(Texto original em português abaixo).

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En pocas semanas, el país más grande de América Latina puede elegir un gobierno ultraconservador, militarista, declaradamente racista, homofóbico, machista y con una retórica basada en el odio. Esta tragedia política puede suceder en Brasil, gracias a la ayuda de los principales medios de comunicación, ya sea por adhesión a este proyecto de extrema derecha, o por omisión disfrazada de imparcialidad profesional.

Brasil tiene más de 147 millones de electores y un conjunto igualmente grande de problemas económicos, políticos y sociales y morales. Es un país profundamente desigual, donde los seis hombres más ricos tienen una riqueza equivalente a 100 millones de personas. Es un país con mayoría de mujeres, pero que todavía discrimina, persigue y mata a esa parte de la población, siendo el campeón mundial también de las agresiones a gays, lesbianas y transexuales. No bastando con eso, Brasil tiene un legado esclavócrata que todavía persiste, y su joven democracia apenas cumple cuatro décadas. En 129 años de república, Brasil tuvo 14 presidentes militares, y la mayoría de ellos por golpes de estado o actuando en juntas gobernantes durante períodos de turbulencia. América Latina sabe muy bien qué es eso, pero a pesar de los muchos avisos, el último domingo de octubre de 2018 puede traer a los militares de vuelta al poder en Brasil, una señal peligrosa para toda la región.

Falsa igualdad

En este espacio yo dije que la prensa brasileña debería decir la verdad en la cobertura de las elecciones de 2018. Mi argumento central era que el lenguaje usado por los medios de comunicación producía efectos de sentido que no expresaban la realidad nacional. Enfatizando algunos aspectos en detrimento de otros, no llamando las cosas por sus verdaderos nombres e ignorando temas y posiciones, los periódicos y las estaciones de televisión dejan de cumplir su importante papel en la democracia: el de proveer informaciones para que el ciudadano pueda tomar mejor las sus decisiones.

Lo que hemos visto en las últimas semanas es otro capítulo de la novela de manipulación mediática brasileña. Un día después de que cientos de miles de personas -la mayoría de ellas, mujeres- protestaran en todo el país contra el candidato de la extrema derecha, el diario más influyente del país, Folha de S. Paulo, en su primera página, equiparó a los dos candidatos mejor posicionados en las encuestas: el de la extrema derecha y el de la centroizquierda, heredero de Luiz Inacio Lula da Silva. La comparación fue criticada por diversos formadores de opinión en otros medios, que llamaron la atención del periódico respecto a un hecho: lo que opone a los candidatos no es una cuestión de lenguaje, sino de valores y de compromiso con la democracia. El periódico no hizo autocrítica sobre esa peligrosa equivalencia, ni siquiera por medio de su ombudsman, Paula Cesarino Costa. Señal de que cree que son iguales.

Pero no lo son. En un momento raro, un día después de la votación de la primera vuelta, la columnista Miriam Leitão, de TV Globo, fue enfática: "Hay mucha gente que compara a los dos, pero ellos no son equivalentes", dijo (a los 4'10).

El diario más influyente de Brasil puede estar tácitamente adherido a un programa de la extrema derecha, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Podríamos considerar el editorial de la Folha de S. Paulo como una actitud extrema en el cacoethes de los grandes medios por buscar exención periodística. La idea detrás de ello es que en coberturas electorales, es necesario dar el mismo trato a todos los candidatos, ya sea en las críticas o en los halagos. Y como la cartilla periodística dice que la prensa no debe hacer halagos, un movimiento involuntario es colocar a todos los candidatos en la línea de tiro. Pero eso es un error y una falta ética. El error es de evaluación, pues la parcialidad no se combate sólo con la oferta de espacios iguales a los competidores en una elección. Un ejemplo: garantizar el mismo tiempo de cobertura para un candidato que representa una minoría inexpresiva, pero que defiende valores extremistas, puede sobredimensionar su presencia en el espectro político, y eso distorsiona la realidad. Fue lo que ocurrió en poco tiempo en Brasil, contribuyendo a la mitificación de un personaje hasta entonces insignificante en la política y convertirlo en un fenómeno electoral. En situaciones como esta, las redacciones dejan de hacer periodismo y pasan a actuar como agencias de publicidad involuntarias, y este es un problema ético porque aleja a periodistas de sus esperadas funciones en la sociedad.

