Relatoría del primer Encuentro de investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas

Romper los prejuicios que han permeado el abordaje de la información alrededor de las drogas desde el periodismo es uno de los retos que tienen los reporteros durante la segunda década del siglo XXI. Es así como la deconstrucción de imaginarios y un viraje hacia otras perspectivas de la cadena involucrada en el uso de drogas consideradas ilícitas fueron elementos fundamentales dentro de las reflexiones que se generaron en el primer ‘Encuentro de investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas’, organizado por la Fundación Gabo y  Open Society, con la  participación 10 periodistas colombianos y mexicanos. 

El diagnóstico de Jorge Cardona, editor general del periódico El Espectador y uno de los invitados al encuentro,  es que en el último siglo los periodistas han abordado el tema de las drogas desde una agenda claramente prohibicionista de carácter global. Esto, según Cardona, representa lo que él llama un ‘buque’ de entrada a la profundidad del asunto, que no ha permitido una distinción de las diferentes etapas en el proceso de las drogas y que el tratamiento que hoy se les da a los consumidores sea el mismo que el de los narcotraficantes, desde el punto de vista de la comunicación: “Una especie de autoridad moral que se sitúa para, de alguna manera, descalificar a la persona que está inmersa en el tema”. 

¿Cómo puede el periodismo ayudar combatir la desinformación y percepciones sobre las drogas, que en muchos de los casos ha contribuido a construir? ¿Qué narrar? ¿Cómo narrar? ¿A qué le está apuntando el periodismo en sus abordajes alrededor de este tema?, fueron algunas de las incógnitas que se  desarrollaron en el encuentro.

¿Por qué es importante para la sociedad que el periodismo renueve las narrativas sobre las drogas? 

Las drogas son de las pocas cosas de la vida que inciden en una parte del instinto que se llama supervivencia. Tocan el miedo a la muerte. Esta es la razón por la que estas sustancias generan interés en todas  las sociedades, según Catalina Mahecha, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes y una de las invitadas al encuentro. 

“¿Adivinen cuáles son los indicadores de la política de drogas? Las muertes. El número de muertes ya sea por consumo o por la producción de drogas. Siempre estamos asociando el tema de las drogas a las muertes. Es como un tema trascendental: si las consumimos, nos morimos”, dice Mahecha. 

Alrededor de esta trascendentalidad se han construido los imaginarios que permean  los juicios de valor sobre las drogas. De esta forma, para la mayor parte de la opinión pública, quien consume es un hombre que habita en la calle, los productores son campesinos que están armados y los traficantes son encapuchados con cuchillos o pistolas irrumpiendo en las escuelas. Mover a la gente de estos puntos es difícil  y por ese motivo uno de los retos de los periodistas alrededor de los abordajes de estos temas es conocer los desafíos al momento de narrar, indica la experta. 

¿Cómo explicar desde el periodismo suficiente y clarmente diferentes aristas sobre el consumo de drogas ? ¿Cómo se introducen al debate de las drogas los impactos ambientales y de género? ¿Cuáles son esos fenómenos sociales que ha generado la política prohibicionista de las drogas y que no se  discuten? ¿Cómo se abren discusiones alrededor de otros usos de los cultivos declarados ilícitos? Estas preguntas son, según los participantes del encuentro, las que deben intentar responder los reporteros al momento de abordar este tema para atender los desafíos que esta década les plantea.

Desintoxicar narrativas 

Paula Aguirre, coordinadora de la consultora de derechos humanos Elementa, señala que los periodistas necesitan, en primer lugar, desintoxicar las narrativas para  no solo lograr que el tratamiento de la información  alrededor de este tema tenga otros abordajes, sino para  contribuir a la creación de políticas de drogas más humanas. 

“La prohibición como única medida para entender la política de drogas se ha replicado por generaciones dentro de la sociedad. Los mitos alrededor del tema han sido difundidos como evidencia científica en los imaginarios colectivos”, asegura Aguirre, quien enfatiza en la necesidad de “hacer un barrido de la información que se trasmite a partir de los mensajes prohibicionistas”, ya que muchas de las noticias en torno al tópico “generan miedo, alarma, discriminación, marginalidad, exclusión social  y ruptura”, 

Por  este motivo, la experta ofrece ocho consejos útiles para desintoxicar las narrativas en los medios de comunicación: 

1. Romper estigmas: dejar de ver las drogas solo como elementos de uso ilícito. Mirar más allá de la criminalización para no caer en los mitos del modelo prohibicionista de la política de drogas y ampliar la visión hacia los diferentes tipos de drogas. 

