Las amenazas y delitos contra medios y periodistas, lo que hay en juego
15 de Agosto de 2018

Las amenazas y delitos contra medios y periodistas, lo que hay en juego

Solamente en este año se han registrado 139 amenazas a periodistas colombianos. El profesor Mario Morales señala las implicaciones de este tenso ambiente para ejercer la profesión.
Fotografía: B_A en Pixabay, Usada bajo licencia Creative Commons
Mario Morales

[*]

En medio de las sombras que cubren, de manera reiterada, reinventada y reforzada, el ejercicio periodístico hoy en Colombia es posible distinguir por lo menos los siguientes patrones:

• Que no es lo mismo trabajar en las ciudades capitales que en las regiones como lo ratifican hoy los 3 reporteros de Mocoa, abandonados a su suerte, luego de efímeros registros de sus colegas en los medios de cubrimiento nacional. Conminados a salir de la región, no obstante, resisten desde sus casas o medios, pero no san su brazo a torcer. La brecha entre centro y periferia en vez de disminuir con la omnipresencia de los medios digitales, se acentúa.

• Que la confusión generada en las redes sociales, con velada intencionalidad de ideologías y fanatismos, al tiempo que suscita amenazas inconcebibles, pone a dudar por igual a audiencias y reporteros sobre el deber ser del oficio, como le consta a Paola Rojas la periodista de Noticias Uno que grabó lo que se dijeron entre bastidores algunas de las voces reconocidas del Centro Democrático después de la posesión presidencial. No hubo dolo, ocultamiento ni lesión a la ética en el hábil trabajo de la comunicadora que grabó de manera visible, como consta en las fotos que circularon a posteriori, una reunión pública sobre un hecho público en un lugar público. Su labor se ve legitimada por el evidente interés que suscitaron esos comentarios dichos en palabras y voces de los mismos protagonistas.    

• Que se sigue naturalizando cada año electoral como un período en el cual son “normales” las amenazas a los periodistas fruto de las tensiones y disparidades ideológicas y emocionales de los contendientes de diverso origen en el espectro político.

• Que la descalificación a la prensa se convirtió en un leitmotiv en los discursos demagógicos e incendiarios de quienes quieren cosechar en los descontentos ciudadanos, y que dicha descalificación no solo merma la confianza en medios y reporteros, sino que permea el ambiente para que surjan y, de manera absurda, hasta se justifiquen las amenazas en grupos sectarios y fanáticos; o que los periodistas sean estigmatizados en medio de la indiferencia de la “opinión pública” desinformada.   

• Que, nuevamente, sean los mensajeros y no los hechos denunciados o los culpables de esos hechos el epicentro de las iras, críticas y amenazas de individuos o masas prejuiciadas.

• Que no haya contundencia en las investigaciones acerca del origen y autores de las amenazas, cuyos resultados apenas son esbozados en medio de ambigüedades o generalidades que tienden a la impunidad. 

• Que el patrón de amenazas y demás violaciones a la libertad de expresión pase por el amedrentamiento de individuos o grupos específicos al tiempo que como advertencia para los demás; por generar confusión intimidando a comunicadores de distintas vertientes para hacer inubicable en el espectro ideológico a los responsables; y por acallar voces independientes manipulando lo que dicen o piensan, acosándolos judicialmente o conminándolos a autocensurarse en la búsqueda de la verdad en el momento histórico que vive el país acerca de la definición y concreción de la paz y la reconciliación.

139 amenazas en 2018

Ese estado de zozobra continua que este año ya supere las 139 amenazas*, según la Flip, no solo ataca las iniciativas de investigación, sino que ataca también las de interpretación y opinión acerca de los hechos sensibles del país, para coaccionar, limitar e impedir la libertad de expresión de quienes trabajan o colaboran en los medios masivos de comunicación, pero extienden su nefasta influencia a los ciudadanos con voz en las redes sociales, en la idea de generar eso que Walter Lippman, llamó un consenso manufacturado en torno a determinadas ideas; concepto que después retomó Noam Chomsky para significar que la construcción de opinión pública no siempre obedece a un derrotero o una intención sino a un “fenómeno corporativo y emergente”, lo que no excluye que esa manipulación pueda estar envuelta en sombras y anonimato.

