Consultorio Ético de la Fundación Gabo
22 de Julio de 2016

Consultorio Ético de la Fundación Gabo

¿Es ético que un periodista se comunique con un funcionario para pedirle pauta publicitaria para sus programas? ¿Es aceptable que el periodista ponga su pluma a disposición del funcionario que le da publicidad? ¿Es ético que se valga de la relación personal con los funcionarios? ¿Cuán frecuentes son estas prácticas en Latinoamérica? Así como el pintor, el pianista o el cirujano cuidan sus manos, o el cantante protege su garganta, para el periodista debe permanecer intacta y protegida, su independencia. La independencia le da autoridad moral, le abre el camino para encontrar la verdad y es el fundamento de su credibilidad.
Sin independencia su trabajo periodístico pierde todo su valor y se vuelve sospechoso de mentira, de soborno, de lisonja interesada y de baja calidad profesional.
Por eso el periodista que se respeta y que cuida su buen nombre profesional nunca permite que en su trabajo se mezclen su nombre y la actividad de recolección de pauta publicitaria. En cualquier empresa periodística seria es una regla de oro que la consecución de pauta es un trabajo distinto y separado de la actividad periodística. No se le puede creer a un periodista que le debe agradecimiento a la persona o a la empresa que le paga el aviso y sobre la que debe informar.
Las mismas razones de independencia son las que obligan a mirar como una práctica vedada la de alquilarse para escribir a favor o defensa de una fuente. Lo pueden hacer los publicistas, de quienes no se espera que informen con veracidad y que cuentan con otros instrumentos para convencer.
Ese celo por la independencia le da un cariz propio a las relaciones del periodista con su fuente. El periodista separa lo personal de lo profesional, interroga al funcionario, como funcionario y no como amigo porque su compromiso con los lectores está por encima de la relación personal y obliga a mantener la independencia.
Esas prácticas de periodistas que buscan pauta publicitaria y que debilitan así su respetabilidad y su credibilidad; o de periodistas alquilados que ponen en juego su dignidad como personas y profesionales al actuar como mercenarios, hacen parte de la crisis de la profesión en todo el continente hasta el punto de que la erradicación de esas prácticas es condición indispensable para que el periodismo recupere su credibilidad y su influencia.

Documentación.

En la actualidad algunos o todos los países revelados en este informa están signados por una variedad de abusos en materia de publicidad oficial, entre los que se encuentran:
• Uso indebido de la publicidad oficial para condicionar contenidos. Nuestra investigación reveló numerosos casos de gobiernos a nivel local y nacional que utilizan la publicidad oficial para influir sobre aquello que se difunde en los medios. En 2004, por ejemplo, el entonces presidente de Costa Rica, Rafael Pacheco, ordenó a los miembros de su administración que dejaran de pautar en La Nación, el principal diario del país en represalia por sus coberturas críticas.
• Pagos por publicidad efectuados directamente a periodistas. En varios de os países estudiados en este informe hemos documentado la existencia de pagos publicitarios hechos directamente a periodistas individuales, en concepto de servicios publicitarios reales o ficticios, que se utilizan de modo abusivo para adquirir coberturas periodísticas favorables o silencio frente a temas conflictivos.
• Asignación discriminatoria de publicidad oficial a medios favoritos y aliados políticos. Aún en aquellos casos donde no existe un evidente e inmediato quid pro quo, la asignación de publicidad oficial suele ser abusiva, poco transparente y/o fundada en motivaciones políticas. Nuestra investigación detectó numerosos casos en los países estudiados y confirmó también que muchos de los casos de Argentina que se habían documentado en Una censura sutil, han persistido a lo largo de los años.
• Utilización de la publicidad oficial con fines propagandísticos. La publicidad del sector público ha sido utilizada también para promocionar la imagen de funcionarios o candidatos. Además de constituir una malversación de recursos públicos, los pagos publicitarios hechos con tales fines se prestan para la asignación abusiva y afectan la libertad de expresión. Las leyes en Argentina, Chile, Colombia y Perú imponen restricciones al gasto publicitario que se realiza durante las campañas electorales. Asimismo Colombia, Chile y Perú disponen límites al uso de fondos publicitarios con fines propagandísticos.

Fundación para la Libertad de Prensa: El precio del silencio. Open society institute, Elías porter y cía SRL. Buenos Aires. 2008.

Tipo Consulta: 

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