Por Mónica Gónzalez, corresponsable del Consultorio Ético
El viernes, 28 de abril fue una jornada intensa. Partí temprano con el cineasta colombiano Augusto Sandino y la periodista Lucía Escobar desde Ciudad de Guatemala hacia la aldea San Juan del Obispo. Y allí, entre volcanes y furiosas buganvilias, quedamos atrapados por los escritos, el amor, el coraje y la fuerza que impregnan los rincones de la casa del escritor guatemalteco Luis de Lion, detenido por efectivos del Ejército el 15 de mayo de 1984. Uno de los 45 mil desaparecidos que dejó la guerra de 36 años que desató el poder político, económico y militar contra este pueblo.
Su rostro y su huella se quedaron habitando diálogos, memorias y sueños al regresar a la capital. Un íntimo rincón que sirvió para cobijar la expectativa que provocaba prepararse para llegar temprano al día siguiente hasta la cárcel, y allí entregarle a nuestro colega José Rubén Zamora, periodista y presidente de elPeriódico, el cariño, solidaridad y apoyo del Consejo Rector y equipo de la Fundación Gabo. El legado democrático y de ética periodística de Gabriel García Márquez se daba cita en Guatemala
Varios colegas, cineastas y profesionales de Guatemala y otros países que participaban de la XIII Muestra de Cine Latinoamericano Memoria, Verdad, Justicia 2023 ayudaban a esta tarea. Y fue entonces que nos enteramos: a nuestro colega “Chepe” Zamora le habían súbitamente prohibido toda visita este sábado, 29 de abril. A solo pocas horas de la audiencia de apertura de su juicio, el gobierno de Guatemala le cortaba el agua y el oxígeno.
Desde distintos puntos del planeta los periodistas y miembros del Consejo Rector de la Fundación Gabo expresaron su indignación. El gesto de contundente solidaridad con Zamora venía gestándose desde enero pasado cuando nos reunimos en Cartagena, Colombia, y analizamos el montaje que dio paso a su proceso y la criminalización del buen periodismo en Guatemala.
Así lo recordaron el estadounidense Jon Lee Anderson, el colombiano Germán Rey, los argentinos Martin Caparrós y Leila Guerriero. La frustración de los nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y del escritor Sergio Ramírez por no poder llegar hasta Zamora fue enorme. Ambos saben la perversión de la que es capaz un régimen cuando la dinámica autoritaria se pone en marcha. Cuando el diálogo se extingue y la represión y la cárcel arrecian. Un escenario que también le es familiar a la venezolana Luz Mely Reyes. Desde Francia, Héctor Feliciano nos recordó lo importante que sería llegar hasta José Rubén aunque sea entre muros. Lo mismo hicieron los brasileños Natalia Viana y Rosental Alves, quienes propusieron nuevas vías de apoyo y solidaridad. Desde Madrid llegó el mensaje vigoroso de la periodista María Jesús Espinosa de los Monteros.
Y también desde España la mexicana Carmen Aristegui, reconocida con el Premio “Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2023”, al recibir allí el Premio Periodismo Diario Madrid, les recordó a muchos lo que a esa misma hora nos convocaba en Ciudad de Guatemala: “Hay una guerra contra el periodismo crítico”. Y reafirmó: “El derecho a estar informados, la democracia misma, son conquistas que no son para siempre y que cada día, que cada hora, hay que dar una batalla para defenderlas”.
En esas horas, Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, buscaba abrir puentes para ir en apoyo del buen periodismo de Guatemala. Para ellos, el mensaje es claro: si a Zamora, con antiguas redes internacionales y de contactos con empresarios locales, lo encarcelan con una acusación urdida en sólo 72 horas, en un juicio cuyo desarrollo está plagado de irregularidades, ¿qué pueden esperar los otros profesionales que denuncian la corrupción y el acelerado giro autoritario del gobierno del presidente Alejandro Giammattei?
Por más que desde el gobierno se insista en que el proceso contra José Rubén Zamora no es por su desempeño profesional, lo cierto es que el encarcelamiento de su presidente y el acoso han asfixiado económicamente a elPeriódico. En diciembre cerraron su edición impresa y fueron forzados a despedir al 80% de su personal.