El periodismo no sólo informa, también dota de valor a los datos, a la información. Por eso los reporteros y editores eligen en sus noticieros algunos hechos y descartan otros, y por eso también dan más énfasis en algunos aspectos y no a otros. Al forzar una equivalencia para defender la idea de que se está siendo justo, equilibrado e imparcial, los medios distorsionan la realidad, adecuando los hechos a una idea precaria y simplista de justicia y equilibrio. Al forzar una igualdad que no existe y no denunciar sus muchos matices, los medios evaden su responsabilidad. En escenarios turbulentos como el de Brasil y de América Latina, esto es dinamita.

Fact-checking y el interés público

Brasil está dividido como nunca, y esa polarización política ha sido terreno fértil no sólo para la diseminación de los discursos de odio de los extremistas, sino también para el esparcimiento de muchas noticias falsas. Las fake news distribuidas por servicios de mensajería como WhatsApp fueron un importante motor para torpedear la campaña electoral del candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal (PSL), según El País, de España.

A diferencia de cualquier elección en el país, esta ha sido una disputa política orientada por una avalancha de contenidos compartidos sin ningún cuidado de verificación y distribuida por sujetos que consideramos confiables, nuestros parientes y amigos. Tanto así, que tener más tiempo en la propaganda electoral en la TV no fue garantía de éxito.

Aunque hay consistentes iniciativas de fact-checking en Brasil, ellas se esforzaron, pero no consiguieron detener el tsunami de desinformación. Cuatro factores fueron determinantes:

1. El volumen de contenido falso o deliberadamente engañoso es muy superior a la capacidad de confirmación de los checkers.

2. Aunque el Tribunal Superior Electoral (TSE) hubiera declarado la guerra a las noticias falsas, poco o nada hizo para inhibirlas.

3. Las fake news se diseminaron con una velocidad impresionante en grupos familiares, cerrados y de difícil penetración.

4. Cuando era posible chequear, demostrar la falsedad y apuntar a la información verdadera, los lectores se encontraban con un muro de pago.

Este último factor me parece un gran complicador en el combate a la desinformación, pues al final son las propias empresas de comunicación quienes levantan los muros. Algunos fact-checkers llegaron a pedir que los muros fueran bajados durante el período electoral para facilitar el debunking, pero prevaleció el ánimo de lucro y no el interés público.

Cuando las personas se sumergen en rumores, memes, información falsa y propaganda política, y cuando los periodistas comprometidos no consiguen garantizar la aclaración, los resultados pueden ser muy preocupantes.

En las semanas que precedieron a la primera vuelta, las emisoras de televisión se encadenaron para entrevistar al candidato ultra-conservador, ya fuera en el hospital, cuando se recuperaba del atentado que sufrió en septiembre, o en casa. Hacer entrevistas con candidatos es una práctica necesaria para coberturas electorales, ¿pero esas emisoras buscaron a los demás oponentes? Esta vez, no. No se preocuparon por forjar una idea de equilibrio e imparcialidad, y dieron un trato privilegiado a uno de los lados de la disputa. Es un crimen electoral, pero el TSE no hizo nada al respecto.

Una periodista de The Intercept Brasil desenmascaró la falacia de la imparcialidad de las redacciones. "Voy a dejar esto aquí para todo el mundo que venga a hablar de **** exención **** periodística en estas elecciones. La gente tiene lado y ese es el caso aquí", escribió Tatiana Dias en su Twitter, reproduciendo un fragmento del Código de Ética del Periodista Brasileño, el cual dice que es deber profesional "oponerse al arbitrio, al autoritarismo y a la opresión, así como a defender los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

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El lector debe haber notado que en ningún momento cité nominalmente al candidato de la extrema derecha en este texto. Fue a propósito. No quiero alimentar esa espiral de odio e intolerancia, que puede amenazar a minorías y grupos marginados de la sociedad, y que puede afectar el trabajo de los periodistas al restringir las libertades de prensa y expresión. Es una decisión moral mía, pero un deber deontológico también.

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Las opiniones expresadas en nuestra sección de blogs reflejan el punto de vista de los autores invitados, y no representan la posición de la FNPI y los patrocinadores de este proyecto respecto a los temas aquí abordados.

