VII Encuentro de directores y editores de medios colombianos
Convocado por la Alianza Medios y Democracia, de la cual hacen parte la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Fundación AVINA Colombia, el Programa de Estudios en Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana (PEP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Colombia).
Con el apoyo de la Embajada Británica en Colombia, Sociedad Portuaria de Santa Marta (SP), Embajada de Suecia en Colombia (ASDI), Corporación Centro de Estudios Constitucionales (PLURAL), Corporación Transparencia por Colombia, Misión de Observación Electoral (MOE) y Asociación de Diarios Colombianos (ANDIARIOS).
Relatora: Ana Lucía Duque Salazar
Bogotá, Colombia, 23 de febrero de 2010
1. Introducción
El complejo panorama político colombiano está marcado por irregularidades y fraudes electorales, financiaciones ilegales e ilegítimas de las campañas políticas, programas electoreros construidos con base en las encuestas y cambios en las reglas de juego. Por eso, representa un reto enorme para los medios de comunicación, que se debaten entre el deber de denunciar e investigar y el riesgo de señalar injustamente a alguien.
Periodistas, Gobierno y sociedad civil ven cómo, pese a los esfuerzos que se hacen año tras año para denunciar y corregir las anomalías, las malas prácticas políticas siguen imperando, y se preguntan de qué manera pueden modificar esa situación. Su tarea se complica porque aunque tienen conciencia de que los mayores retos están en la cobertura de los procesos regionales, la incertidumbre generada por el referendo reeleccionista ha desviado las miradas hacia este tema y le ha restado importancia al proceso electoral.
Con estas preocupaciones en mente y con el ánimo de propiciar la reflexión y la formulación de propuestas que redunden en un mejor trabajo periodístico en la cobertura electoral, se convocó el VIII Encuentro de Directores y Editores de Medios Colombianos. Si bien el tiempo apremiaba por la cercanía de los comicios para elegir Congreso el 14 de marzo y la proximidad de una nueva elección presidencial, los participantes enfatizaron en que las buenas prácticas y las mejoras en la cobertura de las campañas no debe circunscribirse a estos dos eventos. Hay que tener en cuenta que en menos de nada habrá nuevos comicios locales y regionales y los esfuerzos deben encaminarse hacia el futuro sin descuidar las acciones rápidas que puedan ponerse en práctica en estas dos semanas y media.
En las deliberaciones participaron 64 personas: 34 directivos de medios, 10 expertos invitados y 20 integrantes de organizaciones preocupadas por mejorar la calidad del periodismo y de la democracia. Entre los ponentes estuvieron el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, y el periodista brasileño Fernando Rodrigues.
El trabajo se dividió en tres paneles y una exposición: 1. Investigar e informar para hacer visibles a los candidatos al Congreso (ante los riesgos de infiltración de dineros ilegales y testaferrato de votos en las campañas políticas en 2010); 2. El día “D”: Vigilancia del proceso y organización electoral; 3. Innovaciones en el cubrimiento periodístico de elecciones (exposición), y 4. ¿Cómo informar sobre las campañas políticas a la Presidencia, en medio de los cambios a las reglas de juego?
Esta memoria pretende recoger, en orden lineal, la esencia de las exposiciones y discusiones que se generaron durante la jornada, con el ánimo de que sirva de herramienta de consulta y fuente de ideas para los periodistas en las coberturas electorales.
2. Investigar e informar para hacer visibles a los candidatos al Congreso (ante los riesgos de infiltración de dineros ilegales y testaferrato de votos en las campañas políticas en 2010)
Los fraudes en Colombia son recurrentes en la agenda de los periodistas que cubren elecciones. Los resultados del mapa de riesgos electorales elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) y su coincidencia con los fallos del Consejo de Estado sancionando las irregularidades demuestran que las acciones para contrarrestar esta práctica nefasta han sido insuficientes, así como los esfuerzos periodísticos para denunciarla.
El tema fue objeto de análisis en este panel conducido por José Ricardo Puyana, del PNUD, en el que participaron como expositoras Alejandra Barrios, directora de la MOE; la investigadora Claudia López, del equipo técnico de la MOE, y Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia. Como comentaristas estuvieron Andrés Mompotes, de El Tiempo; Luis Guillermo Restrepo y Diego Martínez, de El País; Daniel Coronell, de Noticias Uno, y María Teresa Ronderos, de Vote Bien.
Barrios y López presentaron algunos hallazgos del recién divulgado mapa de riesgos electorales en Colombia, con el propósito de darles a los periodistas pistas para sus investigaciones. El objetivo es que trasciendan la generalidad que caracteriza estas coberturas y puedan dar nombres de las personas que manejan los hilos de la estructura de poder político.
Los mapas de riesgos electorales fueron elaborados por investigadores de la MOE y de las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario, con analistas y periodistas de varias organizaciones sociales.
Los análisis se centraron en riesgos de naturaleza eminentemente electoral, es decir, no contemplaron aspectos de violencia ni de conflicto o presiones armadas (eso explica que no salgan ciudades como Buenaventura) y se hicieron con base en los resultados oficiales que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el comportamiento de los colombianos en los últimos tres procesos electorales (1998, 2002 y 2006). No se analizaron fenómenos de trashumancia, ni atipicidades en registro de votantes, ni compraventa de votos, porque no hay información consolidada sobre esos temas. Tampoco se estudió la financiación de las campañas y, por razones de metodología estadística, en los mapas no aparecen San Andrés y Bogotá.