Esas amenazas, tras bozales de grupos violentos de extrema derecha, y que tildan, entre otras cosas, a los comunicadores de “guerrilleros”, aparecen en un momento crítico de fanatismo en torno a la implementación de los acuerdos del proceso de paz, especialmente en lo atinente a la comisión de la Verdad, cuyas directivas han sido objeto de videos manipulados y señalamientos plagados de improperios e imprecaciones.

Que casi todos los amenazados tengan que ver de una otra manera con el proceso de paz, el pluralismo, la inclusión y el trabajo periodístico de visibilización de las víctimas, los pone en el mismo contexto de indefensión y riesgo que los líderes sociales y de los personajes piloto que trabajan por la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales y sociales

En el fondo, parece estar en juego la versión de lo ya acaecido y de lo que está sucediendo en los hechos de guerra y paz en nuestro país en los últimos años, como lo demuestra la sensibilidad de algunos sectores cuando la citada comisión solicitó acceso a los informes de inteligencia del conflicto armado.

Como en 1984

La creciente narrativa en medios sociales, distorsionada e infestada de posverdad, en torno al proceso de paz y sus entretelones, como en la novela “1984”, pretendería ocultar, disipar o confundir una verdad construida con base en documentos y trabajos periodísticos, anteponiendo prejuicios para exacerbar las emociones y creencias de los ciudadanos en el sentido de, como decía Orwell, que la guerra es paz y en consecuencia la paz es guerra, así como la ignorancia, entendida como ausencia de verdad, es fuerza.

La consecuencia directa para el comunicador y sus audiencias, especialmente en las regiones, luego de ver que aún los más prestigiosos reporteros están en riesgo, es el caos generalizado que deviene miedo a expresarse y temor a actuar por falta de garantías, cuyos efectos colaterales son inestimables en la medida en que tiene que ver con la inmovilidad y la autocensura en la construcción de la verdad del presente y el pasado reciente a través de los medios masivos.

El miedo se incrementa ante la falta de resultados de las anunciadas pesquisas y seguimientos por parte de las autoridades, por su proclividad a investigar hechos consumados antes que, a prevenirlos, por su paquidermia a la hora de garantizar el ejercicio profesional en situaciones de riesgo, y por naturalizar, como lo ha dicho Pedro Vaca desde la Flip, una prensa escoltada, que no es aval para el ejercicio de un periodismo libre e independiente. 

Esa sobre excitación acerca de la manera como se concibe el futuro inmediato del país está tocando a los medios que han caído en la trampa sumisa, marquetinera e incendiaria de la sectarización a través de debates virulentos y efectistas, como los que se vienen presentando especialmente en la radio, y que alcanzó su nivel más deplorable en la confrontación verbal entre el litigante Abelardo de la Espriella y el investigador y analista, Ariel Avila, quien señaló a su oponente de maltrato verbal y decomiso de los teléfonos celulares con los que grababa lo que le decía el jurista.

Los medios, que son legitimadores de las formas de decir de sus audiencias, no pueden hacerle el juego, con la excusa del show o la sintonía, a los insultos o las estigmatizaciones en desarrollo de discusiones sobre temas centrales para el país, menos aun cuando se trata de transmisiones en directo. El disenso y la vehemencia nada tienen que ver con la grosería o las descalificaciones ad hominem. De allí a las amenazas hay tan solo un paso. La autorregulación y la continencia verbal que han tener los panelistas debe comenzar con el ejemplo desde la producción y realización de espacios periodísticos, cuya única finalidad ha de ser esclarecer situaciones coyunturales mediante la exposición argumentada y ponderada de ideas de distintas vertientes.

La construcción de la verdad no se puede comprender como lucha de contrarios, como dualidad entre quienes son radicalmente opuestos, o como una guerra entre enemigos al cabo de la cual tiene que haber vencedores y vencidos.