2. Ampliar fuentes: el tema de las drogas abarca muchas disciplinas y sus impactos están presentes en una amplia gama de áreas del conocimiento. Por esta razón se recomienda tener la mayor variedad de fuentes en el momento de abordar un tema relacionado con este asunto.

3. Narrar los efectos de la política de drogas: esta política ha tenido consecuencias negativas en la sociedad civil, sin generar resultados contundes en su efectividad. Se necesita hacer más reportajes enfocados hacia los impactos de las medidas en las poblaciones.

4. Tono realista: el mensaje de la prohibición ha permeado en diferentes sectores de la sociedad; por eso es importante informar desde un tono realista que incluya matices y grises.  Esta es una estrategia clave para contribuir a resolver dudas y preocupaciones alrededor de las drogas, que se han insertado en diversas generaciones. 

5. Usar contexto: los medios de comunicación deben hacer uso de la memoria como elemento para difundir información más humana y completa. Contextualizar es clave para no olvidar las consecuencias.

6. Cambiar el lenguaje: La política prohibicionista alrededor de las drogas ha contribuido a la utilización de  un lenguaje que reproduce mensajes equivocados y genera discursos discriminatorios. 

             Algunas expresiones y etiquetas que se sugiere cambiar:

• Sí: persona que usa droga o usuario de drogas. / No: marihuanero, drogo, desechable, loquito o vicioso.

• Sí: persona con consumo problemático, dependencia a las drogas o con un desorden de sustancias. / No: adicto o drogadicto.

• Sí: dependencia a las drogas o consumo problemático. / No: drogadicción.

• Sí: abstinencia o personas que ha dejado de usar drogas. / No: estar limpio. 

• Sí: microtraficante. / No: jíbaro.

• Sí: drogas o sustancias psicoactivas. / No: estupefacientes, narcóticos o alucinógenos.

• Sí: cultivos de hoja de coca. / No: narcocultivos o cultivos de cocaína.

• Sí: población cultivadora, campesinos o cultivadores de hoja de coca. / No: narcotraficantes.

• Sí: mujeres microtraficantes. / No: mulas.

7. Cuidar el uso de las imágenes: el uso de imágenes debe hacerse con responsabilidad.  Es importante la coherencia entre lo que se quiere comunicar y las imágenes. Se recomienda no usar ilustraciones que contribuyan al estigma del uso de las drogas. 

8. Pensar en las personas de forma más humana: Con el componente humano se puede demostrar que no todo consumo genera problemas y que hay consecuencias graves de la política prohibicionista, pero también se crea empatía, se contribuye al debate sin discriminación y se abren espacios para escuchar otras formas de tratar las drogas en las distintas sociedades.

Cambiar la agenda 

Entre las recomendaciones que da Jorge Cardona, editor general del periódico El Espectador, para  el abordaje de otras narrativas alrededor de este tema en América Latina, está que los periodistas deben tratar de cortar el “cordón umbilical”, en referencia a que la mayor parte de la información que se genera en el mundo sobre las drogas se desprende de la agenda prohibicionista de Estados Unidos en esta materia.  Si esto no se hace es imposible virar a otras perspectivas.

“Tenemos un prejuicio enorme como sociedad, como medios de comunicación  y comunicadores alrededor de los temas que están discutiéndose en la agenda internacional porque nuestra agenda está condicionada en Washington”, asegura el maestro. 

Por este motivo, complementa Aguirre, hay que empezar como periodistas a reconocer que la guerra contra las drogas ha fallado y la política prohibicionista no ha logrado grandes avances en su objetivo de crear un mundo libre de drogas, por el contrario, ha generado múltiples consecuencias negativas. 

De esta realidad se deriva que sea común escuchar en los discursos o en la información que circula en los medios de comunicación que toda la cadena involucrada en el uso de las  drogas hace parte de una conspiración contra el país norteamericano. En la historia, recuerda David Restrepo, director del área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del Cesed, fue Estados Unidos el que impulsó el paradigma prohibicionista de la política de drogas y a partir de allí el resto de naciones fueron adoptándolo. 

