¿Es moral que la Sip se pronuncie solamente en defensa de los medios de información de Venezuela y no haya hecho mayor mención en el caso del golpe de Honduras cuando opacó mucha información de agresiones a periodistas?

Respuesta: Ninguna agresión a periodistas tiene justificación. Los litigios contra ellos, lo mismo que cualquier conflicto, pueden resolverse por una vía racional. La agresión contra el periodista puede entenderse como un intento de silenciarlo y de privar a la sociedad de la información a la que tiene derecho. Por eso la denuncia y condena de estos actos de agresión es una forma de defender la democracia y, por el contrario, el silencio puede llegar a ser una forma de consentimiento en el abuso. Desde el punto de vista ético el reclamo de respeto a los derechos de la persona y de la sociedad, es un deber impuesto por el valor de la responsabilidad social. En efecto, cuanto concierne a los derechos ajenos y a los que corresponden a todas las personas, obliga a una respuesta individual y social, por tanto, la agresión a cualquier ciudadano – sea periodista o no- exige una respuesta. Pero el hecho de que se ataque a alguien que está al servicio de toda la sociedad implica la ofensa y la obstaculización del derecho de todos. De otro lado, sería temerario cualquier juicio sobre los silencios o los pronunciamientos institucionales al respecto, porque se trata de actuaciones políticas cuyas motivaciones no son suficientemente conocidas. En general, desde la ética se puede afirmar que nadie es juez de nadie, salvo de uno mismo, porque este es el único evento en el que se conocen las motivaciones de las acciones.

Documentación

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos principios esenciales para la existencia de la prensa libre, que es una de las instituciones básicas en el estado de derecho. Tanto es así, que no se puede hablar de democracia en ausencia de una prensa que no tenga las garantías suficientes para desarrollar su labor. Cuando los periodistas ejercemos estos dos derechos esenciales en nombre de la opinión pública o criticamos a las personas o instituciones de la Administración o de la sociedad civil, contraemos una responsabilidad moral y política, además de jurídica. Es decir, que se puede abusar del derecho a la libertad de expresión o del derecho a la información sin infringir la ley. De vez en cuando la prensa española ofrece ejemplos que demuestran cómo el periodismo puede ser puesto al servicio de intereses ajenos a los lectores. Cómo se desarrollan a la luz pública campañas de opinión que responden a oscuras pugnas financieras o mercantiles; cómo a veces la caza y captura de ciudadanos se disfraza de periodismo de investigación. Convertir los medios de comunicación en armas del tráfico de influencias al servicio de intereses que no se declaran es una práctica de abuso que crece a la sombra de la libertad. Joaquín Estefanía: Introducción al Libro de Estilo de El País, de Madrid.