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El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordenó al creador y guionista de Matarife, Daniel Mendoza Leal, rectificar una serie de afirmaciones hechas en la serie web en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha dado pie a un debate necesario sobre los alcances de la libertad de expresión y las bases éticas del periodismo.
Compuesta por cortos documentales, basados en investigaciones de Mendoza y otros periodistas colombianos que vinculan a Uribe con hechos y personajes aciagos de la historia colombiana, Matarife se estrenó el 22 de mayo de 2020 en YouTube. Gracias a una innovadora campaña de expectativa y distribución por Telegram y WhatsApp, se viralizó a velocidad inusitada: su primer capítulo alcanzó dos millones de vistas en sus primeras seis horas al aire.
Medios de tradición publicaron entrevistas con Mendoza, que lejos de cuestionar su producto, le dieron relevancia a su estado de exiliado, como fue el caso del diario El País o la revista Rolling Stone, que lo describió como el “hombre que perturba el establecimiento colombiano”. Un día después del estreno de Matarife el senador Gustavo Petro, hoy presidente electo de Colombia y acérrimo opositor de Uribe, catalogó la serie como “un éxito audiovisual absoluto”. En los premios India Catalina 2021, Matarife resultó ganador en las categorías Mejor producción online y Mejor producción de serie documental, el primero elegido por votación del público y el segundo otorgado por un jurado.
Una de las primeras voces críticas hacia Matarife fue la de Mario Jursich, fundador de El Malpensante, una de las revistas culturales de referencia en Colombia. “Basándome en lo que Mendoza ha escrito sobre Uribe en el pasado”, publicó en su cuenta de Facebook horas después del estreno de la serie, “me temo que Matarife solo producirá una indignación fácil, por completo estéril como marco interpretativo de nuestra realidad y brutalmente dañina para la libertad de expresión”.
Jursich se basó en tres afirmaciones especialmente escandalosas que se hicieron en el primer capítulo de Matarife: que Álvaro Uribe es el “más despiadado genocida moderno que ha pisado el continente latinoamericano”; que es “el dueño de la mitad de las tierras del país” y que “es el responsable, directo o indirecto, de todo lo atroz que ha pasado en Colombia”.
“Cada uno de esos puntos de partida es falso. No impreciso o discutible: falso. Dudo incluso que exista un solo investigador serio que esté parcialmente de acuerdo con alguna de esas tres afirmaciones”, manifestó Jurisch.
Dos años después, el fallo de la Corte Constitucional ordenó a Daniel Mendoza la rectificación de afirmaciones en las que señala a Uribe de “genocida”, “asesino determinador de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”, y de liderar una “empresa de la muerte” compuesta por paramilitares, narcotraficantes y otros criminales.
Mendoza, sin embargo, argumentó que el fallo no lo “condena a un retracto” y que, en su lugar, lo obliga a “aclarar” que ciertos extractos de la serie “corresponden a un juicio íntimo y personal”. En consecuencia, las descripciones de los capítulos de Matarife en Youtube fueron ajustadas para leer: “La serie Matarife se realiza en ejercicio del derecho a la libertad de opinión. El autor de los guiones basa su opinión personal e íntima de Álvaro Uribe en las investigaciones que develan hechos veraces corroborados por imágenes de archivo”.
“La serie debe verse no sólo como el producto de la opinión de una persona y de un pueblo adolorido, sino como una obra artística en la que confluyen la literatura, las ideas, la imagen y la música”.
Se trata pues de un caso que es pertinente analizar para profundizar en los diferentes matices que arroja: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión, la responsabilidad de las audiencias, de los periodistas y de los medios digitales? ¿Las investigaciones periodísticas tienen peso a pesar de no haber un sustento jurídico? ¿Cómo medir qué es buen periodismo y cuándo falta a la verdad?
Veracidad y calidad: primera responsabilidad
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), anota que la principal responsabilidad social que tienen los medios de comunicación y los periodistas con su audiencia es la calidad de información que le entregan: “Que esta sea veraz, que se diferencie donde hay opinión de dónde hay información. Esta es la fórmula para que la ciudadanía y la audiencia estén bien informadas”. Bock señala que, en ese sentido, la Corte ordena la rectificación de algunas afirmaciones porque “no tiene la carga de veracidad que corresponde”.