La convención de 1961 sobre estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de los pocos documentos con mayor consenso alrededor del mundo. Fue a partir de esta cumbre que cultivos como el de la hoja de coca se volvieron ilícitos, dando origen al problema del narcotráfico y todas las consecuencias que hay alrededor de este,  recuerda Restrepo.  

Es hora que desde el periodismo se empiece a discutir sobre la regulación de las drogas como una política pública que organice, otorgue licencias, controle los mercados e incluso considere la alternativa de despenalizar el consumo,  pero para asumir estos desafíos hay que tener claro, dice Jorge Cardona, que el tema transversaliza ámbitos sociales como la seguridad, la salud pública, la política, el medio ambiente, la vida social y la economía, aunque en muchas ocasiones se niegue su influencia en relación a esta última categoría.

Desmitificar el consumo 

Es un desafío para los periodistas cambiar las narrativas en este aspecto debido a que gran parte de la información se ha concentrado históricamente en el consumo problemático de las sustancias psicoactivas. Catalina Mahecha recuerda que solo el 10% de las personas que hacen uso de las drogas tienen dificultades derivadas de este: ataques de abstinencia, incapacidad para tomar decisiones, afectaciones físicas, alteración el genio o problemas para continuar con su vida.  El otro 90%, no.

Mahecha agrega que de ese 90% de consumo no problemático hay cuatro categorías de uso: el terapéutico (tratamiento de traumas), el recreativo (diversión), el espiritual (asociado a rituales basados en creencias) y el medicinal (manejo del dolor o control de enfermedades). Cada una de estas clasificaciones tiene particularidades  y contextos que merecen ser analizados, discutidos y, por supuesto, abordados desde el puntos de vista de los medios de comunicación, dice la tallerista. 

Pablo Zuleta, director del área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del Cesed, complementa lo dicho por Mahecha, asegurando que en la cadena que envuelve a las sustancias psicoactivas, el derecho a la información juega un papel fundamental en la parte del consumo. Las personas tienen el derecho a saber las consecuencias, el impacto, la proveniencia y todo lo relacionado con estas sustancias: es vital no solo para preservar la salud, sino para el derecho a la libertad de decisión que tienen los individuos. 

La  mayoría de las personas no tienen acceso a suficiente información sobre drogas en términos científicos y esto influye en la percepción de riesgo que  tiene la sociedad hacia el uso de las mismas. Este hecho, dice Zuleta, también va ligado a la falta de caracterización en este tema, lo cual deja algunas preguntas para los reporteros ¿Qué grupo poblacional está más cerca a las drogas y por qué? ¿Quiénes son los que en estos momentos están discutiendo sobre este tema? ¿De los consumidores, quienes reciben atención desde el punto de vista de salud pública?  

Uno de los avances que se ha dado alrededor de la discusión de las drogas está relacionado con el hecho de que las personas que pertenecen al porcentaje problemático del uso de las drogas deben ser tratadas en el marco del derecho a la salud, en especial,  del derecho a la salud pública. Esto, visto como un derecho subsidiario del derecho a la vida, según Pablo Zuleta, que incluye el tratamiento de trastornos metales asociado al comportamiento cuando hay uso de sustancias psicoactivas. 

Este debate, dice el experto, ha sido difícil de dar en las sociedades de América Latina debido a que, en términos generales, las afecciones derivadas del consumo de sustancias psicoactivas son vistas como consecuencias de decisiones que las personas pueden controlar. Para el caso de Colombia, entre 1994 y hasta 2012, no hubo atención en salud por patología de adicciones.   

No obstante, Mahecha agrega que a esta arista  todavía le falta avanzar porque va de la mano con  la discusión de si las personas tienen derecho o no a consumir sustancias psicoactivas y si esto se despenaliza o no. Añade que encasillar el uso de sustancias solo a un problema de salud pública también dejaría de lado a los demás consumidores, los no clasificados como problema. 

La solución, coinciden los participantes del taller, para que tanto la sociedad entienda de otra manera el fenómeno de las drogas como para que los periodistas encuentren nuevas narrativas está en que el tema debe ser manejado bajo un enfoque de derechos humanos, que transversalice el derecho  a la vida, el derecho a la salud, el derecho a las libertades, el derecho a la protección, el derecho a la salvaguarda de la integridad física, el derecho a la recreación, el derecho a no ser discriminado, entre otros. 

