Da gusto saber que hay temas que unen a la prensa en el cuestionamiento de los poderes económicos y políticos, sobre todo en el caso de Brasil, donde un gobierno altamente impopular intenta —con el apoyo de los grandes medios—que se apruebe un paquete de medidas de austeridad al tiempo que concede un generoso perdón de deuda y beneficios tributarios por decenios, renunciando a la recaudación, tema casi ignorado por los grandes medios.

En un momento en que, para salir de la crisis, parece que vivimos en eterno desacuerdo, nos damos cuenta de que hay conquistas sociales innegociables... y precisamente tomamos conciencia de ello cuando esas conquistas se traen a la mesa de negociaciones.

En octubre, tratando de juntar votos en el Congreso para escapar de una segunda solicitud de investigación, el presidente Temer cumplió un deseo de la bancada ruralista: la limitación de la función de los inspectores con relación al trabajo esclavo. Es importante recordar que la lucha contra el trabajo esclavo en Brasil recibía elogios de organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Desde 1995, año en que el país se comprometió a encarar el problema, los inspectores han liberado a cincuenta mil personas.

El concepto de trabajo esclavo contemporánea incluía, en el caso de Brasil, una serie de criterios: condiciones degradantes de trabajo y alojamiento, jornadas exhaustivas, servidumbre por deudas con los patrones y vigilancia armada. Tras los cambios, únicamente la presencia de guardias y pistoleros armados caracterizará el trabajo esclavo. Además, los inspectores de trabajo no podrán formular conclusiones, sino que tendrán que someterse a las decisiones de los comisarios de policía.

En Brasil, quien es descubierto con trabajadores esclavos va a parar a una lista negra que bloquea el acceso a financiamiento por parte de los bancos públicos. Eso sin hablar, claro está, de los daños de imagen por haber desempeñado una función bastante perversa. Para una empresa del sector agrícola o de la construcción civil, ver su nombre en la lista negra puede suponer un golpe mortal.

Curiosamente, en vez de exigir más fiscalización para evitar la competencia desleal —a fin de cuentas, quien produce con trabajo esclavo lo hace más barato—, los gremios se pusieron a presionar al gobierno para que suavizara el concepto y las propias inspecciones de los ambientes laborales.

La reacción fue inmediata: jueces, fiscales, inspectores, sindicatos, artistas, la ONU, todos advirtieron que el Gobierno había ido demasiado lejos. Una medida preliminar del Tribunal Supremo Federal suspendió temporalmente los cambios, pero esa medida ya ha sido cuestionada por la Confederación Nacional de la Industria.

Débiles justificaciones

La cobertura de la prensa, tanto de los grandes medios como de los independientes, ha sido un duro cuestionamiento de los cambios y de los argumentos en que se sustentan. El presidente Temer llegó a declarar que los inspectores exageraban en la constatación de irregularidades: la simple falta de una jabonera en el baño podía llevar a una empresa a la lista negra del trabajo esclavo. La exageración fue más bien del presidente. Ignoró que la falta de jabonera fue apenas una de las 44 infracciones registradas en el acta que se emitió en aquel caso, que mencionaba, entre otras cosas, condiciones deplorables de alojamiento, falta de suministro de agua y trabajadores sometidos a riesgos de graves accidentes.

Cuando está en jaque la dignidad humana, es alentador ver que la prensa no se deja arrastrar por débiles justificaciones. A fines de noviembre, Profissão Repórter, programa semanal de TV Globo, salió a terreno para mostrar las precarias condiciones en que aun hoy en día son mantenidos los trabajadores en el campo y en la ciudad. No en todas las empresas visitadas por los inspectores de trabajo se constató que hubiera trabajo esclavo. Los salarios atrasados y la informalidad en la contratación de los empleados no constituyen, de por sí, una condición análoga a la esclavitud.

