Por Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético
Las imágenes del horror que llegan de Israel y la Franja de Gaza capturan nuestra atención. Estremecen. No dan respiro. Ucrania chilla también para que no la olviden. Tampoco da tregua el negocio de la desinformación. La guerra -y el cultivo del odio- es el hábitat natural de la industria de noticias falsas. Un negocio al que algunas muertes le interesan poco. No rentan. Las ignoran. Como las de miles de inmigrantes de nuestra América que siguen abarrotando las peligrosas rutas de escape hacia lo que creen será una mejor vida en Estados Unidos o Canadá. Y terminan engrosando el mapa de lo que la fotógrafa mexicana Mónica González Isla (no tenemos parentesco) denominó “Geografía del dolor”: allí donde los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados y desapariciones dejan una huella en el territorio y en quienes lo habitan.
Cuando la democracia, las instituciones que debieran proteger a los ciudadanos y el derecho internacional crujen hasta mostrar síntomas de colapso, desde distintos puntos del planeta emerge potente un deber ético ineludible: ¿qué hacemos para defender el derecho a la vida?
Inmigrantes y defensores del territorio
Adentrarnos en este mapa se hace imperioso para el periodismo. Y la verdad, sin el buen periodismo poco o nada sabríamos de estos muertos: los muertos de nadie. Los nuestros.
Es lo que hace en México Quinto Elemento cuando nos dice que en ese territorio los entierros ilegales se siguen multiplicando. En su búsqueda exhaustiva y rigurosa han logrado identificar 5.696 fosas clandestinas en 570 municipios, donde yacen cientos de miles de personas que han sido asesinadas y hechas desaparecer. Los mismos periodistas nos entregan otra información: las víctimas de desaparición forzada en ese país llegan a más de 111.500 personas, entre 2007 -inicio de la guerra contra el crimen organizado- y agosto de 2023. Ambas cifras provocan escalofríos.
La práctica de la desaparición forzada -usada por los servicios secretos de las dictaduras civiles-militares de América Latina en los años 60, 70 y 80 para eliminar opositores, expandir el terror y paralizar a la población- se ha intensificado en distintos países desde entonces. En México, según las investigaciones del buen periodismo, al menos desde 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Crimen organizado y poder corrupto en el nudo de los victimarios.
Otro dato: Quinto Elemento destaca que la información recogida para esta investigación, con datos de fiscalías estatales y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), muestra cómo en siete años (desde el primer recuento del mismo medio en 2018), el número de fosas clandestinas se incrementó en 99%. El terror no amaina: en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han localizado 2.864 fosas clandestinas (hasta abril 2023), casi la mitad del total.
Si a lo largo del territorio de México hay hallazgo de restos de desaparecidos, gracias a los más de 250 grupos de mujeres y hombres que buscan incesantemente a los suyos escarbando la tierra (y al buen periodismo que investiga y acompaña), hay otros puntos del mapa en donde nunca sabremos de cuántos hombres, mujeres, niños y niñas se ha perdido la huella. Sin registro. Y sin tumba.
Uno de esos hoyos negros es el llamado Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá. Un muro natural de selva, montañas escarpadas y ríos caudalosos -plagadas de animales salvajes, insectos y alimañas humanas que hacen negocio con las ansias de escapar del hambre y la inseguridad de miles- que separa América del Sur de Centroamérica. Por ese tramo de 575 mil hectáreas han cruzado -a pie por cerca de 10 días- hasta agosto de este año una cifra récord: más de 320 mil migrantes ilegales. Para dimensionar esta explosión basta decir que en todo el año 2022 cruzaron, según cifras oficiales del Gobierno de Panamá, 248.284 (y en 2021: 133.726). Cada día entre 2.500 y 3 mil personas llegan desde Colombia a internarse en esa jungla, estima el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.