“Para poder entender cómo llega un individuo a tener un consumo problemático hay que entender cómo se da el consumo en las sociedades con o sin permisividad legal, con o sin grupos de prelación, porque nosotros sabemos que hay grupos grandísimos de consumos de sustancias psicoactivas ilegales que se reúnen. Hay grupos en los que la noción de autoridad en términos de prohibición está completamente desconocida”, apunta Pablo Zuleta. 

Una mirada con enfoque de género 

Uno de los grandes mitos arraigados al consumo de drogas en las sociedades está relacionado con el uso de estas por parte de mujeres ¿Qué pasa cuando uno busca en Google mujeres y drogas?,  pregunta Isabel Pereira Arana, coordinadora de investigaciones de Política de Drogas de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejustica). 

“Las mujeres se vuelven importantes en la narrativa publica solamente cuando están gestando o cuando son madres”, responde Pereira. La sociedad se pregunta por la  variable mujer-consumo cuando está cargando un bebé, es la única forma de que genere preocupación. De ahí que el resultado de la búsqueda en Google sea en este sentido.

Otro de los mitos que está arraigado  tiene que ver con la relación mujer-droga –maltrato. Aquí se ubica  a la mujer como víctima del consumo de alguien más, pero no se habla mucho  de su papel en el uso de sustancias psicoactivas, complementa la experta. 

“A la opinión pública le importan estas mujeres que consumen porque están embarazadas, son madres o porque son víctimas de un novio abusador que es un alcohólico, no porque se considere que hay algo que  decir sobre mujeres y drogas, pero en efecto sí hay mucho que decir”, añade Pereira.

En este sentido, considera Pereura, que el periodismo tiene el reto de responder: ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los impactos de la política de drogas en ellas? Dice que se podría empezar por indagar en que hay una población de mujeres encarceladas creciendo en países como México y Colombia. Por lo menos el 45% de las mujeres en prisión son acusadas de delitos asociados a las drogas, sin embargo, la mayoría de estos no están relacionados directamente  a organizaciones criminales. 

El problema de que haya tantas mujeres en las cárceles, añade la invitada,  es que con tenerlas privadas de la libertad no se logra desmantelar las organizaciones criminales ni el tamaño del mercado. Lo único que se consigue es satisfacer el deseo de una gran parte de la población que quiere que se les imponga este tipo de castigos, pero como la mayor parte de las capturadas pertenecen a los eslabones menores de la producción  de drogas, lo que se está generando es un problema social a futuro para muchos menores que quedan solos por la ausencia de la madre en entornos favorables para el consumo problemático. Este fenómeno es poco documentado en medios de comunicación, agrega Pereira. 

“La mujer carga un estigma: una mujer que usa drogas está yendo en contra de su rol de género. Entonces no está siendo buena hija, no está siendo buena madre porque no está pensando en sus hijos. Hay unos costos mucho más altos en la decisión de una mujer de involucrarse con conductas relacionadas con las drogas, sea el consumo o sea el tráfico”, señala.

Según Pereira, estas son algunas de las barreras para los abordajes informativos sobre el consumo de mujeres: 

• Se confunde mucho más el uso problemático del no problemático: si bien, a nivel general, se tiende a confundir el consumo problemático con el no problemático, cuando se trata de mujeres el tema es más complejo porque en muchos casos los profesionales no saben cómo proceder con ellas. Esto refleja un patrón de discriminación en el sistema. 

• No hay cifras actualizadas: en la mayoría de los casos no hay cifras actualizadas ni para hablar de la población que tiene un consumo no problemático ni para hablar de la población que tiene un consumo problemático. Las últimas estadísticas en Colombia son de 2013.

• Poco se habla de placer asociado a las drogas: la información es limitada debido al estigma que hay sobre las mujeres en este sentido. Son juzgadas más duramente por sentir placer con sustancias psicoactivas.

• Pocas estrategias con enfoque de género: las políticas de atención, en el caso de los consumos problemáticos, no tienen enfoque de género. En muchas ocasiones este tipo de consumo lleva a que haya ciclos de abusos por parte de terceros y de esto poco se habla. 

• Miedo: la mujer está expuesta a un alto nivel de pérdida si es consumidora de drogas. Se ve amenazada a que le quiten sus hijos o que la alejen de ellos. Esta es una de las razones principales por la que muchas de ellas prefieren callar frente a este tema, además que los servicios dirigidos a tratar esta problemática tienen un componente discriminatorio.