El hostigamiento no se detuvo ahí. Otros nueve periodistas y columnistas del diario son investigados por "intentar coaccionar a miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público, auxiliares de administración de justicia y otros sujetos procesales". Y como si esto no fuera suficiente, los cinco profesionales que han pasado por su defensa han debido renunciar debido a múltiples presiones.
Se busca una dura condena que sirva de ejemplo a quienes insistan en Guatemala en hacer buen periodismo. La acusación de injurias cae sobre cualquiera. La crítica y denuncia se asimila a la acción antisistema. Se criminaliza al periodismo que saca verdades. Se busca instaurar el terror entre los profesionales. Sin justicia independiente los periodistas saben que lo que viene es duro. La democracia se extingue. Sin tanques ni bombardeos. A punta de leyes, industria de mentiras, cárcel, amedrentamiento, amenazas. Otra violencia institucionalizada.
Hoy es 2 de mayo. El juicio ha comenzado. Hace nueve meses que nuestro colega fue encarcelado. Lo acusan de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, en un proceso lleno de irregularidades. Hoy José Rubén Zamora sabe que está menos solo que nunca.
Eliminar el buen periodismo
Hoy arrastran al banquillo de los acusados no solo a un connotado periodista de Centroamérica, fundador de un periódico que lleva 27 años informando. Lo que hoy se quiere sepultar es al buen periodismo y su lucha contra la corrupción; el coraje de jueces, comunidades indígenas, periodistas y gente muy diversa, que fue capaz de enfrentar a la red de quienes controlan el poder por décadas, escarbar la tierra y empezar a hacer justicia.
Lo que se quiere impedir encarcelando al periodista José Rubén Zamora es que haya otro juicio como el caso “Diario Militar”, que develó la desaparición, ejecuciones, tortura y abuso sexual de más de 195 ciudadanos guatemaltecos durante la dictadura de Humberto Mejía Víctores (1983-1986). El proceso fue conducido primero por un juez muy respetado: Miguel Ángel Gálvez. Cuando en mayo de 2022 llegó la hora de las pruebas, los testimonios contra nueve victimarios provocaron conmoción. Mujeres narraron sin tregua como siendo niñas vieron sacar a sus padres de sus casas para desaparecer sin rastro y fueron ferozmente violadas. Los oficiales acusados no pudieron negar su participación. En 2011, seis de las 131 personas desaparecidas fueron encontradas en la base militar de Comalapa.
Entre los oficiales acusados y encarcelados estaba el general (R) Marco Antonio González Taracena, vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), de férrea oposición a los procesos por crímenes de guerra y que bregó por imponer la amnistía en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. González Taracena murió poco después de que debiera enfrentar un juicio (junio de 2022). El diario digital El Faro, de El Salvador, informó que se le vincula al sindicato del crimen organizado La Cofradía o La Hermandad. Otros militares con lazos con el crimen organizado también fueron procesados. Los jueces terminaban así con décadas de impunidad
Hasta que irrumpió la Fundación contra el Terrorismo (FCT), organización de extrema derecha que busca terminar con todos los juicios a los crímenes cometidos en la larga dictadura que vivió ese país. Se hizo visible cuando obstaculizó el inicio de las audiencias contra cinco victimarios con férreas conexiones con el poder económico, militar y político. La FCT presentó cargos falsos contra el juez Gálvez, intoxicando todos los medios de comunicación a su alcance con acusaciones sobre su vida personal y profesional. La campaña rindió frutos. En noviembre el destacado juez Miguel Ángel Gálvez renunció y, dejando atrás 25 años de carrera, partió al exilio. El juicio que iba a condenar a los poderosos responsables de los Escuadrones de la Muerte iniciaba su deshuese.
La primavera se apellida CICIG
Ni un solo juicio por genocidio y/o corrupción cívico militar se habría podido llevar a cabo sin la instauración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que se formó en 2007 tras la firma de un convenio entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para apoyar la investigación en profundidad de los complejos casos de corrupción y crimen organizado. Para investigar y litigar la CICIG tenía agentes-mandatarios que acompañaban a los fiscales del Ministerio Público y actuaban con absoluta independencia del poder local.
