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Cuando Nicolás Casey, corresponsal de The New York Times, concluyó su investigación, tenía sobre su mesa de trabajo testimonios de oficiales y documentos que le deban la certeza de que no era una información cualquiera la que estaba a punto de enviar a su periódico, y que produciría reacciones de rechazo en el gobierno, en las fuerzas armadas y en los políticos cercanos al presidente Iván Duque. Por eso cuando el sábado 18 de mayo apareció bajo el titular “Las órdenes de matar del ejército ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, supo que una tempestad estaba a punto de estallar sobre su cabeza.
Y no se equivocó: su fotografía apareció enseguida en las redes sociales junto con la indignada reacción de una congresista: “este es el periodista que estuvo de gira con las Farc….¿cuánto le habrán pagado por el reportaje contra el ejército de Colombia?... Es un artículo lleno de inconsistencias”, dijo el ministro de defensa antes de anunciar que había pedido a la fiscalía una investigación.
Casey no esperó a que la tempestad arreciara y viajó para ponerse a salvo de los poderosos a quienes había afectado su información. Pero al mismo tiempo su periódico asumió su defensa: “simplemente informamos lo que dicen los documentos del ejército y la información proveniente de oficiales colombianos”.
La reacción oficial, incluida la del presidente Duque, fue cuidadosa: “mi gobierno tiene tolerancia cero en las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas” . La información de Casey revivió una pesadilla de 2.200 víctimas, 10.000 procesados, 2.000 investigaciones, según cifras de la Fiscalía; y pronosticaba el renacimiento de un mal momento, el peor de las fuerzas armadas colombianas. O, como se leía en el diario neoyorquino, el gobierno estaba proponiendo otra encarnación de los falsos positivos cometidos entre 2002 y 2008. En aquel momento, un ejército apremiado para que presentara resultados y estimulado por el ofrecimiento de ascensos y reconocimientos asesinó campesinos a los que hizo pasar por guerrilleros. En la nueva directiva contenida en una página llamada: “planteamiento de objetivos 2019” que recibieron en Tolemaida los generales que debían incrementar las desmovilizaciones, las capturas y los muertos, en desarrollo de operativos militares.
La información de Casey había tenido en cuenta antecedentes como la directiva de 2007 300-28 sobre privilegiar como resultados operacionales “los muertos en combate cuando se trata de cabecillas”. Ahora la orden es duplicar los resultados y “no exigir perfección para realizar operaciones”. Sólo se les exigiría el 60% - 70% de credibilidad y exactitud.
Junto con el rechazo de las autoridades nacionales, reaccionaron las autoridades de Estados Unidos que vieron en peligro de inutilidad sus ayudas de 15.000 millones de dólares “que hemos gastado en casi 20 años respaldando a Colombia, tanto en la guerra como en la paz”, dijo una fuente del congreso a El Tiempo. A su vez 80 congresistas pidieron al gobierno el cumplimiento de los acuerdos, en una carta; mientras en un editorial, el New York Times le dio a la directiva el nombre de saboteo del presidente a los acuerdos de paz. Y se agregó a la anterior la carta de tres senadores en que le pidieron al presidente Duque no promover al comandante del ejército, general Nicacio Martínez, autor del explosivo documento.
Y como si el escándalo necesitara más combustibles, la promoción de este general iba viento en popa: sería el más alto grado conocido en el ejército colombiano. En el congreso, donde se debatía el ascenso, no tuvieron importancia las reacciones producidas por la directiva, ni la carta de los congresistas de Estados Unidos; por el contrario, la ponencia de probación del ascenso afirmó: “su ascenso permitirá generar más seguridad en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana”.
Por estos días tormentosos se desarrollaba el proceso a que dio lugar la muerte violenta de Diomar Torres, un exguerrillero cuya muerte a manos de un cabo del ejército intentaron mantener oculta. Cuando el comandante de la región, el general Diego Villegas, sinceramente avergonzado pidió perdón a la comunidad, desató la indignación dentro de su institución. Su superior jerárquico reaccionó airado y según versión que se escuchó en su voz en Noticias Uno, dijo: “váyase para la guerrilla para que las fuerzas militares tengan el honor de perseguirlo y sacarlo de allí si le dolió tanto que mataran un guerrillero”.
Todos estos hechos se reúnen como piezas de un proceso informativo iniciado por las investigaciones del periodista Nicholas Casey y que se pueden leer como una señal de alerta para el país. Advirtió, sin embargo en El Espectador el columnista Andrés Hoyos: “es alarmante que estas noticias que pueden traer efectos graves sobre los civiles, no aparezcan en la prensa nacional, sino en la extranjera”. Es el otro efecto puesto en evidencia dentro de este episodio.