“Generalmente, lo que uno ve en noticias cuando se habla de mujeres y drogas es la preocupación por ese niño o esa niña, que es válida, pero nunca se habla de por qué esa mujer llegó a ese punto o en qué falló el Estado y los sistemas de salud para que ella llegara a ese punto. Hay que hacer esas preguntas incómodas”, les recomienda Isabel Perera a los periodistas. 

Enfoque en el medioambiente 

Una de las justificaciones de la política prohibicionista de las drogas alrededor de la clasificación de cultivos de uso ilícito tiene que ver no solo con ser la materia prima de la producción de sustancias psicoactiva sino con la afectación de estos al medioambiente. Para el caso de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estima que por cada hectárea de marihuana se deforestan una y media de bosque, por cada hectárea de coca se deforestan cuatro de bosque y por cada hectárea de amapola, se deforestan dos y media de bosque.

María Alejandra Vélez, directora del Cesed, recuerda estas cifras e indica que los periodistas deben escudriñar qué hay detrás de estas y complejizar la relación entre estos cultivos y la deforestación. En Colombia, dice, se están utilizando estos indicadores para justificar la retoma de la aspersión aérea con glifosato, como herramienta para acabar con los grandes volúmenes de hectáreas de coca. El país alcanzó las 212.000 hectáreas en 2019. 

La experta asegura que estas cifras han hecho que muchos periodistas, funcionarios y  políticos se hayan concentrado en señalar los cultivos de uso ilícitos como causa de la deforestación directa. Esta, añade, es una visión simplista de todo lo que hay detrás de las cifras de producción de coca y del contexto rural en el que se origina la siembra. Sin embargo, reconoce que la situación de deforestación en el país es bastante crítica: de acuerdo al Ideam, Colombia perdió más de 1.5 millones de bosque entre el 2005 y 2015,  el equivalente a 2.1 millones de campos de fútbol.

¿Qué está causando la deforestación? Hay multiplicidad de causas, directas y subyacentes. En Colombia, dice Vélez, se puede  hablar de que el conflicto armado o el posconflicto es una de estas causas subyacentes, al lado de otros factores, pero que no se le puede echar todo la culpa a la producción de coca. Menciona la explotación ganadería, el acaparamiento de tierra, la praderización, la expansión de la frontera agrícola, la palma, la infraestructura y la explotación maderera, como factores que inciden en este fenómeno. 

El abordaje completo de este tema, añade Vélez,  parte de reconocer que en una parte de América Latina algunos motores de deforestación son ilegales y esto hace que las políticas públicas se queden amarradas sin saber qué hacer para poder solucionar el problema.  No obstante, el porcentaje de deforestación por la coca sigue siendo alto, según las estadísticas. 

“A estas cifras les faltan muchos detalles. Ahí hay todo un espacio para reportería, para entender exactamente esta cadena de la causa subyacente y de la causa directa, para entender muchos  de los estudios de casos ¿Por qué estas cifras? ¿Qué implican? Hay una cadena poco estudiada en los detalles y sería una maravillosa historia contar la relación entre coca, ganado y la propiedad de facto”, manifiesta María Alejandra Vélez. 

Sin embargo, tampoco se puede olvidar desde el periodismo, al menos en el caso colombiano, que hay zonas protegidas como  parques naturales, resguardos indígenas y propiedades colectivas de comunidades negras en los que la coca se está expandiendo y esta genera una deforestación indirecta. “Esto no lo podemos permitir”,  dice Vélez.  

Un vistazo a las economías alrededor de las drogas 

David Restrepo señala que solo la cosecha de coca en la región Andina está avaluada en un monto cercano a los  2 billones de dólares, sin incluir la cadena de valor que se involucra en la producción de la cocaína ni la distribución, donde se genera más del 90% del costo. En este orden de ideas, al menos en Colombia hace un aporte cercano al 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Aquí, el experto se detiene para recordar que la coca y la hoja de coca no son lo mismo que la cocaína. “La coca no es la cocaína que la gente inhala. La gente inhala es una sal de cocaína, clorhidrato o sulfato de cocaína. Eso hace toda la diferencia porque se transforma completamente la farmacología de una sustancia”, aclara. 

