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2017 comenzó agitado para los medios chilenos. Un gran incendio en la ciudad de Valparaíso –uno más de los que suelen ocurrir lamentablemente en el verano- los movilizó para cubrir una tragedia que destruyó más de 100 viviendas aquel mismo 2 de enero. Como digo, no era la primera vez, ya en 2014 otra catástrofe de este tipo arrasó con gran parte de las viviendas en los cerros de la ciudad. Y fue justamente este antecedente el que gatilló una de las situaciones más cuestionadas por la prensa chilena en lo que va del año.
En el incendio anterior, un periodista del canal de televisión estatal realizó una nota sobre una niña que vio su casa en llamas y observó cómo todo lo que llenaba su vida entonces desaparecía. El reportero le preguntó detalles de lo ocurrido, que cómo se sentía al ver la casa quemarse, e incluso le entregó dinero en cámara para que pudiera comprarse el juguete que había perdido por la tragedia. La niña lloró.
A esto se sumaron periodistas despachando en vivo cerca de las llamas, invadiendo a quienes habían perdido sus bienes y preguntando “¿Qué se siente”?, pese a que, catástrofe tras catástrofe, el periodismo local asume que hacerlo es un error.
¿El resultado? Cargos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) –ente autorregulador- a Televisión Nacional de Chile por sensacionalismo y el trato a menores de edad, pues la niña entrevistada fue totalmente desprotegida y revictimizada.
La prohibición del Alcalde
Lo anterior podría explicar la polémica medida del alcalde de la ciudad de Valparaíso, Jorge Sharp este enero, cuando prohibió a los medios de comunicación la entrada a los albergues donde se encontraban los afectados, justamente para evitar una invasión a su dolor y precariedad. Un control, y sin duda, un límite a la libertad de prensa. Es que la medida careció de alguna conversación anterior con los periodistas y por lo mismo, generó molestia en muchos de ellos, que sintieron coartado su derecho a informar.
Digo muchos y no todos, porque, por otro lado, varios aseguraron comprender la medida dado el comportamiento de la prensa en situaciones anteriores: terremotos, inundaciones y un incendio en una cárcel en 2010 que significó una multa del CNTV a cuatro canales de televisión abierta que cubrieron el hecho por sensacionalismo.
Lo que exigió Jorge Sharp sin duda coarta el trabajo de la prensa, aunque es cierto que la experiencia anterior –pensando en la generalidad de los medios- no es un buen precedente y un buen argumento de la autoridad para esforzarse en “controlar” parte de la tragedia.
El problema aquí va más allá, pues no se cuenta con directrices seguidas por los medios de comunicación al momento de enfrentar una catástrofe. No hay manuales, no hay discusión previa ni alguna guía definida por el medio en estos casos. La investigación académica en el tema es escasa y la improvisación prima en las transmisiones en vivo de los canales de televisión.
En Chile no existe ningún organismo que estudie a los medios y las catástrofes, como sí hay en otros países al alero de universidades. Hay muy pocos expertos en ética y de ellos, casi ninguno se especializa en este tipo de temas. Y salvo ejemplos que sobran en una mano, el control editorial es débil y el recordatorio de nuestra ética periodística dentro de las salas de redacción es más bien anecdótico.
Eso es lo que falta para evitar que una autoridad nos diga cómo debemos hacer nuestro trabajo: control, pero desde nosotros. Porque molesta que nos tengan de manos atadas cuando reporteamos, pero sería bueno pensar en lo injusto que es para el público cuando nuestro trabajo no está a la altura.
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* Lyuba Yez es periodista de la Universidad Católica de Chile y se ha especializado en el estudio de la ética aplicada a las comunicaciones y en la investigación de cobertura de tragedias. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y de la Escuelas de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.
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