Los investigadores identificaron cuatro variables relacionadas con anomalías o atipicidades estadísticas en las elecciones de Congreso y proyectaron los eventuales riesgos para los comicios de marzo de 2010. El análisis estadístico indica que a mayor distancia del promedio nacional, mayor atipicidad, y a mayor atipicidad, mayor riesgo. Cuando se habla de que no hay riesgo significa que la zona está dentro del promedio nacional.
Las variables son:
-Atipicidad en el nivel de participación electoral. ¿Por qué si el promedio de colombianos que salimos a votar por Congreso fue de 47%, en algunos municipios sale menos del 20% y en otros más del 70% de la población?
-Atipicidad en votos nulos. Suele ser una de las formas de manipulación de los resultados electorales, pues cuando alguien de mala fe quiere afectar a un candidato tacha su tarjetón dos veces, con lo que anula unos votos e indirectamente puede beneficiar a otro.
< >Tarjetones no marcados. Si son atípicamente bajos respecto del promedio nacional, puede ser un indicio de fraude.
< >Votaciones atípicas por candidato. Indicador que muestra cierta tendencia a la concentración electoral y puede indicar coerción electoral.
Uno de los hallazgos más inesperados es que hay diferencias sustanciales entre el nivel de riesgo en esas cuatro variables en Senado y Cámara: 247 municipios (27%) registran algún nivel de riesgo en Senado y 407 (36%) en Cámara. El resultado fue sorpresivo por cuanto son elecciones que se dan a través de la misma campaña, con los mismos partidos, la misma organización logística y el mismo día.
Un segundo hallazgo es que hay diferencias sustanciales en Senado y Cámara en cuanto a magnitud e intensidad del riesgo.
La tercera diferencia tiene que ver con el territorio donde están más concentrados los riesgos: para Senado, Guainía es el departamento con mayor riesgo, y para Cámara, es Magdalena, departamento que, igual que Arauca, está en la lista de los diez primeros con municipios de mayor riesgo para ambas corporaciones.
La buena noticia es que la magnitud y el riesgo tienden a caer en esas cuatro variables y la expectativa es que se mantenga la tendencia decreciente en 2010. También es una buena nueva el hecho de que el riesgo está concentrado, lo que haría suponer que es más fácil de controlar.
Pero si se miran uno a uno los departamentos, se encuentra que, sobre todo en Senado, el riesgo se está moviendo hacia el oriente colombiano: creció drásticamente en algunos municipios del Pacífico, en particular Nariño y Chocó, pero no aumentó en número de municipios en el centro del país, y en la Costa Atlántica las poblaciones con riesgo tienden a tener colindancia geográfica. Esta colindancia también se da en los municipios del centro del país que son los que presentan mayor riesgo de irregularidades en las elecciones para Cámara.
Otro resultado que llama la atención es la poca racionalidad electoral que parecería tener el hecho de que haya candidatos al Senado que hacen su campaña en municipios del oriente colombiano, donde hay mucho territorio y muy poca población. Un ejemplo es el de Pana Pana (Guainía) que está registrando alta votación y concentración de votos a favor de un candidato a Senado.
López y Barrios destacaron la coincidencia de 70% entre los resultados del mapa de riesgos que elaboraron la MOE y su equipo y los fallos del Consejo de Estado sobre fraude comprobado en 2002 y 2006. Resaltaron que en departamentos como Cauca y Nariño subió el nivel de atipicidad, lo mismo que en Magdalena, Atlántico y Cesar, mientras que en Córdoba se mantiene (96%) igual que en Tolima, Nariño y Santander.
Con el fin de invitar a los periodistas a investigar las estructuras de poder en Colombia, Alejandra Barrios presentó un ejemplo de lo que sucede en Córdoba. El análisis parte de la base de que no existen delitos de sangre porque uno no puede escoger a los parientes. Lo importante es tener claro que todos los departamentos tienen una estructura política que llega hasta la alcaldía y los concejos y esta existe detrás de cada uno de los políticos condenados. Hay que mirar, entonces, cómo se traduce esa estructura en contrataciones, en nombramientos, en equipo de funcionarios públicos, pues cuando se vota por una persona se empodera no a esa persona, sino a la estructura política.
Estas estructuras de poder político no van a ser publicadas todavía por la MOE, pero sí dan pistas para que los periodistas investiguen.
Una vez terminada la intervención de la MOE, tomó la palabra Elisabeth Ungar, de Transparencia por Colombia, con su ponencia “Financiación privada de la política: una oportunidad para la responsabilidad política empresarial”.
La intervención destacó que la financiación privada de las campañas y de los partidos es un tema preocupante, pues si bien es una forma legítima y legal de participación que puede fortalecer el sistema democrático y solo es nociva cuando se utiliza con fines ilegítimos, conlleva riesgos muy graves para la democracia.
Es así como hay evidencias de la relación existente entre los financiadores legales de las campañas y los beneficios que han obtenido en contratos, concesiones o subsidios a los que no se les puede encontrar ninguna traza de ilegalidad, pero cuyos orígenes están relacionados directamente con el tema de la financiación.
Algunos de esos riesgos son:
< >Que las empresas terminen remplazando a los ciudadanos en la elección de los representantes.
< >Que quien más financia acabe teniendo más poder para definir cómo quedará conformado, por ejemplo, el Congreso y, por lo tanto, tendrá más opciones de que sus intereses estén representados.
< >Crea dependencia de los candidatos o de los partidos frente a pocos o un solo donante.
