¿Qué incidencia tiene la publicidad oficial en la ética periodística? R.- La publicidad oficial pone a prueba la independencia de los periodistas y de los medios.
Las investigaciones hechas en América Latina (Asociación de Derechos Civiles, en Buenos Aires y Open Society en Nueva York) demuestran que los gobiernos se valen de la publicidad oficial para controlar la información a través de prácticas como pagos por publicidad hechos directamente a los periodistas; asignación discriminatoria de publicidad a medios amigos; la utilización de la publicidad con fines propagandísticos. En cualquiera de estos casos el periodista enfrenta el dilema de recibir el dinero de la publicidad y ceder a las condiciones que impone el funcionario, o mantener su independencia y perder el contrato de publicidad.
Como se trata en la mayoría de los casos de medios con una débil estructura económica, el dilema se resuelve por la supervivencia después de transar; o desaparecer pero con los principios intactos. No se considera otra alternativa, como la posibilidad que ofrece la publicidad de las empresas privadas, o la creación de un frente común de medios de comunicación, o la promoción de leyes que regulen el manejo de la publicidad oficial.
El periodista, en estas circunstancias, o mantiene su independencia y así aparece ante los ojos de los lectores; o accede a las presiones y se convierte en proveedor de información manipulada por las personas o entidades que le pagan, con el consiguiente daño para la sociedad condenada a recibir información manipulada y del propio periodista, que ve su credibilidad irremediablemente perdida.
Por otra parte, el periodista que debería responder a la sociedad, resulta respondiéndole al funcionario y haciendo oídos sordos a la sociedad a la que informa.
Documentación
Recomendaciones a los gobiernos.
Comprometerse pública y efectivamente en todos los niveles de gobierno, a no utilizar la publicidad y otras presiones financieras o indirectas para interferir con la libertad e independencia de los medios. Asegurar que las decisiones en materia de asignación de publicidad oficial, no se encuentren concentradas en funcionarios designados políticamente, sino a cargo de individuos con la capacidad técnica adecuada. Abstenerse de utilizar la publicidad oficial –directa o indirectamente– con fines electorales, partidarios o de promoción personal. Deben adoptarse los mecanismos apropiados para prevenir, investigar y sancionar tales abusos, en especial durante períodos eleccionarios. Incrementar la transparencia de la pauta oficial, publicando información oportuna sobre el gasto en concepto de publicidad, tanto en versiones impresas como digitales de publicaciones oficiales o boletines similares durante todas las etapas del proceso.
Recomendaciones a los medios de comunicación y agrupaciones de periodistas.
Apoyar activamente la reforma de las leyes y prácticas en materia de publicidad oficial y denunciar todos los abusos y presiones financieras relacionados con ellas. Elaborar y adherir a un código de ética que contenga compromisos para lograr un régimen de publicidad oficial justo y transparente con independencia para los medios y los periodistas. En particular, los periodistas y otros productores de contenidos, no deben participar en la negociación de pauta publicitaria que debe ser llevada a cabo por gerentes o representantes de marketing de las empresas periodísticas. Lograr un acuerdo acerca del empleo formal y legal de los periodistas y otros profesionales de los medios, que garantice sus derechos laborales fundamentales.
El precio del silencio: ADC y Open Society, 2008, Buenos Aires. Pp 19 y 21.