Omar Rincón, profesor de la Universidad de los Andes, afirma que el periodismo “más que decir la verdad”, debe “mostrar los datos, documentos, fuentes y, después de ello, citar en igualdad de condiciones; es decir, es un método periodístico de comprobar el grado de verdad”.
Según Rincón, la serie “arma una telaraña que junta unas cosas que pasaron y que están relacionadas con otras, y eso es un ejercicio que está basado en documentos, videos o evidencias, y las relaciones [que hace] son asuntos de miradas. En eso la serie no tiene problemas”.
Rincón señala que el inconveniente con Matarife es el exceso de usos de adjetivos: “El adjetivo es un calificativo que tú haces y en esos adjetivos puedes atentar contra el buen nombre o la dignidad humana. Ahí hay un problema: Matarife es una serie totalmente adjetivada. Se convierte en su manera de denunciar”.
Y añade Rincón que “el adjetivo casi que va en contra de la ética periodística” y que un adjetivo es una conclusión que deberían hacer los lectores o espectadores; pero que en Matarife “ese principio se rompe”.
Opinión vs. información
Jonathan Bock señala que el fallo de la Corte invita a diferenciar las opiniones de la información: “Claramente distingue que una cosa son una serie de comentarios personales, como es la opinión, y otra es atribuirle unos hechos delictivos, en este caso, al expresidente Álvaro Uribe y a otras personas, donde no hay una prueba, así sea que esto sea veraz”.
De hecho, Bock resalta la relevancia de este fallo por la metodología de la evaluación utilizada: la Corte revisó diferentes elementos y contenidos que se han publicado y, en este sentido, no ordena la censura de la serie, sino la rectificación de algunos de los apartados.
También Rincón indica que tal distinción entre información y opinión debería ser clara para la audiencia: “Uno debería enunciar transparentemente: este es un periodismo de opinión, esto es interpretación, eso es ensayo basado en hechos, lo que sea. Esa aclaración es buenísima para el navegador de redes”.
El rigor también para las redes y medios digitales
Otro de los puntos de análisis que deja el caso de Matarife está relacionado con la responsabilidad periodística, la ética y el rigor en medios no tradicionales, como las redes sociales. Bock detalla que, en la sentencia, la Corte es clara en señalar que el contenido que circula en redes sociales “debe cumplir con los mismos propósitos y las mismas obligaciones que le son atribuibles a los medios de comunicación tradicionales y, por lo tanto, la responsabilidad no varía. Tiene que cumplir con esos mismos criterios y rigurosidad frente a la veracidad de la información que se está presentando”.
Según Rincón, la ética era algo relacionado con los medios de comunicación en el siglo XX, una época “basada en instituciones de legitimidad pública”. No obstante, en el siglo XXI surgen Facebook, YouTube y otras redes sociales como medios por donde circula la información y que “no se hacen responsables de lo que se publica como la regla clásica demanda a los medios”. En consecuencia, “hemos llegado a la ética del yo, y la cosa es personal: yo con yo. Las redes digitales han hecho una pésima promoción de lo colectivo, institucional y legítimo, porque no asumen responsabilidades globales”, reflexiona.
Por ello, afirma que en el caso de Matarife no existe un medio al que culpar, ya que fue una serie difundida solo por redes sociales y transmitida en YouTube. “Uno va directamente en contra de Daniel Mendoza, en este caso, o en contra del periodista que no nos gusta. Se convierte en una ‘yoética’, en la que soy yo solo en el mundo y debo luchar por todo hasta cuando me demanda”, anota el profesor de la Universidad de los Andes.
La ética de la opinión
En el debate sobre Matarife –cuyo creador, retroactivamente, la ha catalogado como un ejercicio de su “libertad de opinión”– es necesario reflexionar sobre las opiniones de los periodistas en redes sociales. ¿Opinar es hacer periodismo? ¿Deben también los periodistas, al expresarse a través de sus redes sociales, cumplir con los mismos criterios éticos que les exige el periodismo al publicar una información?
La periodista chilena Mónica González, corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, explica que actualmente “los periodistas se convierten en líderes de opinión pública no solo por su trabajo periodístico en los medios de comunicación sino, sobre todo, por los contenidos informativos y opiniones que transmiten, apoyan o reproducen en las plataformas sociales en las que participan”.
En este sentido, González afirma que “pretender disociar al periodista del ciudadano que leemos, vemos y escuchamos en redes sociales es casi imposible, como tampoco es posible ignorar que vivimos tiempos de grave desinformación, que enfrentamos una verdadera industria de noticias falsas”.