< >Genera expectativas y prácticas de ver la financiación como inversión económica que rendirá frutos a través de favores y no bajo la óptica de la democracia entre los partidos.
< >Puede convertirse en variable de sobornos para obtener ventajas ilícitas.
Como insumo para entender mejor la lógica empresarial para financiar a los candidatos, Ungar presentó una encuesta entre empresarios de todos los tamaños, hecha en 2009 por Transparencia por Colombia y Nubia Evertsson de el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, Suecia (http://www.criminology.su.se)
Los resultados son desalentadores porque reflejan que aunque varios de ellos asocian la financiación con favores y prácticas de corrupción, solo 50% de los aportantes les hacen seguimiento a los dineros e incluso 5% reconoce que sus donaciones superaron los 100 millones de pesos, una suma por encima de los topes legales.
Estos no son los únicos datos que deberían prender las alarmas. Es igualmente riesgoso el que los aportes vayan en su mayoría para elecciones de gobernadores y alcaldes, 60% sea inferior a 5 millones de pesos y 55% se haga en especie, cuyas modalidades son casi infinitas.
El comportamiento empresarial se explica tal vez por la carencia de políticas institucionales para la financiación de las campañas, tal como lo reconoció 77% de los encuestados. Son, pues, decisiones caprichosas que dependen de la voluntad del dueño (60%).
Para enfrentar las irregularidades en la financiación, existen varias alternativas, la primera de las cuales es, sin duda, el marco normativo, pero es obvio que resulta insuficiente. Como bien lo resumió Daniel Coronell, de Noticias Uno, durante el panel, la financiación de las campañas no puede investigarse con los parámetros tradicionales, dado que quienes las manejan maquillan los balances y suelen llevar doble contabilidad.
Además, las normas no evitan el ingreso de dineros ilegales e incluso pueden ser un incentivo para que los involucrados diseñen mecanismos más sofisticados de evasión.
Así, controlar la financiación de las campañas trasciende lo legal y sitúa a los periodistas en el exigente papel de hacerla transparente y visible porque de esta manera pueden establecerse relaciones entre donaciones y favores e identificarse ingresos ilegales de dineros a las campañas. Pero no basta mostrar el lado de los partidos sino a los grupos económicos que están detrás y determinar si los aportes son en dinero o en especie. También hay que presionar para que la información se dé en tiempo real, pues resulta preocupante que incluso hoy, dos o tres años después de una elección, no todos los candidatos o partidos hayan legalizado sus cuentas.
Concluidas las exposiciones de la MOE y de Transparencia por Colombia, se dio paso al panel. La agenda recogía las siguientes preguntas, distribuidas con antelación, para animar el debate:
La infiltración de dineros ilegales en las campañas políticas, los llamados “candidatos en cuerpo ajeno” (que aparecen como testaferros de políticos condenados por sus relaciones con el paramilitarismo) y la falta de claridad sobre las reglas y responsabilidades de los partidos políticos en el otorgamiento de avales y la conformación de sus listas son algunos de los riesgos que afrontan las próximas elecciones al Congreso.
< >¿Cómo vigilar, investigar e informar sobre el origen, el monto y el destino de la financiación de las campañas políticas al Congreso?
¿Cuáles son los principales obstáculos y dificultades que ha tenido el medio que usted dirige en la cobertura periodística de las campañas políticas al Congreso?
¿Qué experiencias significativas ha tenido el medio que usted dirige en la cobertura de las elecciones al Congreso?
¿Cuáles han sido los criterios para cubrir o dar espacio a las propuestas de los candidatos?
¿Qué se podría hacer en el tiempo que queda, a través de posibles alianzas entre medios nacionales y regionales, y con organizaciones de la sociedad civil, para mejorar la cobertura periodística de las campañas al Congreso y alertar a los ciudadanos sobre los riesgos que existen?
Las preocupaciones de Andrés Mompotes tienen que ver con hallar una respuesta al interrogante de cómo informar sobre las anomalías identificando a los responsables y, a la vez, darles garantías a los candidatos para no señalarlos injustamente. Es decir, el desafío se centra en superar el alto nivel de generalidad que impera cuando se habla de irregularidades electorales, sin caer en las trampas de los opositores políticos.
Luis Guillermo Restrepo y Diego Martínez Lloreda, de El País, fueron los primeros en mencionar una queja recurrente: el sentimiento de abandono que impera entre los periodistas de las regiones, cuyo trabajo no parecería tener repercusiones grandes si no son acogidas por un medio nacional, pese a que han hecho denuncias graves y muy bien sustentadas.
Igual que colegas de otras ciudades dejaron la sensación de que la corrupción en las regiones alcanza niveles insospechados y se produce desde las bases: de los líderes de cuadra, a los líderes de barrio, a los concejales y a los alcaldes, y desde ahí hasta los gobernadores, los representantes a la Cámara y los senadores. Sin embargo, casi nada se sabe al respecto, porque, aseguraron, los gobernantes de los distintos niveles se han encargado de silenciar a la prensa independiente. Como ejemplo mencionaron irregularidades en la adjudicación de espacios en Telepacífico, producto de las cuales resultó perjudicado el Noticiero 90 Minutos, que ha sido crítico de la administración del gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. La denuncia dio origen a una declaración de los asistentes al encuentro, en la que muestran preocupación por la falta de claridad con que se ha manejado la adjudicación de los informativos en el canal regional de televisión y porque la totalidad de los evaluadores son empleados del canal y, de alguna manera, subalternos del gobernador.
