¿Qué implicaciones acarreará a la libertad de prensa el Decreto de Conmoción Interior en Colombia? En las situaciones de crisis los gobernantes suelen apelar a la restricción de las libertades públicas para mantener el control de la población. Entre esas libertades se encuentran las de expresión e información y para limitarlas cuentan estos argumentos:
El peligro de que una información no controlada pueda agravar los problemas en vez de contribuir a su solución.
La prioridad del interés privado sobre el interés público lleva a los medios a poner en peligro el orden público, particularmente cuando se trata de obtener ventajas en circulación o en sintonía con informaciones sensacionales.
Las limitaciones de redactores o editores para medir el alcance de las informaciones sobre la crisis.
Detrás de todos esos argumentos está la sospecha sobre el débil sentido de responsabilidad social de periodistas y de medios. Es una idea que en muchos casos es prejuicio y no comprobación de un hecho real.

Documentación.

Una nota clave de la autorregulación es que ha de nacer del compromiso libre y voluntario de los propios implicados. Nunca puede tratarse de una imposición externa destinada a conseguir fines contrarios a los bienes internos del periodismo. Cuando ocurre esto último deja de tratarse de un código deontológico y mucho más de un ejemplo de autorregulación.
Es cierto que algunos códigos de países libres han sido creados por los medios y/o los periodistas a partir de algún tipo de presión de opinión. Códigos europeos, como el británico, o algunos españoles se han aprobado recientemente bajo la presión de acusaciones generalizadas de falta de ética en la actuación de los medios. No cabe duda de que siempre es preferible que la iniciativa de crear un código nazca de los propios implicados, sin necesidad de presión externa alguna. Pero que se dé esta presión en la opinión pública no debe considerarse como una intromisión o una restricción de la libertad de medios y de periodistas.. Toda actividad profesional se lleva a cabo en el ámbito público y por consiguiente la sociedad tiene pleno derecho a expresar sus opiniones y demandas sobre esta actividad, más aún en cuanto que titular del derecho a la información. Una sociedad democrática no significa que cada uno pueda hacer lo que le venga en gana, sin recibir además, críticas o presiones de la opinión pública significa que estas presiones no pueden ser absolutas ni mucho menos imponerse por nadie de manera unilateral, al margen del marco colectivo de debate y diálogo públicos. La condición para que un código de autorregulación lo sea de verdad, es que su redacción y por supuesto su aprobación sean fruto de la decisión libre de quienes lo promueven.

Hugo Aznar.
En Comunicación responsable. Ariel Comunicación. Barcelona. 1999