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Penas de cuatro a ocho años de cárcel podrían pagar los funcionarios públicos colombianos que filtren información confidencial a la prensa, según una modificación propuesta en el Congreso de Colombia al artículo 418 de la ley 599 de 2000.
La iniciativa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación, aspira a que este ajuste a la ley sirva para "superar algunas barreras procesales para sancionar actos de corrupción".
De inmediato, distintas organizaciones de periodistas lideradas por la FLIP lanzaron una alerta por lo que consideran un proyecto de ley que podría atentar seriamente contra la libertad de prensa.
Pero el caso colombiano no es único en el mundo. En Australia y Japón se han propuesto recientemente leyes similares que castigan con duras sanciones económicas y de privación de la libertad a quienes faciliten información confidencial a periodistas.
Al respecto, el Consultorio Ético de la Fundación Gabo también respondió una pregunta formulada por un preocupado periodista colombiano, quien dijo “El Congreso de Colombia está promoviendo una ley que sanciona penal y disciplinariamente a los funcionarios que entreguen información confidencial a los periodistas. ¿Resulta un detrimento para la libertad de prensa que castiguen a las fuentes que valientemente se atreven a denunciar una situación irregular del gobierno?”
Ante esta inquietud, respondieron los maestros Javier Darío Restrepo, Mónica González, Álex Grijelmo y Gumersindo Lafuente, coincidiendo en manifestar su preocupación por la forma en que este tipo de leyes se pueden usar como una mordaza contra la prensa. “Los Gobiernos, empresas y entidades procuran que determinadas informaciones de interés general no se difundan. La obligación del periodista es darlas a conocer y reservarse el nombre de la fuente que le aporta noticias veraces”, estimó Grijelmo.
¿Peligra la libertad de prensa si una ley castiga a funcionarios que entreguen información confidencial? ¿Qué pueden hacer los periodistas en contra de este tipo de leyes que castigan a los informantes? ¿Cuál información es válido filtrar a la prensa y cuál no? ¿Si la información compromete temas como la seguridad nacional o el buen nombre de alguien, debería evitarse su filtración? ¿Hay diferencias entre filtrar información de empresas privadas y de entidades públicas? ¿En aras de la transparencia, toda la información de las instituciones del Estado debería ser pública?
Para responder a estas y otras preguntas, los seguidores de nuestra cuenta @Etica participaron en uno más de nuestros tuitdebates usando la etiqueta #ÉticaEnRed. Los mejores trinos producidos durante la hora del debate fueron recopilados en el siguiente Momento de Twitter..
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