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¿Qué acaso las víctimas de la violencia no tienen derecho al buen nombre, a la buena reputación o a la privacidad? En la prensa mexicana, sobre todo en los llamados periódicos de nota roja, pareciera que esas preguntas los tienen sin cuidado.
Diariamente, sin excepción, dichos medios revictimizan a las personas que han sido objeto de algún delito o accidente, con el único objetivo de vender más periódicos o elevar su audiencia, olvidándose por completo de los derechos humanos y la función social del periodismo.
En los últimos meses periódicos de “nota roja”, pero también aquellos que se asumen como “serios”, han publicado información que trasgrede la integridad de las víctimas, pero también de aquellas personas sospechosas de cometer delitos y que no han sido juzgadas.
Ejemplos abundan en todo el país.
La tercera semana de junio, medios locales y nacionales difundieron la confesión ministerial de una joven mujer radicada en Tijuana, quien presuntamente asesinó a su madre y hermana. En las notas periodísticas se ofrecían detalles de cómo la joven presuntamente descuartizó y desmembró a sus familiares.
Hubo medios que dedicaron grandes espacios para difundir la información, sin especificar que se trataba de una filtración de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, lo que evidentemente es ilegal, y que hasta ese momento no había sentencia condenatoria.
Pasados los días, los abogados de la joven declararon que ésta había sido abusada sexualmente para obtener su declaración ministerial, lo que evidentemente no fue resaltado de la misma forma en los medios que difundieron la confesión.
Otro caso ocurrió en la Ciudad de México, la primera semana de junio, cuando se publicó la fotografía del aparente suicidio de quien fuera Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio Manuel de Caso.
Con el mensaje de “ADVERTENCIA: La imagen puede generar controversia, pero consideramos que tiene valor periodístico para su difusión”, hubo editores y directivos de medios que decidieron publicar la imagen, sin importarles la reacción que se generó entre sus lectores.
Si bien se trata de publicaciones que pueden resultar debatibles para cualquier persona, existen otros casos donde se publican imágenes e información sin ningún tipo de filtro periodístico.
En la Ciudad de México, por ejemplo, existen medios impresos que diariamente compiten por tener la imagen más sangrienta y la cabeza más sensacionalista, sin importarles los derechos humanos de las víctimas.
En la mayoría de las ocasiones se trata de verdaderas galerías del terror que no aportan elementos para entender el problema de violencia que atraviesa el país.
El maestro Javier Darío Restrepo, en su Consultorio Ético, ha reflexionado sobre la responsabilidad de los medios cuando se trata de la publicación de fotografías e imágenes de personas asesinadas y señaló que en ningún supuesto se justifica su publicación, porque son “irrespetuosas” e “intrusivas”.
No se debe perder de vista que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, éste tiene límites, más tratándose de víctimas de la violencia.
Se tiene a la par de la libertad de expresión, derecho a la integridad, a la buena reputación, a la privacidad, así como a la rectificación de datos y a la réplica. Pero evidentemente es algo que no toman en cuenta los dueños y directivos de estos medios, que con tal de vender periódicos o generar audiencias violan los derechos elementales de las víctimas o de las personas que no han sido procesadas judicialmente.
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