Las maniobras de los gobernantes contra los periodistas independientes son, pues, una explicación adicional para las dificultades de rastrear la plata. A esta se suma el hecho de que, en palabras de Daniel Coronell, investigar las finanzas de una campaña es lo más parecido a investigar una organización delincuencial: no tienen información pública antes de las elecciones, están marcadas por códigos de silencio interno y manejan doble contabilidad. Con seguridad en ella no aparecen registradas las enormes sumas de dinero en efectivo que se maneja el día de elecciones. Como también es difícil seguir las donaciones de empresas y personas legales, pero que se usan de manera ilegal y que se disfrazan como préstamos de fundaciones o que son objeto de triangulaciones. En el peor de los casos, si se superan los topes establecidos por la ley, la responsabilidad de las campañas se reduce a pagar una multa.
Por eso, en el auditorio se oyeron voces escépticas sobre el efecto positivo que pueda tener la decisión del Consejo Nacional Electoral de obligar a las campañas a hacer públicas las cuentas una semana antes de los comicios. Es “vender el sofá” conceptuó uno de ellos. Pero otros discreparon porque una manera de combatir la corrupción es hacer visibles las cuentas e involucrar a los empresarios para que digan cuánto aportaron y a quién, aunque el ideal sería, insistieron, obligar a las campañas y a los partidos a entregar la información en tiempo real.
Tras contar cómo el proyecto VoteBien.com ha centrado sus esfuerzos en cubrir las elecciones tomando como eje el alto riesgo y de poner ejemplos de la labor de la prensa regional en ciudades como Cúcuta, María Teresa Ronderos invitó a sus colegas a utilizar el material que produce ese portal. Los instó a “documentar el chisme” y a seguir el flujo del dinero, tarea que es más fácil de hacer si se concentra el esfuerzo en hacerle seguimiento al exceso de gasto que al exceso de ingreso.
El elemento común en esas recomendaciones parecería obvio para un periodista: hacer reportería en los sitios, recoger testimonios, cruzar datos de subsidios y gasto público. En resumen volver a la esencia del oficio.
Un punto que causó reservas fue el anuncio de que Vote Bien está adaptando un software creado en África para hacer denuncias instantáneas de fraude el día de elecciones a través del teléfono celular. Aunque el instrumento podría ser útil, reaparece el fantasma de cómo darles garantías a los candidatos y no incurrir en injusticias.
De este panel salieron varias propuestas y aunque ya es tarde para poner en práctica varias de ellas antes de las elecciones del 14 de marzo, bien valdría la pena discutirlas más a fondo y echarlas a andar.
< >Hacer este tipo de encuentros con mayor antelación a las elecciones, para que los periodistas puedan escudriñar no solo en los actos de corrupción de las campañas, sino en quiénes están a la sombra del fraude y las irregularidades.
< >Crear una especie de portal conjunto para presionar a los candidatos a poner información visible sobre las cuentas de la financiación de sus campañas con tres meses de antelación a las elecciones y no ocho días antes como sucede hoy.
< >Crear unidades interdisciplinarias en los medios para que los reporteros políticos, que no tienen formación de periodistas investigativos, trabajen con colegas entrenados para ello. Por supuesto, también cabe la capacitación de la sección política.
< >Establecer alianzas entre ciudadanos y medios de comunicación para sacar a la luz las irregularidades que la gente conoce pero no denuncia, y que los periodistas podrían verificar porque poseen las herramientas para hacerlo.
< >Hacer alianzas entre los medios y con organizaciones que analizan los procesos electorales para que estas últimas les pasen información que ellos pueden ampliar y contrastar. Esta también es una manera de dar garantías a los candidatos y, por ende, a la ciudadanía. Y además, estas alianzas asustan a los políticos.
Hacer alianzas entre medios nacionales y regionales para potencializar el impacto de sus denuncias y hacer más visibles las corruptelas regionales. Los grandes medios, a su vez, ganan porque tienen acceso más directo a lo que sucede lejos del centro.
< >Hacer una campaña conjunta para pedirle a la gente que vote, como una manera de desestructurar la compra de votos y de hacer consciente a la ciudadanía de que “si vende su voto, es plata hoy, pero es hambre para mañana”.
< >Crear equipos conjuntos para hacerles seguimientos a los hallazgos de la MOE sobre irregularidades electorales, incluyendo los resultados de los mapas de riesgos por violencia, que se darán a conocer una semana después de este encuentro.
< >Publicar y hacer visibles los informes aprobatorios del Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de las campañas, pues aunque solo se refieran a la información legal, declarada, permiten hacer cruces y seguimientos a casos concretos con entregas de contratos en las regiones y los municipios.
< >Invitar a los empresarios a hacer públicos sus aportes y los criterios que utilizan para la financiación de los candidatos.
< >Ponerles atención a los informes de la OEA sobre el proceso electoral en Colombia, pues en ellos hay pistas.
Al terminar este panel, José Ricardo Puyana planteó una nueva pregunta: ¿Cuál es el impacto de las elecciones en el sistema de partidos?
3. El día “D”: Vigilancia del proceso y la organización electoral
A pesar de que el día de las elecciones, o día “D”, es cuando se configura el fraude electoral por la compra de votos, la suplantación de jurados y otras prácticas irregulares, la cobertura de los medios ese día es casi anecdótica y cabe la pregunta de qué pueden hacer los periodistas para cambiarla.
