Ha habido escándalo en los medios de esta ciudad por el despido del director de un programa de TV a quien le querían imponer la lista de entrevistados y prohibir los nombres de otros porque los consideraban de oposición. Como se trata de un canal oficial, la pregunta es si los medios oficiales pueden imponer esas normas. ¿El periodista debe aceptar eso, en cumplimiento de una “política editorial”? ¿Qué manda la ética periodística en esos casos? R.- La información pública es de quien la produce, esto es de la sociedad. Y es para esa sociedad porque es la base de sus decisiones que son, a su vez, la materia prima de la libertad.
De esta afirmación, resumen de lo que afirman sobre el tema los manuales de estilo y los códigos deontológicos, se desprenden aplicaciones como estas:
a) Si la información es un bien público, el oficio de recolectarla, procesarla y difundirla, es un servicio social.
b) Ese servicio se presta o desde medios del gobierno o desde medios privados. En cualquier caso el manejo de la información debe hacerse de acuerdo con su naturaleza de bien público.
c) Esa naturaleza le impone al periodista el deber de ser independiente para que la información sea creíble y el compromiso con la verdad, de modo que la información no tenga contaminación de propaganda.
d) El medio de comunicación, sea oficial o privado, cumple con esa función en tanto en cuanto informa dentro de esas condiciones de respeto a la verdad, y de independencia respecto del poder.
e) Cuando se habla de medio de comunicación se entiende que tanto los directivos, los gerentes, o los periodistas, todos son responsables de la recolección, procesamiento y difusión de una información útil para toda la sociedad y sin forma ni intención de propaganda.
f) La línea editorial de un medio expresa su orientación de servicio al bien común; de ninguna manera puede ser pretexto para privilegiar el interés de un gobernante, si es medio oficial; o de los dueños, directores o anunciantes si es medio privado. El único interés admisible en un medio de comunicación es el de la sociedad entera
Documentación
¿Qué legitima la política? ¿Y qué legitima los medios de comunicación? Mi tesis es que la política actúa en forma legítima cuando es digna de la sociedad; y que solo los medios pueden mantener una política digna de la sociedad.
Digna de la sociedad es aquella política que puede comprobar, por ser revisada públicamente, pudiendo recibir tantas críticas como aliento de la opinión pública. De este modo la política se vuelve digna socialmente en un doble sentido. Por un lado porque se vuelve discutible en la sociedad, y por otro lado, porque los argumentos y contraargumentos califican el proceso de formación de opinión dentro de una sociedad, y finalmente pueden calificar la política misma.
La opinión pública no es la opinión de los periodistas. Es el conglomerado contradictorio de diferentes apreciaciones. Puede convertirse en una sola opinión. Esto ocurrió en décadas pasadas con el antisemitismo y hoy ocurre con la xenofobia. Lo que allí no era discutible por la opinión pública, tampoco lo era. Pero en su conjunto es multicolor, según el objetivo y estilo, y de ningún modo están en las manos de los periodistas. Los políticos, en la medida en que tienen audición pública, contribuyen a formarla al igual que los funcionarios de asociaciones de distinto origen, científicos con influencia periodística, etc.
Naturalmente la opinión pública se forma por las opiniones publicadas, pero la opinión publicada es el distintivo de las naciones con gobiernos comunistas, es el portavoz de una opinión que no ha sido socialmente digna porque no enfrentó los argumentos y contraargumentos, porque lo sabía de antemano descalificando con ello toda otra apreciación de ignorante o como contraproducente para el Estado. La crítica de esto fue sugerida por una comunista de pensamiento liberal, Rosa Luxemburg: “la libertad siempre es la libertad de quien piensa diferente”.
Ernst Gottfried Mahrenholz: Los medios de comunicación y el poder.
Ciedla: centro interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo latinoamericano.. Buenos Aires 1995. P. 75, 76