Continuando con los números, dice el experto que solo se queda en la región Andina el 10% del valor total que genera el negocio de la cocaína. Se calcula que las ganancias totales del tráfico de esta sustancia están entre 94 y 143 billones de dólares, quedando en Colombia entre 5 y 7  billones de dólares. El aporte de este negocio a la economía del país vendría siendo el segundo después del petróleo. 

Para el caso de Colombia, Restrepo asegura que, en  2018, el cultivo de la coca se comercializó en el país por 2.200 pesos el kilo, pero un kilo de clorhidrato de cocaína se vendió en aproximadamente 5 millones de pesos y en 30.000 dólares, una vez llegó a Estados Unidos.  

“Esto es una cadena de valor, pero muchas veces en los medios no hay una visión de que es una cadena de valor y solo se limitan a hablar de narcocultivos y de que los cultivadores son narcotraficantes. No hay sutileza en torno a lo que sucede con los diferentes eslabones de esta cadena”, le dice a los periodistas el maestro. 

Partiendo de que no todos los cultivos de coca son usados para la producción de cocaína,  David Restrepo añade que en el periodismo hay un gran sesgo en relación a todo lo que tiene que ver con la erradicación y la fumigación con glifosato. No se cuentan otras experiencias, más allá del narcotráfico, siendo la coca una planta que hace parte de la identidad e historia de muchos países en América Latina, incluso antes de que se catalogara como un cultivo de uso ilícito en la política prohibicionista de las drogas.   

En el marco de la economía política prohibicionista, la coca tiene efectos contradictorios y ambiguos porque genera intercambios desiguales, violencia, pero a la vez contribuye a la movilidad social rural y urbana en países latinoamericanos como Colombia, Perú y Bolivia, según el experto.  De allí que se estén generando discusiones sobre modelos de control alternativos para aprovechar y gestionar la coca en sus usos lícitos y transformar la manera como piensa la mayor parte de la sociedad.

Restrepo expone que en cuanto a la movilidad rural que genera el cultivo de hoja de coca, los últimos estudios han arrojado que, contrario al imaginario colectivo que hay alrededor de quienes están tienen esta labor como fuente de ingresos, la mayoría de cultivadores son jóvenes  y hay una presencia importante de mujeres.  

“Hay un tema muy importante: muchas veces en los medios vemos como se presenta al cultivador como una persona sin agencia, sin poder y  que lo están obligando a cultivar coca. Según las encuestas eso no es verdad. Los cultivadores están entrando voluntariamente a este mercado porque es lo que mayores posibilidades económicas les da. Es muy poca la gente que dice que la están obligando a cultivar coca”, indica. 

En este sentido, Isabel Pereira complementa que a muchas mujeres rurales la coca les ha permitido un nivel de independencia económica que se traduce en liberación y empoderamiento, pero también en movilidad para una familia completa: muchas de ellas han podido pagar los estudios de sus hijos, comprar casa o ampliar la infraestructura de sus hogares. 

“La mayoría de las historias que uno lee están contado los impactos negativos de los cultivos ilícitos, de las economías ilícitas, pero no se cuestionan por qué la  gente sigue ahí. Algo bueno tienen haber para que la gente siga ahí, pero nos concentramos en pensar cuánto es la cobertura de un país por cultivos de uso ilícito y esto se oculta”, dice Pereira. 

La mujer, agrega la experta, es mayormente afectada con herramientas de erradicación de cultivos de uso ilícito como el glifosato. Hay una relación entre el uso de este químico y abortos espontáneos, sobrecarga del cuidado familiar, pérdida de remesas e inseguridad alimentaria.  

La paradoja, argumenta Restrepo es que estas personas están vinculadas a una de las economías más abundantes; sin embargo, el 35% de ellos siguen estando en la pobreza extrema debido a que habitan en zonas donde hay carencia de necesidades básicas, pero aun así , la coca es el mayor factor de movilidad social en estas zonas. 

Perú y Bolivia han tratado de darle un enfoque diferente a este eslabón de la cadena de producción para darle un valor a la coca asociado a la ancestralidad  y mayores ingresos a quienes se dedican a este oficio, sin dejar de hacer esfuerzos por controlar los cultivos destinados a ser la materia prima de sustancias psicoactivas, ejemplifica el maestro. 