Alrededor de este tema giró este panel moderado por Néstor Morales, director de Hora 20, de Caracol radio, en el que el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, presentó un desalentador panorama sobre las modalidades de fraude y lo poco que pueden hacer las autoridades para atacarlo.
Participaron en la discusión Darío Fernando Patiño, de Noticias Caracol TV; Juan Manuel Ruiz, de RCN radio, y Alfonso Ospina, de Colprensa, quienes previamente habían recibido estas reflexiones y preguntas para animar el debate.
La vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, admitida por las mismas autoridades, hace necesaria una cobertura vigilante de los medios de comunicación para, en alianza con organizaciones de observación y monitoreo de las elecciones, denunciar el trasteo de votos, la suplantación de electores y de jurados y la alteración de resultados, entre otros delitos contra el sufragio.
< >¿Qué lecciones le ha dejado al medio que usted dirige la cobertura periodística de comicios electorales en el pasado?
¿Cuáles son los principales obstáculos y dificultades que impiden la vigilancia y denuncia de delitos e irregularidades por parte de los medios?
¿Qué proyectos en alianza con otros medios y con organizaciones de la sociedad civil podrían adelantarse para alertar, denunciar y sensibilizar al ciudadano sobre los riesgos de fraudes y delitos electorales?
¿Qué plan de cobertura tiene para los comicios electorales que se avecinan?
¿Cómo podría articularse mejor el trabajo de los medios de comunicación con el de organizaciones y misiones dedicadas a la observación y vigilancia de las elecciones?
La intervención del Registrador suscitó preocupaciones y dejó en entredicho la función de las misiones electorales, cuyas denuncias parecen inocuas por cuanto lo que pasa hoy es muy similar a lo que sucedía hace cuatro años. Incluso también parecen inoperantes las acciones de las autoridades. Sin embargo, Alejandra Barrios defendió el papel de los observadores internacionales en el acompañamiento electoral y poseen datos sobre Colombia que pueden servirles a los periodistas.
La exposición del Registrador partió del hecho de que si el día de elecciones se cometen delitos, tiene que haber jurados o delegados de la Registraduría que los permitan. También indica que el censo electoral tiene problemas porque aunque los datos alfabéticos de los votantes no son públicos, alguien tiene acceso a ellos, lo que posibilita la suplantación.
Las fallas en el censo no se limitan a la filtración de esos datos. En él figuran cerca de 1,5 millones de personas fallecidas y aunque en el país hay rasgos de abstención estructural, esa masa de abstencionistas vota. También hay cambiazos de los registros electorales antes de llegar al arca triclave y clonación de registros electorales. Todos indicadores de la manipulación de los resultados.
Los tipos de fraude, entonces, están documentados, se tienen certezas de las regiones y hasta de las mesas donde con más frecuencia se comete, y en años pasados se ha anunciado la urgencia de hacer una reforma electoral de fondo. Pero poco ha cambiado. Vivimos en una predemocracia, en una situación vergonzosa, como la calificó Jaime Abello, de la FNPI, y surge la pregunta de qué se ha hecho para enfrentarlos y por qué no hay funcionarios o jurados procesados por esos delitos, pese a los fallos del Consejo de Estado tras comprobar fraude.
El registrador Sánchez defiende la tesis de que la medida más efectiva para combatir la suplantación es el voto electrónico con identificación biométrica de los ciudadanos. Un remedio técnicamente viable.
Una segunda medida, esta vez para atacar la alteración de las actas de escrutinio y relacionada con la transparencia, es lograr que tales actas sean grabadas, digitalizadas y colgadas en la web en tiempo real. Y para evitar los cambiazos, se le puede poner un chip a la bolsa. Es decir, soluciones técnicas y electrónicas porque hay desconfianza en la naturaleza humana.
La Registraduría también está capacitando a los periodistas para que conozcan, por ejemplo, el proceso, las normas, los registros y los documentos que reciben los jurados y cree que la acción podría extenderse a los ciudadanos para que contribuyan al control el día “D”, en la media en que entiendan el papel de los jurados.
Hay prácticas que escapan del control técnico y de capacitación, y por ende, son más difíciles de erradicar. Uno de los temas más preocupantes, cuyas dimensiones son más graves de lo que se pensaba, en palabras del Registrador, es el de los jurados. En una primera revisión del medio millón de personas que desempeñan esa función, hallaron inconsistencias en el nombramiento de 18.400, lo que impediría que sean notificados y, en consecuencia, permitiría que sean remplazados el día de las elecciones. En una segunda revisión, encontraron que por lo menos 30.000 hacen parte del sisbén y técnicamente no deberían aparecer en las nóminas de las empresas oficiales y privadas, que es de donde se elige a esos jurados.
Así se constituye el eje del fraude, con jurados homogéneos que pueden alterar actas o registrar como votantes a personas que no aparezcan en las listas. Un indicador de la vulnerabilidad del censo y, como dijo Carlos Ariel Sánchez, cuando se tiene acceso a su datos, el fraude es solo cuestión de hacer planas y con buena letra.
Néstor Morales resumió la desazón cuando dijo que, infortunada y casi dramáticamente, todo lo que ocurre antes de las 4 de la tarde pasa inadvertido, opacado por el resultado electoral y nos quedamos en el peor de los escenarios, contando el resultado, pero no lo que pasó para llegar a él.
