Los mecanismos de autorregulación son instrumentos sistemáticos que permiten llevar a la práctica los criterios deontológicos de las redacciones que los adoptan. Eventualmente, pueden alcanzar a un grupo de medios o a un conjunto de periodistas agrupados en alguna organización empresarial o profesional; en ambos casos, se requiere el consenso de las partes para asegurar su plena vigencia.

La sociedad participa cuando el propio medio le abre sus puertas, o bien cuando, organizada motu propio, desarrolla instrumentos de vigilancia y crítica sobre los medios, convirtiéndose en elemento de fiscalización.

También ocurre que algunos de estos mecanismos de autorregulación son impuestos por el Estado, a través de leyes (como ocurre en este momento en México con los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la protección de los derechos de las audiencias, que han sido controvertidos constitucionalmente por la Presidencia de la República y por el Senado), lo cual representa un contrasentido, pues se pierde la característica esencial de la autorregulación: ser un acto voluntario, y se convierten en potenciales instrumentos de control.

A partir de esta somera descripción, hace ya algunos años establecí seis categorías para catalogar los diversos mecanismos de autorregulación existentes, en función de su origen, más que de su integración:

• Internos,

• Empresariales,

• Gremiales,

• Sociales,

• Mixtos, y

• Estatales.

A su vez, cada uno de ellos contiene uno o varios instrumentos particulares. Esta categorización se aprecia mejor en la siguiente tabla:

En cualquier caso, los mecanismos de autorregulación varían de medio en medio y de país en país. No existe una sola redacción ni un solo lugar donde se apliquen todos a la vez. El alcance mismo de estos mecanismos también está determinado por las condiciones particulares de desarrollo político, económico, social y cultural del lugar donde se aplican.

A reserva de que ya habrá ocasión de detallar en este blog cada uno de los instrumentos mencionados, les ofrezco una breve explicación de estas seis categorías.

Mecanismos internos

Esta categoría se refiere a los mecanismos deontológicos desarrollados por el propio medio, ya sea por iniciativa de la parte empresarial, de la periodística o –idealmente– de ambas. Suele incluir alguno de estos instrumentos: principios editoriales, código de ética, comité de ética, defensor del lector y estatuto de redacción.

Para que un medio pueda ser considerado como autorregulado, debería contar con alguno de esos instrumentos como mínimo, aun cuando se encuentran casos en que operan dos o más de estos como consecuencia de un desarrollo ético lógico.

Los alcances y límites de cada uno de ellos varían de acuerdo con el contenido de los mismos, el momento en que fueron creados y el grado de participación de la redacción en su diseño, además de las particularidades de cada instrumento, sobre todo por la capacidad real de aplicación y la fuerza vinculante con que cuenten.

Así, no es lo mismo un código de ética que un comité de ética, pues mientras el primero simplemente recoge las normas deontológicas voluntarias a que deberán sujetarse moralmente empresa y periodistas, el segundo vela por su cumplimiento, y analiza y emite juicios y resoluciones sobre situaciones conflictivas concretas.

Mecanismos empresariales

Las empresas mediáticas tienen una responsabilidad social ineludible que si bien depende en mucho de la conciencia ética de sus periodistas, ésta no siempre puede resolver de forma autónoma algunos conflictos deontológicos sin el concurso decidido de la dirección editorial y empresarial, particularmente cuando el trabajo periodístico llega a afectar intereses políticos y económicos que podrían volverse contra la integridad de algún miembro de la redacción o contra la estabilidad e incluso sobrevivencia de la propia empresa. En el otro extremo, una postura deontológica laxa o inconsistente de dueños y directivos de medios puede alienar  la conciencia ética de sus periodistas al punto de fomentar la irresponsabilidad y perder el rumbo de toda conducción profesional, editorial y empresarial.

Cuando esto último ocurre, la empresa periodística no sólo pierde credibilidad –y con ésta, mercado–, sino que, cuando dicha conducta es común entre un segmento importante de los medios de un país, aumenta la vulnerabilidad del sector frente a las presiones políticas, como la historia periodística reciente nos demuestra en países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, que a mediados del siglo pasado debieron enfrentar el escrutinio del Estado a través de comisiones especiales (la última experiencia de esta naturaleza fue el Informe Levenson, sobre la prensa británica, en 2012). De ahí que las empresas periodísticas estén llamadas a ser las principales promotoras de una deontología informativa que responda a las características particulares del medio, a la realidad de su entorno y a las condiciones objetivas de trabajo de cada medio.

Sabemos que la autorregulación periodística requiere de una conciencia deontológica gremial y empresarial que sólo puede estar orientada hacia la satisfacción de un derecho social: la información. Pero si esto no bastara, cabe apuntar un propósito más pragmático: el negocio informativo. En efecto, el profesionalismo, el respeto a la esencia de la profesión y una elevada conciencia ética se traducen en un producto periodístico de alta calidad que satisface la también necesidad social de información de la comunidad a la que sirve cada medio para gestionar mejor sus propias relaciones en todos los ámbitos.

La sociedad finalmente consume aquellos medios que se distinguen por servirle y, con ello, genera un fenómeno de mercado positivo para las empresas informativas a las que premia con elevados volúmenes de circulación efectiva y de audiencia, lo que a su vez convierte al medio en un vehículo publicitario atractivo para el propio mercado. El efecto es en cascada: mayor credibilidad significa aumento de lectores o auditorio, y, consecuentemente, más ingresos. Esta ecuación es demostrada por el éxito empresarial de los principales periódicos del mundo. En Latinoamérica, destaca el caso de la revista mexicana Proceso que ha sostenido su prestigio periodístico a lo largo de 39 años, lo que le ha permitido constituirse en una empresa informativa pequeña pero sana, cuyas principales utilidades provienen atípicamente de la venta directa de ejemplares, superando con creces sus ingresos por publicidad, si bien en la última década ha intentado diversificar sus productos periodísticos sobre todo mediante ediciones especiales y libros de coyuntura.

En condiciones sociales normales, la combinación de mecanismos de autorregulación y buen periodismo debe traducirse en un buen negocio, lo que tendría que ser suficientemente atractivo para que un empresario mediático considere en su mejor interés mantenerse alejado de prácticas y decisiones editoriales contrarias a la deontología informativa. Si este clima se extiende, entonces están dadas las condiciones para que un conjunto al menos representativo de los principales medios consideren la posibilidad de sumar esfuerzos deontológicos a través de la constitución de un consejo de prensa que les permita juzgar por sí mismos si la conducta particular de cada uno de sus miembros se ajusta a las normas éticas que se han dado.

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Gerardo Albarrán de Alba es periodista desde hace 38 años y tiene estudios completos de Doctorado en Derecho de la Información. Es Defensor de la Audiencia de Radio Educación. Ha sido el creador de la única  Defensoría de la Audiencia de una radio comercial que ha existido en México y fue el primer Ombudsman MVS. Es miembro del consejo directivo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de la Audiencia (OID) y lo fue del consejo directivo de la Organization of News Ombudsman (ONO). Integra la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA). Dirige SaladePrensa.org

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