The New York Times en una investigación reciente nos cuenta cómo cada trecho de esa peligrosa jungla se convirtió en un lucrativo negocio. Para políticos y empresarios de la zona fronteriza de Colombia, como el que desarrolló la familia García con la Fundación Social Nueva Luz de Darién: maneja la ruta desde Acandí hasta la frontera con Panamá. Algo similar hace Fredy Marín, exconcejal del municipio de Necoclí, quien se postula a alcalde y administra barcos que cobran US$40 por cada migrante que acerca a la selva: “Esta es una economía hermosa”, dice cuando promete preservar la industria que lucra con seres humanos.
Y siempre allí las mafias del crimen organizado. Cobran US$500 (por persona) por paquetes para cruzar el Darién. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el Clan del Golfo ganaba unos US$30 millones al año con el negocio de la inmigración. Lo que no dijo es que, a pesar de pagar, nadie les garantiza que llegarán con vida a la otra punta del camino. Una ONG internacional informó que solo en julio pasado, al menos 137 inmigrantes murieron o desaparecieron (entre ellos, 13 niños y niñas). Lo real: nunca sabremos cuántas personas murieron en la selva del Darién en su intento por llegar a Estados Unidos.
La explosión sin precedentes de inmigrantes no hace más que engrosar las arcas de distintas mafias. La disputa por territorios y ganancias entre grupos del crimen organizado y sus aliados - minería y pesca ilegal, hidroeléctricas, petroleras y empresas de energía, entre otras- ha ido transformando esta industria. Y ha convertido a los líderes de comunidades amenazadas o invadidas, en blancos a neutralizar o eliminar. Los cuidadores de la Amazonía, los defensores de campesinos y ciénagas, los voceros de las comunidades indígenas y de los afrodescendientes, están condenados a muerte.
Al menos 177 defensores de los territorios fueron asesinados en 2022. Así lo informó Global Witness (ver El País), con cifras que revelan que Latinoamérica sigue siendo la región más mortífera del mundo para los ecologistas. Desde 2012 suman 1.910 defensores de territorios asesinados: uno cada dos días. En ese récord del horror, Colombia se sitúa como el mayor cementerio de los defensores del medio ambiente: 60 de todas las víctimas de 2022 fueron asesinadas en ese país. Sus victimarios son muchas veces las empresas que se niegan a dejar de contaminar y depredar los territorios a pesar de la amenaza cierta del cambio climático. La nueva guerra que amenaza con masivos desplazamientos
ExxonMobil y el “colapso climático ha comenzado”
“La canícula del verano no solo ladra, sino que muerde. El colapso climático ha comenzado. Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente con fenómenos meteorológicos extremos que afectan todos los rincones del planeta”, alertó en septiembre el secretario general de la ONU, António Guterres. Las consecuencias de la dependencia de combustibles fósiles las registró el Observatorio europeo Copernicus: olas de calor, sequías, inundaciones e incendios azotaron Asia, Europa y América del Norte este verano. “Los tres meses que acabamos de vivir son los más cálidos desde hace alrededor de 120 mil años, desde el principio de la historia de la humanidad”, afirmó Samantha Burgess, jefa adjunta de cambio climático de Copernicus. Mientras el aire y océanos baten récords de calor, la Antártida registra nuevos mínimos históricos de hielo marino; y la contaminación atmosférica ya causa 6,7 millones de muertes anuales. “Las temperaturas seguirán aumentando mientras no cerremos el grifo de las emisiones”, aseguró Burgess.
Hace exactamente un año, Guterres activó la alarma: “Nos dirigimos hacia una catástrofe mundial. Los compromisos de neutralidad de carbono no valen nada sin planes, políticas y acciones que los respalden. El mundo no puede permitirse más lavado de imagen verde”. El secretario general de la ONU denunciaba el no cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París por los Estados: contener el calentamiento “muy por debajo” de los 2º C, y si es posible mantenerlo en 1,5º C.
No hay avances en esta lucha -que debiera ser vital- por reducir emisiones, uno de los mayores desafíos que ha enfrentado nuestra civilización. Una señal: los presidentes de Estados Unidos (Joe Biden) y China (Xi Jinping), los dos países más contaminantes del planeta, no participaron de la cumbre climática convocada en septiembre por el secretario general de la ONU para tratar la emergencia. Tampoco asistieron el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, ni el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Guterres fue directo a la yugular en su crítica. Recordó que el 80% de las emisiones globales provienen de los países que integran el G20 (los más ricos) y dijo: “Si un tercio de los países del G20 estuviera hoy bajo el agua, como podría ocurrir mañana, quizá les resultaría más fácil ponerse de acuerdo para aplicar ahora mismo recortes drásticos a las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 ° C”.