No todo fue palo para los medios. Darío Fernando Patiño y otros participantes que lo precedieron, destacaron que gracias a la labor investigativa de los periodistas se han puesto en evidencia vínculos de políticos con los paramilitares, compra o intercambio de votos por tejas y ladrillos, publicidad electoral en una ciudad como Mocoa con la imagen de un extraditado y otros montón de irregularidades. Muchas de esas denuncias han sido posibles gracias a las alianzas de los medios con organizaciones como la Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible y la MOE.
No es fácil cuantificar los logros alcanzados con estas denuncias y seguimientos o con campañas de pedagogía electoral que llevan a cabo los medios. Es probable que hayan incidido en la judicialización de algunas personas o en la conformación de un mejor Congreso al hacer muy visibles y darles mucho juego a algunos buenos candidatos, pero queda un sinsabor con los resultados del voto de opinión. Muchos buenos candidatos se pliegan al resto de la bancada o se retiran cuando termina su período hastiados de la política. Una alerta para repensar el accionar de los medios.
Esta desazón es, a su vez, una oportunidad para reflexionar en la importancia de hacerles seguimiento a las denuncias y, sobre todo, dejar de lado las reticencias a trabajar unidos para lograr mayor impacto. También hay que considerar que, como dijo el Registrador para mostrar la complejidad del proceso, son una cifra considerable las personas involucradas en las elecciones (entre jurados, delegados de la Registraduría, funcionarios, testigos…) y las posibilidades de encontrar noticias son infinitas.
En la historia reciente ha habido alianzas exitosas, como lo recordó Juan Manuel Ruiz, pero no son acciones permanentes y la cobertura queda opacada por el complejo entramado que supone informar sobre una elección. De cierta manera, el periodista aborda los procesos electorales con excitación, pero también con cierto desprecio y tedio porque se enfrenta a un “auténtico chicharrón” y aunque quisiera tener mayores herramientas de fiscalización, la preocupación por cumplir corporativamente queda por encima de sus posibilidades.
Alfonso Ospina, de Colprensa, resumió las dificultades que enfrentan los periodistas en los procesos electorales, así:
< >Creer que todo está jugado. Esa sensación de que las denuncias no van a tener efecto real y de que la corrupción ya está consumada dificulta el cubrimiento y el deber ser.
< >La centralización de los contenidos en Bogotá. Si no lo entrega un gran medio, no tiene impacto y las denuncias de medios pequeños pasan casi inadvertidas. Eso hace que el tamaño del delito empiece a quedar reducido.
< >El día de elecciones nos entra un poco de pánico por la posibilidad de que ocurra un acto terrorista. A las 4 de la tarde, los periodistas temerosos se sienten aliviados porque no sucedió nada.
< >Hay desconocimiento de la legislación electoral entre muchas de las personas que intervienen en la cobertura.
< >La competencia entre medios se impone, todos quieren dar la primicia, y es muy posible que se les pasen muchos hechos graves.
Las explicaciones del Registrador y las reflexiones de los periodistas suscitaron dudas acerca de si no es muy tarde centrar las acciones correctivas en el día “D”. El funcionario, sin embargo, recalcó que ese día es definitivo porque es cuando se da el fraude, aunque se haya planeado con antelación.
Claudia López les pidió a los medios poner a sus periodistas a averiguar quiénes son los delegados de la Registraduría y los jurados y con qué criterios los eligen. No hay que olvidar que a los delegados los nombran los registradores municipales y no son funcionarios públicos sino contratistas temporales. Pese a que sin estos dos actores no se puede dar el fraude, no hay una sola condena ni investigación a registradores y delegados en casos de políticos condenados por fraude electoral. También invitó al Registrador a elaborar un solo mapa de riesgos en conjunto con la MOE para 2011.
4. Innovaciones en el cubrimiento periodístico de elecciones Durante el almuerzo, el periodista brasileño Fernando Rodrigues, columnista del diario Folha de Sao Paulo y autor de blogs de cobertura y monitoreo electoral en el portal UOL, el más grande de Brasil, mostró ejemplos de cómo sacar provecho a los medios digitales y cómo elaborar historias con participación de la ciudadanía.
Para poner en contexto el tema, citó datos comparativos de la penetración de Internet, el número de usuarios y el crecimiento en el mundo, según las regiones. Así, por ejemplo, los usuarios en Suramérica pasaron de 14.292.100 en 2000 a 136.166.279 el año pasado, un incremento de 852,7%, y los usuarios de Latinoamérica y el Caribe representan el 10,3% del uso mundial.
Por supuesto, este crecimiento no es igual en todos los países y aunque hay problemas de acceso a la red, poder llegar a un público tan amplio, es una oportunidad que no puede desperdiciar un periodista. El alcance de Internet es mayor que el de otros medios y para sustentarlo basta comparar el número de copias de un periódico, frente al número de visitas diarias de un portal. Por ejemplo, cuando Lula lanzó su candidatura a la Presidencia de Brasil, Folha imprimió 354.144 copias, mientras que UOL registró 903.813 páginas vistas y durante los tres meses de cobertura electoral en 2008, el número de páginas vistas de UOL fue de 291.356.081.
El planteamiento de fondo es, entonces, que la web es una aliada, no una enemiga, y hay que utilizan las herramientas exclusivas que ofrece el periodismo digital para hacer investigaciones de fondo y denunciar irregularidades. También hay que tener en cuenta que hay una tendencia en el periodismo a crear y usar bases de datos y que la gente está dispuesta a participar si le dan información útil.