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Grande mídia contribui para a ascensão da extrema-direita no Brasil

Rogério Christofoletti, pesquisador do Observatório da Ética Jornalística (objETHOS), Brasil

Em poucas semanas, o maior país da América Latina pode eleger um governo ultraconservador, militarista, declaradamente racista, homofóbico, machista e com uma retórica calcada no ódio e na simplificação. E, acredite, essa tragédia política pode acontecer no Brasil com a ajuda dos maiores meios de comunicação. Seja por adesão a um projeto de extrema-direita ou omissão travestida de isenção profissional.

O Brasil tem mais de 147 milhões de eleitores e um conjunto igualmente grande de problemas econômicos, políticos, sociais e morais. É um país profundamente desigual, onde os seis homens mais ricos têm riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas. É um país com maioria de mulheres, mas que ainda discrimina, persegue e mata essa parte da população, sendo o campeão mundial também das agressões a gays, lésbicas e transexuais. Não bastasse tudo isso, tem um legado escravocrata que ainda insiste manter, e sua jovem democracia mal completou quatro décadas. Em 129 anos de república, o Brasil já teve 14 presidentes militares, e a maioria deles ocupou o cargo por golpes de estado ou atuando em juntas governativas em períodos de turbulência. A América Latina sabe muito bem o que é isso, mas apesar dos muitos avisos, o último domingo de outubro de 2018 pode trazer os militares de volta ao poder no país, sinalizando perigosamente para toda a região.

Igualdade falsa

Já defendi neste espaço que a imprensa brasileira deveria dizer a verdade na cobertura das eleições deste ano. Meu argumento central era que a linguagem usada por parte da mídia produzia efeitos de sentido que não expressavam a realidade nacional. Enfatizando alguns aspectos em detrimento de outros, não dizendo as coisas por seus verdadeiros nomes e ignorando temas e posições, os jornais e as emissoras de TV deixavam de cumprir seu importante papel na democracia: o de prover informações para que o cidadão possa tomar melhor as suas decisões.

O que vimos nas últimas semanas é mais um capítulo da novela de manipulação midiática brasileira. Exatamente um dia após centenas de milhares de pessoas – a maioria delas, mulheres – fazerem protestos em todo o país contra o candidato da extrema-direita, o jornal mais influente do país, a Folha de S.Paulo, trouxe um editorial na sua primeira página, equivalendo os dois candidatos mais bem posicionados nas encuestas: o da extrema-direita e o da centro-esquerda, herdeiro de Luiz Inácio Lula da Silva. A comparação foi criticada por diversos formadores de opinião em outros veículos, que chamaram a atenção do jornal para um fato: o que opõe os candidatos não é uma questão de linguagem, mas de valores e de compromisso com a democracia. O jornal não fez autocrítica sobre essa perigosa equivalência, nem mesmo por meio de sua ombudsman, Paula Cesarino Costa. Sinal de que acredita que eles são iguais mesmo.

Não são. Em momento raro, um dia após a votação do 1º turno, a colunista Miriam Leitão, da TV Globo, colocou os pingos nos is: “Há muita gente que compara os dois, mas eles não são equivalentes” (aos 4’10”).

O jornal mais influente do Brasil pode estar tacitamente aderindo a um programa da extrema-direita, mas vamos dar o benefício da dúvida. Poderíamos considerar o editorial da Folha de S.Paulo como uma atitude extrema no cacoete da grande mídia em buscar isenção jornalística. A ideia por trás disso é que em coberturas eleitorais, é necessário dar o mesmo tratamento a todos os candidatos, seja nas críticas ou nos afagos. E como a cartilha jornalística diz que a imprensa não deve fazer afagos, um movimento involuntário é colocar todos os candidatos na linha de tiro. Mas isso é um erro e um deslize ético. O erro é de avaliação, pois a parcialidade não se combate apenas com a oferta de espaços iguais aos concorrentes numa eleição. Um exemplo: garantir o mesmo tempo de cobertura para um candidato que representa uma minoria inexpressiva, mas que defende valores extremistas, pode superdimensionar sua presença no espectro político, e isso distorce a realidade. Foi o que aconteceu em pouco tempo no Brasil, contribuindo para a mitificação de um personagem até então desimportante na política e transformá-lo num fenômeno de votos. Em situações como essa, as redações deixam de fazer jornalismo e passam a atuar como agências de publicidade involuntárias, e este é um problema ético porque afasta jornalistas de suas esperadas funções na sociedade.

