Los periodistas estamos ante un dilema difícil dada la intolerancia del gobierno. Si informamos sobre las irregularidades electorales “traicionamos a la patria”, si callamos estos hechos de los que fuimos testigos, traicionamos al pueblo venezolano. ¿Se puede hacer algo? R.- Hay un consenso ético sobre el deber que corresponde al periodista en estas situaciones, y sobre el poder que tiene la prensa en sus manos. Deben tenerse en cuenta estos puntos:
1. La identidad profesional del periodista, que le indica cuál es su papel en la sociedad. Ese papel se define cuando el periodista tiene claro a quién sirve. No sirve a su medio, tampoco sirve a un partido, ni a un gobierno ni, por supuesto, al anunciante o al patrocinador. El periodista sirve solo a su lector, oyente o televidente, es decir al receptor de su información. Para él trabaja, para él investiga y escribe y confecciona la noticia. Es el único amo que un periodista reconoce y sirve.
2. La naturaleza de su servicio de informar es mucho más ambiciosa y noble que la de dar respuesta a la curiosidad de la gente. Informar es aportar a la inteligencia y a la voluntad de los receptores, elementos que les permitan participar en la historia común, para cambiar la realidad. Ese conocimiento los libra de la pasividad y de la sumisión y los convierte en sujetos de la historia.
3. Blinda al ciudadano contra el efecto de las medias verdades de la publicidad privada u oficial, y contra la pretensión de los poderosos de convertirse en fuentes únicas de la verdad. Por tanto, la información es materia prima de las decisiones ciudadanas y paso previo al ejercicio de la libertad. Estos altos y dignificadores objetivos, no se obtienen mecánica ni automáticamente; tienen su costo, que es el que los periodistas profesionales están dispuestos a pagar. Que es lo que se puede hacer en situaciones difíciles: pagar el costo, o dejar que sean otros quienes lo paguen.

Documentación
En los dos extremos del abanico de posibilidades de un sistema de relaciones entre la autoridad pública y prensa privada, se encuentra la absorción por parte del Estado de todas, la mayor parte, de las herramientas de opinión pública, y la concentración en un solo grupo –partido, credo o gremio- de los hilos de la comunicación social.
Es tan sintomática esta polarización que basta leer u oir la prensa durante varios días en un país determinado, para diagnosticar certeramente qué tipo de sociedad tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, podemos percibir el grado latente o explícito de violencia de la sociedad sobre sus minorías o mayorías, o la anarquía de los miembros del grupo social frente al poder público. De igual manera podemos leer en estos signos hacia dónde y con qué ritmo marcha esa sociedad hacia el disloque o la concertación.
Es probable que una sociedad en la que se manifieste una tendencia a la centralización del poder ponga en manos del Estado o de grupos privados hegemónicos, tanta o más autoridad como lo que pudiera ganarse por votación o consenso.
La prensa estatal puede convivir con la empresa privada con un lugar y una función propios, pero para que sea compatible con los postulados de una sociedad libre su carácter debe ser subsidiario. Las leyes y las sentencias judiciales pueden adquirir su efecto vinculante si se publican en medios de comunicación privados, pero nada impide que lo hagan en gacetas oficiales. También la televisión y la radio gubernamentales tienen una tarea de difusión legítima en sus manos. Sin embargo el predominio de los medios de comunicación del Estado convierte la misión informativa en un desempeño propagandístico.
Guido Fernández en Agonía a la hora del cierre. Trillas, México, 2000, p 122, 123