Consultorio Ético de la Fundación Gabo
20 de Septiembre de 2016

Consultorio Ético de la Fundación Gabo

En estos días se presentó una discusión sobre el papel que nos corresponde a los periodistas cuando estamos ante hechos de corrupción o delitos de cualquier clase.En esas informaciones qué debemos ser: ¿testigos imparciales, jurados objetivos o jueces severos? En los códigos de ética se percibe con claridad que en estos y en todos los temas noticiosos, al periodista le corresponde el papel de ciudadano bien informado que aporta información a los otros ciudadanos.
Se descarta, en consecuencia, el periodista que suplanta a los funcionarios porque ni es su función, ni es normal que esté preparado, por ejemplo, para asumir el papel de juez. Podría asumir el de jurado si recayera sobre él ese nombramiento, lo mismo que el de testigo, pero en estos casos obraría como ciudadano, no como periodista.
En el ejercicio de su papel de periodista está al servicio del ciudadano común, no del juez ni de autoridad alguna, porque cree en el poder del ciudadano bien informado, como constructor de democracia. Al recolectar información útil, al confrontarla con otras informaciones, al difundirla, al crear un ambiente de discusión libre y de pasión por la verdad de los hechos, el periodista hace posible la acción de jurados bien informados y con criterio, la participación de testigos imparciales y la aplicación honesta de la justicia. Es decir, posibilita el funcionamiento democrático de la justicia.
En su país se hizo esta reflexión, con base en el informe sobre el poder judicial que presentó el Comisionado de los Derechos Humanos.

Documentación.

Una calificación preliminar de las noticias analizadas sobre el tema de justicia, mostró una evolución en la búsqueda de incidencia de la sociedad civil y del sector privado frente al Estado, en un proceso en el cual las noticias e informaciones se inician como denuncias, luego pasan a ser demandas ciudadanas y, finalmente, se vuelven propuestas.
La noticia de denuncia tipificada como tal remonta sus orígenes a los años 80, cuando la prensa nacional de la época dio su principal aporte a la construcción de un Estado de Derecho haciendo públicas las desapariciones, asesinatos, torturas, allanamientos ilegales, operativos de seguridad contra la ley, cementerios clandestinos y otras irregularidades cometidas por el Estado, al amparo de la doctrina de la Seguridad Nacional.
En los años posteriores, los sectores no gubernamentales han ido comprendiendo la importancia de los medios de comunicación como canales de incidencia, o al menos de catarsis y han buscado convertir muchas de sus denuncias en demandas.
Muchas de las propuestas ciudadanas se valieron de micromedios antes de llegar a los grandes medios de comunicación, tales como conferencias, capacitaciones o conversatorios con grupos intermedios que pudieron actuar como multiplicadores de opinión en sus propios ambientes, o ante los mismos medios de comunicación, abriendo nuevas fuentes informativas, más allá de los tradicionales "campos pagados" o "ruedas de prensa."
A los medios llegaron finalmente resoluciones, acuerdos o consensos obtenidos en los pasos previos, convertidos en documentos de uso para el público. La experiencia hondureña confirma que las denuncias ciudadanas en el tema de justicia, se sirven de los medios de comunicación como un fin en sí mismas, pues no siempre llegan a incidir en las políticas de Estado, pero cuando se convierten en propuestas se sirven de los medios de comunicación como canales, haciendo llegar su mensaje a un destinatario final que, por lo general, es el Estado.

Lucila Funes Valladares
En La prensa ¿testigo, jurado o juez de la justicia? Librexpresión. Periódico mensual de periodismo. Abril 2001.

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