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El estallido social en Chile cumple cuatro meses y no amaina. Los más de 30 muertos, más de 300 personas con graves lesiones oculares y miles de denuncias por torturas, golpizas y abusos sexuales, la mayoría ocasionadas por la policía militarizada, han provocado una crisis inédita de Derechos Humanos y de desplome de las instituciones que mantienen la incertidumbre sobre qué hará el presidente Sebastián Piñera con la agenda social y con una policía deslegitimada y sumida en la corrupción con un fraude que alcanza a los US$41,4 millones. En el horizonte, emerge el plebiscito del 26 de abril, destinado a dilucidar si los chilenos quieren o no cambiar la Constitución heredada de Pinochet.
A 30 años de recuperada la democracia, muertos y heridos se mezclan con imágenes y cifras que hablan de desigualdad, abusos, discriminación, pensiones miserables, listas de espera en hospitales que se eternizan mientras los pacientes de escasos recursos mueren. Y un mercado que ha convertido la libre competencia en monopolios contaminados por abusos, como la colusión para aumentar el precio de productos de primera necesidad en desmedro de los consumidores, uso de información privilegiada para obtener ganancias ilegales, financiamiento ilegal de la política y sobornos a autoridades del Estado.
La génesis de esta crisis: la corrupción. Y su sello: la impunidad. Nadie de la elite va a la cárcel. Ni siquiera los dueños de las tres cadenas de farmacias —que controlan el mercado— y que se coludieron para subir los precios de los medicamentos hasta en un 400%. Para ese acto criminal el castigo fue clases de ética.
Corrupción, abusos, desigualdad e impunidad han corroído la fe pública dejando a las instituciones despojadas de apoyo ciudadano. No se le dio importancia a la crisis de representatividad que evidenció la elección de 2017: el presidente Sebastián Piñera fue electo con solo el 27% de los votos de los que podían sufragar. Las elecciones sindicales o estudiantiles no gozan de mejor participación. Hasta que todo estalló.
De ser para muchos el país exitoso en estabilidad democrática y modelo económico, la crisis de Chile es paradigmática: muestra que la corrupción amenaza la esencia de la democracia en América Latina.
Muchos vuelcan sus ojos hacia el periodismo. Unos pretendiendo utilizar a periodistas y medios para manipular a la opinión pública con la industria de noticias falsas, como ya lo hicieron en Brasil; otros para develar los que financian las redes de la desinformación y a los responsables de la corrupción, intentando fortalecer instituciones y democracia. Allí la ética cobra un nuevo valor.
Si hace 30 y 40 años luchábamos por defender el derecho a la vida y por cambiar el rostro de miseria de nuestros países, asolados por dictaduras corruptas, hoy emerge otro poder transversal que vuelve a provocar muertes. Una dictadura de los que concentran el poder económico y que, a través de la captura del Estado y de sus instituciones, controlan también el poder político. Así, el crimen organizado avanza, la democracia se sigue degradando y aumentan los muertos violentos en cada país.
Este año 2020 puede ser clave. No se ven políticas concretas de los gobiernos para combatir a fondo el flagelo principal: la corrupción. A ello se suma la incertidumbre que genera la pretensión de Donald Trump de ser reelegido presidente, su disputa hegemónica con China que lo hizo elevar su gasto militar al más alto nivel de la década, mientras los pobres en América Latina son el 31% de su población (ONU), la misma cifra que en 2010 y otros seis millones de latinoamericanos cayeron en la pobreza extrema en 2019 (Cepal).
Todo ello podría provocar nuevos estallidos sociales y agravar los existentes, creando nuevos focos de violencia e inestabilidad con un mayor descontento de los latinoamericanos con la democracia y sus políticos. Un campo fértil para líderes populistas, como Daniel Ortega en Nicaragua, Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, que continuamente atacan las instituciones democráticas y enarbolan sus creencias religiosas —Bukele dijo haber hablado con Dios para su ensayo de Golpe de Estado el 9 de febrero— buscando apoyo para sus decisiones autoritarias.
