitucionales para tomarse la Corte Suprema de Justicia, para nombrar al fiscal que decidió colocar, para generar regímenes de excepción donde ahora mismo cualquier policía o militar puede arrestarte solo porque tenga la sospecha de que vos perteneces a una pandilla. Ha reformado y generado leyes mordaza que le permiten meter preso bajo criterios sumamente ambiguos a cualquier periodista que considere ha difundido información relacionada con las pandillas que genere ‘zozobra’ en la población. El presidente Nayib Bukele solo tiene que ordenar que las piezas del tablero que preparó se muevan para que cualquier periodista en este país de forma arbitraria vaya a la cárcel, y pueda justificarse con leyes espurias que esa persona cumpla condenas de varias décadas, incluso de 30 años”.

La última reflexión del jefe de Redacción de El Faro no quedará martillando por mucho tiempo: “El desmantelamiento del frágil Estado de derecho centroamericano ha sido sostenido en los últimos años. Cooptaron los sistemas de justicia, eliminaron a la oposición política, exiliaron a los líderes de la ciudadanía organizada. Seguimos nosotros. La pregunta que queda suena simple, pero es compleja de responder, y en ella nos va la vida: ¿Qué debemos hacer los periodistas para mitigar el riesgo? O, de otra forma: ¿Cómo le hacemos para seguir haciendo nuestro trabajo?”.

Honduras, la esperanza se hundió 

Cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va corrido de este año en Honduras, y las leyes que criminalizan la libertad de expresión siguen vigentes. Reporteros sin Fronteras indicó en su reporte de 2022 que Honduras camina rumbo al infierno en materia de libertad de expresión: amenazas, intimidaciones, querellas, juicios, leyes restrictivas, atentados y asesinatos. 

La periodista Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, relató así la situación en su país para el Consultorio Ético: 

“En Honduras continuamos con una situación de libertad de prensa muy complicada. Hay mucha autocensura, sobre todo porque siguen siendo penalizados los delitos de injuria y calumnia, los que se utilizan como arma política para censurar a la prensa. Ha sido demanda del gremio periodístico que la difamación, calumnia e injuria se puedan tratar a través de la vía civil y no haya proceso penal, mucho más agresivo. La demanda del gremio sigue fuerte, pero no ha habido respuesta”.

Haber vivido la experiencia de un narco-estado con el anterior presidente Juan Orlando Hernández (gobernó desde enero de 2014 hasta enero de 2022), acusado de narcotráfico y uso ilegal de armas de fuego, y extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, marcó a una generación de periodistas, como Jennifer Ávila, quien dice: 

“Con este nuevo gobierno de Xiomara Castro hubo mucha esperanza sobre la democratización de Honduras. Lastimosamente lo que estamos viendo es mucha concentración del poder, hasta cierto punto abuso del poder, particularmente en el área de los medios. En los primeros meses de este gobierno se han esforzado porque los medios de comunicación nacionales –que son públicos pero que en este país siempre han funcionado como una maquinaria política del gobernante de turno– sigan con esa práctica. Se han esforzado porque los medios nacionales radio, TV y ahora un periódico escrito creado por este gobierno sean su instrumento demagógico. Además, han empeorado en este gobierno los ataques a medios críticos, sobre todo en redes sociales, ataques de funcionarios que responden mucho al expresidente Mel Zelaya (2006-2009), esposo de la presidenta y asesor presidencial. Hemos visto al viceministro de Prensa que twitteó que un canal de TV privada debería ser cerrado”. 

“También vemos ataques a los medios desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para uniformar la narrativa del nuevo gobierno. El presidente del Poder Legislativo saca documentos sobre qué es la verdad: ‘créanle a mi verdad y no a los medios’. La narrativa es tildar toda crítica como noticia falsa. Además, ha habido expresiones del expresidente Zelaya sobre la pauta publicitaria. Este chantaje a los medios a través de la pauta publicitaria ahora es mucho más explícito con este gobierno y se va a seguir utilizando así en este contexto de polarización en el que se sigue gobernando desde el autoritarismo, una tendencia regional. Gobernar por Twitter, atacar a los medios, a los críticos y a organizaciones de la sociedad civil y acusarlos de injerencia internacional, algo que ya conocemos de los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y el gobierno de Honduras no se queda atrás”.