Rodrigues mostró cuatro casos, tres de ellos desarrollados en su blog, cuyo eje común es la investigación alrededor de la política: Políticos de Brasil (www.politicosdobrasil.com.br), Monitor de escándalos en el Congreso” (http://noticias.uol.com.br/escandalos-congresso/), página de encuestas electorales http://noticias.uol.com.br/politica/pesquisas/ y conteo de votos.
Políticos de Brasil (antes Control Público) se basa en el uso de herramientas simples con muchos datos y es propia de medios digitales. En 2008 ya contenía un listado de más de 400.000 políticos brasileños con información biográfica, electoral, propiedades a su nombre y gastos de campaña. Dos años antes, la lista apenas llegaba a los 20.000. Allí Rodrigues ha cruzado datos para, por ejemplo, hacer seguimiento a los políticos que tienen problemas con el fisco o destapar escándalos en el Congreso por usos de recursos públicos para pagar viajes de ex congresistas. También encontró políticos que hacen donaciones a campañas por montos superiores al patrimonio que tienen declarado. Cada año, cuando es actualizado, el primer día tiene más de un millón de visitantes. Estos materiales han sido insumos para medios más pequeños que quieran utilizarlos.
El Monitor de escándalos en el Congreso también es de gran utilidad. Recoge el listado de todos los escándalos, casos simples y siempre olvidados, mientras que en la página de encuestas electorales publican los resultados de las distintas encuestas sobre el tema disponibles desde 2000, basados en que se trata de informaciones públicas.
El ejemplo del conteo de votos no se refiere a lo que Rodrigues hace en el blog, sino al hecho de que las votaciones en Brasil están digitalizadas y hacia las 10 de la noche de un día de elecciones ya se tienen los resultados, lo que permite hacer análisis ese mismo día y en los posteriores.
La tarea no ha sido fácil y en algunas ocasiones el periodista ha debido pedir datos a los organismos electorales durante dos años. Aunque la legislación colombiana es diferente, la de Rodrigues es una lección de perseverancia, que abre el camino para avanzar en la transparencia.
5.¿Cómo informar sobre las campañas políticas a la Presidencia, en medio de los cambios a las reglas de juego?
La incertidumbre generada por un eventual referendo reeleccionista no solo ha modificado las reglas de juego hasta el punto de que dos meses y medio antes de las elecciones presidenciales no se sabe quiénes realmente se disputarán el cargo, sino que ha copado la atención de los medios y los ha alejado de la cobertura de temas trascendentales para el país.
En este asunto se enfocó la discusión, conducida por Germán Rey, de la Universidad Javeriana, que anticipó polémica por las posiciones divergentes del ex constituyente Juan Carlos Esguerra y el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry. Ellos se refirieron al alcance de la ley de las mayorías, tema planteado por el presidente Álvaro Uribe en su interés de que sea el pueblo el que decida si él debe lanzarse o no a la contienda electoral para un tercer mandato. Participaron como panelistas Alejandro Santos, de la revista Semana; Ana Mercedes Gómez, de El Colombiano; Clara Elvira Ospina, de Noticias RCN, y Juanita León, de La Silla Vacía.
Para animar el debate, se entregaron previamente las siguientes preguntas a los panelistas:
Una campaña congelada por la incertidumbre, a menos de tres meses de la elección presidencial, abre enormes desafíos para una cobertura periodística que asegure equilibrio informativo y un debate cualificado sobre las implicaciones para la democracia de los cambios a la Constitución, y, en cualquier escenario, sobre las propuestas de los candidatos.
< >¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los medios de comunicación colombianos para informar sobre esta campaña electoral a la Presidencia?
¿Cómo asegurar el equilibrio informativo?
¿Cuáles son los riesgos sobre los cuales deberían estar vigilantes los medios en esta campaña presidencial, cuando no están claras las reglas de juego ni las garantías?
¿Cómo explicar mejor las implicaciones que los cambios constitucionales en curso traerán para esta campaña presidencial y para la democracia?
¿Cuáles son los principales retos para la democracia y qué pueden hacer los medios?
Juan Carlos Esguerra lanzó la primera tesis polémica con su afirmación de que la democracia tiene que ser mucho más que la ley de las mayorías, pese a que en los últimos tiempos algunos sectores han defendido la idea contraria y han insistido en que esa democracia puede expresar su voluntad en cualquier momento y cambiar así la Constitución.
El argumento de Esguerra se apuntala en que las reglas deben establecerse para proteger a las minorías y falta hacer una reflexión para lograr que la Constitución sea vista como un instrumento de estructura y no de coyuntura. De lo contrario, estamos permitiendo que Colombia asuma el mismo camino del vecindario, con una mayoría dogmática y dictatorial “como suelen ser las mayorías, que creen que van a ser eternas”.
Este planteamiento fue rebatido por Juan Manuel Charry con otro igualmente provocador: No hacer el referendo es sacrificar la democracia participativa (aclaró que no es partidario de la reelección del Presidente y defiende el régimen parlamentario) y los medios no tienen visiones objetivas ni enfoques ingenuos sobre el tema. Pero deberían abstenerse de tomar partido y, a cambio, dar contextos más amplios, incluir la diversidad de puntos de vista que les permitan a las personas tomar decisiones rápidas y de calidad.
Para Charry, el ciudadano ve lo que los medios le muestran de una realidad que es mucho más compleja. De ahí la importancia de que estos inviten a sobrepasar la polarización, pues preocupan temas como la pobreza del debate entre Gobierno-oposición y es necesario situarse más allá de estar a favor o en contra de un tema, porque esas son posiciones simplistas.