Uno de los protagonistas de esa trama y blanco de investigaciones de la CICIG, el presidente Jimmy Morales, decidió en 2019 que había que poner fin a las investigaciones de su patrimonio y el de su entorno. Y sin más finiquitó el convenio que originó la comisión supranacional. Con ello también puso fin al mandato de su cabeza: el magistrado Iván Velásquez, actual ministro de Defensa del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La cacería de los jueces y fiscales que llevaron a la justicia a criminales, torturadores, genocidas y corruptos había comenzado.
Una de las herramientas más poderosas de la cacería es la campaña del terror, además de acciones judiciales, que ejerce la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una ONG que creó en julio de 2013 el empresario de ultraderecha Ricardo Méndez Ruiz. En junio de 2021 fue incluido por Estados Unidos en la “Lista Engel” (por Elliott Engel, el congresista que la creó): “nómina de extranjeros implicados en acciones en detrimento de los procesos democráticos o instituciones, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones de esa corrupción” en Centroamérica.
Méndez Ruiz fue paracaidista del Ejército. Un reportaje de Infobae indicó que, en 1982, fue secuestrado por la guerrilla en plena guerra con el Ejército. Su padre, Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, fue ministro de Gobernación del dictador Efraín Ríos Montt y comandante de la zona 21 en el departamento de Cobán, donde encontraron 565 osamentas de indígenas mayas a quienes acusaban de ser aliados de la guerrilla. Cuando en enero de 2016, el Ministerio Público ordenó que se apresara a oficiales involucrados en las desapariciones en la zona de Cobán, Ruiz Rohrmoser ya estaba muerto.
El 9 de agosto del año pasado, cuando un juez dictaminó que el periodista José Rubén Zamora debía permanecer en prisión, Méndez Ruiz, querellante con la FCT en la causa, escribió en Twitter: “Se está haciendo justicia, papá. Por respeto a su memoria. No olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos”.
Las mujeres violadas nunca más invisibles
Lo que se quiere evitar encarcelando a José Rubén Zamora es volver a vivir una jornada como aquel 1 de febrero de 2016. Imposible olvidar. Porque al igual que en la multipremiada y millones de veces vista película Argentina 1985, que nos muestra el juicio a las juntas militares que asolaron ese país, ese día se hicieron públicos los horrores de desaparición, asesinatos, violencia sexual y esclavitud cometidos por efectivos del Ejército de Guatemala en Serpur Zarco. Y menos un día como el 26 de febrero de 2016, cuando en el Juzgado de Mayor Riesgo de Guatemala las mujeres mayas escucharon la condena a 120 años y 240 años que impartió la jueza Iris Yassmín Barrios a dos de los oficiales Esteelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez, quienes las esclavizaron y abusaron después de haber asesinado y hecho desaparecer a sus maridos, hijos, hermanos, padres y compañeros.
Un año y tres meses después, la sentencia por crímenes de lesa humanidad fue ratificada por la Sala de Apelaciones. Habían transcurrido más de 30 años de los crímenes cuando la justicia de Guatemala marcó un hito sin precedentes al condenar la esclavitud sexual en medio de un conflicto armado. Miles de mujeres en todo el continente volcaron sus ojos en el país centroamericano. Las mujeres violadas y abusadas ya no eran solo la correa transmisora de las laceraciones múltiples que afectaron a toda la población, especialmente comunidades indígenas. Ya no eran invisibles. Los culpables de esos delitos eran juzgados y condenados y no podían gozar ni de amnistía ni prescripción.
También pusieron sus ojos en esa sentencia inédita los mandos de grupos económicos, políticos y militares que buscaban retomar el control del poder. Esas sentencias eran un claro mensaje de que ya no habría impunidad.
El juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien logró enjuiciar al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio, encarceló por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina y descubrió listas de opositores a eliminar confeccionadas por el Ejército entre 1983 y 1985, entendió que habían tocado el nudo neurálgico del poder. Debió partir al exilio cuando inició el proceso de una millonaria trama de corrupción protagonizada por los que manejan el poder real, incluyendo bancos, empresarios y dueños de medios de comunicación. Así lo describió desde Estados Unidos, en entrevista con El Faro, de El Salvador:
“Las instituciones en Guatemala se están militarizando, sobre todo el ministerio de Gobernación. Lo han ido diseñando como en los ‘80, cuando en cada departamento había un militar. Estudiando el caso “Diario Militar” lo entendí todo. Guatemala está diseñada para la impunidad. Romeo Lucas gobierna de 1978 a 1982; Efraín Ríos Montt le da un Golpe de Estado y gobierna el año 82 y ’83. Ese mismo año 83 le dan otro Golpe de Estado a Ríos Montt y entra Mejía Víctores, que convoca a una constituyente. ¿Cómo se justifica que mientras hay una constituyente, con toda la presión para que se firme la paz, en años en los que incluso se llegan a sentar y a dialogar las agrupaciones guerrilleras y el Ejecutivo, sigan matando a profesionales y estudiantes? ¿Qué explica que siguiera la represión? Que en Guatemala la paz fue impuesta. Los militares sabían que el conflicto no podía seguir y trataron de garantizar que no habría un cambio verdadero, quisieron romper todo lo intelectual, todas las posibilidades de que Guatemala se pudiera levantar algún día. El “Diario Militar” muestra cómo matan a profesionales, a estudiantes. Ahí es donde uno entiende cuál era el objetivo de los militares”.
Acoso sin tregua
Hoy, 2 de mayo, se inicia el juicio contra José Rubén Zamora, presidente del diario guatemalteco elPeriódico. Capturado el 29 de julio del año pasado con solo la denuncia de un testigo, el diario El Faro denunció que en solo 72 horas el Ministerio Público reunió las evidencias para justificar su detención.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que Zamora está acusado de “delitos de lavado de dinero y otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como de proposición y conspiración para lavado de dinero y otros activos". Una acusación sustentada en un solo testigo. Un corrupto. El exbanquero Ronald García Navarijo a quien Zamora le habría entregado 300.000 quetzales en efectivo (USD $40.000) para que lo depositara en la cuenta de una de sus empresas y, a cambio, le diera un cheque por la misma cantidad. García Navarijo le entregó el dinero a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ya que la operación estaba preparada con antelación. Además, afirmó, que Zamora lo amenazó con publicar información que lo comprometía si no aceptaba la operación. De allí que también esté acusado de chantaje.
Uno de los cinco abogados que ha tenido Zamora desde que fuera capturado entre la audiencia de su primera declaración (8 y 9 de agosto pasado), y mediados de octubre, señaló que ese dinero provenía de dos empresarios y financistas del periódico que lo entregaron en efectivo para no dejar rastro de su vínculo con elPeriódico, y así no ser blanco de acoso del gobierno.
La situación que describe ese abogado tiene sustento en la acción desplegada con ahínco por el órgano judicial persecutor para tejer una telaraña que entrelace a jueces y fiscales implicados en la lucha contra la corrupción, con el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y otros profesionales de la comunicación. Uno de ellos es el periodista Juan Luis Font, quien desde Estados Unidos afirmó a esta periodista en agosto pasado: “Es una dictadura legalizada lo que tenemos en Guatemala, con las instituciones de la justicia cooptadas”.
Font relata el itinerario del acoso del que ha sido víctima: “El Ministerio Público de Guatemala ha intentado iniciarme cuatro casos distintos de acusaciones en torno al lavado de dinero, delito que ellos han elegido para cargarnos a los periodistas y en ninguno de los cuatro casos han sido capaces de probar nada”.
“Inicialmente me investigaron por mi participación en la revista Contrapoder, cuyo propietario fue ministro de estado y probadamente corrupto y lavador de dinero. El Ministerio Público en la época de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), y de Thelma Aldana (fiscal general y jefa del Ministerio Público entre 2014 y 2018), le probaron un caso. Inmediatamente me puse a disposición del Ministerio Público. Me investigaron tres años, me entrevistaron cuatro veces, revisaron todas mis cuentas y nunca formalizaron una acusación en mi contra porque dijeron que no había ningún elemento. Cuando llegó la nueva fiscal general, ella y la Fundación Contra el Terrorismo -en realidad una fundación terrorista- dijeron que el exfiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval seguramente protegía a algunas personas con las que tenía identidad ideológica. Envié una carta a la fiscal a cargo del caso y volví a ponerme a su disposición. Inmediatamente fui citado y de nuevo me dijeron que, revisadas todas las cuentas y documentos, no tenemos ninguna razón para acusarlo. Sólo podemos citarlo como testigo”.
