Informe describe impacto de la violencia en periodistas colombianos

La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper presentó el Informe “Impactos de la violencia contra periodistas en el marco del conflicto armado colombiano”, en el Foro “Del daño a la construcción de garantías para el periodismo colombiano”. (Ver memorias)​

Debido a la existencia de poderes armados y fácticos, de orden legal e ilegal, en los contextos regionales es más difícil la cobertura adecuada de hechos informativos y noticiosos relacionados con el conflicto y otros temas de interés local en los que estos poderes intervienen.

Entre los años 70 y 80, hubo un escalamiento de la confrontación armada que se reflejó en un aumento de violaciones a derechos humanos de la población civil; en este periodo, las judicializaciones, los asesinatos y el desplazamiento se configuran como principales hechos de victimización contra periodistas.

Entre los años 80 y mediados de los 90, predominaron los asesinatos, estigmatización, censura, hostigamientos, amenazas, atentados a la infraestructura de los medios y estrategias de presión y cooptación de periodistas, así como el uso de la información como herramienta de la confrontación, con una fuerte carga ideológica de la información sobre el conflicto y el surgimiento de medios de comunicación relacionados con actores armados legales e ilegales.

1989 y 1991 son los años en los que más asesinatos a periodistas se han registrado en Colombia (12 y 11 respectivamente) siendo Valle del Cauca y Antioquia  los departamentos más impactados.

Finalmente, hacia finales de los años 90 e inicios de los 2000, la violencia paramilitar se refleja en el segundo pico de asesinatos contra periodistas. Es preciso indicar que aunque en la década del 2000 se redujo la cantidad de asesinatos a periodistas, no necesariamente significa que haya habido un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa.  Por el contrario, las amenazas y otras formas de obstrucción al trabajo periodístico se instalan como métodos para intentar silenciar a periodistas.

Consecuencias

Todos esos hechos configuraron daños sobre el derecho a informar y estar informado, que en últimas afectan estructuralmente a la democracia y a la sociedad civil; restricciones a la libertad de prensa como la censura y autocensura; posicionamiento de discursos por parte de estructuras de poder; desfiguración de la función social del periodismo; estigmatización a representantes de los medios, cierre de medios de comunicación, exilios y/o desplazamientos, y una sociedad desinformada, informada parcialmente o mal informada sobre el conflicto armado colombiano.

Pero también la afectación económica hacia los periodistas se revela con la eliminación de la pauta publicitaria a los medios locales comerciales y comunitarios, y la consolidación de una estructura económica de los medios de comunicación, que impide la pluralidad informativa.

Asimismo, la Encuesta Piloto realizada por la Fecolper para la Unidad para las Víctimas, en el marco del Proyecto de Sistematización para el Diagnóstico del Daño, entre diciembre de 2014 y enero de 2015,  y que contó con la participación de 182 periodistas víctimas directas, ubicó como los principales actores victimarios a los grupos paramilitares,  las guerrillas y en tercer lugar directamente al Estado.

Impunidad

Además de todo lo anterior, se evidencian casos de impunidad  debido a la inoperancia del sistema de la justicia en los procesos judiciales relacionados, pues no se permite establecer responsabilidades materiales e intelectuales sobre las violaciones a derechos humanos de periodistas.

A la fecha sólo se ha logrado la declaración de tres casos de violaciones a derechos humanos de periodistas como crímenes de lesa humanidad: los asesinatos de Guillermo Cano (1986), director del periódico El Espectador, y Eustorgio Colmenares (1993), director del periódico La Opinión de Cúcuta.

También se estableció esta declaratoria en el caso de secuestro y violencia sexual sufrido por la periodista Jineth Bedoya, del periódico El Tiempo, que ha logrado a través de una denuncia pública y abierta poner en evidencia los efectos diferenciados de la violencia hacia las mujeres periodistas. 

Con base en todo lo anterior, la FECOLPER invita a pensar el daño en tres dimensiones: i) el daño a periodistas, la naturaleza y el ejercicio de la actividad periodística; ii) el daño sobre la identidad colectiva de los periodistas, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, gremiales y/o profesionales de periodistas; iii) el daño sobre las audiencias y la sociedad en general.

Qué hacer

Por lo tanto, entre los desafíos centrales para la construcción del Plan Nacional de Reparación Integral a Periodistas se encuentra la apertura de un debate sobre la propiedad de los medios de comunicación, la democratización y pluralidad informativa; la protección de las condiciones laborales de los periodistas y comunicadores sociales, como componente central de la construcción de una política pública de garantías para que el ejercicio de la actividad periodística, de forma que se asegure que éste pueda ser libre, segura y cumpla la función social que le ha sido asignada;  generar un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto armado en perspectiva de replantear su papel en la actual fase de diálogo entre el gobierno nacional y las insurgencias, y en perspectiva de un posible escenario de pos-acuerdos de paz.

Al igual que re-construir la naturaleza de la actividad periodística, erradicando de la profesión las lógicas de comercialización y de guerra instaladas, en función de un ejercicio periodístico que permita comunicar al país en una lógica de paz y reconciliación y establecer mecanismos y estrategias de pedagogía que movilicen hacia la recuperación de la calidad periodística y permitan la formación de las audiencias para un consumo crítico de los medios de comunicación.

Impacto de la violencia contra periodista en el marco del conflicto armado en Colombia

--   * El Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas, es una iniciativa que coordina la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que parte del reconocimiento de la historia de graves violaciones a las libertades de expresión y de prensa, asociadas a violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas. El colectivo de periodistas es considerado un sujeto de reparación colectiva en tanto se trata de un grupo que sufrió daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.