Un candidato a alcaldía no pudo pagar sus cuentas a un contratista de su campaña electoral. Después de varios meses el contratista inició un proceso legal que culminó en embargo al ex candidato. ¿Es correcto publicar esta clase de información?

Respuesta: La privacidad de un ciudadano común es más amplia que la del ciudadano que ejerce la política o los cargos públicos. En el ciudadano común es un derecho que las leyes consagran y que éticamente está involucrado en el respeto debido al otro. El periodista, por tanto, nunca debe traspasar las fronteras que defienden la privacidad de las personas. En cambio, el ciudadano que se hace cargo de los intereses públicos, el que, como político, se mueve en la esfera de lo público, o el que trabaja para merecer la confianza de los electores, automáticamente ve reducido el espacio de su privacidad porque el público tiene derecho a saber si se trata de personas merecedoras de la confianza pública. Entre las calidades indispensables en un aspirante a cargos públicos está la seriedad con que cumple sus compromisos y todo cuanto tiene que ver con esta actitud fundamental debe ser conocido por los electores. Los medios de comunicación, en consecuencia, tienen la obligación de informar, también, sobre este punto.

Documentación

El viejo aforismo romano “pública, publice” ha conservado toda su vigencia. La comunicación pública se justifica plenamente porque versa precisamente sobre las cosas públicas. Si lo público tiende de modo frontal a la construcción de la comunidad, la comunicación pública tiene también ese fin. Por eso se puede decir con razón que comunidad y comunicación son nociones interdependientes. No existe comunicación sin la existencia de un ámbito público; pero tampoco existe la comunidad sin la mediación de la comunicación pública. Los medios informativos son ellos mismos parte de lo público. Con independencia de que sean gestionados por actores públicos o privados, los medios de comunicación social —mediadores de la comunicación pública— cumplen siempre una función pública. Por eso deben ser un modelo de transparencia. Como parte de esa función pública, corresponde a los medios de información —empresarios y periodistas— decidir qué es lo íntimo, lo privado y lo público a efectos informativos. Y solo después de que acierten o se equivoquen al decidir la información, serán los jueces, llegado el caso, los llamados a decir la segunda y definitiva palabra. Carlos Soria La ética de las palabras modestas. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1997. Páginas 61, 62.