Economía criminal 

El otro lado de la economía que también se debe revisar desde el periodismo, según Catalina Mahecha está relacionado con lo que se conoce como gobernanza criminal. La experta señala que las últimas investigaciones hechas en Colombia, Brasil y México arrojan que más que matar, quienes están en el negocio de la distribución de las drogas se dedican a crear órdenes sociales, que no paran ni siquiera con el encarcelamiento masivo que hay en América Latina. 

Por el contrario, el encarcelamiento ha permitido que las estructuras que antes estaban en pelea todo el tiempo, se organicen; entonces los grandes capos se reparten un pedazo del territorio y dirigen sus clanes, donde también hay clasificaciones de ascenso que les generan movilidad social.  Estas organizaciones también tienen brazos políticos. 

“Esa relación es muy compleja de entender porque la gobernanza criminal hace referencia a la necesidad imperativa de dejar de ver a esas personas como simples lobos que quieren matar a todos. Ellos tiene un rol político que les permite está en el día a día  y que hace que ellos mismos se llamen empresarios, que invierten en el mercado legal y se insertan en la economía”, añade Mahecha. 

Casos disruptivos: comunidad de Yurumanguí 

María Alejandra Vélez documenta que la comunidad de Yurumanguí, ubicada en Buenaventura (Pacífico colombiano), pese a cumplir con las variables que la hacen ideal para la siembra de cultivos de coca, desde 2005 se unificó  y no permite este tipo de siembra en su territorio, bajo el argumento de que priorizan los principios de conservación ambiental.

Esta resistencia, dice Vélez, tiene costos altos debido a que a los grupos armados ilegales no aprueban este tipo de acciones, pero se mantienen en su decisión porque tienen una estrategia de gobernanza comunitaria sólida y se han dedicado a la construcción de capital social. 

“¿Qué lecciones podemos aprender en este caso desde el periodismo? Que hay que explorar la resistencia comunitaria exitosa, pero esa narrativa que no se ha contado lo suficiente”, agrega la experta. 

Algunas premisas éticas para narrar las drogas 

Para Jorge Cardona  estas son algunas premisas éticas para el abordaje periodístico  de las drogas:  

1. No satanizar: la labor del periodista es ir más allá de los imaginarios y estereotipos: romper los prejuicios para que estos temas sean abordados desde perspectivas integrales que involucren salud pública, aspectos sociales y riesgos para las comunidades.

2. Dejar de negar la realidad: la  información que aparece en los medios de comunicación sobre el narcotráfico es mínima. Los periodistas siempre tienen oportunidad de investigar sobre diversas temáticas relacionadas con drogas, mucho más allá de lo que reportan las autoridades. 

3. Preservar la vida: no hay noticia superior a la vida de un periodista. Se debe tener conciencia de que los temas que se abordan alrededor de las drogas representan un alto riesgo y, por este motivo, es necesario tomar todas las medidas de seguridad para proteger al periodista. Los  asistentes al encuentro reforzaron esta premisa asegurando que el periodista también debe procurar mantener a salvo a las fuentes que consultan para sus trabajos, ya sea protegiendo sus identidades o no exponiendo información que les represente un riesgo.  

4. Nutrir la historia: con una historia diversa alrededor del narcotráfico, desde los medios de comunicación se necesita empezar a nutrir la memoria colectiva, más allá de los reportes oficiales.  No hay suficiente reportería de lo que está sucediendo en las regiones. Algunos medios de comunicación no le dan la importancia necesaria y, en algunos casos, los periodistas locales están inmersos en la lógica del silencio, secuestrados por el miedo. “¿Qué pasa con esas personas que están los territorios más golpeados por la violencia asociada a las drogas? ¿Quién los defiende? ¿Dónde está el periodismo?”, cuestiona Cardona.

5. Entender el contexto geográfico: pese  a que la problemática de las drogas es global, cada país tiene sus particularidades y su historia, que está asociada al contexto, pero también a las características geográficas.  Al investigar el contexto geográfico se obtienen respuestas asociadas a los distintos fenómenos relacionados con el narcotráfico en los diversos territorios. Falta adentrarse en estas zonas e indagar a fondo.

Sobre el Encuentro de investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas

El encuentro fue organizado por la Fundación Gabo y Open Society. Se realizó en el marco del 'Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas', a través del cual las dos organizaciones entregaron becas a periodistas latinoamericanos para apoyar  investigaciones y coberturas que amplíen la mirada desde la que se aproximan a temas de drogas. El taller tuvo la participación de diez de los periodistas becarios.