Para terminar de complicar el panorama del ejercicio periodístico, a esta altura del año ya pasan de 355 las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según el seguimiento estadístico que hace la Flip; de manera inusual, 71 de esas violaciones son en la capital de la república, 24 en Antioquia, 23 en Tolima y 20 en Norte de Santander. Las amenazas dejan hasta el momento 169 víctimas, el acoso judicial, 33; la obstrucción al trabajo periodístico, 29; el hostigamiento, 21; la estigmatización, 19, y 19 casos de agresión.

Frente a este panorama desolador se requiere una acción conjunta de las fuerzas vivas del país para salvaguardar la prensa, eje de la democracia; del Estado con resultados que den cuenta de los victimarios; del gobierno entrante con declaraciones conjuntas de condena y con medidas urgentes asistidos por los organismos de protección; de los medios y periodistas actuando como un solo cuerpo, y de los ciudadanos en defensa de la libertad de expresión, que es la suya misma representada en sus comunicadores.

No es poco lo que hay en juego; más que mejorar en las lúgubres estadísticas que nos ubican en el puesto 130 de los 180 que sigue Reporteros sin Fronteras, y en las que apenas superamos a Cuba, México, Venezuela y Honduras, entre los países de la región; más que eso, se trata de defender la vida, honra y bienes de los reporteros; la independencia de los medios, pero también la posibilidad de construir el relato fidedigno de nuestros aconteceres para impedir que fuerzas oscuras refunden la verdad.  

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* No obstante que han sido denunciadas profusamente, aún no se conocen resultados públicos y concretos de las prometidas investigaciones de los entes estatales implicados para esclarecer, entre otras, las siguientes violaciones a la libertad de expresión:

- La amenazas contra 3 reporteros en Mocoa.

- Las amenazas contra Paola Rojas de Noticas Uno

- Las amenazas contra el periodista Gonzalo Guillén.

- Las amenazas, a través de internet, contra María Jimena Dussan, columnista de Semana y declarada defensora de la paz.

- Las amenazas contra Jinnet Bedoya, activista en contra de los abusos contra la mujer,

- Las amenazas contra el portal La Silla Vacía, medio interpretativo independiente que investiga el poder.

- Las amenazas repetidas contra 3 comunicadores de RCN: Jorge Espinosa, Juan Pablo Latorre y su directora, Yolanda Ruiz; pertenecientes todos a un equipo serio y probo en el cubrimiento de la actualidad nacional cuando se referían a las intimidaciones a sus colegas.

- Las amenazas, que ya suman más de diez, contra el periodista y activista Ricardo Ruidíaz que ha denunciado la trata de menores por grupos violentos y las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio.

- Las amenazas contra la periodista Catalina Vásquez, por su trabajo de denuncia de violación de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín.

- Las amenazas contra Laura Montoya que en Mocoa Putumayo viene publicando acerca de los crímenes contra líderes sociales.

- Las amenazas contra Fernando Londoño, de la Hora de la Verdad de la cadena Súper, y Luis Carlos Vélez de la emisora la FM en Bogotá.

- Las agresiones verbales y decomiso de celulares dela bogado Abelardo de la Espriella contra Ariel Avila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación que es también columnista y colaborador de varios medios hablados y escritos del país, así como también a León Valencia de la misma organización.

- Los asesinatos presuntamente en cumplimiento de labores periodísticas, de Valentín Tezada y Jairo Calderón en Cauca y Valle del Cauca

A ello hay que sumarle las amenazas contra Jhanuaria Gómez, que tuvo que salir de Segovia, Antioquia, luego de sus reportajes sobre irregularidades en la minerías y afectaciones del medio ambiente; así como las advertencias de atentado con los diarios La opinión y Q’Hubo por su trabajo denunciado bandas delincuenciales en Cúcuta: o el veto para hablar sobre el alcalde, aspirantes a cargos públicos o entidades estatales, impuesto a los reporteros de Frontera Estéreo, una emisora de Maicao, en La Guajira.

 

[*] Apartes de este artículo han sido publicados en el Espectador y Razón Pública.

[**] Analista, columnista y profesor asociado de la Universidad Javeriana. @marioemorales y www.mariomorales.info

 

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