Lo real: la ausencia de medidas está determinada por las multinacionales petroleras y de energía, las empresas más importantes del mundo. Hacen valer todo su poder.
Eso fue lo que demostró el buen periodismo. Una investigación de The Wall Street Journal marcó hace pocos días un hito al revelar cómo la plana directiva de ExxonMobil, la más grande empresa petrolera, diseñó y ejecutó una estrategia para desvirtuar la amenaza del calentamiento global. Fabricó dudas sobre los estudios científicos que alertaban sobre su gravedad y su origen: emisión de dióxido de carbono. Y aplacó la preocupación mundial por sus efectos para no perjudicar su negocio de petróleo y gas.
El plan se llevó a cabo desde 2006 y lo encabezó Rex Tillerson, quien ese año se convirtió en director ejecutivo de ExxonMobil. La investigación de The Wall Street Journal está respaldada por documentos, entrevistas a ejecutivos y otros testimonios que muestran la cara secreta de esa estrategia. La que financió a científicos para que cuestionaran -o negaran- la gravedad del cambio climático.
Lo único que importó en esa estrategia fue el impacto que la reducción de emisiones tendría sobre las ganancias de Exxon. Un dato sirve para dimensionar la decisión: en 2022, Exxon alcanzó el mayor beneficio anual de toda su historia, US$55.700 millones. Un monto que superó a los grandes bancos, a los gigantes tecnológicos (Meta Platforms Inc, matriz de Facebook; y Amazon) e incluso a los fabricantes de vacunas (Pfizer). Otro dato: en el mismo año 2022 las acciones de Exxon subieron cerca de 80%, la cuarta mayor revalorización bursátil del índice S&P 500.
Nadie se escandalizó con las revelaciones de The Wall Street Journal. Así como nada pasó hace siete años, cuando el periodista Steve Coll en su libro El Imperio Privado describió cómo la estadounidense Exxon se convirtió en la empresa de hidrocarburos más poderosa del mundo vendiendo petróleo y gas. Y concluyó que penetrar su estructura de ganancias, prebendas y poder era más difícil que investigar a la CIA.
Coll tenía razón. Para construir su imperio y ejecutar parte de la estrategia que limitó la difusión de los estudios científicos que revelaban la gravedad del calentamiento global, ExxonMobil contó con la ayuda de Lee Raymond, quien dirigió la CIA entre 1993 y 2005. Así fue cómo los lobistas de Exxon modelaron a su interés y beneficio la política exterior de EE.UU. Para hurgar más en el inmenso poder de ExxonMobil, falta otro dato: Rex Tillerson, el texano que hizo toda su carrera en la petrolera hasta convertirse en su máximo ejecutivo en 2006, solo dejó la empresa en 2017. ¿Destino?: fue nombrado secretario de Estado por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Quien sí parece conocer bien el poder y prácticas de las petroleras es Antonio Guterres, secretario general de la ONU. En junio pasado, dos meses antes de proclamar que el colapso climático había comenzado, arremetió contra esas empresas. Las acusó de traicionar a las generaciones futuras y de socavar los esfuerzos para eliminar gradualmente un producto “incompatible con la supervivencia humana”. También desestimó sugerencias de algunos de sus ejecutivos de que las empresas de combustibles fósiles podían mantener su producción si encuentran la manera de capturar emisiones carbono. Eso solo las convertirá en las “destructoras más eficientes del planeta”, fue la respuesta de Guterres.
