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La mañana del martes 19, los países más mortíferos para la prensa eran Siria, con 12 homicidios de periodistas, y México con 11, según el balance anual de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo que publicó Reporteros sin Fronteras (RSF). “Todavía no acaba el año, pueden matar a otro”, comentó mi esposa, una restauradora de patrimonio cultural que ha viajado a zonas de alto riesgo en el país y escuchado testimonios de primera mano de colegas suyos bajo acoso.
–Sería el colmo –le respondí.
Para el medio día, México igualó a Siria. El reportero Gumaro Pérez Aguilando fue asesinado en Acayucan, una población al sur del estado de Veracruz, a siete horas por carretera al sureste de la Ciudad de México. El decimosegundo crimen en lo que va de este año que no, aún no ha terminado, y que nos hace el país –que no está en guerra– más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Hacia media tarde, las instituciones locales eludieron su responsabilidad: el periodista estaba bajo la protección estatal en un programa de cobertura segura desde 2015, pero tanto esa instancia como la policía del estado negaron tener conocimiento de amenazas en su contra. Más aún, la Fiscalía General del Estado se apresuró a negar la calidad de periodista de Gumaro y lo vinculó con un grupo de la delincuencia organizada. “Las líneas de investigación establecen que fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía”, dijo en un comunicado.
Contra lo que aseguran desde varias instancias del gobierno del estado de Veracruz, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo contar con información sobre la colaboración de Gumaro Pérez Aguilando con varios medios de la región y sobre su actual trabajo en Comunicación Social del Ayuntamiento de Acayucan. “Debido a su labor periodística, el Sr. Pérez habría recibido agresiones en 2012 y 2014”, informó la oficina en México de ONU-DH.
En efecto, Gumaro colaboraba en las publicaciones regionales El Mañanero, de Oluta; Liberal del Sur y Diario de Minatitlán, y en una estación de radio de Coatzacoalcos. Era fundador del desaparecido portal La Voz del Sur. Cubría nota roja, sucesos, asuntos policiacos. Su mujer tenía miedo,según contó al diario La Jornada, y quería que su marido dejara el periodismo ante el clima de violencia e inseguridad para la profesión en Veracruz, con 24 asesinatos desde 2000. Gumaro se convirtió en el número 25 y con él sumaron cuatro los periodistas asesinados este año, la tercera parte de la cuenta nacional de 2017. El crimen alcanza niveles de barbarie. Murió acribillado por dos sujetos dentro de la escuela primaria de uno de sus hijos, en presencia de niños, niñas, madres y padres de familia y personal educativo, en pleno festival navideño.
Mea culpa
El asesinato de Gumaro fue precedido por una misión oficial de los relatores especiales para la Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que generó un mea culpa sin precedente de 39 empresas periodísticas mexicanas ante un fenómeno que se ha disimulado sin rubor: Por primera vez, los medios de este país han reconocido públicamente su responsabilidad en la protección de periodistas y aceptado –al menos implícitamente– que son parte del problema.
“Nos corresponde hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas y dar un mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad, especialmente los más emblemáticos”, dijeron las empresas de medios en un desplegado publicado el 4 de diciembre. Admitieron –de manera tangencial– que históricamente han eludido sus obligaciones con sus propios periodistas: no pueden reclamar las obligaciones del Estado en la protección de los informadores mientras ellas mismas no otorguen a sus periodistas capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, “especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen evidente peligro”.
El desplegado publicado en las páginas de los mismos medios firmantes no deja lugar a interpretaciones: “Es ineludible mencionar también la urgencia de fortalecer los estándares éticos y mecanismos institucionales en el ejercicio del periodismo en amplios sectores de nuestra realidad empresarial y gremial”.
La prensa mexicana que firmó el desplegado (faltaron Reforma y Aristegui Noticias) por fin cae en cuenta: las malas condiciones laborales, la falta de capacitación y el deterioro ético de la profesión “son en sí mismos factores graves de riesgo”.
Cuestión de poder y corrupción
El problema está en el origen mismo de la prensa mexicana y de su relación con el poder. Salvo contadas excepciones, la connivencia entre los medios y los gobiernos posrrevolucionarios, que llegó a niveles de obsecuencia en los 50 y 60 del siglo pasado, corrompió periódicos y revistas financiados por las arcas públicas, dando paso a empresas pobres y empresarios ricos. Para demasiados periodistas se convirtió en modus vivendi.
Los medios mexicanos se acostumbraron a vivir de la publicidad oficial a discreción (y a la amenaza de cancelación como castigo), y los gobiernos a pagar por ello. Políticos y funcionarios instituyeron los embutes (coimas) y favores desde las oficinas de prensa oficiales para reporteros, fotógrafos y editores, no sólo para comprar coberturas favorables, sino como tácito complemento del salario de los periodistas (a veces, su parte principal), y de paso aligerar las nóminas de los medios. Todo esto acompañado de gran laxitud fiscal y una interminable condonación de adeudos.
El 7 de junio de 1982 se manifestó –también por primera vez– el agotamiento de este modelo. El presidente José López Portillo explicitó el uso patrimonialista de los recursos públicos desde el poder en turno. En una reunión con directivos de medios nacionales que cada año en esa misma fecha, desde 1951, rendían tributo al presidente de la República en turno, López Portillo justificó la cancelación de publicidad gubernamental a las revistas Proceso y Crítica Política y al programa radiofónico Opinión Pública:
“¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: ‘te pago para que me pegues’ ¡Pues no, señores!”
López Portillo tenía razón en algo: es una relación perversa, morbosa y sadomasoquista. En el desplegado del 4 de diciembre último, 39 medios reconocieron la parte de culpa que tienen en tamaña anomalía. De paso, establecieron cuatro compromisos expresados como el deseo de coordinación y búsqueda de apoyo internacional. Lo más significativo es el acuerdo para emprender una campaña conjunta dirigida a la sociedad general. “La más esencial de nuestras alianzas es con la comunidad a la que servimos. La batalla contra la impunidad sólo será eficaz si tenemos de nuestro lado a una sociedad que sepa que en cada asesinato de un periodista se le arranca de las manos su derecho a saber, a participar, su esencia misma como ciudadanos”, plantean.
El reto mayor es deontológico: deben sacudir su inercia histórica y dejar de ser una prensa que ha trabajado para el poder, no para la sociedad. La profesionalización del gremio y de la industria tiene como requisito cambiar el esquema de inestabilidad laboral, salarios miserables y negación de prestaciones sociales a los periodistas, a los que escamotean recursos para hacer su trabajo –una práctica común en muchos medios– y hasta llegan a abandonar cuando son amenazados, como ha ocurrido en los últimos años.
No será fácil y tendrá gradaciones lentas y, a ratos, dolorosas. No en balde aquel episodio con el presidente López Portillo se recuerda con frecuencia en México con la expresión no pago para que me peguen. Por desgracia, todavía existen medios que pegan para que les paguen.
Sobre el autor
* Gerardo Albarrán de Alba dirige Saladeprensa.org. Es periodista y tiene estudios completos de Doctorado en Derecho de la Información. Actualmente es director de la Unidad de Investigación y Asuntos Especiales de Capital Media. Es miembro del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Es Defensor de la Audiencia de Radio Educación. Ha sido el creador de la única Defensoría de la Audiencia que ha existido en México en una radio comercial y fue el primer Ombudsman MVS. Ha sido miembro de los consejos directivos de la Organization of News Ombudsman (ONO) y de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de la Audiencia (OID). Integra la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA).
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