Brasil y otros dilemas éticos
Lo que está ocurriendo en Brasil sirve para ilustrar nuestros problemas con la ética. En febrero de 2019, ejecutivos de la constructora OAS confesaron que entre 2010 y 2014 distribuyeron US$33 millones en para sobrefacturar obras: estadios del Mundial de 2014, el Puerto Maravilla en Río de Janeiro, la Ferroviaria de Integración Oeste-Este, etc. Y en Perú, las ganancias del alza ilegal del peaje de una autopista de Lima le costaron a OAS US$7 millones en sobornos al entonces gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro. En Ecuador, los contratos fraudulentos sumaron US$120 millones.
Ejecutivos de la brasileña Odebrecht, la mayor empresa constructora de la región, confesaron haber pagado US$788 millones en coimas y sobornos durante 15 años (desde 2001) para asegurar contratos en 12 países (10 de América Latina y 2 de África) y aceptaron pagar una multa de US$3.500 millones en EE.UU. Solo en Perú, Odebrecht pagó US$59 millones en coimas (2006-2011), para adjudicarse 13 obras públicas emblemáticas. “Nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales de Perú, y probablemente varias elecciones de congresistas. Así funciona toda América Latina”, confesó Marcelo Odebrecht.
Lo más grave ocurrió en junio pasado cuando The Intercept reveló mensajes entre Sergio Moro, exjuez y actual ministro de Justicia de Bolsonaro y los fiscales del caso. Muestran cómo se manipuló la investigación y las filtraciones a los periodistas. Un punto clave: el juicio que llevó el juez Moro logró encarcelar a Lula, favorito para las elecciones, favoreciendo el triunfo de Bolsonaro. Dos meses después, en septiembre, Michel Temer, compañero de fórmula de Dilma Rousseff y quien asumiera la presidencia luego de la destitución de Rousseff, terminó confesando: “Fue un Golpe de Estado”. Pero sin tanques en la calle. La nueva fórmula.
Lo sucedido plantea un enorme desafío para el buen periodismo. Independiente de la responsabilidad del PT de Brasil en intoxicar a tantos países con corrupción letal, el hábito del periodismo de apoyarse en las filtraciones de fiscalías y tribunales se ha demostrado nefasto. La industria de noticias falsas no trepida en crear villanos y también falsos paladines morales.
La defensa de la riqueza
El autoritarismo crece en Latinoamérica, al igual que el dinero con el que se apoya a líderes que atacan brutalmente a homosexuales, el control de la natalidad o la igualdad de la mujer. En Brasil, esa campaña corre por cuenta de evangélicos, cuyo Partido Republicano, formado por la Iglesia Universal del cuestionado millonario Edir Macedo, ha tomado el control de sectores clave del país.
Este poder representa otro desafío ético para el periodismo. Se necesita promover el gran debate de ideas que permita diseñar lo que se necesita para avanzar hacia Estados más eficaces en la prevención y castigo a la corrupción y a la violencia.
El problema también acecha a Estados Unidos, allí donde va a parar la mayor torta que mueve el narcotráfico. Daniel Kaufman, economista del Banco Mundial, afirma que abordar la captura del Estado por intereses privados es uno de los principales problemas de Estados Unidos. Y critica duramente las tendencias populistas nacionalistas y aislacionistas que están desafiando las instituciones democráticas en Estados Unidos, Polonia, Hungría, Turquía, Rusia y Brasil, que afectan la libertad de expresión y la participación ciudadana y favorecen la corrupción económica y/o política.
Puede que allí radique una de las fallas en que hemos incurrido algunos periodistas de América Latina. Ya no basta con examinar y rastrear las cuentas de instituciones estatales, congresistas y empresas multinacionales. Se requiere bucear en los laberintos donde las grandes compañías del mundo toman sus decisiones. Como Exxon Mobil, que ha financiado “centros de investigación” y a pseudocientíficos para sembrar dudas —difundidas por periodistas connotados— sobre la gravedad del recalentamiento global. Su objetivo: impedir que los gobiernos adopten medidas urgentes y necesarias que perjudicarían sus intereses.