Detrás del cambio climático: minería ilegal
Otro punto negro en América Latina donde nadie sabe cuántas personas han sido asesinadas en los últimos 20 años, es Madre de Dios (7.300 km2), una de las zonas más biodiversas de Perú. La minería ilegal logró desbancar en Perú al cultivo de hoja de coca y a la producción de cocaína, convirtiéndose en la mayor economía criminal, con más de 500 mil personas trabajando en la extracción ilegal de oro y otros minerales. Un negocio que mueve más dinero que el narcotráfico, captura políticos y atrae al crimen organizado. La investigación Las economías criminales y su impacto en el Perú revela que las economías ilegales mueven US$6.657 millones al año: la mayor parte generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida de la trata de personas (US$1.300 millones), tráfico drogas (US$1.134), tala ilegal (US$880) y extorsión (US$530).
El alza del valor del oro ha sido un importante aliciente para la expansión de la minería ilegal. Entre 2001 y 2005 el precio de la onza de oro pasó de US$280 a US$550. Ahora fluctúa en cerca de US$2 mil. Al mismo ritmo del dinero, las mafias del crimen organizado expanden su poder sin contrapeso, sobre todo hacia la Amazonía: Madre de Dios y Loreto. Y también crece la violencia: la tasa de homicidios en Madre de Dios es seis veces mayor que el promedio nacional.
La expansión de la minería ilegal en Perú ha ido a la par de la contaminación de aguas y tierras con elementos tóxicos (principalmente mercurio) y la deforestación de bosques. Las imágenes satelitales de la Nasa -participa en proyecto Rami (Radar Mining Monitoring) para detectar en tiempo real la minería ilegal en Perú- muestran que se han deforestado más de 100 mil hectáreas de bosque nativo por la extracción minera ilegal.
Minería ilegal y crimen organizado forman hoy una sociedad estrecha. Ello significa en esa zona trata de personas (reclutamiento de operarios, trabajo infantil y explotación sexual), y narcotráfico, especialmente en la frontera de Perú y Colombia. Por el alto número de dinero y personas que involucra (mayor a cualquier organización del país) se ha convertido en un grupo social disputado por los partidos. Un factor que le garantiza impunidad para sus actos criminales y tibia fiscalización para sus operaciones ilegales.
Todo ese paquete involucra una creciente amenaza de muerte para las comunidades aledañas a las faenas de minería ilegal. Ya sea por la contaminación de sus aguas y tierras de cultivo, por la deforestación o la violencia desatada, son acosadas para que abandonen sus territorios. La minería ilegal quiere expandirse. Y esas comunidades, la mayoría indígenas, saben que se enfrentan a un suprapoder. Como las que habitan en la Amazonía, centro del ataque del crimen organizado. En 6,9 millones de hectáreas se extiende uno de los rincones más bellos y biodiversos del mundo. Y uno de los más letales: desde 2014 han asesinado al menos 296 personas defensoras de la Amazonía, 39 en 2022.
Todos los estudios de expertos en medioambiente han demostrado que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques “Son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Y en Brasil, Perú y Venezuela los asedian precisamente por llevar a cabo esa labor. Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los defensores de esos territorios deben ir a la par”, afirmó Laura Furones, de Global Witness.
Algo similar ocurre en Colombia. Estudios de organismos internacionales identifican la mayor cantidad de narcocultivos del mundo en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela (2.200 km). Tanto allí (Norte de Santander), como en Nariño, frontera con Ecuador, hay violencia dura, alimentada por la minería ilegal y el narcotráfico, dos industrias ilegales que van de la mano.
Al igual como sucede con las industrias de petróleo y gas, aquí la situación es también una encrucijada de grandes intereses económicos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió a ello el 20 de septiembre de 2022, cuando subió por primera vez al pódium de la Asamblea General de la ONU en su 77° período de sesiones. “La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado”, afirmó provocador. Y preguntó. “¿Qué es más venenoso para la humanidad?, ¿la cocaína, el carbón o el petróleo?”. Es probable que la respuesta esté en las cifras. Según The Observatory of Economic Complexity (OEC), en 2021, en Colombia, el producto número uno de las exportaciones era el petróleo crudo con US$11.000 millones de ganancias. Mucho más atrás le seguía el carbón y, en tercer lugar, el café (US$3.000 millones). La lapida la puso un experto en Bloomberg: “Estimamos que los ingresos por exportación de cocaína subieron a US$18.200 millones en 2022, no muy lejos de las exportaciones de petróleo: US$19.100 millones”.
