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Los mecanismos de autorregulación son la sistematización de la experiencia práctica y del conocimiento deontológico de los medios. En su construcción deontológica se han ensayado muchas formas y seguramente surgirán otras más acabadas. La mejor forma de contribuir en este esfuerzo es identificar las fuentes de estos mecanismos, para lo cual establecí seis categorías que nos permiten comprender su naturaleza.

Esta tabla los resume:

Ya he explicado en qué consisten los mecanismos de autorregulación internos y los empresariales (al margen del carácter público, privado o social de la propiedad de los medios).

Repasemos ahora rápidamente los mecanismos de autorregulación gremiales, sociales, mixtos y estatales.

Mecanismos gremiales

Los periodistas suelen darse diversas formas de organización. Las más de las veces, se reúnen en torno a asociaciones de periodistas de diverso orden: desde organismos gremiales –como el Sindicato de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), en México, o la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), en Argentina, por ejemplo–, hasta organismos profesionales que pretenden representar a núcleos más amplios de trabajadores de medios a nivel regional –como la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), fundada el 7 de junio de 1976 en la Ciudad de México, o el Centro Latinoamericano de Periodismo (Celap), en operación desde el 25 de mayo de 1995, en Panamá–.

Cuando los periodistas comparten intereses particulares específicos, suelen crear asociaciones civiles especializadas, si bien muchas de ellas efímeras. En la mayoría de los casos, estas asociaciones agrupan a periodistas de los más diversos medios, tanto impresos como electrónicos. Excepto algunos sindicatos, la afiliación a este tipo de organizaciones es libre y voluntaria, y no es raro que implique el pago de una cuota anual de membresía.

Lo más común es que la actividad de estos grupos se centre en la organización de encuentros, congresos, seminarios y talleres de actualización y capacitación profesionales, aunque las hay también que realizan activismo en defensa de la integridad de los periodistas, incluso prestando asesoría legal. Dos de las experiencias más recientes en México son la Casa de los Derechos de Periodistas y la cada vez más necesria red de Periodistas de a Pie. Otras organizaciones paradigmáticas en Latinoamérica son la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el Colegio de Periodistas de Chile, por sólo mencionar algunos.

También existen agrupaciones de carácter empresarial, tanto nacionales como regionales, que reúnen a dueños de medios –como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la más significativa de todas, constituida en La Habana, Cuba, en 1943, aunque su sede se encuentra en Miami–.

En general, la deontología periodística suele ser una de las preocupaciones constantes de todas estas organizaciones, que cumplen así con una función invaluable al alentar el diálogo ético entre los profesionales, en beneficio de la sociedad toda.

Mecanismos sociales

El periodismo ha sido considerado tradicionalmente como un vigilante del poder público. Los periodistas incluso nos regodeamos de nuestro papel de «perro guardián». Esta visión no es gratuita, ni mucho menos.  La historia nos muestra ejemplos de periodistas realizando investigaciones que develan grandes casos de corrupción y autoritarismo, que alumbran los oscuros pasadizos de la toma de decisiones gubernamentales o que exponen atrocidades que se habían mantenido ocultas. Es el caso paradigmático de la cobertura del diario estadunidense The Washington Post del caso Watergate, en los años 70, que culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Reciente aún, los Panama Papers dieron un ejemplo exitoso de periodismo de investigación colaborativo y trasnacional.

En Latinoamérica encontramos a cientos de periodistas que han documentado desde el autoritarismo y corrupción del poder político hasta las actividades criminales de grupos de poder de la ultraderecha y de pseudoizquierdas, a veces a un precio demasiado alto: muchos han denido marchar al exilio, víctimas de acoso, amenazas y atentados; otros, incluso han pagado con la vida por ejercer su profesión, como el argentino Rodolfo Walsh, el colombiano Guillermo Cano y el mexicano Manuel Buendía, sólo por mencionar a los más recordados. Todos han compartido un elevado compromiso con la tarea básica del periodista en democracia, o mejor aún, cuando ésta se encuentra en riesgo o de plano ausente: hacer que el poder rinda cuentas.