O jornalismo não apenas informa, ele também dota de valor um dado, uma informação. Por isso que repórteres e editores escolhem noticiar alguns fatos e não outros, e por isso também que dão mais ênfase em alguns aspectos e não outros. Ao forçar uma equivalência para defender a ideia de que se está sendo justa, balanceada e imparcial, a mídia distorce a realidade, adequando os fatos a uma ideia precária e simplista de justiça e equilíbrio. Ao forçar uma igualdade que não existe e não denunciar suas muitas nuances, a mídia se omite. Em cenários turbulentos como o do Brasil e da América Latina, isso é nitroglicerina pura.

Fact-checking e interesse público

O Brasil está dividido como nunca, e essa polarização política tem sido terreno fértil não só para a disseminação dos discursos de ódio dos extremistas, mas também para o espalhamento de muitas notícias falsas. As fake news distribuídas por serviços de mensageria como WhatsApp foram um importante motor para turbinar a campanha eleitoral do candidato à presidência pelo Partido Social Liberal (PSL), conforme mostrou reportagem do El País, da Espanha.

Diferente de qualquer eleição no país, esta tem sido uma disputa política orientada por uma avalanche de conteúdos compartilhados sem qualquer cuidado de verificação e distribuída por sujeitos que consideramos confiáveis, os nossos parentes e amigos. Tanto é que ter mais tempo na propaganda eleitoral na TV não foi garantia de sucesso.

Embora haja consistentes iniciativas de fact-checking no Brasil, elas se esforçaram, mas não conseguiram deter o tsunami de desinformação. Quatro fatores foram determinantes: 1. O volume de conteúdo falso ou deliberadamente enganoso é muito superior à capacidade de confirmação dos checkers. 2. Embora o Tribunal Superior Eleitoral tivesse declarado guerra às fake news, ele pouco ou nada fez para inibi-las. 3. As fake news se disseminaram com uma velocidade impressionante em grupos familiares, fechados e de difícil penetração. 4. Quando era possível checar, atestar a falsidade e apontar a informação verdadeira, os leitores se deparavam com um paywall.

Este último fator me parece um grande complicador no combate à desinformação, afinal são as próprias empresas de comunicação que erguem tais muros. Alguns fact-checkers chegaram a pedir que os muros fossem baixados durante o período eleitoral para facilitar o debunking, mas prevaleceu o ânimo de lucro e não o interesse público.

Quando as pessoas estão mergulhadas em boatos, memes, informações falsas e propaganda política, e quando jornalistas comprometidos não conseguem garantir o esclarecimento, os resultados podem ser muito preocupantes.

Nas semanas que antecederam o primeiro turno, emissoras de televisão se acotovelaram para entrevistar o candidato ultra-conservador, seja no hospital – quando ele se recuperava do atentado que sofreu em setembro – ou em casa. Fazer entrevistas com candidatos é uma prática necessária para coberturas eleitorais, mas essas emissoras procuraram os demais oponentes? Desta vez, não. Não se preocuparam em forjar uma ideia de equilíbrio e imparcialidade, e deram um tratamento privilegiado a um dos lados da disputa. É crime eleitoral, mas o TSE não fez nada a respeito.

Coube a uma editora do The Intercept Brasil desmitificar a falácia da imparcialidade das redações. “Vou deixar isso aqui para todo mundo que vier falar de **** isenção **** jornalística nessas eleições. A gente tem lado sim e é esse aqui”, escreveu Tatiana Dias em seu Twitter, reproduzindo trecho do Código de Ética do Jornalista Brasileiro, que diz ser dever do jornalista “opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos”…

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O leitor deve ter notado que em nenhum momento citei nominalmente o candidato da extrema-direita neste texto. Foi de propósito. Não quero alimentar essa espiral de ódio e intolerância, que pode ameaçar minorias e grupos marginalizados da sociedade, e que pode constranger o trabalho dos jornalistas e restringir as liberdades de imprensa e expressão. É uma decisão moral minha, mas um dever deontológico também.