Pero una inspección registrada por el reportero Estevan Muniz fue simbólica. Los trabajadores dormían en camas improvisadas con tablas y eran sometidos a jornadas exhaustivas. El patrón los obligaba a trabajar hasta los domingos. En cierta ocasión, cuando vio a un empleado lavar ropa en el fin de semana, lo reprendió duramente, diciendo que estaba en horario de trabajo y que lavar ropa era tarea para la noche. Los trabajadores refirieron amenazas, inclusive con armas. Se encontró una pistola de 9 mm en la camioneta del hacendado. Irónicamente, se trata de una extensión de tierra inmensa, valorada en US$ 100 millones. Resulta imposible aceptar que alguien responsable de un patrimonio de cien millones de dólares sea incapaz de ofrecer a sus subordinados por lo menos un descanso remunerado a la semana.

Una escena especialmente interesante del reportaje presentaba la justificación de los diputados que apoyan la limitación de la función de los inspectores. Los ruralistas enviaron al equipo que produjo el programa una tabla que presuntamente demostraba la subjetividad de las inspecciones: empresas con actas semejantes habían recibido de los inspectores una resolución distinta. Por consiguiente, desde la perspectiva de los ruralistas, el empresario brasileño está a la merced de las convicciones ideológicas del inspector de turno y puede ser víctima de una supuesta inseguridad jurídica.

El reportaje no se limitó a aceptar y publicar la otra cara. La tabla de los ruralistas constituía una clara tentativa de desinformación y como tal fue tratada. Había diferencias en las actas y diferencias en la gravedad de los casos presentados. Los inspectores no verifican de forma caprichosa la existencia de trabajo esclavo. Ni se publica en la lista negra el nombre de un empresario sin realizar un procedimiento administrativo.

Aunque el manual de buenas prácticas del periodismo nos obligue a escuchar a todos los actores que intervienen en una cuestión, no por ello debemos aceptar inocentemente lo que nos dicen. Cuando está en juego la dignidad humana, el periodista está aún menos obligado a atribuir el mismo valor a las declaraciones de las distintas partes en disputa. Y de ninguna manera puede desconocer el debido contexto: un presidente que necesita salvarse de la justicia puede estar condenando al olvido a miles de compatriotas.

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Las opiniones expresadas en nuestra sección de blogs reflejan el punto de vista de los autores invitados, y no representan la posición de la FNPI y los patrocinadores de este proyecto respecto a los temas aquí abordados.

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Este texto fue originalmente escrito en portugués y traducido por la FNPI. Puede leer la versión original aquí abajo.

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Quando negociam o inegociável

O combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil sob ataque

É bom saber que há temas que unem a cobertura da imprensa no questionamento de poderes econômicos e políticos, especialmente no caso do Brasil, em que um governo altamente impopular tenta aprovar um pacote de medidas de austeridade – apoiado pelos grandes meios – ao mesmo tempo em que concede generoso perdão de dívida e benefícios tributários por décadas, abrindo mão de arrecadação – tema quase ignorado pelos grandes meios.

Se para sair da crise parece que vivemos em eterno dissenso, percebemos que há conquistas sociais inegociáveis... e o percebemos exatamente quando essas conquistas são colocadas na mesa de negociações.

Em outubro, tentando reunir votos no Congresso para escapar de um segundo pedido de investigação, o presidente Temer atendeu um desejo antigo da bancada ruralista: a limitação do trabalho dos fiscais em relação ao trabalho escravo. É importante lembrar que o combate ao trabalho escravo no Brasil era elogiado por organismos internacionais, como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Desde 1995, ano em que o país se comprometeu a encarar o problema, fiscais já libertaram 50 mil pessoas.

O conceito de trabalho escravo contemporâneo incluía, no caso brasileiro, uma série de critérios: as condições degradantes de trabalho e alojamento, a jornada exaustiva, a servidão por dívida com os patrões e a vigilância armada. Com as mudanças, somente a presença de seguranças e pistoleiros armados poderia caracterizar trabalho escravo. Além disso, os fiscais do trabalho não seriam mais capazes de tirar conclusões, precisariam estar submetidos a decisões de delegados de polícia.

