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La pregunta fue planteada recientemente por Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), en un análisis publicado en su página web.
“Un medio de comunicación no necesita de la tutela de terceros, aunque esta se produzca en una situación excepcional como un ataque terrorista y venga de la mano de fuerzas de seguridad del Estado, para determinar cómo o cuándo informar de un hecho concreto”, escribió Virginia a propósito de lo sucedido en Bruselas, donde las fuerzas de seguridad belgas pidieron a medios y ciudadanos que no informaran del desarrollo de una operación antiterrorista.
En Latinoamérica los apagones informativos durante catástrofes y ataques terroristas no son cosa extraña. Recordemos que en el año de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia de Colombia, desde el Ministerio de Comunicaciones se ordenó que los noticieros fueran reemplazados por la emisión del partido de fútbol entre Millonarios y el Unión Magdalena (2-0).
Más recientemente, en Ecuador, llamó la atención de muchos por qué los medios nacionales tardaron más de dos horas en informar sobre el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril.
¿Los apagones informativos son de alguna utilidad cuando se presentan catástrofes? ¿O hacen más daño del que pretenden prevenir? ¿A quién beneficia más un apagón informativo, a los gobernantes o a los ciudadanos? ¿Pueden ayudar los apagones informativos evitar que se difundan falsos rumores en una zona de desastre? ¿Violan el derecho a la información los apagones informativos? ¿Se deberían prohibir los apagones informativos en nombre de la libertad de prensa? ¿Es válido que en sociedades democráticas le demos cabida a apagones informativos durante estados de excepción?
Para responder a estas y otras preguntas, los seguidores de la cuenta @EticaSegura participaron en uno más de nuestros tuitdebates semanales usando la etiqueta #ÉticaEnRed. Los mejores trinos producidos durante la hora del debate fueron recopilados en el siguiente Storify.
La Red Ética Segura hace parte de la alianza Ética Segura, de la FNPI y el Grupo SURA, que propone un espacio de reflexión y debate acerca de los cambiantes desafíos éticos del oficio.