Ante lo anterior, la chilena recomienda extremar los cuidados en redes sociales sobre los contenidos que el periodista avala. “Asegurarse de que sus acciones o reproducciones no terminen dando credibilidad a testimonios, documentos u opiniones de quienes buscan socavar la confianza pública y con ello corroer la democracia. En breve: el buen periodista en redes sociales debería adoptar el mismo rigor que sustenta en su actividad profesional. Una caída con información falsa en redes sociales puede afectar su credibilidad profesional”, aconseja.
Otra mirada ofrece Rincón al señalar que debe existir una coherencia entre el medio de comunicación en el que trabaja el periodista y sus opiniones. El experto sugiere que las redes sociales deberían servirle al periodista para “construir en el público la mirada con la que el periodista informa y que eso le ayude a generar seguidores para tener esa autonomía y singularidad narrativa”. Y añade que “solo periodistas con miradas propias van a poder ofrecer algo en las redes digitales, pero eso se convierte como complemento de un medio; es decir: yo informo en un sitio digital o medio y las redes me complementan y voy haciendo un diálogo para aumentar la expansión de elementos”.
Apuntes sobre la libertad de prensa y la libre expresión
Otro de los ejes de análisis que suscita la sentencia de la Corte en relación a la serie Matarife tiene que ver con los alcances de la libre expresión. Para Jonathan Bock, el fallo de la Corte Constitucional “protege la libertad de prensa y toma el camino de la rectificación como la vía para dirimir las tensiones cuando se presentan este tipo de situaciones”.
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa detalla que otro camino pudo haber sido que se optara por la criminalización del caso y llevarlo a una vía penal. Por ello destaca la importancia de que la Corte, en vía de proteger la libertad de prensa no acceda a la pretensión de bajar toda la serie de la plataforma, sino que ordena la rectificación “después de haber hecho un estudio sobre cuál es la información que corresponde rectificar y lo hace en unos términos que está dentro de estos marcos, límites y responsabilidad que tiene el ejercicio periodístico”.
Incluso, Bock resalta que la sentencia hace hincapié en la responsabilidad que acompaña a los medios de comunicación a la hora de publicar contenido. “Esa desinformación termina generando un daño en un colectivo –la ciudadanía en general–, más allá de unos individuos particulares. Eso es muy importante”.
¿Tiene la libre expresión sus límites? Para Mónica González, sí. “Uno de ellos es que la libertad de información y de expresión garantice a los ciudadanos sus derechos mínimos, que no se violente su honra ni el derecho a la legítima defensa”.
Por ello, añade, “no es posible lanzar acusaciones públicas contra ciudadanos, sean autoridades o ciudadanos comunes, sin estar debidamente sustentados, ya sea por un fallo judicial o por una investigación periodística”.
Pero ¿significa esto que, para publicar una información que responsabiliza a algún ciudadano, debe existir un fallo judicial? ¿Debe el periodismo callar si los jueces no han determinado una culpabilidad? La respuesta de González es no; sin embargo, hay claridades que se deben tener en cuenta: esta información se debe dar siempre y cuando “reúna todas las condiciones éticas y de rigor y que puede ser llevada a la justicia. Es una regla básica que se debe respetar sin por ello limitar la libertad de expresión”.
Sobre el caso preciso de Matarife, dice: “Lo ético indica que ningún periodista puede acusar a una autoridad o a un ciudadano –sea militar, policía o civil– sin un fallo judicial que haya condenado a esa persona de esas graves violaciones y crímenes”. Pero pone de presente las realidades de los países latinoamericanos: “En nuestros países y especialmente en Colombia –así como ocurrió en Chile y Argentina, y como sucede hoy en Nicaragua y Venezuela–, la justicia ha estado por largas décadas cooptada por el poder político y económico”.
Lo anterior, dice González, “ha hecho que sea un enorme desafío obtener investigaciones judiciales acuciosas e imparciales que lleven en juicios transparentes y públicos hasta la condena”. González enumera algunos de estos casos en Colombia: “Los responsables de los más de seis mil fallecidos como víctimas de la operación ‘falsos positivos’ o a los responsables del despojo de casi ocho millones de hectáreas del que fueron víctimas familias campesinas colombianas. Más aún, ha resultado imposible llevar a juicio a quienes fueron las autoridades políticas, militares y civiles que ordenaron, fueron cómplices o aportaron la infraestructura necesaria para realizar miles de crímenes. Y están los que protegieron a los victimarios y mintieron ante la opinión pública para ocultar esos crímenes o incluso, inculpar a otros”.