México, el periodismo que hace historia

Si bien México no forma parte de las dictaduras legalizadas de esta parte del territorio, es imposible terminar esta nota sin apuntar a lo que allí están enfrentando los ciudadanos y los periodistas. Más aun cuando en estos días la violencia recrudece: el 22 agosto fue acribillado a balazos en Chilpancingo, Fredid Román, el decimoquinto periodista asesinado solo en este año. 

Pero el hito fue otro. El lunes 16 de mayo de 2022 México rebasó las 100 mil personas desaparecidas. La cifra estremece. Le da una dimensión inédita a una práctica feroz: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no habían cumplido 12 años. Un atisbo de una increíble investigación hecha por periodistas bajo acoso y amenaza directa, con  la que terminamos esta nota: “Fragmentos de la desaparición. México acaba de rebasar la deshonrosa cifra 100 mil personas desaparecidas”, publicada por Quinto Elemento el 17 de mayo y realizada por los periodistas Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán.

Como explican en su extraordinaria investigación, estos 100 mil casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas. Pero a lo largo de esos datos y su contexto queda claro que el crimen y la desaparición se convirtió en crisis humanitaria en México a partir de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su “guerra contra las drogas”. 

La investigación concluye: “Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron incremento de 4.086%”. Y se lee: “Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio de ocho personas fue desaparecida. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25. Y no se detiene”. 

Turati, Tzuc y Gómez Durán utilizaron la mejor metodología para hurgar en los registros oficiales y hacerlos hablar. Algo que ningún investigador judicial de ese país ha hecho. Y lo hicieron con rigor en las “pocas pistas” que arrojan el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Los periodistas explican: “Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo. También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas. La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero 2006 a mayo 2022”.

Los investigadores no eluden ningún tema. Allí está la ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y el alto costo social que provocó la disputa por territorio, rutas y el control de la población. Más adelante explican: “Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias. El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostró las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012”. 

Y concluyen: “Durante los 15 años que lleva instalada la llamada ‘guerra contra las drogas’, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad”.

La investigación de Quinto Elemento incluye los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que la noche del 26 de septiembre de 2014 “un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron”. El reciente informe de la Comisión de la Verdad sobre esta operación y sus consecuencias judiciales remece en estos días a México. 

 “Las familias tienen que ir de morgue en morgue por todo el país para ver si les dejan ver los cadáveres que existen. Hay familias a las que les enseñan 5.000 fotos de decapitados, de quemados… Un estado corrupto que no se hace responsable de los hechos ni de los cuerpos, es el que las lleva a idear sus propios métodos para ver si encuentran, en un golpe de suerte o desgracia, a sus seres queridos. El gobierno no los busca y las familias salieron a excavar”, relató una de las autoras de esta investigación, Marcela Turati, a La Vanguardia de Barcelona en mayo. 

Marcela Turati, en esa entrevista, no escabulló la responsabilidad del poder político: “El gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo no se responsabiliza y no investiga las muertes de periodistas, sino que, además, los estigmatiza con espacios como el denominado ‘¿Quién es quién en los medios de comunicación?’, en el que cada semana el gobierno señala a algunos periodistas para exponer ‘sus mentiras y fake news’”. 

Al final, el clamor de Turati: “Matan a periodistas y seguimos siendo los mismos los que vamos a las marchas, los que pedimos justicia, los que nos indignamos".

Una reflexión que también grita Óscar Martínez desde El Salvador: “Decidir seguir es también asumir lo que puede pasar. Esa decisión es única, personal. Decidir parar no es cobardía, es inteligencia y decisión dura. Decidir seguir no es valentía barata, es compromiso de vida y convicción profesional, pero también es una estrategia arriesgada”.

Para los medios de comunicación y los periodistas estas son decisiones éticas duras e imprescindibles.