Pero cuando el periodista deja de lado su papel de vigilante, cuando traiciona la esencia de su profesión, cuando sirve al poder así sea por el adormecimiento y enajenación de su conciencia crítica, surge la pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

Al margen de presiones políticas y de grupos de poder fácticos que aprovechan percepciones públicas sobre la pérdida de credibilidad de los medios, el mejor crítico de los medios suele estar dentro de casa.

En realidad, mucho del principal y más efectivo trabajo crítico sobre los medios proviene de los propios periodistas. Por ejemplo, el estadunidense George Seldes (1890-1995), que durante casi todo el siglo XX desnudó a la industria periodística de su país, exhibiendo las maniobras de los dueños de los medios que les permitieron acumular cada vez más poder. En Latinoamérica, destaca la persistencia del veterano periodista brasileño Alberto Dines desde el Observatório da Imprensa. Estos personajes han hecho escuela en sus respectivos ámbitos de influencia, y son referentes obligados para nuevos críticos de medios y para defensores del lector, del radioescucha y del televidente..

Todos los mecanismos de autorregulación mencionados hasta ahora comparten el objetivo común de garantizar el derecho a la información de la sociedad e incluso proteger a ésta de posibles desviaciones en el ejercicio profesional y la práctica empresarial del periodismo. Sin embargo, la sociedad no es un ente inerme que requiera indispensablemente de la tutela del Estado para velar por sus derechos fundamentales. En materia de derecho a la información, como titular y sujeto pasivo que es de éste, la sociedad se ha organizado para crear sus propios instrumentos de vigilancia y crítica sobre los medios, convirtiéndose en elementos de fiscalización de la industria informativa.

Desde las universidades, desde las organizaciones civiles, desde los grupos de defensa de los derechos humanos y desde las más variadas formas de organización en torno de agendas particulares y desde legítimos grupos de presión, su mirada nos recuerda a medios y periodistas el indeclinable compromiso social que da sentido a nuestra labor.

Mecanismos mixtos

Como hemos visto, todo mecanismo de autorregulación requiere –en mayor o menor medida– de la decidida participación de la sociedad, sin la cual su eficacia es relativa, por decir lo menos. La observación crítica de la actuación de los medios por parte de la sociedad civil es el eje en torno del cual gira la posibilidad de que los medios abandonen las prácticas de comunicación unidireccionales que les han caracterizado históricamente y asuman al lector, radioescucha y televidente como los actores principales de todo proceso social, cultural, económico y político. Para ello existen todos los instrumentos comentados anteriormente, y muchos más que combinan las fortalezas de los mecanismos internos y externos.

Así nació M.A.S., el acrónimo en inglés de Media Accountability System.

Propuesto en el seminario Organising Media Accountability en 1996, organizado en Praga por el Consejo de Europa y la UNESCO, este sistema de rendición de cuentas de los medios mezcla diversos mecanismos internos y externos a los medios, dándole un papel preponderante al público. El concepto mismo no fue plenamente entendido y asumido en Europa, en parte porque no tiene equivalente en la mayoría de los idiomas, y a lo que más se acerca es a la idea de responsabilidad social.

Su principal promotor, Claude-Jean Bertrand (1934-2007), un profesor emérito en el Instituto Francés de Prensa, centraba el objetivo del M.A.S. en el control de calidad del producto periodístico, es decir, ofrecer un «buen servicio», equiparándolo a la ética periodística. Su argumento era que la idea de calidad «no huele a moralidad, que irrita a algunas personas».

Este sentido de «calidad» ha sido retomado por Javíer Darío Restrepo desde hace ya varios años en sus charlas y talleres.

Mecanismos estatales

Finalmente, la paradoja: la autorregulación obigatoria. Esto ocurre cuando el Estado interviene en forma directa y establece por ley mecanismos de control. Así abundaron los colegios de periodistas latinoamericanos, por ejemplo, cuya afiliación obligatoria se convertía en requisito de acceso a la profesión.

