¿Bajo qué normas legislativas realizan los medios colombianos el ejercicio del periodismo para el cubrimiento del conflicto interno de su país? El artículo 119 del código penal prohíbe, bajo pena de prisión de 3 a 12 años para los infractores, obtener, emplear o revelar secretos políticos, económicos o militares relacionados con la seguridad del Estado.
El artículo 118 prohíbe las publicaciones que invitan a cometer delitos. Prevé este artículo sanciones económicas y de arrestos que van de los 3 días a los 3 años.
La ley sobre orden público (Ley 104 de 1993) prohíbe identificar testigos de actos de terrorismo, conductas de rebelión, sedición, asonada, secuestro, extorsión o secuestro lo mismo que a personas que puedan aportar pruebas relacionadas con esas conductas.
Existen sanciones administrativas para los medios de comunicación que incluyan en sus contenidos la justificación de delitos, el elogio de los delitos y los delincuentes, o que hagan ver a los culpables como víctimas.
El decreto legislativo 1812 de noviembre de 1992 prohibió la publicación de comunicados de la guerrilla y entrevistas con jefes guerrilleros la transmisión en directo de hechos de terrorismo, subversión o narcotráfico, la identificación de testigos de esos actos, o de personas que puedan aportar pruebas sobre ellos.

Documentación.

No es tarea fácil informar sobre la catarata de tragedias asumir los riesgos de ser periodista en el país donde más los matan y al tiempo ser lo suficientemente críticos para no perderse en la desinformación propia de la guerra. Es difícil informar con transparencia en esta soterrada guerra colombiana, que ha escogido a los medios de comunicación como uno de sus principales campos de batalla. Ellos son el escenario que cada parte en el conflicto pretende moldear según sus intereses.
La presión de cada fuente para que el medio asuma su versión, sumada a las carencias que suelen tener muchos periodistas en su formación profesional, los lleva a caer en las trampas de la guerra, adoptando los términos de los bandos enfrentados, que no son otra cosa que representaciones de sus odios, miedos y prejuicios. Así mismo, se suplanta la información rigurosa, exacta, por la opinión y la toma de partido, o se sacrifica la verdad en aras de una pretendida defensa de la paz.
Por eso, un desafío crucial para el periodista es desarrollar un lenguaje propio, independiente, en medio del "tiroteo" verbal de los actores de la guerra.
No obstante, el ritmo mismo de la violencia colombiana en las últimas décadas no ha dado tregua para reflexionar sobre el oficio de cubrirla. Cuando los reporteros apenas empezaban a aprender a informar con algo de independencia, arrancó la ofensiva narcoterrorista contra la sociedad y esta, a su vez, se confundió con la guerra paramilitar. Nadie alcanzó a constatar si lo que se informó en los 80s fue veraz, cuando los horrores de los 90s ya estaban exigiendo toda la atención del periodismo.
La velocidad que imponen las nuevas tecnologías en comunicaciones tampoco deja tiempo para contextualizar o analizar. La guerra de los medios no tiene memoria rara vez se presenta lo que hay detrás, ni por qué la política se expresa con semejante grado de violencia. Lo que se ve en pantalla son sucesos inconexos. Un periodista puede cubrir diez matanzas con lujo de crueldad, sin jamás informar por qué o quiénes matan en Colombia.

María Teresa Ronderos
Manual para cubrir la Guerra y la Paz.
Serie Periodismo, Paz y Guerra en Colombia. Fescol. Bogotá, 1999. Páginas 8 y 9.