Fundación Gabo
Foto: UnSplash / Creative Commons.

¿Peligra la libertad de prensa si una ley castiga a funcionarios que entreguen información confidencial?

26 de Julio de 2019

Consulta enviada por: Gerardo Sojo Gonzalez. Editor de El Libro Total en Bogotá, Colombia

El Congreso de Colombia está promoviendo una ley que sanciona penal y disciplinariamente a los funcionarios que entreguen información confidencial a los periodistas. ¿Resulta un detrimento para la libertad de prensa que castiguen a las fuentes que valientemente se atreven a denunciar una situación irregular del gobierno?

Respuesta de Mónica González

Como no conozco la ley en cuestión, impedir vía castigo que funcionarios proporcionen a los periodistas información “confidencial” sobre una institución clave de la democracia, parece a primera vista una fórmula para impedir que la opinión pública conozca ciertos hechos que ocurren en el Congreso de Colombia.

Porque si la nueva ley se refiere a información calificada como “secreta”, que se trata en sesiones con la misma restricción (seguridad nacional), la prohibición corre para todos -parlamentarios, asesores, funcionarios y periodistas-. 

Un segundo punto es delimitar qué se entiende por “información confidencial”. Por ejemplo, qué lobistas frecuentan el Congreso, con quiénes se reúnen y qué intereses dicen defender; cuánto gastan los parlamentarios y sus asesores en viajes, comidas, seguros, automóviles, choferes, bencina; cuánto en asesorías externas, quiénes las hacen y cuáles son sus estudios; con quienes ingresan a las salas donde se hace la delicada función de confeccionar la ley y, muy clave, el nombre, qué hacen y cuánto ganan los asesores de cada parlamentario, toda esa información NO ES “confidencial”, sino pública. Y nada debe obstaculizar que sea conocida por la opinión pública. 

Por ello, a los periodistas los asiste el secreto de sus fuentes y deben ser defendidas por el periodista a como dé lugar. Hay que agregar que no existe ninguna ley que castigue al funcionario público que le entregue información delicada al representante de una empresa. Y ello sí que es dañino, sobre todo cuando se debate una ley que afecta los intereses de determinados sectores. Siendo tan difícil de probar penalmente el cohecho -en este caso, la entrega de información a cambio de pago-, el daño podría ser cuantificado de otra manera para evitar la impunidad.

Respuesta de Gumersindo Lafuente

Es lógico que los funcionarios públicos tengan obligación de guardar discreción sobre determinados asuntos que sean de su responsabilidad. Las leyes de transparencia y los portavoces oficiales suelen ser los cauces organizados para que los periodistas obtengan información, pero siempre hay otras fuentes, en ocasiones muy valiosas. No conozco en detalle las leyes a las que se refiere en su pregunta, pero sí tengo el convencimiento de que los organismos públicos deben ser transparentes y al mismo tiempo los periodistas debemos trabajar para poner en evidencia los intentos de ocultación de información relevante. 

También te podría interesar: ¿Cómo mantener la ética periodística ante constantes presiones externas?

¿Qué hacer ante los casos de presión política del gobierno en un medio?

Respuesta de Álex Grijelmo

No conozco el contenido de ese proyecto de ley. En cualquier caso, todos los Gobiernos, empresas y entidades procuran que determinadas informaciones de interés general no se difundan. La obligación del periodista es darlas a conocer y reservarse el nombre de la fuente que le aporta noticias veraces.

Respuesta de Javier Darío Restrepo

No hay libertades ni derechos absolutos; por tanto, el derecho a la información y la libertad de prensa tienen límites que deben ser reconocidos y respetados en defensa de los derechos de las personas y de la sociedad.

Fue el caso del silencio y de las restricciones informativas con las que se rodearon las conversaciones de París con las que se puso fin a la guerra de Vietnam. Se quiso conjurar así el peligro de una indiscreción o de una mala interpretación que, dentro del clima tenso de esta clase de conversaciones, puede ser una dificultad agregada para los negociadores. Lo mismo ocurrió en La Habana, en que muchas palabras debían revisarse, corregirse, suprimirse, lejos de la prisa, incomprensión o intención ajena de los medios de prensa.

Envía aquí tus inquietudes sobre ética periodística

El respeto de esa discreción fue el aporte de la prensa al proceso.

En cambio, el silencio impuesto por los gobernantes es, por lo menos, sospechoso cuando está de por medio un clima de corrupción oficial, o cuando se trata de mantener secretos del poder que restringen o niegan el derecho de la población a saber.

Frente a la necesidad de los corruptos de protegerse con el secreto, debe prevalecer el derecho a la información que la población requiere para fiscalizar al poder. Es la razón para la vigilancia que se despliega en las democracias cuando aparecen leyes como esta, que pretende silenciar a las fuentes y dejar la información bajo el control del gobernante.

Respondido por: Javier Darío Restrepo, Gumersindo Lafuente, Álex Grijelmo, Mónica González

Comentarios

 

©Fundación Gabo 2019 - Todos los derechos reservados.