Una advertencia para la prensa colombiana que informó el hecho cuando ya lo había conocido el mundo en las páginas del New York Times. Las páginas editoriales fueron orientadoras. El editorial de El Espectador afirmó con fuerza al invitar a “enviar mensajes de rechazo a cualquier presión para fomentar el conteo de cuerpos y el actuar torpe de las Fuerzas Armadas, es la verdadera solución. No puede quedar abierta la posibilidad de que repitamos nuestra historia pavorosa”.
Por su parte El Tiempo presentó la publicación del New York Times ”como una alerta que lleva a actuar. Porque si algo genera consenso en este ambiente tan polarizado es que esa página de los falsos positivos tiene que quedar definitivamente atrás”.
El Colombiano, de Medellín, reconoce que “el New York Times es particularmente riguroso en sus fuentes y datos y que no se puede reprochar que los comandantes sean exigentes”. A la vez explica que la polémica directiva de operaciones “tiene zonas grises que no dejan entender las instrucciones, que van a ser modificadas”.
En efecto, el retiro y las modificaciones del documento pueden atribuirse a la presión de la prensa, a partir del informe de Casey. Fue notoria, en efecto, la confusión en la presidencia y en el ejército que se hizo palpable en las contradicciones de sus voceros.
Fuentes citadas por El Espectador subrayan: “¿cómo les van a pedir bajas (a los militares) si no hay guerra?” En efecto es parte de la política oficial que no hay guerra, ni siquiera conflicto.
Una de las primeras reacciones del general Martínez fue la de negar que Casey hubiera tenido documentos que no existen; pero después reconoció la existencia de esos documentos y ordenó su retiro; y tiene mucho de desconcierto la referencia, como excusa, del ministro Botero, a los cursos de Derechos Humanos dictados en los cuarteles mientras en las acusaciones sobre los falsos positivos se mencionaba la orden de aumentar, “como sea” el número de bajas.
En todo el episodio el interrogante fue: si el New York Times no hubiera destapado la existencia de la directiva entregada a los generales, ¿qué hubiera sucedido? ¿Se la habría aplicado tal cual, con las mortales consecuencias subsiguientes? ¿La prensa hubiera seguido en silencio?
Para los periodistas colombianos este episodio ha sido un campanazo. Lo hizo sentir así en su columna de Semana, Daniel Coronell, en una demostración de independencia y honestidad admirables. Reveló que la información había sido engavetada; el posterior cierre de su columna agregó otro elemento válido en la significación del hecho. ¿Quién o qué esta silenciando a la prensa en Colombia?
Las reacciones que se produjeron desde el poder – tanto el militar como el gubernamental- dejaron ver la cautelosa intención de manipular la información con mentiras.
La crisis económica, además, ha exasperado la sensibilidad de gerentes y propietarios de medios para alejar la posibilidad de una reducción de pautas, patrocinios y apoyos financieros, por tanto no se informa, o se informa a medias para evitar la reacción de castigo de los aportantes.
Pero no es esta la única explicación de un silencio informativo como este. Los poderes, el gubernamental, el militar, el económico impone silencios desde su condición de fuente, de aportante, o de dueño del poder.
Entre los primeros esfuerzos para eludir la fuerza de esta noticia estuvieron los intentos de desacreditar la fuente, de conocer sus nombres y de imponer el punto de vista oficial. Se ratificó así el hecho de que el poder, cualquier poder, está mal avenido con la verdad. Esto mantiene en polos opuestos al periodista y al poderoso, sea gobernante, político o empresario de medios. Y si alguien no lo cree repase, uno tras otro, cada uno de los momentos de este episodio que se convierte en una oportunidad para desnudar los peligros que nos rodean a los periodistas en nuestra frágil democracia.
Para cualquiera de los periodistas del país ha quedado claro que a sus esfuerzos por mostrar la realidad de lo que sucede, si esto afecta los intereses de algún poder, se opondrán las mentiras o las medias verdades de los poderosos; también el uso del poder económico – pautas comerciales canceladas, apoyos y patrocinios negados- a su vez el poder administrativo usa armas como destituciones, o peor, descrédito y desprestigio. En cualquier caso se hará evidente que el ejercicio de un periodismo honesto tiene en Colombia un alto costo, el del miedo que silencia, el del miedo que agarrota, o que enseña medias palabras, pasos de equilibrista, o el uso de máscaras cuando los poderosos pasan.
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