La colombiana Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de “Somos defensores”, tiene muy claro que detrás de las decenas de asesinatos de defensores de la tierra, está el interés económico “legal o ilegal” (ver reportaje en El País América). Su organización estima que más del 60% de estos crímenes están vinculados al agronegocio, la minería y la extracción de madera. Las armas para anularlos o eliminarlos son las mismas en todo el continente: acoso, intimidación, violencia sexual y criminalización. “Nos obligan a huir y los que nos quedamos, sabemos a qué nos enfrentamos”, dice Lourdes.
Con apenas 10 millones de habitantes, Honduras tuvo 14 líderes de la defensa de la tierra asesinados en 2022 y en los primeros cuatro meses de este año ya van ocho activistas muertos. Las promesas de la presidenta Xiomara Castro han sido letra muerta. “La agroindustria ha logrado tal nivel de relación con la institucionalidad, que además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”, le dijo a El País Víctor Fernández, del bufete de derechos humanos Estudios para la Dignidad.
Depredación y muerte provocada por la minería, esta vez legal, la volvemos a encontrar en México. Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, un territorio donde la pujante minería de hierro ha cercenado los cerros. Este campesino es uno de los 93 defensores del territorio víctimas de desaparición en México desde 2006 hasta agosto 2023. Sus historias son enfocadas con lupa por una gran investigación del buen periodismo: Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y “A dónde van los desaparecidos”. Un periodismo ético y de servicio público puro que se agradece más en un país que se ubica entre los cinco más peligrosos para los que defienden el medioambiente y el territorio: 185 fueron asesinados en México entre 2012 y 2022 (informe más reciente de Global Witness).
La investigación periodística rescata que, de los 93 defensores del territorio asesinados, 62 pertenecen a un pueblo indígena. Uno de esos pueblos es el yaqui. La abogada Anabela Carlón dijo que en Sonora los yaquis han sufrido distintos tipos de violencia. La primera fue que les negaron su derecho al agua. En las últimas décadas, esa violencia se incrementó con la “imposición de megaproyectos”. Entre ellos, el gasoducto Guaymas-El Oro, al que se opusieron con fuerza. “Ahí comenzaron las desapariciones de jóvenes de la comunidad. Empezó una violencia que no habíamos visto”, dice Carlón.
La expansión del crimen organizado a la minería y pesca ilegal, y a la explotación de recursos como el agua, la madera y el petróleo, se ha generalizado en todo el territorio mexicano. Expertos en negocio criminal, calculan: si se suman todos los delitos, la economía criminal mexicana ya debe ser la tercera economía criminal del planeta, después de la china y la rusa.
Las muertes que muchos callan
Rebasar el incremento de dos grados en la temperatura del planeta convertiría inhabitables regiones donde viven hoy cuatro mil millones de personas. Esa es la brutal advertencia del estudio científico de la Universidad de Pensilvania que acaba de publicar la Revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU. Insiste en que es urgente reducir emisiones. Los científicos trabajaron con distintos escenarios para identificar en qué zonas del planeta se darían niveles de calor y humedad por encima de los umbrales de tolerancia humana. Y concluyeron: si las temperaturas globales aumentan dos grados por sobre los niveles preindustriales, los 2 mil 200 millones de habitantes de Pakistán y del valle del río Indo en India; los mil millones del este de China y los 800 millones de África subsahariana experimentaran un cambio que superará la capacidad de tolerancia humana. Si el incremento global es de tres grados, prácticamente toda América del Sur y la costa oeste y centro de Estados Unidos alcanzarían niveles que las harían inhabitables.
Lo real: el cambio climático sí tiene impacto en la salud del ser humano. Ahora que las temperaturas del hemisferio norte ya han alcanzado niveles que ponen a prueba los límites de la supervivencia humana, ¿podemos seguir como si no viéramos lo que ocurre? Algunos siguen mirando al techo. No están dispuestos a perder los US$4 billones de utilidades netas que obtuvieron las gigantes del petróleo en 2022.