Aun más grave que esto es la posibilidad siempre abierta de que los gobiernos impongan consejos de prensa que, más que asegurar una conducta responsable de los medios, alienten formas encubiertas de censura mediante sanciones por cualquier manejo informativo que se aleje de criterios de sometimiento al poder.

Y aun cuando existiera la remota posibilidad de que algún gobierno –después de subordinar a los medios al escrutinio de sus visores– pudiera resistir la tentación de avasallamiento y cumpliera un papel digno y aceptable dentro de los marcos deontológicos mínimos que son internacionalmente aceptados, esto equivaldría a dar un trato de menor de edad no sólo a los periodistas –suponiendo que estos fueran incapaces del esfuerzo del juicio personal–, sino incluso a la propia sociedad.

Esto equivale a renunciar a una madurez social que desarrolle valores democráticos sólidos y suficientes para distinguir entre los diversos niveles de calidad de la oferta mediática que se le ofrece y de entre la que puede elegir de forma libre y, por supuesto, también responsable.

No es paranoia. Tal distorsión en una sociedad democrática ocurrió en Dinamarca, donde fue creado un consejo de prensa en 1992 por una de las leyes de prensa más intervencionistas que ha visto Europa.

El tema no es simple. Si bien es cierto que no ha habido noticia de algún gobierno que galantemente acepte la crítica, e incluso los eventuales abusos de la prensa, también debemos reconocer que –salvo honrosas excepciones– las empresas periodísticas no han demostrado una voluntad de autorregulación a prueba de las presiones de la competencia consubstancial del libre mercado ni de la avidez de influencia política y social que suele acompañar al quehacer periodístico. Por el contrario, lo común ha sido que los dueños de los medios reaccionen no a un llamado de su propia conciencia ética, sino a la amenaza gubernamental de legislaciones restrictivas de su libertad de comercio.

Mencioné antes el Informe Levenson, que puso contra la pared a los medios británicos hace apenas un lustro. Pero la revisión de la prensa en Reino Unido data de antiguo. El Consejo General de Prensa británico fue creado en 1953, bajo la presión que le representó el informe de la Primera Comisión Real sobre la Prensa. Su mediocridad quedó en evidencia tras el juicio adverso de una Segunda Comisión Real sobre la Prensa y, en 1962, transformó su estructura y nombre para llamarse simplemente Consejo de Prensa. El cuestionamiento permanente este organismo no cesó durante los 70 y 80, agravado por la irrupción en el mercado de la prensa sensacionalista. En 1990, el Informe de la Comisión Calcutt exigió la refundación del consejo privado y amenazó con sustituirlo por un consejo estatal si en año y medio no era capaz de conseguir una verdadera autorregulación de la prensa. De nuevo reaccionaron los empresarios mediáticos y crearon lo que actualmente se conoce como la Comisión de Quejas sobre la Prensa (PCC, por las siglas en inglés de Press Complaints Commission).

El marco ideal de un consejo de prensa sería el consenso deontológico de empresarios mediáticos y de periodistas, dispuestos ambos a someterse al escrutinio de la sociedad civil, para que preponderantemente sea ésta –y no sólo el Estado– la que ejerza una función de vigilancia del papel de la prensa en democracia. Es posible, si medios y periodistas reconocemos el papel central de la sociedad en nuestra actividad profesional. Pero gran parte de la prensa en el mundo se mantiene más cerca de la autocomplacencia que de la autorregulación y, consecuentemente, sigue expuesta a ofensivas gubernamentales de control, cada vez más influidas por poderes fácticos.

El conflicto entre valores y derechos es latente.

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Gerardo Albarrán de Alba es periodista desde hace 38 años y tiene estudios completos de Doctorado en Derecho de la Información. Es Defensor de la Audiencia de Radio Educación. Ha sido el creador de la única  Defensoría de la Audiencia de una radio comercial que ha existido en México y fue el primer Ombudsman MVS. Es miembro del consejo directivo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de la Audiencia (OID) y lo fue del consejo directivo de la Organization of News Ombudsman (ONO). Integra la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA). Dirige SaladePrensa.org

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