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Las grabaciones de eventos relacionados con la inseguridad realizadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles ocupan un espacio cada vez mayor en los noticieros de televisión. Las situaciones grabadas por testigos de los hechos van desde robos simples, pasando por accidentes automovilísticos hasta atentados terroristas.
La ciudad de Bogotá fue escenario recientemente de dos atentados en las oficinas del fondo de pensiones Porvenir. Dos petardos de mediano poder explotaron con poco tiempo de diferencia en lugares distintos de la capital colombiana. Tras lo sucedido, los primeros en obtener grabaciones de los hechos fueron los medios de comunicación y no las autoridades.
Ante esta situación, la Fiscalía General de Colombia ha puesto sobre la mesa una iniciativa según la cual se declara ilegal que los ciudadanos entreguen grabaciones de atentados terroristas a los medios de comunicación.
“Los videos, audios, cámaras y elementos que tienen los ciudadanos o las empresas para filmar o escuchar los detalles de los atentados terroristas son elementos de prueba que sirven en la investigación penal, por esta razón por disposiciones legales los ciudadanos solo pueden entregar este tipo material, fílmico, de videos, de audios y de cámaras a las autoridades competentes, es decir, a la Fiscalía General de la Nación o la Policía Judicial”, declaró el fiscal Eduardo Montealegre.
Las declaraciones del Fiscal fueron inmediatamente rechazadas por los defensores de la libertad de prensa en Colombia, quienes las calificaron como una medida propia de los regímenes dictaroriales y un retroceso para la democracia del país. Entre ellos se destacan Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); Elker Buitrago, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá; y Javier Darío Restrepo, director del Consultorio Ético de la FNPI.
“Restringir la información de unos hechos que uno ha contemplado, eso es propio de los sistemas dictatoriales, en donde se considera que las autoridades tienen control sobre la información y todo control sobre la información, está atentando contra un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de información”, opinó el maestro Javier Darío Restrepo en RCN La Radio, añadiendo que “es un claro intento de restringir la libertad de información, cuando un ciudadano graba un hecho, simplemente cuenta que fue ese hecho. Frente a los hechos no cabe ninguna restricción por parte de las autoridades”.
¿A quién debe acudir primero un ciudadano que ha hecho una grabación en el lugar de un atentado terrorista? ¿Por qué motivos entregar primero estas grabaciones a los medios en lugar de las autoridades? ¿Está bien que los medios de comunicación paguen por grabaciones de atentados terroristas hechas por ciudadanos? ¿Declarar ilegal que los ciudadanos acudan a los medios para entregar estas grabaciones atenta contra la libertad de prensa? ¿Cómo debe responder un medio al que las autoridades le piden revelar la identidad del ciudadano que hizo la grabación?
Para responder a estas y otras preguntas, los seguidores de la cuenta @EticaSegura participaron en uno más de nuestros tuitdebates usando la etiqueta #ÉticaEnRed. Los mejores trinos producidos durante la hora del debate fueron recopilados en el siguiente Storify:
La Red Ética Segura hace parte de la alianza Ética Segura, de la FNPI y el Grupo SURA, que propone un espacio de reflexión y debate acerca de los cambiantes desafíos éticos del oficio.