“La presión política siguió y entonces volvieron ahora con la acusación de un antiguo ministro de Comunicaciones, muy corrupto, que huyó a Italia, y al regresar hizo un acuerdo con la nueva fiscal y entre otras cosas les ofreció que podía acusarme: dice que me pagaba 6 o 7 mil dólares al mes durante dos años consecutivos para que yo le hiciera una cobertura favorable. Me costó mucho forzar al juez a que me diera copia de la acusación para saber qué acusación tenían en mi contra. Finalmente, cuando la hice pública, mis colegas que habían trabajado en los dos medios que coincidían con el periodo que este señor decía que me había pagado, difundieron las investigaciones que hicimos de los patrones de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones”.
“Este segundo caso, el del ex ministro de Comunicaciones, surge en octubre-noviembre del año pasado (2021) al mismo tiempo que una acusación contra José Rubén Zamora. Zamora y yo hablamos por teléfono y me dijo: ‘nos van a tomar presos’. Rápidamente contraté un abogado. Otras tres personas muy generosas se sumaron al equipo de mi defensa y fueron muy eficientes. Decidieron que la mejor manera de lograr una investigación apropiada era trasladando el caso a una juez confiable. Y le pidieron a la jueza Erika Aifán, ahora también en el exilio, que conociera el caso. El 21 de diciembre, en una diligencia de aproximadamente 8 horas, la jueza resolvió que se hacía cargo de mi caso y le ordenó al otro juez que le trasladara el expediente. El Ministerio Público se puso furioso: planteó un antejuicio contra la jueza y apelaron su resolución. En marzo de este año mi acusador y exministro lanzó una nueva acusación: con mi abogado nos habíamos coludido y asociado criminalmente con la jueza Aifán. Me estaban queriendo dejar sin defensa legal. A fines de marzo decidí salir de Guatemala. Ahora que capturaron a José Rubén Zamora, la fiscal general vuelve a mencionarme y dice que yo soy parte de una estructura de lavado de dinero. No puedo volver”.
Al finalizar, en ese momento Font dijo: “hay que hacer un reconocimiento a mis colegas. Hay mucha gente trabajando de manera inteligente, aguda, valiente, temeraria. Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid, mis colegas de la Agencia Ocote, de No-Ficción, publicando evidencias de corrupción y casos interesantísimos todas las semanas”.
Y llegamos a este 2 de mayo. Si hoy Zamora es el único periodista encarcelado, hay otros que están siendo acusados de distintos delitos y están también aquellos que han debido partir al exilio para evitar ser capturados. Lo mismo ocurre con 32 jueces, fiscales y abogados que condujeron casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna (1960-1996), o que trabajaron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con investigaciones de corrupción de alta connotación por los personajes involucrados. Al menos otros seis son procesados en Guatemala.
La ley guatemalteca contempla para los delitos de los que es acusado José Ruben Zamora condenas que van más allá de 20 años de cárcel. Nadie desconoce en Guatemala que su captura hizo más negro el foso que separa a Guatemala de una democracia.
Dentro de un mes y 24 días habrá elecciones presidenciales en Guatemala. Si no hay un ganador, habrá segunda vuelta en agosto. Para entonces es probable que sea electa la mujer que hoy encabeza las encuestas: Zury Ríos, la hija del general y dictador Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder por un Golpe de Estado en 1983 y fue destituido por otro Golpe de Estado en 1984. Debió enfrentar un juicio oral y público en 2013 en el cual más de 100 sobrevivientes relataron escenas de las cruentas masacres cometidas por el Ejército. Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Más de 10 mil personas fueron asesinadas en los 17 meses que duró su dictadura. La Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso y dejó sin efecto la sentencia. Ríos Montt falleció en 2018 en la impunidad. “Amo a mi padre y nunca jamás lo voy a juzgar. Él me inculcó los valores de la responsabilidad, de creer en Dios. Sí, lo acusaron, pero jamás se lo demostraron. Él murió libre. Nadie le demostró nada”, dijo la candidata presidencial a CNN