Ana Mercedes Gómez puso los ojos sobre el papel que debe cumplir la prensa en un escenario tan complejo, cuando contó cómo está cubriendo El Colombiano las campañas para las elecciones de Congreso y presidenciales.
El eje es el equilibrio con todos los aspirantes y la independencia entre las páginas informativas y la posición editorial del diario, sin importar que haya referendo o no. Igual que otros colegas, la labor la hacen en alianzas con organizaciones como Transparencia por Colombia y otros medios de comunicación.
Así, salieron a relucir posiciones acerca de cuál debe ser el papel de la prensa y sobre el significado de los conceptos: ¿Equilibrio significa milimetría? ¿Hay que tomar partido? ¿Cuál es la calidad de la reportería?
Alejandro Santos argumentó que uno de los temas de fondo detrás de los medios de comunicación es el debate sobre lo que importa y sobre lo que interesa. Hay, entonces, una perspectiva mediática de la banalidad y los grandes temas se cubren desde la picaresca y no desde lo importante. Sucede por ejemplo, con el referendo. “Los medios empezaron a gravitar en torno al gran líder, pero con la picaresca y no con lo importante”, dijo.
Los ejemplos los puso Juanita León, de la Silla Vacía: los medios no están cubriendo procesos grandes que se están dando en el país, como los cambios en la vocación económica, con siembras de grandes extensiones en la Orinoquia.
Pero no hay que ir a temas tan complejos para detectar las fallas que reconocen los propios periodistas porque la picaresca ha llevado a que en la carrera por las candidaturas presidenciales los candidatos no sean visibles y como no registran, no tienen atención periodística, y si no tienen esa atención, no pueden ser relevantes. El ya diagnosticado círculo vicioso.
Además de romperlo hay que derrumbar imaginarios y críticas que a algunos les suenan injustificadas. Como dijo Clara Elvira Ospina, de Noticias RCN: “Nos critican porque el 85% de los noticieros son noticias. Pues sí. Eso es lo que hacemos. Noticias”. Eso sin contar que hay mediciones que muestran que personajes como el presidente Uribe no salen tantas veces como se afirma y otros candidatos que se quejan por falta de espacio han salido más veces que sus contendores. Además, surge el problema de cómo determinar cuándo Álvaro Uribe actúa como presidente y cuándo como candidato. Justas o no, las críticas llevan a concluir que los noticieros necesitan mucho contexto.
En el tema de la subjetividad no hubo acuerdos. Santos es partidario de ella porque la reinvención de los medios no debe limitarse a lo económico o a las nuevas tecnologías, sino que es necesario que asuman una posición. Un argumento que explica la importancia de los columnistas en Colombia derivada de que en sus escritos ofrecen posiciones y elementos de juicio. El fin de esa subjetividad no es otro que defender la institucionalidad y los valores democráticos, porque no puede ponerse en el mismo nivel al Gobierno y al Mono Jojoy.
El argumento no convence a Juanita León. La posición de su medio es la defensa de la Constitución del 91 y este no es el momento de decir lo que los periodistas piensan sino de hacer una buena reportería para que la gente sepa qué pensar, porque la gente necesita información y no opinión. El desafío, por ejemplo, es no caer en el juego de Gobierno y poner los ojos en los temas de fondo con una reportería amplia y bien fundamentada. En el caso de las elecciones, hay que ir más allá de cubrir las propuestas y programas de los candidatos, para indagar sobre su pasado y sobre sus amistades, porque lo que va a determinar el futuro es el pasado.
Al final, Germán Rey destacó las diferencias entre las posiciones de los dos expositores, mencionó que el referente del debate es la Constitución del 91 y llamó la atención sobre el fenómeno de cooptación que se ha dado en Colombia por la figura del caudillo, para mostrar la complejidad de los retos de la prensa.
De encuentro quedaron, entonces, muchas tareas pendientes para los periodistas. Si bien es cierto que el riesgo electoral ha disminuido, también lo es que están identificados los sitios donde se concentra y esto facilita la labor de informar. También es un hecho que el fraude electoral se configura el día de elecciones, pero se fragua con anterioridad y hay acciones relativamente simples que pueden contribuir a desenmascararlo.
Es así como, las propuestas abarcan estrategias como:
< >Fortalecer las alianzas entre medios y con instituciones de monitoreo y análisis electoral para hacer investigaciones y potenciar el impacto de las denuncias.
Seguir el dinero y comprometer a los empresarios para que hagan visibles sus aportes a las campañas, puesto que el papel de los medios es fundamental para lograr transparencia y frenar con ello las irregularidades.
Diseñar campañas para motivar a la gente a votar porque mientras más gente acuda a las urnas, más difícil será hacer la trampa.
Poner los ojos en los delegados de la Registraduría y en los jurados, dos actores sin los cuales es imposible que se alteren los resultados de las elecciones.
Hacer de Internet una aliada y no verla como un enemigo. Usar las herramientas exclusivas que ofrece para medios digitales para cruzar inconsistencias o armar bases de datos que impidan el olvido, y para captar la ayuda de los ciudadanos
Hacer reportería, hablar con la gente común en los sitios de mayor riesgo, teniendo como base las investigaciones de la MOE y su equipo.
Ante todo, hay que tener en cuenta que las elecciones no son episodios que se dan de tanto en tanto, sino que desde ya, y en forma permanente, hay que activar alianzas y mecanismos para, entre todos, contribuir a lograr una mejor democracia.