Ante realidades tan complejas, en las que la acción judicial tiene carencias que la sociedad exige solventar, González anota que el periodismo de investigación “se ve en la obligación de develar la corrupción e intentar parar la máquina de muerte, de mostrar con nombre y apellido a victimarios y perpetradores de graves violaciones a la vida y a los derechos básicos de los colombianos”.
“En estos casos, el periodismo no debe callar a la espera de una sentencia”, sino por el contrario, exhibir la historia con los documentos, testimonios, rigor y pruebas de lo que se narra “para obligar a los jueces a realizar su tarea, a que haya juicio e impedir la impunidad. Para que quede claro quién protege a los victimarios”.
¿Es, pues, este el caso de la serie Matarife? Según la corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, en esta ocasión tales reglas éticas y profesionales del periodismo de investigación no se cumplieron.
“El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido sometido a varios procesos judiciales, en la Fiscalía, en la Corte Suprema –dos– y cerca de 43 investigaciones en el Congreso. Hasta hoy no ha resultado culpable en ninguna de esas investigaciones. No obstante, el cúmulo de antecedentes que han emanado de cada uno de esos expedientes al menos permite entender que el señor Uribe no es una persona que corresponda al ciudadano inocente al que le han mancillado su honor, y que sí le cabe algún tipo de participación en la violencia que se desató en estas décadas de conflicto interno en Colombia. Lo que no es lo mismo que acusarlo de ser el autor de asesinatos bien definidos sin contar con todas las pruebas que un buen periodismo de investigación requiere para poder presentarse ante la justicia”, explica González.
Una reflexión para el periodismo
Ahora bien, una vez difundida la serie Matarife, ¿qué ocurre?, ¿qué pasa ahora con el fallo de la Corte?, ¿qué reflexiones quedan por hacer sobre el periodismo? Omar Rincón propone reflexionar sobre el papel que tuvieron los medios de comunicación en la difusión de la serie, ya que estos contaron de qué trataba, pero no se detuvieron en los apartes que hoy cuestiona la Corte.
Rincón indica que los medios, en su momento, se fijaron en la campaña de lanzamiento más que en la misma serie. “Tuvo una forma de mercadeo muy original, que a nivel de marketing es espectacular: anunciaron por WhatsApp, le hicieron campaña de expectativa, dijeron que los iban a censurar, crearon sitios alternos, la pusieron primero en YouTube y después en todos los recursos. Fueron muy hábiles en eso y fue exitosísimo”. No obstante, Rincón insiste en que el periodismo, en lugar de dejarse arrastrar por una campaña, debería investigar todo el contexto para generar criterios y para que cada persona, a partir de sus formas de pensar el mundo, llegue a sus propias conclusiones.
Matarife, según Rincón, es reflejo de la situación del periodismo en el siglo XXI. “[Los medios] usan todos los recursos periodísticos para hacer activismo. Militan en sus empresas en el beneficio de esas, ni siquiera en una ideología de país; por eso hoy en día nada es neutro, nada es ingenuo y todo tiene una finalidad de establecer una forma de definir, percibir, representar y mirar a actores e instituciones sociales”, detalla.
En cuanto a los premios que ganó Matarife, el profesor de la Universidad de los Andes considera que no tiene ningún sentido retirar lo que la audiencia o un jurado determinó dar. Por el contrario, sobre el caso afirma que puede servir como autocrítica para quienes hacen parte del gremio. “Si un jurado decidió que eso era buen periodismo, pues es lo que el jurado decidió. Si la gente creyó que era el mejor producto periodístico del año, hay que creerle a la gente. No tiene ninguna gracia quitarle todo y no dar cuenta de que eso se premió como buen periodismo”, explicó.
De otro lado, González deja presente una de las tareas que tendría el periodismo de investigación tras el fallo de los tres magistrados de la Corte Constitucional: “Encontrar las pruebas, los testimonios y las secuencias que muestran quién ordenó, ejecutó y encubrió los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Jaime Garzón y miles de muertos y desaparecidos que hoy debemos encontrar”. Si aún no se ha comprobado la responsabilidad de quiénes actuaron en tales crímenes, el camino no es el silencio. Por el contrario, es seguir investigando.