Ir a Fundación Gabo
Para el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, el despido de la periodista mexicana Carmen Aristegui de la empresa MVS Radio, “tiene todos los visos de tratarse de un acto de censura indirecta”, pues hasta el momento no hay razones claras para explicar lo que realmente ha sucedido.
En entrevista para este blog, tras su participación en la Ciudad de México, el 23 de marzo, en el foro: “Mirada global sobre la libertad de expresión”, el Relator reconoció que por tratarse de un tema de interés público, donde se encuentra involucrada una empresa concesionaria de una frecuencia radial pública, los jueces están obligados a dirimir si se trata de un asunto meramente comercial o que tiene componentes de derechos humanos y de respeto a la libertad de expresión.
El Relator, además, habló de la existencia de medios de comunicación, no sólo en México sino en todo el continente americano, que juegan un papel de oposición política que no les corresponde, y calificó como “legítimo” que la prensa, tal y como ocurre en Estado Unidos, se defina en tiempos electorales por un determinado partido político o candidato.
Lo importante, sobre ese tema, expuso, es que no se mezcle la línea editorial de apoyo con la línea informativa, pues es ahí donde se pierde la independencia del medio.
Aparte, comentó que las acusaciones de extorsión, sin sustento, lanzadas por el gobernador de Baja California contra los directivos de un grupo de periódicos de ese estado del norte de México, muestra la necesidad de regular con leyes el tema de la publicidad oficial, lo anterior para garantizar la asignación objetiva y sin discriminación de éste tipo de recursos.
A continuación la entrevista integra con el relator de libertad de expresión de la CIDH.
Relator, en su exposición usted señaló que el despido de Carmen Aristegui “tiene todos los visos de tratarse de un acto de censura indirecta”. ¿Por qué?
Porque parece muy extraño que una de las personalidades más importantes de México, que ha aportado indudablemente un cúmulo de información pública relevante para la democracia en los últimos siete años sea silenciada de manera abrupta, cuando hay un conflicto que es de interés público y le importa a la sociedad mexicana.
Además, las propias partes se han encargado de hacer un debate público de esto y cuando uno lee todas las argumentaciones, la verdad, encuentra una gran desproporción y no encuentra claramente las razones.
Simplemente se quita del aire a una persona que tenía un comportamiento ejemplar y que además tenía un programa exitoso incluso desde el punto de vista comercial, pero sobretodo exitoso con las investigaciones periodísticas de interés público que estaba desarrollando y la información crítica que estaba publicando, que obviamente pudiera haber molestado al gobierno. Eso parece una cuestión obvia.
La empresa MVS Radio alega que el conflicto es una cuestión entre particulares ¿Desde su punto de vista como Relator aplicaría este argumento, porque estamos hablando que se trata de una concesión pública?
Eso lo tendrán que decidir las instancias jurisdiccionales internas de México. Yo me limito a decir como Relator de libertad de expresión que se está suprimiendo del espacio público una voz relevante, una voz importante para la democracia y el periodismo y sin medios y periodistas independientes es difícil que tengamos un fortalecimiento democrático como el que México merece.
Estoy obligado a esperar que la jurisdicción interna dirima si esto es un asunto meramente comercial o que también tiene componentes de derechos humanos y de respeto a la libertad de expresión, que tienen que acatar tanto el Estado como la empresa concesionaria de la frecuencia.
En su exposición, también mencionaba que en todo el continente hay medios de comunicación que juegan un papel de oposición y que suplen funciones que no les corresponde. ¿Cuál sería la recomendación para estos medios?
Creo que el caso Aristegui es emblemático en esto. Ella es una periodista que no ha asumido un papel político de oposición, no ha usurpado la función que tienen que cumplir los partidos políticos de oposición, sino que ha hecho un periodismo profesional, bien hecho, y eso parece que le ha valido su salida.
La enseñanza aquí en México y toda América es que los medios no tienen que asumir papeles de partidos políticos, sino que tienen que cumplir con su tarea de buscar información de interés público y ofrecerla a sus lectores o audiencias lo cual es bastante complejo. Esto es sumamente importante para la sociedad en su conjunto. Cuando se asumen definiciones políticas desde los medios es donde se entra a polarizar con el sistema político.
¿Pero no sería sano que los medios de comunicación, tal y como ocurre en Estado Unidos, muestren abiertamente su apoyo a un candidato o partido político en época electoral?
Obviamente. Pero una cosa es la línea editorial y la otra la línea informática. No se debe mezclar lo informativo con el apoyo o la oposición a un candidato o partido.
Desde la línea editorial en determinadas circunstancias los medios se pronuncian sobre los temas de interés nacional y sobre las elecciones también. Lo que no quiere decir que en Estados Unidos los medios estén vinculados a un partido político, sino que en ciertas circunstancias apoyan a un candidato. Eso sí es legítimo. De lo que estoy hablando es cuando desde la línea informativa se hace política.
Es importante que existan medios profesionales, con independencia de todos los partidos y que cumplan su función más allá de quién está en el gobierno.
En Baja California, al norte de México, el gobernador de ese estado, así como los cinco alcaldes, han acusado públicamente y sin sustento a los directivos de varios periódicos por extorsión, por lo cual anunciaron que les retirarían la publicidad que les otorgan. Esto sucede cuando estos medios han publicado información donde critican y cuestionan la labor del gobernador y los alcaldes. ¿Qué opinión le merece esta situación?
La publicidad oficial es un recurso legítimo que tienen los gobiernos, pero es importante conocer cómo se utilizan. Puede ser un mecanismo de censura indirecta el hecho que un gobernador utilice la publicidad oficial para premiar a los medios que son amigos o castigar a los que son críticos.
Lo recomendable es que se establezcan, y ya hay estándares de la propia CIDH, leyes para garantizar la asignación objetiva y sin discriminación de la publicidad oficial bajo criterios claros, porque retirarle la publicidad oficial a un medio de comunicación porque no le gusta la información que pública del gobierno, es un mecanismo de censura indirecta.
– –
Más entradas en el blog de Francisco Sandoval