Un compañero periodista obtuvo un acta de nacimiento con datos falsos, a cambio de mil pesos y con este documento acudió a soloicitar su credencial de elector, que le entregaron sin problema. Cuando la información fue publicada, las autoridades no sancionaron a los funcionarios responsables de los documentos falsos, sino que procedieron legalmente contra el reportero. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Para denunciar la corrupción debemos cometer actos ilícitos? Ni en periodismo, ni en actividad alguna, se puede aceptar que el fin justifique los medios. El fin bueno, de rechazar las prácticas de corrupción, no justifica el uso de prácticas “desleales” para encontrar la verdad de los hechos. Y estas son algunas de las razones que respaldan este principio:
La práctica desleal le resta al periodista autoridad moral para denunciar. Un periodista tramposo nunca podrá ser dignode confianza.La práctica desleal pone, con frecuencia, al periodista en contra de las leyes y, por tanto, deslegitima su práctica profesional.La práctica desleal le resta credibilidad a la verdad que el periodista debe ofrecerle a la sociedad.
Por tanto, en situaciones como la que se describe en la consulta, el objetivo es entregar una verdad socialmente útil, que para tener eficacia, debe ser creída sin duda alguna, esto es, ha de ser claro y transparente. El proceso seguido para obtener la información.
Es necesario tener en cuenta que la verdad del periodista tiene una naturaleza frágil que impone el deber de protegerla, y parte de esa protección es el uso de medios leales para obtenerla.
Una verdad creíble, obtenida con honestidad a toda prueba, puede ser un arma eficaz contra la corrupción. Esta enfermedad de la sociedad se combate a partir de una decisión de toda la sociedad para rechazarla, y el instrumento eficaz para hacerlo, es un periodismo capaz de crear una conciencia de rechazo contra los corruptos y sus prácticas de corrupción.
Documentación.
Cuando el periodista Adrián Marrero fue detenido por entregarle un celular a un detenido en la cárcel, la agremiación de periodistas protestó en defensa del periodismo investigativo y de la libertad de prensa. El periódico La Nación (19-06-04) editorializó así:
El fin no justifica los medios. Un problema central de ética periodística.
La libertad de expresión no sufre menoscabo alguno por la detención del periodista Adrian Marrero, ni por las medidas cautelares que le impuso la autoridad judicial. Por el contrario, los argumentos esbozados para defender la actuación del periodista dañan los esfuerzos dirigidos a ampliar el ámbito de esa libertad en nuestro país. Lamentamos lo ocurrido, pero no se deben confundir los conceptos.
Marrero admitió haberle facilitado un celular a un reo convicto de crímenes violentos, quien ya confesó su participación en el asesinato del periodista Parmenio Medina. Para justificarse, alega que la subrepticia introducción del teléfono en el centro penitenciario se hizo con la intención de obtener informaciones de valor periodístico. Según Marrero, el reo utilizaría el teléfono para localizar el arma homicida, de manera que el periodista pudiera entregarla a los fiscales. Pero la Fiscalía asegura que el teléfono fue utilizado para amedrentar a los testigos en la causa abierta por el asesinato de Medina.
Aparte de las implicaciones delictivas que pueda tener, el caso plantea un problema central de la ética periodística. Marrero violó el ordenamiento jurídico al facilitar su teléfono al reo y lo justifica alegando su derecho a recaba información. La pregunta es si ese derecho existe sin límites éticos y legales. La respuesta no debería ofrecer dificultad alguna. En los códigos de ética de todo el mundo impiden al periodista recabar informaciones mediante la mentira, la impostura, la trasgresión del ámbito de intimidad o la violación de las leyes, para citar solo algunas conductas reprochables.
Por eso sorprende que en nuestro país las justificaciones de Marrero sean aceptadas por quienes mejor deberían conocer los principios éticos de la profesión. El sindicato de periodistas declaró, por ejemplo que “los periodistas normalmente hacen investigaciones y para ello utilizan todos los medios a su alcance, les guste o no a quienes quieren ocultar sus actuaciones, o a quienes por una u otra razón no les gusta la forma en que los comunicadores logran obtener información.”
Esta tesis implica la sustitución de las normas éticas del periodismo por un solo, viejo y desprestigiado principio: “el fin justifica los medios.” Una somera revisión de los textos especializados y los códigos de ética del mundo entero revela el rechazo universal a la propuesta del Sindicato.
En su afán por ampliar los límites del debate democrático, la jurisprudencia de los países avanzados protege al periodista que difunde informaciones irregularmente obtenidas por terceros, siempre que el comunicador no haya participado como instigador o cómplice d ela irregularidad. Es obvio que, aún en esos casos de envidiable respeto a la libertad de expresión, la regla no otorga al periodista inmunidad por las faltas que cometa en el proceso de recabar información. La protección depende, mas bien, de que no sea el periodista quien cometió esas faltas.
Invocar la libertad de expresión, el secreto profesional y el derecho del público a estar informado, para justificar actuaciones como la de Marrero, es desnaturalizar esos conceptos y hacerle un flaco favor a la causa de ampliar la libertad de prensa en Costa Rica.