No Brasil, quem é flagrado com trabalho escravo vai para uma lista suja que bloqueia acesso a financiamento de bancos públicos. Isso sem contar, é claro, os danos de imagem de figurar em um rol bastante perverso. Para o setor agrícola e para o da construção civil, uma empresa ver seu nome na lista suja pode ser um golpe fatal.

Curiosamente, em vez de exigir mais fiscalização para evitar concorrência desleal – afinal quem produz com trabalho escravo produz mais barato –, as associações empresariais passaram a pressionar o governo por um afrouxamento do conceito e da própria fiscalização dos ambientes laborais.

A reação foi imediata: juízes, procuradores, fiscais, sindicatos, artistas, a ONU, todos alertaram que o governo havia ido longe demais. Uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu as mudanças temporariamente – liminar já questionada pela Confederação Nacional da Indústria.

A cobertura da imprensa, dos grandes meios aos independentes, tem sido de duro questionamento às mudanças e aos argumentos que a sustentam. O presidente Temer chegou a declarar que fiscais eram exagerados na constatação de irregularidades, uma simples falta de saboneteira no banheiro de um alojamento poderia levar uma empresa para a lista suja do trabalho escravo. O exagero, no caso, foi do presidente. Ele ignorou que a falta de saboneteira era somente um dos 44 autos de infração aplicados naquele caso, que incluíam condições deploráveis de alojamento, falta de fornecimento de água e trabalhadores submetidos a riscos de graves acidentes.

Quando se trata da dignidade humana, é alentador saber que a imprensa não se deixa levar por justificativas frágeis. No fim de novembro, o Profissão Repórter, programa semanal da TV Globo, foi a campo ilustrar as precárias condições que ainda hoje são mantidos trabalhadores no campo e na cidade. Nem todas as empresas visitadas pelos fiscais do trabalho tiveram a constatação de trabalho escravo. Salários atrasados e falta de registro de funcionários não constituem, por si só, condição análoga à escravidão.

Mas uma fiscalização registrada pelo repórter Estevan Muniz foi simbólica. Trabalhadores dormiam em camas improvisadas com tábuas e eram submetidos a jornadas exaustivas. O patrão os obrigava a trabalhar inclusive aos domingos. Certa vez, quando viu um funcionário lavando roupas num fim de semana, o repreendeu severamente, dizendo que era horário de trabalho e lavar roupas era tarefa noturna. Trabalhadores relataram ameaças, inclusive com armas. Uma pistola 9mm foi encontrada na caminhonete do fazendeiro. A ironia: é um pedaço de terra imenso, avaliado em US$ 100 milhões. Impossível aceitar que alguém responsável por um patrimônio de cem milhões de dólares seja incapaz de oferecer aos seus subordinados um descanso remunerado por semana, para dizer o mínimo.

Um momento especialmente interessante da reportagem trazia a justificativa dos deputados que apoiam a limitação do trabalho dos fiscais. Os ruralistas enviaram à equipe do programa uma tabela que supostamente comprovava a subjetividade das fiscalizações: empresas com autuações semelhantes tinham conclusões diferentes dadas pelos fiscais. Logo, na visão dos ruralistas, o empresário brasileiro estava à mercê das convicções ideológicas do fiscal da vez e portanto poderia ser vítima de uma suposta “insegurança jurídica”.

A reportagem não se limitou a aceitar e publicar o “outro lado”. A tabela dos ruralistas era uma clara tentativa de desinformação, e assim foi tratada. Havia diferenças entre as autuações e diferenças de gravidade entre os casos apresentados. O trabalho escravo não é constatado pelos fiscais a esmo. E um empresário não tem seu nome publicado na lista suja sem antes passar por um processo administrativo.

Ainda que o manual da boa prática jornalística nos obrigue a ouvir todos os atores de uma questão, isso não quer dizer aceitar inocentemente o que dizem para nós. Quando se trata da dignidade humana, o jornalista está ainda mais desobrigado de conferir o mesmo peso aos lados em disputa. E muito menos se pode esquecer o devido contexto: um presidente precisando se salvar da Justiça pode estar condenando ao esquecimento milhares de compatriotas.