Una amenaza ética similar representa la empresa farmacéutica Glaxo Smith Kline (GSK). Multada en 2012 con US$3.000 millones por promover medicamentos que dañan e incluso pueden causar la muerte, ninguno de sus ejecutivos fue a la cárcel y tampoco perdió mucho dinero: sus ganancias ese año fueron de US$8.200 millones. Para quienes creen que una mujer hace diferencia en probidad, aquí va una perla: en septiembre de 2019, la revista Fortune nombró a Emma Walmsley, consejera delegada de la farmacéutica británica, como la segunda mujer más poderosa del mundo.
Más grave es el problema ético que protagonizó Laboratorio Bayer, grupo químico alemán, dueño de Monsanto desde 2018: reconoció que espió ilegalmente a científicos, políticos y periodistas franceses para indagar su posición respecto de los organismos genéticamente modificados. Ese espionaje incluyo información privada muy sensible pues querían averiguar cuán vulnerables eran para ser influenciados o cooptados. La información salió a la luz gracias a una demanda presentada por el diario Le Monde.
¿Cuántas empresas más en el mundo realizan ese tipo de espionaje? Así funciona la industria de defensa de la riqueza. En ella participan abogados y periodistas de prestigio. Un atentado contra la ética y la vida. ¿En cuáles de nuestros países actuaron? ¿A cuántos congresistas, autoridades, abogados y periodistas les pagaron sobornos? Otro desafío ético para el buen periodismo.
Lo anterior nos muestra que enfrentamos un nuevo y muy real poder: el de las grandes empresas transnacionales coludidas con el poder local. Y que uno de nuestros errores en el periodismo ha sido hacer una división entre el crimen organizado que se dedica al narcotráfico con otras empresas, multinacionales y locales, que también actúan como carteles o se coluden con el narcotráfico. Como la minería ilegal que asola a Colombia, Venezuela, México y otros países.
De qué manera se podría entender, sino que el zar de la guerra contra el narcotráfico instalado por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García, esté siendo juzgado ahora en Nueva York acusado de haber recibido millonarios sobornos para otorgarle impunidad al Cartel de Sinaloa para sus traslados de drogas a Estados Unidos.
Lo grave: esa guerra contra el narcotráfico corrupta desde sus cimientos elevó las cifras de muertos y desaparecidos de México a sus niveles más altos. Las madres, hermanas y esposas siguen buscando a sus seres queridos, rastreando fosas y cavando la tierra en tierra mexicana. Pero lo que nunca se sabe son los nombres de los banqueros que han lucrado con esos muertos y esa droga y que sesionan en cómodos sillones en Wall Street. A ellos Trump no los interpela.
Y es probable que el presidente de Estados Unidos tampoco haga nada cuando a fines de febrero un tribunal de Nueva York dicte la condena contra el exdiputado de Honduras, Juan Antonio Hernández (el jurado lo declaró culpable el 18 de octubre de traficar 200.000 kilos de cocaína), y la Fiscalía entregue las evidencias de que él y su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibieron US$1,5 millones del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La última esperanza ética
El periodismo va quedando como una última esperanza ética. Porque la espiral de violencia no se acaba. El 21 de enero se informó que 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el más sangriento en la historia de México con 34.582 homicidios (2,5% más que 2018, Informe oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
Y en Colombia, la amenaza a líderes sociales y políticos vuelve a volar sobre sus presas al igual que en los años 70 y 80. A pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, en 2018 se vivió un incremento de la tasa, de 6,7%, con 12.130 casos en un universo de 45 millones de colombianos (33 personas murieron al día). Aun están lejos de Venezuela, con 23.047 asesinatos en 2018.
La ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo Integral INDEPAZ sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde los acuerdos de paz. Una violencia letal provocada —según los expertos— por la falta de control estatal sobre el crimen organizado en ciertas regiones, vacío que ocupan tráfico de drogas y minería ilegal principalmente.
La cifra provoca estremecimientos porque el buen periodismo se encarga de ponerle rostro y urgencia a la lucha contra la muerte. El pasado noviembre Consejo de Redacción informó: “Desde 1998 hasta 2004, se llevaron a la fuerza a 33.736 personas que aún no han sido encontradas. Cada día desaparecieron 13 personas en Colombia”.
¿Qué hay en el trasfondo de estas muertes violentas? Ese es el desafío ético: mostrar lo que está en juego. Y ha sido el buen periodismo nuevamente el que ha abierto algunas ventanas: las organizaciones criminales tienen en la mira a los indígenas que pretenden disuadir su presencia en la zona. Y están los que se oponen a la recuperación de tierras de las que campesinos fueron despojados en tiempos de guerra.
Al igual que Chile, Colombia enfrenta una creciente protesta social. El 21 de noviembre de 2019 el gobierno de Iván Duque enfrentó un paro nacional contra el “paquetazo económico”, y exigiendo paz y seguridad por los asesinatos crecientes a líderes sociales. Una prueba para su año y medio de gestión.
Cuestión de corrupción
La corrupción está en el centro del descontento. El expresidente Álvaro Uribe es investigado por supuesta manipulación de testigos que lo podrían inculpar. El 14 de diciembre de 2019 fue hallada una fosa común con más de 50 muertos en la localidad de Dabeiba, víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales: “falsos positivos”. Una práctica extendida del Ejército: asesinar civiles para luego ser presentados como guerrilleros muertos en combate. Con ello sus integrantes obtienen beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos. Cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” muertos entre 1988 y 2014 se encuentran bajo investigación.
El poder que enfrentamos tiene más fuerza y dinero que nunca. Trata de asfixiarnos o de simplemente eliminarnos. Porque lo que perdura, lo que rompe el circuito de la impunidad en tiempos de crisis y provoca el cambio, es el periodismo serio, riguroso, que no hace concesiones. Un periodismo en el que impera el sentido ético.
Y ese sentido ético es el que nos obliga a visibilizar a los que viven la discriminación, la violencia, la humillación y el abuso. A volver a la calle para entender, y contar. Por eso, vale la pena recordar una de las imágenes que colmó la paciencia de los chilenos activando la cuenta regresiva que estalló el 18 de octubre pasado.
Ocurrió en febrero de 2019 en el elitista Lago Ranco. “¡Ustedes se me van!, y se me van a ir, o si no, voy a llegar yo a sacarlas de manera no tan pacífica ¡Este es mi jardín!”, fueron los gritos que profirió el empresario Matías Pérez Cruz al salir raudo de la terraza de su casa y llegar hasta la orilla del lago para expulsar a tres mujeres adultas que tranquilas gozaban de un espacio público. Sin perder la calma ni la compostura una de las mujeres lo grabó con su celular y subió el video a las redes sociales. En pocas horas la imagen de Pérez Cruz en traje de baño, vientre abultado y copa en mano se viralizó y Cruz Pérez se convirtió en sinónimo de abuso. Hasta hoy.
¿Fue ético reproducir esa imagen? Ni siquiera hubo discusión. Muy pocos se atrevieron a defender al controlador de Gasco, una de las compañías de gas más importantes del país (en 2017 registró ventas por US$1.524 millones). El abuso de poder que cometió Pérez Cruz no es una excepción. La polémica por los accesos públicos de playas y lagos que siguen cerrándose se ha agudizado. La ley es taxativa en Chile: no existen playas privadas. Pero las hay. Y nadie lo impide y nadie va a la cárcel por impedirle el paso a los ciudadanos a un bien común. Es humillación. Un atentado a la dignidad. Y se ha normalizado. Tanto, como el anonimato de quienes abusan. Hasta que una mujer decide decir ¡basta!
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